En febrero, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU publicó sus observaciones finales sobre Benín, en las que expresaba su preocupación por el infanticidio de niños y niñas nacidos con discapacidad y la persistencia de prácticas tradicionales nocivas tales como el aumento de la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado y precoz. El Comité destacó el alto índice de niñas que morían a causa de abortos ilegales, y pidió que se garantizara el derecho de las niñas a la educación, a la información y al acceso a productos anticonceptivos de calidad.
PENA DE MUERTE
En enero, el Tribunal Constitucional suprimió la pena de muerte en una sentencia que establecía que ya nadie podía ser condenado a la pena capital. El gobierno todavía no había adoptado leyes que eliminaran la pena de muerte de la legislación nacional.
BIELORRUSIA
República de BielorrusiaJefe del Estado: Alexander Lukashenko Jefe del gobierno: Andrei Kobyakov Continuaron aplicándose severas restricciones al derecho a la libertad de
expresión, de asociación y de reunión pacífica. El gobierno continuó rehusando cooperar con el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia. Al menos cuatro personas fueron ejecutadas y otras cuatro fueron condenadas a muerte.
INFORMACIÓN GENERAL
El 28 de febrero, la UE levantó todas sus sanciones a personas y entidades de Bielorrusia, excepto las impuestas a cuatro ex funcionarios sospechosos de participar en desapariciones forzadas cometidas en 1999 y 2000.
El 1 de julio, el gobierno redenominó el rublo bielorruso eliminando cuatro ceros, entre otras medidas, en respuesta al incesante hundimiento de la economía, causado en parte por la recesión en Rusia, su principal socio comercial.
También en julio se prorrogó un año más el mandato del relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, establecido por el Consejo de Derechos Humanos en 2012.
En septiembre fue elegido el nuevo Parlamento, en medio de severas
restricciones a los medios de comunicación independientes y a la oposición política. Sólo resultaron elegidos dos parlamentarios considerados representantes de la oposición.
El 24 de octubre se aprobó la primera estrategia nacional sobre los derechos humanos, que incluía varias reformas legislativas —aunque ninguna relativa a la pena de muerte— y prometía “considerar” el interés de Bielorrusia en adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como la creación de una institución nacional de derechos humanos.
PENA DE MUERTE
El 18 de abril se llevó a cabo la ejecución de Siarhei Ivanou a pesar de que su caso estaba pendiente de examen en el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Fue la primera ejecución realizada desde noviembre de 2014.1 En torno al 5 de noviembre fueron ejecutados Siarhei Khmialeuski, Ivan Kulesh
y Hyanadz Yakavitski. En Bielorrusia, las ejecuciones normalmente se realizaban en secreto y sin notificárselo a la familia. El 4 de octubre, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de apelación presentado por Siarhei Vostrykau,2 quien estaba a la espera del resultado de su solicitud de indulto
presidencial al final del año. Desde 1994 sólo se había concedido el indulto en uno de los más de 400 casos en que se había solicitado.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La Ley de Medios de Comunicación de Masas seguía imponiendo duras restricciones a la libertad de expresión, y en la práctica sometía a todas las empresas de medios de comunicación al control del gobierno. Los periodistas del país que trabajaban para medios internacionales seguían estando obligados a solicitar acreditación oficial, que por sistema se retrasaba o denegaba de forma arbitraria.
En enero fue detenido Eduard Palchys, bloguero político residente en Ucrania y conocido por sus críticas a las autoridades bielorrusas y rusas, durante una visita a Briansk (Rusia). Estuvo bajo custodia de las autoridades rusas hasta el 7 de junio, fecha de su extradición a Bielorrusia, donde quedó detenido. El 28 de octubre fue declarado culpable de “incitar al odio racial, nacional o religioso” y de “distribución de pornografía”. Se le impuso una condena no privativa de libertad, considerando que llevaba en prisión preventiva desde enero, y fue puesto en libertad en la misma sala del tribunal. Las sesiones de su juicio se celebraron a puerta cerrada, pero la sentencia se dictó en vista pública.
VIGILANCIA
El marco jurídico que regulaba la vigilancia secreta permitió a las autoridades llevar a cabo amplias operaciones de vigilancia con escasa o nula justificación. El Sistema de Actividades Operativas e Investigativas (SORM), que permitía la interceptación legal de todas las comunicaciones electrónicas, daba a las autoridades acceso directo a las comunicaciones telefónicas y por Internet y a
los datos conexos. La posibilidad de ser objeto de vigilancia limitaba a los defensores y defensoras de los derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil y políticos, así como a los periodistas, a la hora de ejercer su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión, entre otros derechos humanos.3
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
Tanto las ONG como los partidos políticos continuaron sufriendo restricciones indebidas, como la obligación de registrarse. Las solicitudes de registro solían rechazarse arbitrariamente por infracciones minúsculas u otros motivos no especificados. Según el artículo 193.1 del Código Penal, fundar una organización no registrada o participar en sus actividades seguía siendo delito, punible con hasta dos años de prisión.
Continuaron en vigor las restricciones impuestas a los ex presos de conciencia Mikalai Statkevich y Yury Rubtsou y a cuatro activistas más como condición para su liberación anticipada en 2015.
LIBERTAD DE REUNIÓN
Siguió vigente la Ley de Actos
Multitudinarios, que prohibía toda reunión o protesta pública que no hubiera sido autorizada por las autoridades.
Pavel Vinahradau, activista de la sociedad civil, fue sometido a “supervisión preventiva” del 7 de junio al 13 de septiembre tras haber participado en cuatro protestas callejeras pacíficas “no autorizadas”.4
NOVEDADES JURÍDICAS,
CONSTITUCIONALES E
INSTITUCIONALES
En octubre, las autoridades tributarias informaron de que habían enviado notificación a más de 72.900 personas que, con arreglo al decreto presidencial “sobre prevención de la dependencia social” de 2015, debían pagar un impuesto especial por haber estado sin empleo más de 183 días a lo largo de un mismo año fiscal. Incumplir esta obligación comportaba multas o “detención administrativa” y servicios
comunitarios obligatorios que podían equipararse a una forma de trabajo forzoso. 1. Belarus: Amnesty International deplores the execution of Siarhei
Ivanou (EUR 49/4014/2016)
2. Último preso de Bielorrusia condenado a muerte, en peligro (EUR 49/5274/2016); Confirmada la condena a muerte de Gennadii Yakovitskii (EUR 49/3890/2016)
3. “Basta con que la gente crea que existe”. Sociedad civil, secretismo y
vigilancia en Bielorrusia (EUR 49/4306/2016)
4. Belarus: Activist arbitrarily convicted for peaceful protest (EUR 49/4317/2016)