ALCANCES DE LOS RECURSOS EN SEDE ADMINISTRA TIVA

1. Conceptualización

La interposición de los recursos de impugnación por parte de los administrados representa la concretización de su derecho a impugnar las

decisiones administrativas. En este sentido, el Tribunal Constitucional

ha señalado que(1) _{“(…) este debe ser entendido como un derecho cons-}

titucionalmente reconocido, pues el debido procedimiento administrati- vo comprende, entre otros aspectos, el derecho a impugnar las decisiones de la administración, bien mediante los mecanismos que provea el propio procedimiento administrativo o, llegado el caso, a través de la vía judi- cial, bien mediante el contencioso-administrativo o el propio proceso de amparo. En este último supuesto, el derecho de impugnar las decisiones de la administración confluye con el derecho de acceso a la jurisdicción cuando no existan vías propias dentro del propio procedimiento adminis- trativo, o cuando estas se hayan agotado y causado estado en la decisión final de la Administración”.

Sobre el particular Jorge Danós refiere que: “Los actos administrati- vos pueden ser objeto de revisión en vía administrativa a pedido de parte o de oficio por decisión de la propia Administración. La revisión de los actos administrativos a pedido de parte se instrumenta a través de la in- terposición de los recursos administrativos que la ley franquea a los par- ticulares para impugnarlos y que pueden dar lugar a la modificación, re-

vocación o declaratoria de nulidad de los actos cuestionados”(2)_.

Armando N. Canosa aborda el concepto de recurso desde dos pers- pectivas, pues precisa que la impugnación en sede administrativa está vinculada con la concepción restringida del concepto.

Concepto amplio de recurso(3)

Acudir ante una autoridad pública para que una resolución o sen- tencia judicial sea modificada o dejada sin efecto; es recurso en tanto y en cuanto se reduce en relación con una decisión de un órgano público.

(1) STC Exp. N° 3741-2004-AA/TC, f. j. 19.

(2) DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. “Las resoluciones administrativas que ponen fin al procedimiento adminsi- trativo. Las llamadas resoluciones ‘que causan estado’”. En: Ius et veritas. Nº 16, p. 158.

Concepto restringido de recurso administrativo(4)

Toda impugnación en término de un acto administrativo, in- terpuesto por quien sea afectado por el acto en un derecho ju- rídicamente protegido o el órgano que ejerce el control de tute- la proceda a revocar, modificar o sanear el acto administrativo cuestionado.

2. Finalidad

Eloy Espinosa-Saldaña Barrera(5) _{con relación a los recursos adminis-}

trativos, refiere que la finalidad de estos es la impugnación de un acto ad- ministrativo anterior que se considera contrario al Derecho y señala que son distintos de las peticiones cuyo objetivo es forzar la producción de un acto nuevo; o las quejas a nivel administrativo, que no son recursos, ya que no persiguen la revocación de acto administrativo alguno, sino sola- mente que se corrijan defectos en la tramitación de un procedimiento.

El recurso es una prerrogativa con la que cuenta la autoridad admi- nistrativa para revisar los fallos que ha emitido. En este sentido Armando Canosa señala que: “(…) el recurso halla su razón de ser en la posición privilegiada en la que se encuentra la Administración debido a que puede volver sobre sus propios actos con el objeto de comprobar la conformi- dad de los mismos con el ordenamiento jurídico. Cabe aclarar que no de- bemos entender el recurso solo como una garantía a favor del particular, sino que también debemos estudiarlo como un eficaz mecanismo que la administración utiliza para el control de sus actos y, por ende, el ejerci- cio del Derecho que deriva de la garantía de defensa a favor del particu-

lar permite que la administración practique el control al que aludimos”(6)_.

Sobre el particular Morón Urbina(7)_{, refiere que “el recurso adminis-}

trativo no constituye, como aparenta, una garantía a favor del adminis-

(4) Ibídem, p. 63.

(5) Vide: <http://blog.pucp.edu.pe/item/23825/recursos-administrativos-algunas-consideraciones-basicas-y-el- analisis-del-tratamiento-que-les-ha-sido-otorgado-en-la-ley-n-27444>.

(6) CANOSA, Armando N. Ob. cit., p. 70.

(7) MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 9ª edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2011, p. 603.

trado, sino una verdadera carga en su contra y un privilegio de la Ad- ministración. Debemos recordar que por la existencia de la regla de la prejudiciabilidad de la vía previa o el deber de agotar esta, es que nin- gún administrado puede llevar a cuestionar una decisión administrativa directamente al Poder Judicial, sino que tiene que cumplir con el deber de promover una decisión que cause estado, para recién demandar a la Ad- ministración. Precisamente esa búsqueda de promover una decisión que cause estado, es que obliga al administrado a la interposición de los re- cursos administrativos pertinentes. Como vemos la institución del recurso administrativo no es un beneficio para el administrado, sino una virtual carga en su camino hacia el acceso a la justicia”.

Con relación a los fundamentos sobre los cuales se sustenta un recur- so, Armando Canosa, menciona los siguientes:

1. El control de la Administración a instancias del accionar del par-

ticular mediante la interposición de un recurso administrativo que, desde luego, persigue la satisfacción de las pretensiones de

este(8)_.

2. Provocar el agotamiento de la vía administrativa como requisito

previo a la impugnación judicial de actos administrativos(9)_.

II. EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN EN LA LEY DEL