Traslado y transporte de reclusos/as

El traslado y transporte de reclusos/as es otra área en la cual puede resultar vulnerado el derecho a la integridad personal.

Considerando lo anterior, algunos instrumentos internacionales han buscado establecer algunos estándares destinados a proteger a las personas que son objeto de traslado. Así, por ejemplo, los Principios y Buenas Prácticas, en el Principio IX. 4, disponen que:

Los traslados de las personas privadas de libertad deberán ser autorizados y supervisados por autoridades competentes, quienes respetarán, en toda circunstancia, la dignidad y los derechos fundamentales, y tomarán en cuenta la necesidad de las personas de estar privadas de libertad en lugares próximos o cercanos a su familia, a su comunidad, al defensor o representante legal, y al tribunal de justicia u otro órgano del Estado que conozca su caso.

Los traslados no se deberán practicar con la intención de castigar, reprimir o discriminar a las personas privadas de libertad, a sus familiares o representantes; ni se podrán realizar en condiciones que les ocasionen sufrimientos físicos o mentales, en forma humillante o que propicien la exhibición pública.

Además, el Principio XIX establece que:

En ningún caso la separación de las personas privadas de libertad por categorías será utilizada para justificar la discriminación, la imposición de torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o condiciones de privación de libertad más rigurosas o menos adecuadas a un determinado grupo de personas. Los mismos criterios deberán ser observados durante el traslado de las personas privadas de libertad.

Como señala la CIDH (2011), “en la práctica, tanto el traslado mismo como las condiciones en las que se realiza pueden llegar a tener un impacto importante en la situación del propio interno y en la de su familia. Asimismo, cuando los traslados son ejecutados arbitrariamente o en condiciones contrarias al respeto de los derechos humanos de los reclusos, pueden llegar a constituir espacios poco visibles o zonas grises para comisión de abusos por parte de las autoridades” (p. 184).

En el caso nacional, resulta usual el traslado de internos/as desde distintos recintos. Los fundamentos del traslado pueden encontrarse tanto en peticiones de traslado de los/as propios/as internos/as como en decisiones institucionales. Los mayores reclamos planteados por los/as internos/as dicen relación con el constante rechazo de las solicitudes por parte de Gendarmería; por otra parte, el traslado institucional es conocido en la jerga presidiaria como ‘peloteo’.

Esta última es una práctica bastante corriente en la cual la Administración toma la decisión de cambiar a la persona reclusa de recinto, ya sea como forma de protección de esta o considerando su nivel de conflictividad. Este último caso es una medida disciplinaria de carácter extra reglamentaria frente al mal comportamiento. De acuerdo con lo observado en terreno se pudo constatar que el traslado a unidades penales lejanas es utilizado por Gendarmería de Chile como una forma de sanción para aquellos/as internos/as más refractarios al régimen. Así, fue usual en las entrevistas con internos/as que mencionaran haber sido trasladados/as a unidades lejanas por un período determinado, debido a su mala conducta, por plazos generalmente de seis meses. Luego, según su comportamiento, o era devuelto a la Unidad Penal de origen o se le mantenía trasladado por plazos que podían durar años. En particular, los traslados desde Santiago a los recintos penitenciarios del sur del país, especialmente a aquellos que cuentan con celdas de máxima seguridad, constituyen una práctica bastante frecuente y que trae consecuencias como el alejamiento del interno/a del grupo familiar. Como se desprende de los relatos de los/as internos/as, estos traslados suponen un agravamiento de su condición de reclusión pues dejan de recibir visitas debido al traslado. Lo anterior se observa en las entrevistas a internos/as recluidos/as en el CCP de Puerto Montt.

¿Tú donde fuiste enjuiciado?

¿Y por qué te trasladaron?

Por exceso de población pero en contra de mi voluntad. Imagínese a 14 horas que estoy de Santiago, me vienen a ver cada seis meses cuando pueden.

Yo igual, yo llevo dos años, se puede decir peloteado, y no me han devuelto a mi lugar de origen. ¿Y por qué te trasladaron?

Supuestamente por los castigos me trajeron para acá, me dijeron, ‘tienes que hacer seis meses y después te devolvemos a tu lugar de origen’. Pero todavía he esperado un montón, ya van dos años ya.

