implica una planificación cualitativa y cuantitativamente más elaborada. Además, sobre su carácter universal o focal, se discute que sin la universalidad no se garantiza que el programa de intervención llegue a toda la población de manera igualitaria, pero al mismo tiempo no dará suficiente información sobre las diferencias de pobreza, pobreza extrema y condiciones de marginalidad sin una aplicación focal; y así por el estilo se podría mencionar muchísimos temas de discusión.
Programa de Emergencia Social (PES), posteriormente, se crea el Sistema Nacional de Desarrollo y Compensación Social (SNDCS), ambos encargados de la ejecución de los programas sociales de carácter alimentario y de salud; sin embargo, fracasaron por severas restricciones fiscales y el reducido equipo de trabajo con el que contaban.
En esa misma década y a pesar de la complicada situación, se crean dos de los programas sociales más emblemáticos de nuestra nación;
en 1991 surge el Fondo de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES), con la finalidad de financiar proyectos de infraestructura, apoyo social y desarrollo productivo; luego un año más tarde se crea el Programa nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), con el objetivo de brindar apoyo alimenticio en zonas marginadas (Du Bois, et al., 2004). Ciertamente, estos programas fueron de gran utilidad para llevar apoyo; no obstante, también fueron utilizados como medidas populistas por el gobierno en turno de aquel entonces.
En educación, durante los noventas la situación no fue distinta a la de otros sectores que también fueron duramente golpeados por la aguda crisis económica; con un gasto público que representó alrededor de 3 por ciento del PBI, cifra muy por debajo en comparación a la del promedio latinoamericano (que ya de por si es baja) de 4.6 por ciento, el sistema educativo de nuestro país sufrió severos estragos, producto de:
La reducción del gasto en materiales educativos.
El deterioro en las infraestructuras de los centros educativos.
La caída en el rendimiento académico de los alumnos.
La caída en la enseñanza académica por parte de los docentes.
La ausencia de capacitación a los educadores.
La falta de incentivos en todo el sector educación, entre otros.
Por su parte, la educación superior en el país, estuvo gravemente desatendida por varias décadas, para graficarlo de cierto modo, la relación que hubo entre el sector empresarial y el sector educación fue bastante dispareja. “El sector educativo no entrega la cantidad ni la calidad de profesionales y técnicos que las empresas necesitan y, por su parte, las empresas no dan señales adecuadas para que el sector educativo se ajuste a sus necesidades” (Du Bois, et al., 2004, p.140). Hasta la década pasada los recursos asignados por el gobierno eran insuficientes, así la asignación por alumno en el Perú se encontraba entre $ 2500 a $3000, mientras que en Chile era de
$9000 y en países desarrollados tranquilamente superaban los $30 000 por año, ello en cuanto a la asignación económica anual que por alumno se tenía.
Es importante saber, que los programas sociales en cuanto a educación en nuestro país, han estado enfocados referente a la problemática del “analfabetismo y la educación rural” principalmente.
En cuanto al primero, en el 2004 la tasa de analfabetismo ascendía al 24,63% de la población nacional, donde, gran parte de personas analfabetas habitaban en zonas de lengua nativa o donde no se hablaba castellano (Vásquez, 2006).
Por otro lado, la dificultad de la educación en zonas rurales se presentaba por el ausentismo y abandono escolar; un 59% de los
estudiantes que iniciaban el año escolar concluían la primaria y solo un 24% la secundaria. Cueto (2005) refiere que, a ello se suma los obstáculos que tienen los alumnos, como refiere en el aprendizaje tanto en el hogar (dado que los padres son analfabetos, su lengua materna es diferente al castellano o porque ellos en si sufren de desnutrición), como en los centros educativos (producto de la deficiencia en la enseñanza y/o carencia en la metodología pedagógica, lejanía entre los centros educativos y sus viviendas, etc.), citado por Vásquez (2006, p.32).
En diciembre de 1996 surge, el Programa de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Secundaria (MECEP); este programa tuvo como objetivo general mejorar la calidad de la educación secundaria, tanto en áreas urbanas como en zonas rurales; la finalidad de este proyecto fue hacer de la educación secundaria, una educación técnica profesional articulada al ámbito laboral, para ello se dotaría de equipos, materiales educativos, infraestructura adecuada y capacitación a los formadores, todo acorde a los requerimientos del sector productivo; el programa estuvo en vigencia hasta junio del 2007, año donde fue absorbido por el MINEDU (Contraloría General de la República, 2008).
En el 2004, también surge el Programa de Educación en Áreas Rurales (PEAR), cuya finalidad inmediata fue mejorar la calidad y equidad de la educación básica en estas zonas; para tal fin se apoyó en la focalización, seleccionando los distritos con mayores índices de pobreza a nivel nacional; así se encontró que los departamentos – regiones más críticas fueron: Cusco, Puno, Huancavelica, Ayacucho, Piura y San Martin. Tal como MECEP, en junio del 2007 PEAR
también fue absorbido por el MINEDU, siendo acogida por la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural (Contraloría General de la República, 2008).
Estos son algunos de los programas sociales que han intentado combatir la desigualdad tanto en educación como en otras áreas; sin embargo, a partir del 2011 a través del Programa Nacional “Beca 18”
es cuando se da gran importancia a la educación superior, para luego rescatar los resultados y logros que pueden traer consigo los beneficiarios a nuestra nación, esto en cuanto a un nuevo enfoque de programas sociales en educación se refiere.