Requisitos de entrada y residencia para extranjeros

5.3.1. La autorización de entrada en el Reino Unido

La Ley de 1971 puso fin al derecho de entrada en el Reino Unido de que disfrutaban todos los ciudadanos de la Commonwealth. Tras su entrada en vigor se fue restringiendo progresivamente la entrada de descendientes de los antiguos súbditos británicos, de modo que pasaron a estar sujetos al sistema de control migratorio, de la misma manera que al resto de extranje- ros que no tienen un derecho de residencia en el Reino Unido. Así pues, en la actualidad la mayor parte de los extranjeros que solicitan la entrada en el Reino Unido deben obtener una autorización de entrada en el país de origen o residencia.

Dos importantes excepciones pueden hacerse a esta regla general: por un lado, los ciudadanos de la República de Irlanda, que sin ser ciudadanos británicos pueden generalmente viajar libremente por el interior del Área de Tránsito Común (ATC); por otro, y de forma parecida, los nacionales del Espacio Económico Europeo (EEE) también pueden entrar y permanecer libremente en el Reino Unido. En las últimas dos décadas, y especialmente tras la introducción de la ciudadanía europea con el Tratado de Maastricht, los trabajadores comunitarios ya no pueden ser considerados únicamente como trabajadores migrantes que contribuyen a la creación de un mercado único, sino cada vez más como ciudadanos, extendiéndose algunos de estos beneficios a aquellos de sus familiares que ostenten la nacionalidad de ter- ceros Estados. En todo caso, el resto de extranjeros deberán obtener gene- ralmente una autorización de entrada antes de iniciar el viaje hacia el Reino Unido.

La autorización de entrada es un documento expedido por la Admi- nistración británica en el exterior (normalmente embajadas británicas, altos comisionados o consulados), que declara como admisible para su entrada en el Reino Unido al portador de la misma. Cualquier persona que solicita la autorización de entrada debe convencer a los funcionarios de la Adminis- tración británica en el exterior de que reúne las condiciones exigidas por la

normativa de inmigración para entrar en la categoría para la que solicita entrada, o que la autorización de entrada le debería ser concedida excepcio- nalmente. Una vez la autorización de entrada se concede, normalmente se incluye en el pasaporte del solicitante. Si el solicitante es una persona a la cual le es exigible visado, la denominación de esta autorización pasa a ser la de «visado»; si el solicitante no está obligado a obtener un visado, el tér- mino legal para la autorización de entrada que obtienen es un «certificado de autorización de entrada». La autorización de entrada deberá contener la fecha de entrada en vigor de la autorización y la de expiración. Las autori- zaciones de entrada fijan los términos en que la persona es autorizada a entrar y permanecer en el Reino Unido, entre las cuales se incluyen gene- ralmente algunas restricciones dirigidas a evitar la prolongación irregular de la residencia o el acceso al mercado laboral.

Para algunas categorías de solicitantes de entrada la obtención de una autorización de entrada es obligatoria antes de entrar en el Reino Uni- do («visa nationals»), pues provienen de países a cuyos nacionales se exige visado, para otros tal requisito es opcional («non-visa nationals»), debiendo disponer de una cuando las disposiciones sobre inmigración establezcan la necesidad de obtenerla; así, por ejemplo, si el objeto de su viaje es reunirse con sus familiares en el país o residir permanentemente en él, o llevar a cabo una actividad laboral o negocios, aunque ésta sólo se realice durante el perí- odo de vacaciones. A pesar de que la tramitación de una autorización de entrada es opcional, disponer de una otorga importantes ventajas. En este sentido, las disposiciones reglamentarias sobre inmigración recomiendan a futuros cuidadores de niños («au pairs»), no obligados a la obtención previa de visado, la tramitación de una autorización de entrada.

Si obtiene la autorización de entrada, su titular puede confiar en que reúne los requisitos exigidos por la normativa de inmigración para entrar, y que será altamente improbable que se planteen problemas o retrasos cuan- do efectúe su entrada en el territorio del Reino Unido. Las disposiciones reglamentarias sobre inmigración establecen que todas las autorizaciones de entrada concedidas operarán como permiso de entrada. Entre las desventa- jas de tramitar tal solicitud se encuentra el hecho de que en algunos países

la resolución de tales solicitudes puede retrasarse en exceso si es remitida al Ministerio del Interior. Además, si la solicitud es rechazada se estampará en el pasaporte una indicación que impedirá la futura entrada del solicitante en el Reino Unido. Las oficinas de autorizaciones de entrada o puestos britá- nicos en el exterior entrevistan a casi todas las personas que solicitan la entrada en el Reino Unido para el asentamiento con miembros de sus fami- lias. Los niños menores de 10 años no son entrevistados, pero los niños de edades comprendidas entre los 10 y los 14 años sí pueden serlo si tal entre- vista se realiza en presencia de un adulto.

