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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

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Recurso nº 1142/2018

Resolución nº 1114/2018

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

En Madrid, a 30 de noviembre de 2018.

VISTO el recurso interpuesto por D. A. F. K., en nombre y representación de INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIÓN, S.L.U., contra el anuncio de licitación, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas, correspondiente al “Contrato de Servicios de desarrollo y mantenimiento de los sistemas y aplicaciones del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)”, expediente número 18840060100, el Tribunal en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha de 25 de octubre de 2018, se publicó en la Plataforma de Contratación del Estado el anuncio de licitación y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, (en adelante, "PCAP" y "PPT" respectivamente) del expediente número 18840060100, para la Contratación de los Servicios de desarrollo y mantenimiento de los sistemas y aplicaciones del Departamento de Informática Tributaria de la AEAT.

Segundo. Se trata de un contrato de servicios, con un valor estimado de 33.869.679,36 euros, sujeto por tanto a regulación armonizada, dividido en ocho lotes, para cuya adjudicación se ha seguido el procedimiento abierto.

Tercero. Se ha recibido por este Tribunal el expediente administrativo y el correspondiente informe del órgano de contratación, de 8 de noviembre de 2018, conforme al art. 56, 2 de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, (en adelante, LCSP).

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Cuarto. Mediante Resolución de la Secretaría de este Tribunal de 10 de noviembre de 2018, se ha acordado la suspensión del presente procedimiento de licitación.

Quinto. El 13 de noviembre de 2018, la Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso a los restantes licitadores para que pudieran formular alegaciones sin que se haya evacuado el trámite.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente recurso, que debe calificarse como especial en materia de contratación, se interpone ante este Tribunal que es competente para resolverlo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45.1 LCSP.

Segundo. En cuanto al plazo para la interposición del recurso especial en materia de contratación, el mismo deberá interponerse en el plazo de quince días hábiles desde la publicación en el correspondiente diario oficial, del acto o acuerdo que se recurra, conforme se dispone en el artículo 50, 1, b) de la LCSP, de acuerdo con el artículo 44 del mismo texto legal. En este caso consta que los pliegos rectores de la presente contratación fueron publicados en la Plataforma de Contratación del Estado, el 25 de octubre de 2018, puesto que el recurso ha sido presentado el 6 de noviembre de 2018, se considera que se ha interpuesto dentro del plazo previsto para ello.

Tercero. El recurso se ha interpuesto por persona legitimada al tratarse de una persona física, representante de una persona jurídica, que es licitadora en el presente contrato, cuyos derechos o intereses legítimos se ven directamente afectados por la Resolución que impugna, por lo tanto, “persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso” (artículo 48, 1 de la LCSP).

Cuarto. En el presente caso se interpone este recurso especial contra el Anuncio de licitación, así como contra el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el Contrato, actos recurribles de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.2 letra a) de la LCSP, donde se establece que podrán ser

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objeto de revisión: "a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.”

Asimismo, se trata de un contrato con un valor estimado de 33.869.679,36 de euros, esto es, se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada y con un importe superior a los 100.000 euros que se exigen en el art. 44 para la admisibilidad del recurso especial en relación con los contratos de servicios, por lo que el recurso resulta admisible.

Quinto. El recurrente interpone el presente recurso alegando tres motivos, como son los siguientes:

a) La limitación de la adjudicación a un solo licitador de cada uno de los lotes de los ocho posibles en que está dividido el objeto del contrato "es restrictiva de la competencia y vulneradora de los principios básicos que rigen la contratación pública".

b) La clausula 10. 2 del PCAP, en la que se contienen los criterios de adjudicación del presente contrato, no establece con claridad cuáles son los criterios que permitirán determinar las ofertas que resultarán adjudicatarias de cada lote.

c) La división en lotes del contrato es aleatoria y sin relación con el objeto del contrato.

Por su parte, el órgano de contratación se opone a la estimación del presente recurso especial y considera que debe ser mantenida la validez de los pliegos del mismo, en cuanto restulta plenamente conforme con la legalidad vigente, determinada por la nueva Ley de Contratos del Sector Público, cuya regulación sigue las directrices marcadas por la Directiva 2014/24/CE, cuyos principios han sido respetados en la presente licitación y manifiesta que se encuentra justificado tanto la limitación en la adjudicación de un solo lote, la división en lotes del contrato, así como los criterios de adjudicación de la clausula 10. 2.