Yo, por mi parte, no puedo hacer nada, no tengo contacto con mi familia, con quien me pueda apoyar, me pueda ayudar a algún traslado, al abuso de poder que están haciendo conmigo, no he podido hacer nada, no puedo hablar con mi familia, no hay contacto de ninguna otra manera. ¿Y teléfono?

No.

En ese sentido resulta bastante preocupante desde la perspectiva del derecho a la integridad personal el régimen al cual son sujetos aquellos/as internos/as trasladados/as a los módulos de máxima seguridad, como el observado en el CP de Valdivia. De acuerdo con el relato de los/as internos/as ahí albergados/as, aquellos/as que llegan peloteados desde otras cárceles y calificados/as de alto compromiso, en general son derivados/as directamente al módulo de máxima seguridad desde donde “no se sale más”. Los/as internos/as que permanecen en este módulo tienen 22 horas de encierro diario y ahí toman desayuno, almuerzan y cenan, sin derecho a tener algún tipo de distracción como puede ser una TV o radio. Los/as internos/as manifiestan que no pueden alegar ni hacer nada, ya que se interpreta como una actitud contraria al régimen interno.

Los/as internos/as entrevistados/as en dichos módulos señalan que junto con el encierro constante hay una incertidumbre respecto a su situación y al tiempo en que deberán permanecer sujetos a dicho régimen excepcional. Además, las encomiendas no llegan y los escritos no son autorizados, por lo tanto no tienen posibilidad de realizar peticiones ni tampoco denuncias. Agregan que dadas las condiciones del módulo y la relación con los/as funcionarios/as, les resulta muy difícil poder “subir en conducta”. En suma, el régimen presenta similares características de aquel aplicado a los/as reclusos/as sancionados/as con internación, con la salvedad que la reclusión en este módulo puede durar años en algunos casos. Esto, pese a que la mayoría de los/as internos/as declaró haber sido informados/as de una permanencia no superior a los seis meses. Esta situación se ve agudizada con la limitación de las visitas producto de la distancia, y en caso de tenerlas, deben ser realizadas a través de locutorios. Otra situación preocupante en relación con los traslados y que se pudo observar en las visitas en terreno se produce cuando los/as internos/as se encuentran en tránsito, es decir, han sido trasladados

a otros recintos penitenciarios con el objeto de atender a audiencias por causas pendientes. En algunos casos, el estado de tránsito puede durar solo algunos días, mientras que en otros se puede extender por meses, dependiendo de las distancias y las programaciones de traslados efectuadas por Gendarmería.

Más allá del evidente distanciamiento familiar que esto puede implicar, resulta preocupante constatar también que al no existir dependencias especiales para albergar a personas en tal calidad, estas sean recluidas en celdas con similares condiciones a las destinadas al cumplimiento de la sanción de internación, y bajo los mismos términos que los/as internos/as castigados/as en ese lugar. Tal es el caso observado en el CC Colina II, el CDP de Puente Alto y CDP Santiago Sur, entre otros recintos. En el caso particular de Colina II se pudo conversar con internos que llevaban hasta seis meses en tal condición, a los que se les permitía salir al patio solo una hora al día y derecho a visita una vez al mes, por 20 minutos. Por su parte, si bien el CDP Santiago cuenta con dependencias para albergar a sujetos en tránsito –en la calle 14–, las dependencias de tránsito tenían las mismas características que las celdas de castigo: espacios reducidos y en mal estado de conservación, carentes de ventilación y luminosidad. Al momento de practicar la visita se encontraban 30 internos en tales recintos. En muchos de ellos, al menos dos internos debían dormir en el suelo en colchonetas. De acuerdo con lo expresado por los reclusos, el régimen impuesto era similar al observado en las celdas de internación, no teniendo derecho a salir al patio, manteniéndoles todo el día encerrados. En efecto, dicho recinto inspeccionado fue uno de los que presentó las peores condiciones considerando el hacinamiento y encierro constante al que están sometidos los internos. Finalmente, en el CDP de Puente Alto se observó algo similar. Los internos recluidos en dichos recintos, pese a que se encontraban segmentados del resto de la población, eran destinados a celdas de similar diseño a aquellas utilizadas para el cumplimiento de la internación en celda solitaria, con escasa ventilación e iluminación, y que están estructuradas en base a camas de cemento empotradas que no siempre disponían de un colchón y ropa de cama adecuada.