Algunas personas que llegan al Reino Unido para trabajar o realizar prácticas laborales no obtienen una autorización de entrada previa, sino un «permiso de trabajo», que cumple una función similar a la de la autoriza- ción de entrada y es expedido por el Servicio de Permisos de Trabajo en el Reino Unido, que actualmente forma parte del Ministerio del Interior. En las solicitudes de trabajo, la Administración británica en el exterior requeri- rá evidencias de la oferta laboral y, en la mayor parte de casos, el emplea- dor asentado en el Reino Unido deberá obtener el permiso de trabajo para la persona empleada desde el Servicio de Permisos, que a su vez será veri- ficado por la Administración británica en el exterior (Cf. Apartado 6.5).

En este sentido, en virtud de la sección 55 de la Ley de Nacionali- dad, Extranjería y Asilo de 2002 se suprimió la capacidad del Secretario de Estado de proveer de apoyo a cualquiera que no solicitara asilo «tan pronto como sea razonablemente practicable» tras la llegada al Reino Unido. Así, aquellos que no son verdaderos solicitantes de asilo ni obtienen una autori- zación de entrada, ni reciben asistencia y, si disponen de otras fuentes de sustento, tampoco reciben ayuda estatal. Frente a esta disposición, que entró en vigor en enero de 2003, se presentaron cinco recursos ante el Tribunal de Apelación para que éste se pronunciara sobre la denegación de asistencia. Todos los casos (S, DyT) habían sido rechazados sobre la base de eviden- tes errores burocráticos. La postura en Sera tan desesperada que la decla- ración de un médico generalista diagnosticó una malnutrición severa con pérdida de 14 kilos de peso desde su llegada al Reino Unido. El Tribunal de Apelación estableció claras directrices sobre cómo el Gobierno debía mejo-

rar su aproximación procedimental a la denegación de apoyo y por consi- guiente ajustar su derecho en el ámbito de la equidad: antes de retirar nin- guna ayuda el Gobierno debía asegurarse de que hubiera mejores indicacio- nes en los aeropuertos, formación adicional de los entrevistadores, oportunidades de los solicitantes para abordar directamente aspectos de su historia que concernían al órgano decisor, cuestionarios más individualiza- dos y menos formularios. El Tribunal de Apelación también dejó claro que el grado de pobreza requerido para suscitar la aplicación de la Convención Europea para la Salvaguarda de los Derechos y Libertades Fundamentales (CEDH) firmada en Roma en 1950, era «inferior» de lo escrito en otras nor- mas relacionadas y que un «riesgo real» de alcanzar un «estado de degra- dación» no era suficiente. A pesar de existir una decisión anterior [R(D and

H) v Secretary of State for the Home Department [2003] EWCA Civ 852],

el presente caso estaba dominado por la cuestión de los tratos inhumanos y degradantes y los tres recurrentes acertaron al argumentar sus casos sobre la base de los derechos humanos. El Juez Kay (al igual que el Juez Collins en la sentencia original Q) trazó una jurisprudencia sobre las condiciones de pobreza para cerrar su razonamiento con las palabras del Lord Juez Simon Brown, de que «nadie debería sorprenderse si, en un breve período de tiem- po, los requerimientos del artículo 3 obligan a liberar del daño a la dignidad humana causado por [...] una vida de miseria que [...] ninguna nación civi- lizada pueda tolerar».

Por lo que concierne al control fronterizo, los funcionarios de inmi- gración son los encargados de llevar a cabo el examen de las personas que llegan al Reino Unido con el fin de determinar si tienen derecho a entrar. Una persona que haya sido autorizada a entrar o permanecer en el Reino Unido puede solicitar del Ministerio del Interior permiso para alargar su estancia o una modificación de las condiciones de residencia. Una persona puede solicitar la prórroga de su autorización de permanencia en el Reino Unido en la misma categoría con la que entró por primera vez o puede tam- bién solicitar un «cambio» a una categoría distinta de conformidad con los reglamentos de inmigración, a los que el Ministerio del Interior se atiene para autorizar o denegar tales solicitudes.

