Problemas legales y consecuencias

Las criptodivisas como el Bitcoin y otros altcoins, actualmente existen más de 1000 (coinmarketcap.com, 10-02-2018), son promovidos mayoritariamente por organizaciones no gubernamentales y/o por sectores ideológicamente libertarios, de la escuela de Frederick Hayek. Para estos, la creación de criptomonedas es mejor ya que no requiere usar metales preciosos, papel, tinta o plástico, al mismo tiempo que son fáciles de atesorar e intercambiar, incluso de una manera más rápida y menos costosa. Además, al no tratarse de monedas creadas por un gobierno determinado o por sus bancos centrales, las mismas se hayan inmunes a

la interferencia de estos o a su manipulación.

Así y todo, lo que los libertarios no consideran es que, en caso de surgir alguna disputa o fraude, no contarían con la protección legal brindada por sus Estados. ¿Por qué? Sencillamente porque las monedas oficiales o de curso legal de cada país, se encuentran respaldadas por sus respectivos gobiernos a través de sus activos soberanos y su posesión de moneda extranjera o metales preciosos, mientras que el mercado de las monedas digitales no se encuentra respaldado por nada más que por la fe que las personas puedan depositar en dicho sistema, en dicha moneda y en la persona con la cual van a transaccionar. En consecuencia, el valor de las monedas digitales deriva de una percepción propia de la oferta y demanda de estas basándose en la especulación.

Considerando la era de avance tecnológico en la que vivimos, es claro que en algún momento el dinero en papel dejará de ser usado por todos los problemas que este implica, incluida su posible falsificación, y será reemplazado por dinero electrónico perteneciente a cada Estado-Nación. Por tal razón, muchos gobiernos han comenzado a discutir cómo las divisas digitales o criptodivisas van a funcionar dentro de sus territorios, lo cual en principio dará lugar a cada jurisdicción fijando sus propias normas y definiciones sobre lo que es una criptodivisa y cómo se la debe regular, lo cual puede generar confusiones a nivel internacional.

Ante el surgimiento de tal situación consideramos que, en el marco de las teorías de las Relaciones Internacionales, para atacar este problema de forma integral sería propicio que estas discusiones se abordaran también dentro de distintas instituciones internacionales. Así, desde una visión institucionalista, podríamos decir que los cambios no sólo son posibles, sino que estos ocurren a través de las instituciones, ya que estas son las encargadas de escribir el conjunto de reglas que ordenan la conducta de los Estados, restringiendo su actividad, reduciendo así la incertidumbre y configurando expectativas a través de intereses comunes (Keohane, 1993).

Los institucionalistas complementan así al neorrealismo estructural de Waltz, sosteniendo que si bien la política internacional no está organizada formalmente, no carece totalmente de instituciones y hay reglas que fijan el comportamiento de los Estados. En ese sentido, Keohane (1993) sostiene que la cooperación no es automática y requiere planificación y negociación, lo cual para él no denigra el poder

del Estado. Muy distinto del pensamiento de Cox (2004), para quien las instituciones internacionales reflejan la estructura de poder de cuando son creadas y representan los intereses de sus promotores y no los de la sociedad civil20_.

Retomando nuestros planteos acerca del dinero, señalamos que sus versiones de papel y moneda pueden ser objeto de falsificación, la cual se podría definir como la replicación de un instrumento financiero (divisas, notas de banco, bonos) con la intención de engañar a un individuo, una entidad o gobierno. Además, el principal motivo para falsificar instrumentos económicos es para incrementar la posición financiera de uno mismo y para adquirir bienes y servicios, o como ocurrió algunas veces en la historia: para desestabilizar la moneda de otro país en tiempos de guerra. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra mundial el Tercer Reich llevó adelante la Operación Bernhard con el fin de falsificar libras esterlinas para afectar la economía inglesa (De la Melena Ruiz, 2013).

En el caso del dinero físico, como las monedas y los billetes, las medidas anti falsificaciones, se encuentran limitadas a modificaciones físicas de dichos instrumentos. Es decir, se agregan nuevas medidas contra la falsificación, por ejemplo agregando marcas de agua especiales, lo cual también significa que el dinero ya en circulación debe ser reemplazado, generando así un gasto extra.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el año 2014 enumeró una serie de preocupaciones sobre las monedas digitales, entre ellas: que las transacciones sean (pseudo) anónimas y la capacidad para transferir grandes cantidades de valor sin el control de los gobiernos, los cuales pueden incluso jamás enterarse que estas transacciones sucedieron (UNODC, 2014). Estas preocupaciones de la ONU giran en torno a actividades criminales tales como el lavado de activos, de aquí se entiende que es necesario un esfuerzo cooperativo internacional para definir cuáles son los derechos y las obligaciones que deberían girar en torno a las criptodivisas digitales.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en mayo del 2013 procesó a Liberty Reserve y sus ejecutivos por estar a cargo de una operación que

20 _{Para Cox (2004) existen tres configuraciones posibles de poder: (a) el Imperio Americano, (b) el}

Sistema Interestatal Westfaliano y (c) la Sociedad Civil. Esta última existe dentro y fuera de los Estados y se diferencia del “Imperio americano” y de la” Sociedad Interestatal Westfaliano” porque funciona como una red descentralizada más que como una estructura jerárquica y territorial, con una base popular opuesta a la fuerza centralizante y homogeneizante del Imperio (p.309).

sirvió para lavar más de 6 billones de dólares (Brahara Preet, 2013). Esta empresa, con base en Costa Rica, no fue más que una proveedora de dinero digital centralizado, cuyo valor estaba atado al dólar estadounidense, y que las personas y empresas adquirían para mover grandes sumas de dinero de un lugar a otro y luego re-insertarlo en la economía con un alto nivel de anonimato ya que Liberty Reserve no comprobaba la identidad de sus usuarios, permitiendo a una persona o empresa contar con infinita cantidad de cuentas para triangular su dinero y a cambio de esto Liberty Reserve les cobraba 1% de comisión de cada transacción. Esta empresa llegó a contar con más de un millón de usuarios a nivel mundial antes de su cierre, donde más de 200.000 residían en Estados Unidos, quienes llevaron adelante más de 55 millones de transacciones y lavaron más de 6 billones de dólares que se sospecha provenían de actividades delictivas tales como el fraude con tarjetas de crédito, robo de identidad, inversiones fraudulentas, pornografía infantil y narcotráfico (Preet, 2013). Arthur Budovsky, su creador y otras personas, fueron halladas culpables de operar una empresa de transacciones financieras sin licencia y por lavado de dinero (Lowery, 2013).