Sexto. Comenzaremos por analizar los distintos motivos de impugnación esgrimidos por el recurrente. Así, en primer lugar, manifiesta que: “la limitación a uno del número de lotes que puede adjudicarse a un mismo licitador vulnera los principios que rigen la contratación pública además de restringir de facto una competencia efectiva tal y como se demostrará a continuación”. Considera que el argumento legal para ello, se encuentra dentro del Considerando 79 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26

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de febrero de 2014, sobre contratación pública, en el que, después de permitir la limitación del número de lotes a un solo licitador, establece lo siguiente: "Cuando los contratos estén divididos en lotes, los poderes adjudicadores deberán estar autorizados a limitar el número de lotes a los que un operador económico puede licitar, por ejemplo, con el fin de preservar la competencia o garantizar la fiabilidad del suministro. También deben estar autorizados a limitar el número de lotes que pueda adjudicarse a cada licitador.(…). Los poderes adjudicadores deberían poder llevar a cabo una evaluación comparativa de las ofertas para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinación particular de lotes cumplirían mejor, en conjunto, los criterios de adjudicación establecidos de conformidad con la presente Directiva con respecto a dichos lotes, que las ofertas para los lotes separados de que se trate consideradas aisladamente. En caso afirmativo, el poder adjudicador debería poder adjudicar un contrato que combine los lotes de que se trate al licitador afectado”.

En efecto, vemos que la limitación de la adjudicación de un solo lote a un licitador resulta de lo dispuesto dentro de la Clausula sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ("PCAP"), en la que se dispone lo siguiente: "Los licitadores podrán concurrir independientemente a cada uno de los lotes, podrán participar en uno, varios o todos los lotes en que se divide el objeto del contrato, sin embargo sólo podrán resultar adjudicatarias de un único lote, conforme a lo recogido en la cláusula 10.2 sobre criterios de adjudicación".

Esta posibilidad prevista en el pliego, encuentra su fundamento legal en el art. 99 apartado cuarto, letra b, de la LCSP, donde se establece lo siguiente: "Cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto del contrato, este podrá introducir las siguientes limitaciones, justificándolas debidamente en el expediente:

a)Podrá limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta.

b)También podrá limitar el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador.

Cuando el órgano de contratación considere oportuno introducir alguna de las dos limitaciones a que se refieren las letras a) y b) anteriores, así deberá indicarlo

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expresamente en el anuncio de licitación y en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Cuando se introduzca la limitación a que se refiere la letra b) anterior, además deberán incluirse en los pliegos de cláusulas administrativas particulares los criterios o normas que se aplicarán cuando, como consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación, un licitador pueda resultar adjudicatario de un número de lotes que exceda el máximo indicado en el anuncio y en el pliego. Estos criterios o normas en todo caso deberán ser objetivos y no discriminatorios.

Salvo lo que disponga el pliego de cláusulas administrativas particulares, a efectos de las limitaciones previstas en las letras a) y b) anteriores, en las uniones de empresarios serán éstas y no sus componentes las consideradas candidato o licitador.

Podrá reservar alguno o algunos de los lotes para Centros Especiales de Empleo o para empresas de inserción, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional cuarta, igualmente se podrán reservar lotes a favor de las entidades a que se refiere la Disposición adicional cuadragésima octava, en las condiciones establecidas en la citada disposición.

5. Cuando el órgano de contratación hubiera decidido proceder a la división en lotes del objeto del contrato y, además, permitir que pueda adjudicarse más de un lote al mismo licitador, aquel podrá adjudicar a una oferta integradora, siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los requisitos siguientes:

a) Que esta posibilidad se hubiere establecido en el pliego que rija el contrato y se recoja en el anuncio de licitación. Dicha previsión deberá concretar la combinación o combinaciones que se admitirá, en su caso, así como la solvencia y capacidad exigida en cada una de ellas.

b) Que se trate de supuestos en que existan varios criterios de adjudicación.

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c) Que previamente se lleve a cabo una evaluación comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinación particular de lotes cumpliría mejor, en conjunto, los criterios de adjudicación establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

d) Que los empresarios acrediten la solvencia económica, financiera y técnica correspondiente, o, en su caso, la clasificación, al conjunto de lotes por los que licite.”