Lo expuesto resulta sensible desde la perspectiva de la integridad personal de los/as reclusos/as que son objeto de traslados, considerando la privación de visitas que sufren como consecuencia del distanciamiento del lugar de origen, y las condiciones extremas que deben vivenciar aquellos/as internos/as en tránsito a los/as cuales se les impone un régimen propio del sistema disciplinario utilizado para casos más graves.

Sobre este punto, la CIDH ha subrayado “que los deberes especiales del Estado de respetar y garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas bajo su custodia, no se limitan al contexto específico de los centros de privación de libertad, sino que se mantienen en todo momento mientras estas personas se encuentren en custodia del Estado; por ejemplo, mientras son transportados hacia los centros de detención, o de ahí a otros lugares como hospitales, juzgados etc.,

o cuando son trasladados de un centro de reclusión a otro. En estos casos permanece la obligación perentoria del Estado de no someter a estas personas a tratos crueles, inhumanos o degradantes” (CIDH, 2011, p. 187).

3.6 Recomendaciones para el Estado de Chile

1) La primera recomendación –que resulta transversal a la mayoría de las recomendaciones– apunta a la dictación de una Ley de Ejecución Penal que regule los derechos y deberes de los/as internos/as, y también las distintas instancias de protección del derecho a la integridad personal de las personas privadas de libertad.

2) En tanto no se concrete lo anterior, se recomienda modificar el REP considerando que dicha normativa ha quedado absolutamente desfasada de la realidad y las exigencias de la realidad penitenciaria nacional, resultando insuficiente en la protección de la integridad personal de las personas privadas de libertad.

3) Uno de los aspectos que se debiera abordar en detalle, ya sea en una Ley de Ejecución Penal o en su defecto en una modificación al REP, dice relación con el régimen disciplinario aplicable que debiera ajustarse a los principios de excepcionalidad y proporcionalidad. En esta materia, resulta fundamental revisar las conductas que serán sancionadas, castigando aquellas que realmente resulten atentatorias del orden y seguridad del recinto, de conformidad con el principio de excepcionalidad. Además, las conductas deberán ajustarse al principio de proporcionalidad, de manera que efectivamente exista una graduación de las penas a aplicar. Junto con lo anterior, debe establecerse la aplicación del principio de especificidad cuando una conducta sea constitutiva tanto de una infracción disciplinaria como de un ilícito penal, evitando violar el principio de non bis in ídem.

4) También en relación con el régimen disciplinario resulta fundamental establecer un debido proceso en la aplicación de las sanciones. En particular, es necesario que su aplicación se ajuste a un debido proceso en virtud del cual estas sean decretadas por un órgano imparcial. En la misma línea, debieran establecerse instancias de contradicción que permitan al recluso/a defenderse, ser oído y rendir prueba. Para efectos de concretar lo anterior, y en consonancia con la necesidad del establecimiento de una normativa legal que regule la situación de los/as penados/as, debiera avanzarse en la creación de una judicatura especializada orientada a proteger los derechos de los reclusos/as y dirimir los conflictos con la administración penitenciaria mediante el establecimiento de jueces o juezas de ejecución penal, encargados/as de brindar imparcialidad al procedimiento.

5) En particular, en relación con la utilización de celdas solitarias como sanción disciplinaria, las recomendaciones internacionales apuntan a que esta sea abolida como forma de sanción, privilegiando otras como “la amonestación formal, la exclusión del trabajo, la retención de salarios (en el caso que