Con Bitcoin la realidad no difiere mucho del caso anterior, un criminal puede adquirir Bitcoins y realizar múltiples transacciones entre distintas direcciones, y de esta forma protegerse cada vez más, hasta que finalmente decida intercambiarlo nuevamente por moneda de circulación legal para integrar este dinero a la economía blanca.

SilkRoad 2.0, el sucesor de SilkRoad, junto a otros mercados oscuros que se pueden encontrar en la Deep Web utilizan Bitcoins como único medio de pago debido a la pseudo anonimidad que estos aportan. Por consiguiente, estos sitios ya de por sí generan demanda de esta criptodivisa para que las partes involucradas en estas transacciones ilegales puedan hacerlo de forma más segura. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Silk Road que comenzó a operar en el 2011, llegó a ofrecer más de 340 variedades de drogas. Ross William Ulbricht, el creador de dicho portal, fue hallado culpable por conspiración, distribución de droga, asesinato de testigos y mercenarios a sueldo (Weiser, 2015). Esta moneda también es utilizada en casinos online, los cuales pueden ser accedidos por personas a través de la red incluso desde países en los cuales el juego es considerado ilegal.

Sin mayores rodeos, es fácil evidenciar cómo el uso de criptomonedas digitales dificulta los esfuerzos de las autoridades legales por impedir este tipo de transacciones e impide la confiscación de activos de las partes involucradas en caso de ser halladas.

Pero la compra de objetos prohibidos no son las únicas actividades ilegales que rodean a esta moneda, otra cuestión es el robo de los Bitcoins, y dentro de esta categoría podríamos encuadrar el caso de Mt. Gox.

La pérdida o el robo de las divisas digitales es una de las cuestiones más discutidas respecto a la seguridad de estas. Hay dos formas posibles de perder la posesión de Bitcoins y otros altcoins:

● Cuando un usuario pierde su llave privada, por lo tanto estos Bitcoins serán inaccesibles para siempre.

● Por ataques de hackers a usuarios o a proveedores de billeteras digitales como sucedió con Mt. Gox y otros (Federal Council, 2014).

En el 2014, la caída de Mt. Gox (Knight, Villar y Wolf, 2014), uno de los principales intercambiadores de Bitcoins, junto con el robo de más de 850.000 unidades de Bitcoins, valorados en ese momento en 450 millones de dólares y que a cotización actual (14-04-2018) equivaldrían a 7000 millones de dólares, aparecen como buenos motivos para crear reglas comunes de largo plazo para el ecosistema de las divisas digitales. De modo, de proteger los activos de los usuarios y brindarles seguridad, especialmente siendo que las personas no dejaron de confiar en esta moneda digital por este incidente, y eso se debió a que las personas entendieron que este era solamente un actor dentro de un sistema no regulado, pero que no hacía al Bitcoin en sí.

En agosto del 2012, la empresa Bitcoin Savings and Trust fue cerrada por su dueño, dejando deudas a los usuarios que habían confiado en él y su compañía, por más de 5 millones de dólares según la cotización de Bitcoin en aquel momento. Luego, en septiembre del mismo año, el exchanger Bitfloor reportó ser víctima de un hackeo lo cual resultó en el robo de más de 24.000 Bitcoins, que acorde a la tasa de conversión actual (14-04-2018) serían más de 199 millones de dólares robados en un abrir y cerrar de ojos. Lo mismo sucedió en Abril del 2013, con la

billetera digital Instawallet, que al ser hackeada perdió más de 35.000 Bitcoins, 20 millones de dólares según la cotización de aquel momento (Sapovadia, 2015), unos 290 millones de dólares según la cotización actual (14-04-2018).

Las criptodivisas y las divisas digitales no tienen estatus de moneda de curso legal en ningún país, y a su vez, la falta de regulación y control de estas monedas, establecen una carencia de protección para sus usuarios. Por ejemplo, nadie puede ser cubierto por los incidentes que derivaron en el cierre de Mt. Gox (Knight et al., 2014), mientras que las personas sí pueden contar con determinada cobertura y seguridad al utilizar instituciones bancarias tradicionales, sean estas públicas o privadas.

La pregunta inmediata entonces sería ¿Cómo prevenir que esto suceda nuevamente? ¿Regulando Bitcoin? Lo que hasta aquí, resulta difícil. ¿Regulando sus mercados de intercambio y a los actores que participan en él? Y en caso de ser así: ¿Cómo? Recordemos una vez más que esta tecnología no sólo le disputa el monopolio sobre la creación del dinero a los Bancos Centrales y dificulta la correcta recolección de impuestos por parte de los Estados, lo que luego puede afectar no sólo sus inversiones sociales, sino que, la no regulación del ecosistema que rodea al Bitcoin, dado la pseudo anonimidad provista por él, facilita distintas actividades ilícitas como el lavado de activos, la fuga de capitales, el narcotráfico y el financiamiento a grupos terroristas.