Es decir, el punto de partida para esta clausula es la división en lotes del contrato, que como ya se establece dentro del Preámbulo de la LCSP, ahora con la nueva Ley pasa a ser la regla general, pero en el sentido de que, no se impone esta división en lotes de forma obligatoria, sino que, solo si no se divide, hay que justificarlo. Una de las novedades de la Ley de Contratos de 2017, además de la nueva concepción de la división en lotes de los contratos, es la posibilidad de que el órgano de contratación pueda limitar el número de lotes que puede adjudicar a cada licitador. Se trata de una posibilidad que asiste al órgano de contratacion, pero sujeta al cumplimiento de dos requisitos, previstos en el art. 99, 4, b), como son: a) que lo justifique debidamente en el expediente y b) que se indique expresamente en el anuncio de licitación y en el pliego de cláusulas administrativas particulares. A su vez, conviene indicar que la limitación del número de lotes que se puede adjudicar a un solo licitador, puede exceptuarse en el caso de que se presente lo que se conoce como “oferta integradora”, es decir, que se presenten varias ofertas a distintos lotes, siendo así que la mejor oferta no sea una sola en concreto, sino la combinación de varias, siendo necesario para ello que se den los requisitos del art. 99, 5 de la LCSP. Pero, como decimos, se trata de posibilidades legales que se le ofrecen al órgano de contratación, quien ha de ser quien elija la que considere mejor, en función de las necesidades a satisfacer con ese contrato y de acuerdo con los principios rectores de la contratación. Hay que añadir que, en apoyo de esta libertad de decisión del órgano de contratación, éste tiene a su favor la discrecionalidad técnica con la que actúa, que ha sido reconocida por el Tribunal Supremo, y que le ampara en las decisiones que haya adoptado, pero siempre supeditada a la justificación de esas decisiones, justificación que ha de aparecer en el correspondiente expediente.

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A la vista de esta previsión legal, el papel de este Tribunal ha de ser el de analizar si en este caso, se han cumplido los requisitos anteriores, particularmente, el relativo a la necesaria justificación en el expediente de la decisión adoptada. En la documentación de este procedimiento de contratación, recibida en este recurso, consta el anuncio de licitación, el PCAP y el PPT. En estos documentos, se hace constar la división en lotes del objeto del contrato, así como la limitación de la adjudicación de un solo lote a un solo licitador, por tanto, con ello, entendemos cumplido el segundo de los requisitos apuntados anteriormente.

En relación con el primero de ellos, -la necesaria justificación de esta decisión-, su análisis debe hacerse con mayor detenimiento. La posiblidad de esta limitación encuentra su origen dentro del Considerando 79 de la Directiva 2014/24/UE, -ya transcrito anteriormente-, en el que se permite la limitación de la adjudicación de los lotes a un solo licitador, pero siempre que existan razones que lo justifiquen como son, según la Directiva, las de

“preservar la competencia o garantizar la fiabilidad del suministro”. Dentro de su articulado, el artículo 46 de la Directiva exige que se indique "en los pliegos de la contratación los criterios o normas objetivos y no discriminatorios que se proponen aplicar para determinar qué lotes serán adjudicados, en caso de que la aplicación de los criterios de adjudicación pueda dar lugar a que a un solo licitador se le adjudique un número de lotes superior al máximo indicado". Asimismo, permite que en el caso de que un contrato se haya dividido en lotes, se pueda adjudicar solo un lote o más de un lote a un mismo licitador, así como la posibilidad de que el órgano de contratación pueda adjudicar varios o todos los lotes a una "oferta integradora", y todo ello es lo que se recoge dentro del art. 99, 4 de la LCSP.

Este Tribunal no desconoce los distintos pronunciamientos que sobre la posibilidad de limitar la adjudicación de lotes han hecho determinados órganos que se mencionan en el escrito de recurso, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Abogacía General del Estado o, incluso, este mismo Tribunal. En todos ellos, se formulan objeciones a la limitación del número de lotes que pueden ser adjudicados a un mismo licitador, pero tales objeciones solo se pueden vencer en el caso de que cumplan los requisitos contenidos dentro del art. 99 de la LCSP y así se acredite en el expediente.