5.3.2. Las autorizaciones de residencia en el Reino Unido

Existen autorizaciones temporales y permanentes de estancia. Una autorización temporal es aquella en la que se espera que la persona abando- ne el Reino Unido tras el cumplimiento del fin de su estancia (por ejemplo, visitantes y estudiantes); una categoría permanente es aquella en la cual una persona no tiene que demostrar que tiene intención de abandonar el Reino Unido en ningún momento concreto (por ejemplo, esposo o titular de un per- miso de trabajo) de modo que dicha persona puede solicitar una estancia o permiso de residencia indefinido. En términos generales, no será posible pasar a una autorización permanente de estancia porque normalmente se requerirá obtener una autorización de entrada a tal efecto desde fuera del Reino Unido para tramitarla. Sin embargo, en ocasiones de forma excepcio- nal es posible cambiar de categoría, en casos tales como el de personas que se incluyen en la categoría de esposos, compañeros extramatrimoniales o familiares dependientes de una persona asentada en el Reino Unido. Si un solicitante no puede satisfacer los requisitos reglamentarios, el Ministerio del Interior siempre tiene el poder de emitir una decisión favorable si aporta razones suficientes que justifiquen una actuación discrecional al margen del reglamento. Tal valoración se realiza excepcionalmente respecto de determi- nadas categorías específicas, por ejemplo, cuando concurren razones huma- nitarias o cualesquiera otras de necesidad para permanecer en el Reino Uni- do, pero el caso no encaja en ninguno de los supuestos establecidos por las disposiciones sobre inmigración; también, cuando la denegación de la auto- rización pueda provocar una infracción de la normativa de derechos huma- nos, como ocurriría, si una persona fuera separada de los miembros de su familia dando lugar a consecuencias inapropiadamente duras o penosas.

Tal y como se avanzaba en el apartado anterior, entre las concesio- nes destacan por su importancia las «concesiones de residencia de larga

duración». Debe distinguirse entre la concesión de un permiso de residen-

cia indefinido por el transcurso de 10 años, para aquellos casos en los que la persona permanece legalmente en el Reino Unido (por ejemplo, un estu- diante de medicina o arquitectura) del permiso concedido por el transcurso

de 14 años en el territorio en situación irregular (por ejemplo, un inmigran- te ilegal o un extranjero que prolonga su estancia más a allá del período autorizado). Para poder beneficiarse de estas disposiciones debe tenerse en cuenta que: primero, el cumplimiento de los plazos de permanencia en el territorio es un requisito de estricta observancia; segundo, el tiempo pasado en calidad de exento de permisos es considerado como legal y cuenta a efec- tos del plazo; tercero, la existencia de «nexos con el Reino Unido» no debe ser demostrada en términos absolutos, sino en comparación con los víncu- los que unen al extranjero con su propio país, de manera que «cuanto más estrechos sean los vínculos de la persona con el Reino Unido, más difícil resultará negar la concesión»; cuarto, los antecedentes penales incrementan las posibilidades de denegación de la concesión.

Desde 1976 los menores de 12 años cuyos padres disfruten de la residencia en el Reino Unido se benefician de una concesión, de manera que «los niños por debajo de los 12 años serán autorizados a reunirse a la máxima brevedad con uno de sus progenitores en aplicación del par. 53(f), si éste garantiza un alojamiento y una manutención adecuados, y en el caso de que se reúna con su padre y en la casa de éste viva una mujer emparen- tada con él que acepte cuidar del niño y sea capaz de hacerlo». Esta conce- sión tiene las siguientes implicaciones: primero, uno de los padres puede incluir «una esposa de common law» no casada con el padre del niño. Segundo, puede denegarse la entrada si el progenitor residente en el Reino Unido está gravemente discapacitado física o mentalmente hasta el punto de ser incapaz de cuidar del niño. De la misma manera, en aplicación del prin- cipio de mantenimiento de la unidad familiar la entrada podría rechazarse cuando hubiera, por ejemplo, tres hijos, dos de los cuales fueran mayores de 12 años y el tercero fuera menor. Si bien no queda claro qué ocurriría de ser dos de los niños menores de 12 años y sólo el tercero mayor de esa edad. En todo caso, ambos ejemplos ilustran la idea de qué, como concesión, el Ministro de Interior puede rechazar la entrada en determinados casos.

Los hijos solteros mayores de edad pueden ser admitidos con el res- to de la familia si su exclusión les pudiera acarrear algún perjuicio o priva- ción. Lógicamente, son de aplicación los requisitos habituales sobre dispo-