el trabajo sea remunerado), la prohibición de participar en actividades recreativas, la restricción en el uso de ciertas posesiones personales y la limitación de los movimientos en los recintos” (Coyle, 2009, p. 83). En caso de no abolirse el uso de celdas solitarias, su aplicación debe ser estrictamente regulada de manera que se decrete solo en casos excepcionalísimos, considerando los espacios de vulneración que presentan. Junto con lo anterior, deberá asegurarse que dicha medida sea utilizada por el período más breve posible, sujeta a control judicial y efectiva supervisión médica (CIDH, 2011). Además, debe procurarse mejorar las condiciones de habitabilidad en varias de las dependencias visitadas, evitar la internación de más de dos internos por celda, e introducir mejoras en relación con la posibilidad de higiene de los/as reclusos/as. Asimismo, resulta fundamental supervisar la ejecución de dichas sanciones por parte de otras instancias institucionales y judiciales, abogando por la aplicación de estándares relacionados con el respeto del desencierro mínimo. Junto con lo anterior, debe prohibirse de manera específica la imposición de otras sanciones como consecuencia del encierro en celda solitaria, como son las restricciones al derecho de visitas o la pérdida de beneficios tales como los beneficios intrapenitenciarios. Así también debe proscribirse la utilización de medios coercitivos, tales como la utilización de esposas en el cumplimiento de dicha sanción.

6) Se deberá asegurar que las normas disciplinarias sean conocidas por las autoridades y funcionarios/as a cargo de los recintos penales, y que sean ampliamente divulgadas entre la población reclusa, y disponibles a cualquier otra persona interesada (CIDH, 2011, p. 196).

7) Resulta fundamental que se regule el uso de la fuerza al interior de los recintos, ajustándola a los principios de necesidad y excepcionalidad. En particular, se requiere que se establezcan de manera clara las hipótesis en que procede y los límites a los cuales se encuentra sujeta.

8) En relación con las requisas o allanamientos, al igual que en el caso anterior, es necesario que se regulen las hipótesis en que proceden, y la aplicación de los principios de necesidad, proporcionalidad y supervisión de la autoridad. Asimismo, se deberán adoptar las medidas de control y monitoreo necesario para asegurar que dicha práctica sea conducida de forma tal que se respete el derecho a la integridad personal y, especialmente, que no se recurra al uso desproporcionado de la fuerza, ni se utilicen como una forma de agredir y humillar a los/as reclusos/as (CIDH, 2011, p. 196).

9) En relación con los traslados, se sugiere reducir dichas prácticas de manera de no lesionar el contacto con el mundo exterior de los/as internos/as y no aplicarlos como una sanción extra reglamentaria. En el caso de los/as reclusos /as en tránsito, se sugiere habilitar recintos especiales destinados a albergarlos/as que presenten similares condiciones de habitabilidad de que goza el resto de la población penal albergada en el recinto.

10) El que los/as reclusos/as sean albergados/as en módulos de máxima seguridad no debe significar un deterioro de las condiciones de reclusión. Por ello, resulta fundamental que los/as internos/as

recluidos/as en módulos de dichas características puedan gozar de las mismas horas de desencierro que el resto de la población penal.

11) En relación con las condiciones carcelarias se sugiere invertir en mejorar las condiciones de habitabilidad de aquellos recintos penales que presentaron condiciones lesivas del derecho a la integridad, considerando los niveles de hacinamientos, acceso a servicios higiénicos y provisión de útiles de aseo.

12) Mientras no se implemente una judicatura especializada en ejecución penal de conformidad con lo recomendado en párrafos anteriores, resulta fundamental que se modifiquen los canales de reclamación de los/as internos/as, especialmente frente a las denuncias que pudieren producirse en relación con malos tratos de los que pudieran ser objeto. En este último caso, los canales debieran ser independientes del personal del recinto, de manera de asegurar que las denuncias sean debidamente canalizadas y se brinde protección a la persona denunciante. Junto con lo anterior, deberá entrenarse personal especializado en la detección de hechos que pudieren constituir actos de tortura, bajo las directrices de lo dispuesto en el Protocolo de Estambul.

13) Se recomienda castigar con una sanción adecuada a aquellos/as funcionarios/as que cometan actos que puedan ser constitutivos de malos tratos, con el objeto de que tomen conciencia de la gravedad de dichas prácticas. Así también, deberá fortalecerse la capacitación en derechos humanos de los/as funcionarios/as de trato directo, en especial de la normativa que regula los malos tratos como la tortura u otros actos proscritos por el derecho internacional.

14) Finalmente, se recomienda la pronta puesta en marcha de las disposiciones del Protocolo Facultativo contra la Tortura, implementando el mecanismo de seguimiento y entregando el presupuesto adecuado para su correcta supervisión.