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En este caso, vemos que en el Informe del órgano de contratación remitido a este Tribunal, remitiéndose a la Memoria justificativa del presente expediente, se contiene la justificación necesaria para este Tribunal, para considerar adecuada la limitación a esa adjudicacion de un lote a cada empresa licitadora. Esta justificación se encuentra en el fomento de la competitividad y en la mejora de la participación de las PYMES en los procesos de licitación, especialmente, en el caso de que se trate de contratos de tecnología con un elevado importe económico, lo que justifica en mayor medida que se proceda a esa división en lotes y a la limitación anterior. En esos documentos, podemos leer lo siguiente: “En la licitación de contratos con cierta dimensión económica, la diversificación en lotes del objeto contractual, reduciendo los requisitos de solvencia y la complejidad ejecutiva de la prestación, favorece directamente a las PYME's, permitiendo que se conviertan en contratistas con derecho a percepción directa del precio público correspondiente y acumulando una experiencia que les permite acreditar solvencia técnica en sucesivas licitaciones en las que participen.

Así lo ha entendido la Comisión Europea que, en la propuesta de reforma de la Directiva 2004/18, impulsa decididamente la división del objeto contractual en lotes de forma que en su introducción afirma: "Se pedirá a los poderes adjudicadores que dividan los contratos públicos en lotes —homogéneos o heterogéneos— con el fin de hacerlos más accesibles para las PYME's. Si deciden no hacerlo, deberán explicar de manera específica su decisión:.

El Considerando n° 79 de la actual Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE dice así: "Cuando los contratos estén divididos en lotes, los poderes adjudicadores deberán estar autorizados a limitar el número de lotes a los que un operador económico puede licitar, por ejemplo, con el fin de preservar la competencia o garantizar la fiabilidad del suministro. También deben estar autorizados a limitar el número de lotes que pueda adjudicarse a cada licitador".

Asimismo, nuestro actual texto legislativo, LCSP 9/2017, recoge esta directriz en su preámbulo:"...Además de las anteriores, se encuentran aquí como medidas de apoyo a las PYMES (...) una nueva regulación de la división en lotes de los contratos (invirtiéndose la

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regla general que se utilizaba hasta ahora, debiendo justificarse ahora en el expediente la no división del contrato en lotes, lo que facilitará el acceso a la contratación pública a un mayor número de empresas) (...)

Debe recordarse que la política de fomento de la contratación pública con pequeñas y medianas empresas impregna las nuevas Directivas de contratación pública, ya desde sus primeros Considerandos, medida destacada en la Estrategia Europa 2020, en la que la contratación pública desempeña un papel esencial y que se traslada al ordenamiento jurídico español mediante el presente texto legal."

Sin embargo, no resulta suficiente la simple división en lotes permitiendo la posibilidad de una licitación más diversificada, puesto que ésta no asegura fehacientemente el objetivo perseguido ya que, en la práctica, si un licitador con grandes medios (materiales, profesionales y capacidad financiera) decidiera presentarse a todos los lotes es muy probable que lograra una gran concentración de lotes adjudicados a su favor.

Es intención firme de este Departamento favorecer el reparto del Mercado y, en definitiva, lograr la diversificación en varios contratistas que, de no ser así, no tendrían oportunidades de participación directa, recluyéndolas a escenarios de subcontratación; con todo ello además a quien estamos beneficiando en última instancia es a la propia Administración.

Constituye por tanto nuestra apuesta la adopción de medidas efectivas más activas, más allá de la propia división en lotes, que limitan esos "escenarios de licitación" con la proporcionalidad adecuada, estableciendo el número de lotes que como máximo pueden ser adjudicados a un mismo operador económico.

En este sentido, al amparo del artículo 99.4 b) LCSP, y con el fin de preservar la competencia, favorecer el "reparto del mercado" y, en definitiva, la participación efectiva de las PYMES en el mercado de la contratación pública, se limita a uno el número de lotes que puede adjudicarse a cada licitador."

Este Tribunal considera que la justificación anterior, ofrecida por el órgano de contratación en los documentos de este procedimiento de licitación, es suficiente de cara a justificar la limitación de la adjudicación de un solo lote a cada empresa licitadora, por lo que se

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entiende también cumplido este requisito establecido en el art. 99, 4 de la LCSP y con ello, procede la desestimación de esta primera alegación del recurrente.

