Continuaron denunciándose graves violaciones de derechos humanos en el Cáucaso Septentrional, incluidas desapariciones forzadas y presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas durante operaciones de seguridad. Los defensores y defensoras de los derechos humanos también corrían peligro. El 9 de marzo, dos integrantes de la organización de derechos humanos Grupo Móvil Conjunto, así como su chófer y seis periodistas de medios de comunicación rusos, noruegos y suecos, sufrieron una agresión cuando viajaban de Osetia del Norte a Chechenia. Cuatro automóviles obligaron a detenerse al minibús que los transportaba cerca de un control de seguridad de la frontera administrativa entre Ingusetia y Chechenia. Veinte hombres enmascarados los arrastraron fuera del vehículo y los golpearon con brutalidad y, a continuación, incendiaron el minibús. Dos
horas después, la oficina del Grupo Móvil Conjunto en Ingusetia fue saqueada. El 16 de marzo, el director de un hotel de la capital de Chechenia, Grozni, se dirigió al líder del Grupo Móvil Conjunto, Igor Kalyapin, y le pidió que abandonara el establecimiento, dado que “no le gustaba” el líder checheno, Ramzan Kadyrov. A continuación, una multitud enfurecida asestó puñetazos a Igor Kalyapin y le arrojó huevos, pasteles, harina y desinfectante.
El 5 de septiembre, Zhalaudi Geriev, periodista independiente conocido por sus críticas a los dirigentes chechenos, fue condenado a tres años de prisión por el Tribunal de Distrito de Shali, en Chechenia, por posesión de 167 gramos de marihuana. Durante el juicio se retractó de su confesión del cargo de posesión de drogas y afirmó que tres hombres vestidos de civil lo habían aprehendido el 16 de abril, lo habían metido en un automóvil y lo habían llevado a un bosque a las afueras de Grozni, donde lo habían torturado antes de entregarlo a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que lo obligaron a “confesar”.
Los dirigentes chechenos continuaban ejerciendo presión directa sobre el poder judicial. El 5 de mayo, Ramzan Kadyrov convocó una reunión de todos los jueces y obligó a cuatro de ellos a dimitir. No hubo respuesta de las autoridades federales.
JUICIOS INJUSTOS
El 26 de mayo, tras un juicio sin las debidas garantías, el Tribunal Supremo de Chechenia condenó a 22 años y medio y 20 años de prisión, respectivamente, a los ciudadanos ucranianos Mykola Karpyuk y Stanislav Klykh. Las condenas fueron confirmadas en apelación por el Tribunal Supremo ruso. Ambos fueron declarados culpables de ser líderes y combatientes de un grupo armado que, al parecer, había matado a 30 soldados rusos durante el conflicto de Chechenia, entre 1994 y 1996. Los dos afirmaron haber sido torturados tras su detención en marzo y agosto de 2014, respectivamente. Sus abogados no pudieron hablar con ellos ni obtener información básica sobre su
paradero hasta varios meses después de su detención. Stanislav Klykh, que no tenía historial de enfermedades mentales, parecía gravemente alterado durante todo el juicio (que había empezado en octubre de 2015), posiblemente como resultado de haber sufrido torturas.2 El abogado de Mykola Karpyuk alegó que se habían dejado fuera del sumario pruebas decisivas que apoyaban la coartada de su cliente. El juez no permitió que se entrevistase a testigos en Ucrania.
TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
La tortura y otros malos tratos seguían siendo práctica generalizada y sistemática, tanto durante el periodo inicial de detención como en las colonias penitenciarias.
El 30 de agosto, Murad Ragimov y su padre fueron golpeados y torturados durante dos horas en la cocina de su domicilio en Moscú por agentes de la Unidad Especial de Respuesta del Ministerio del Interior. Los agentes acusaron a Murad Ragimov de matar a un policía en Daguestán y de haber sido combatiente del grupo armado Estado Islámico en Siria. Un primo suyo fue esposado a la mesa de la cocina mientras los agentes lo torturaban a él golpeándolo con una porra eléctrica y asfixiándolo con una bolsa de plástico. Finalmente, los agentes afirmaron haber hallado drogas en los bolsillos de Murad Ragimov, que fue trasladado a la comisaría de policía; al concluir el año permanecía detenido a la espera de ser juzgado por cargos de drogas.
Ildar Dadin dijo a su esposa en una carta que había sufrido tortura y otros malos tratos en la colonia penitenciaria de Segezha, en la región rusa de Karelia. Contó que había sido golpeado en varias ocasiones por grupos de entre 10 y 12 guardias penitenciarios, y en una ocasión también por el director de la colonia. Relató que le habían metido la cabeza en un retrete, lo habían colgado de las esposas y lo habían amenazado con violarlo. Desde su llegada a la colonia, en septiembre, hasta el final del año, fue encerrado en siete ocasiones en una celda de castigo. A raíz de sus denuncias, las autoridades penitenciarias realizaron una
inspección que concluyó que no se habían producido malos tratos. Ildar Dadin fue la primera persona a la que se impuso, en 2015, una sentencia condenatoria por participar en una manifestación pacífica en aplicación del artículo 212.1 del Código Penal, que tipificaba como delito incumplir la normativa sobre la celebración de reuniones públicas. Fue condenado a tres años de prisión, reducidos en apelación a dos y medio.
Privación de atención médica adecuada
A lo largo del año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó en 12 causas distintas que se había sometido a tortura u otros malos tratos a personas presas en Rusia, al no proporcionarles una atención médica adecuada en cárceles y centros de prisión preventiva. El 27 de abril, en un informe al Consejo de la Federación, el fiscal general afirmó que la falta de fármacos antirretrovirales en las cárceles ponía en peligro la vida de las personas presas con VIH. Según un informe de la ONG Zona Prava publicado en noviembre, los servicios médicos penitenciarios adolecían de una grave falta de fondos, lo que daba lugar a escasez de fármacos antirretrovirales para tratar el VIH. El informe también afirmaba que muchas enfermedades no se
diagnosticaban hasta que se volvían graves y que el personal médico del servicio de prisiones no era lo bastante independiente. Aunque en teoría la ley contemplaba la excarcelación anticipada por motivos de salud, sólo se le concedía a uno de cada cinco presos que la solicitaban.
Amur Khakulov falleció a principios de octubre en un hospital penitenciario de la región de Kirov, en Rusia central, debido a un fallo renal. El 15 de junio, un tribunal se había negado a excarcelarlo por motivos médicos, pese a que un panel de
profesionales de la salud había recomendado su puesta en libertad. Llevaba detenido desde octubre de 2005 y, según su familia, había desarrollado una afección renal crónica durante su reclusión.