Sexto. Otro motivo en el que la entidad recurrente basa su recurso especial, es en la consideración de que resulta errónea la determinación que hacen los pliegos de los criterios para la adjudicación del lote que corresponda, en concreto, en lo previsto en la Clausula 10.2 del PCAP, a cuyo tenor: "La empresa propuesta como adjudicataria de un lote no podrá proponerse como adjudicataria de otro lote, ni a título individual ni como parte de una unión temporal de empresas, con independencia de la distribución porcentual que ostente en la misma. En el caso de resultar su proposición la mejor valorada en más de un lote, solamente se propondrá la adjudicación, de entre dichos lotes, del lote con mayor importe.

No obstante, para evitar que pudieran quedar lotes desiertos, podrá también resultar adjudicatario de aquéllos otros lotes a los que hubiera presentado oferta y que no pudieran adjudicarse a ningún otro licitador."

Sigue manifestando la recurrente en su recurso que: “una empresa cuyas ofertas hayan sido las mejores en más de un lote, sólo será adjudicataria de aquel lote de mayor importe, siendo ésta la única directriz contenida en los Pliegos para definir los criterios de adjudicación” y que ello puede dar lugar al problema fáctico de que se determine cuál es el lote para el que va a resultar adjudicataria en un momento tan tardío, que resulte contrario a lo dispuesto en el pliego y finalmente, no se le adjudique el lote de mayor valor. Para ello, pone varios ejemplos en su recurso, (páginas 16 y 17), concluyendo el mismo que: “(…) diversas situaciones que pueden llegar a darse ie. falta de adscripción de medios, recurribilidad de la adjudicación de alguno de los lotes, entre otras, lo que nos lleva a un sinfín de posibilidades, no previstas en el PCAP y que puede llevar a situaciones en las cuales el adjudicatario y ejecutor de un lote, podría llegar a haber sido adjudicatario de otro con mayor importe, lo cual no sólo contraviene lo recogido en el propio PCAP sino que supone una clara vulneración de los principios de igualdad de trato y no discriminación.”

En efecto, esta apreciación del recurrente es correcta, pero parte de un error fundamental de base, ya que el recurrente se refiere con su alegación al licitador que ya sea adjudicatario del contrato (o de uno de los lotes del contrato, para ser exactos), esto es, al licitador que ya haya superado todas las fases de la licitación de presentación de ofertas,

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apertura de éstas, propuesta de adjudicación y acuerdo de adjudicación a su favor, y se encuentra ya como adjudicatario de ese lote. Pero la cláusula 10. 2 del PCAP que impugna, solo se refiere a los licitadores propuestos como adjudicatarios, así indica que: "La empresa propuesta como adjudicataria de un lote no podrá proponerse como adjudicataria de otro lote, ni a título individual ni como parte de una unión temporal de empresas, con independencia de la distribución porcentual que ostente en la misma. En el caso de resultar su proposición la mejor valorada en más de un lote, solamente se propondrá la adjudicación, de entre dichos lotes, del lote con mayor importe (…)”, con lo que se pone de manifiesto que el órgano de contratación ya tuvo en cuenta la problemática apuntada por el recurrente en su escrito de recurso y la evitó, haciendo que las situaciones a las que se refiere el recurrente, -esas “posibilidades no previstas en el PCAP y que puede llevar a situaciones en las cuales el adjudicatario y ejecutor de un lote, podría llegar a haber sido adjudicatario de otro con mayor importe”-, no se puedan dar nunca en la práctica, puesto que las posibles impugnaciones de las adjudicaciones realizadas solo se pueden referir al adjudicatario y no al licitador propuesto como adjudicatario, de manera que, si surge algún problema en el licitador propuesto como adjudicatario de un lote se pueda evitar antes de que sea adjudicatario, con lo que nunca se podrá dar el problema de ver cómo se infringe el pliego haciendo que quien ha sido adjudicatario de un lote, lo sea también de otro de mayor importe.

Así, en el caso de que surja algún problema respecto de la adjudicación, ésta ya se habrá realizado en cada caso y respecto de cada lote, puesto que nunca podrá existir más de un adjudicatario por cada lote, lo cual, unido a la limitación anterior de que solamente exista una empresa adjudicataria de cada uno de los lotes, permite que se cumpla el criterio establecido en el pliego de que solo pueda resultar adjudicatario de un lote, la empresa que haya presentado la oferta de mayor valor. Séptimo. Por último, el recurrente se cuestiona la división en lotes del presente contrato, considerando que se trata de una

“división aleatoria y sin fundamento objetivo alguno llevada a cabo por el órgano de contratación”.

Para analizar esta alegación del recurrente, debemos de partir de la definición del objeto del presente contrato de servicios. Como vemos dentro del punto primero del PCAP, estamos ante un contrato de servicios que tiene por objeto “la realización de los servicios

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de desarrollo y mantenimiento de los sistemas y aplicaciones del Departamento de Informática Tributaria (DIT) en los términos señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como la realización del servicio de guardia en los términos definidos en el citado pliego”, repartiéndose los diferentes servicios en hasta ocho lotes.

El artículo 1.1 de la nueva LCSP establece, en similares términos al artículo 1 del derogado TRLCSP, que “La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”.

Pues bien, en este caso, el órgano de contratación ha delimitado el objeto del contrato y ha definido las prestaciones que lo constituyen, en función de la consecución de las necesidades a satisfacer con este contrato, como son las de “asegurar el correcto funcionamiento de todas las aplicaciones”.

Debemos aplicar aquí el criterio ya sostenido por este Tribunal en distintas Resoluciones, -por todas y por la novedad que supone, podemos citar aquí la Resolución nº 755/2018, de 16 de agosto, así como la Resolución nº 813/2018, de 14 de septiembre de 2018-, en cuanto resulta necesario que el contrato se ajuste a los objetivos que “la Administración contratante persigue para la consecución de sus fines, correspondiendo a ésta apreciar las necesidades a satisfacer con el contrato y siendo la determinación del objeto del contrato una facultad discrecional de la misma, sometida a la justificación de la necesidad de la contratación y a las limitaciones de los artículos 22 y 86 del TRLCSP. Por ello, como ha reconocido este Tribunal en las Resoluciones, 156/2013, de 18 de abril y 194/2013, de 23 de mayo, la pretensión de la recurrente no puede sustituir a la voluntad de la Administración en cuanto a la configuración del objeto del contrato y a la manera de alcanzar la satisfacción de los fines que la Administración pretende con él (Resolución 756/2014, de 15 de octubre).

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Corresponde, en definitiva, al órgano de contratación, definir el interés público a satisfacer con el contrato de servicios, fijar su objeto, así como los requisitos técnicos que han de exigirse para su correcta ejecución (Resolución 548/2015). La definición del objeto del contrato, decíamos en la Resolución 468/2018, de 11 de mayo, constituye una facultad discrecional, y por ello, se insiste, “la pretensión del recurrente no puede sustituir a la voluntad de la Administración en cuanto a la configuración del objeto del contrato y a la manera de alcanzar la satisfacción de los fines que la Administración pretende con él”

(también, Resoluciones 156/2013, de 18 de abril, y 194/2013, de 23 de mayo).”

Con la única salvedad de que las referencias deben entenderse realizadas a los arts. 99 y 123 a 126 LCSP, consideramos que la doctrina anterior resulta de plena aplicación al presente caso, en el que la definición del objeto del contrato y la manera de alcanzar la satisfacción de los fines que la Administración pretende con él, constituye una facultad discrecional de ésta, insustituible por la mera voluntad del recurrente.

Siguiendo con la alegación relativa a la división indebida del objeto del contrato, debemos partir de lo dispuesto dentro de la Resolución nº 813/2018, (citada anteriormente), en la que sobre esta cuestión establece la siguiente doctrina general: “En cuanto al nuevo régimen legal previsto sobre la división del contrato en lotes, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid, en Resolución 124/2018, de 25 de abril, señala que la decisión de dividir un contrato o no en lotes es una cuestión discrecional del órgano de contratación pero sujeta a control, y en este control se debe partir de que el criterio general en la nueva LCSP, como explica en su preámbulo, es "Como medidas más específicas, se ha introducido una nueva regulación de la división en lotes de los contratos (invirtiéndose la regla general que se utilizaba hasta ahora, debiendo justificarse ahora en el expediente la no división del contrato en lotes, lo que facilitará el acceso a la contratación pública a un mayor número de empresas (...))". A diferencia de lo que se establecía en el artículo 86.3 del TRLCSP, la nueva LCSP en el artículo 99 precisa

"2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional

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cuarta. No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los siguientes: a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia. b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente". Por su parte, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en Resolución 189/2018, de 19 de junio, indica, en relación con el artículo 99 LCSP, que “si bien la regla general en nuestra normativa contractual había sido la unidad del objeto debiendo justificarse en el expediente el fraccionamiento en lotes (artículo 86 del TRLCSP), el sistema se invierte en la nueva LCSP por aplicación de la Directiva antes mencionada, como medida para favorecer la concurrencia de las PYMES en la contratación pública, de modo que el órgano de contratación deberá dividir el objeto salvo que justifique válidamente en el expediente los motivos que determinen la no división”. Acogiendo la doctrina de los Tribunales citados, se ha de hacer especial énfasis en que el artículo 99.3, apartado primero, de la nueva LCSP, señala: “Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, […]”. De lo dicho se desprende con claridad que la división en lotes, si bien es la regla general como ya se ha indicado, no se impone para todos los contratos, pues debe permitirlo la naturaleza o el objeto de estos. La naturaleza y el objeto operan como condición previa para que se acuerde la división en lotes. A su vez, y dada dicha condición previa, atendiendo a la naturaleza y el objeto del contrato a licitar, se habrá de exigir necesidad de justificar la no división con mayor o menor rigor

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según las circunstancias que concurran en cada expediente de contratación. (…)”.

Se contiene en la cita de nuestra Resolución anterior, la dicción literal del art. 99, 3 de la LCSP, verdadera piedra angular de la nueva concepción de la división en lotes del objeto del contrato, haciendo que dependa la posibilidad de la realización independiente de cada una de las partes de un contrato tanto de la naturaleza como del objeto del mismo, mediante su división en lotes. En el caso en el que nos encontramos, la división en lotes del objeto del contrato, permite una mejor consecución de los objetivos de prestación de los servicios y de mantenimiento de éstos, para lo cual, no existe obstáculo en que puedan atribuirse a distintas empresas cada uno de esos lotes, consiguiendo con ello una mayor participación de empresas en la ejecución de este contrato, lo que favorece directamente a las PYMES y, al mismo tiempo, evita atentados contra la competencia, puesto que se consigue que haya un mayor reparto de lotes entre el mayor número de empresas posible.

En este sentido, debemos reiterar aquí lo contenido dentro del Informe del órgano de contratación, remitiéndose a la Memoria justificativa del presente expediente, en el que se establece lo siguiente: “En la licitación de contratos con cierta dimensión económica, la diversificación en lotes del objeto contractual, reduciendo los requisitos de solvencia y la complejidad ejecutiva de la prestación, favorece directamente a las PYME's, permitiendo que se conviertan en contratistas con derecho a percepción directa del precio público correspondiente y acumulando una experiencia que les permite acreditar solvencia técnica en sucesivas licitaciones en las que participen.

Así lo ha entendido la Comisión Europea que, en la propuesta de reforma de la Directiva 2004/18, impulsa decididamente la división del objeto contractual en lotes de forma que en su introducción afirma: "Se pedirá a los poderes adjudicadores que dividan los contratos públicos en lotes —homogéneos o heterogéneos— con el fin de hacerlos más accesibles para las PYME's. Si deciden no hacerlo, deberán explicar de manera específica su decisión”.

El órgano de contratación manifiesta que la división en lotes realizada deriva de la agrupación de un conjunto de servicios distintos que son susceptibles de utilización/aprovechamiento por separado, los cuales constituyen por sí mismos un conjunto de prestaciones diferenciadas.

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Por todo ello, entiende este Tribunal que el objeto del contrato se ha definido adecuadamente y su determinación responde a los intereses públicos que se quieren satisfacer y proteger con la celebración del contrato, por lo que las pretensiones de la recurrente deben rechazarse, por estar más dirigidas a determinar el objeto del contrato con arreglo a sus propios intereses que los generales que ha de atender el órgano de contratación.

Por todo lo anterior,

VISTOS los preceptos legales de aplicación,

ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha, ACUERDA:

Primero. Desestimar el recurso interpuesto por D. A. F. K., en nombre y representación de INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIÓN, S.L.U., contra el

“Contrato de Servicios de desarrollo y mantenimiento de los sistemas y aplicaciones del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)”, expediente número 18840060100.

Segundo. Acordar el levantamiento de la medida cautelar, acordada en el presente procedimiento de licitación, conforme al art. 57, 6 de la LCSP.

Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción previsto en el art. 58 de la LCSP.

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

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