El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia dictó sentencias en primera instancia en las causas de varios ex altos cargos por delitos cometidos durante el conflicto de 1992-1995. En marzo, el Tribunal declaró a Radovan Karadžić, presidente de la República Srpska durante la guerra, culpable de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y lo condenó a 40 años de prisión. Ese mismo mes, el Tribunal absolvió a Vojislav Seselj, líder del Partido Radical Serbio, de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra de los que se le acusaba.
La falta de capacidad y recursos, unida a una gestión ineficaz de las causas y a las persistentes injerencias políticas, continuó ralentizando los procesos judiciales y el acceso a resarcimiento en los tribunales del país. En julio, un análisis independiente encargado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa reveló que la Estrategia Nacional contra los Crímenes de Guerra no había cumplido sus objetivos y que había más de 350 causas complejas pendientes ante el Tribunal Estatal y la Fiscalía.
Pese a los compromisos contraídos por las autoridades, no hubo avances en la adopción de la Ley para la Protección de las Víctimas de Tortura ni en la equiparación de las leyes de las entidades sobre los derechos de las víctimas civiles de la guerra para facilitar su acceso a servicios, asistencia jurídica gratuita y reparación efectiva.
En octubre, un tribunal de la ciudad de Doboj concedió una indemnización a una víctima de violación en tiempo de guerra y condenó al perpetrador a cinco años de prisión. Fue el segundo caso de reparación económica por crímenes de guerra concedida en un procedimiento penal. No obstante, muchas víctimas seguían viéndose obligadas a reclamar indemnización por la vía civil, lo que las obligaba a revelar su identidad y tenía unos costes mayores. En abril, el Tribunal Constitucional decidió que las demandas de reparación por daños morales tenían carácter prescriptible y que únicamente podían dirigirse contra los perpetradores, no contra el Estado, lo que redujo aún más las posibilidades de las víctimas de reclamar y recibir una indemnización.
Aunque se habían exhumado e identificado los cadáveres de más del 75% de las personas desaparecidas durante la guerra, 8.000 continuaban en paradero desconocido. El proceso de exhumación de restos encontró obstáculos importantes, entre ellos la reducción de fondos para el Instituto de Personas Desaparecidas y el limitado número de peritos del país. La Ley sobre Personas Desaparecidas seguía sin aplicarse,
y no se había constituido aún un fondo para familiares de personas desaparecidas.
BOTSUANA
República de Botsuana
Jefe del Estado y del gobierno: Seretse Khama Ian Khama
Se restringían los derechos a la libertad de expresión y de reunión. Se violaban los derechos de las personas refugiadas. Se seguían conculcando los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Se ejecutó a un preso condenado a muerte.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Se restringía el derecho a la libertad de expresión. En marzo, la policía detuvo al periodista independiente Sonny Serite, que había recibido de un denunciante de irregularidades documentos relacionados con un caso de corrupción que estaba cubriendo. Sonny Serite fue acusado de recibir bienes robados, pero en junio se retiraron los cargos. La Ley de Denunciantes de
Irregularidades, que no protegía a quienes se pusieran en contacto con los medios de comunicación para denunciar irregularidades, entró en vigor el 16 de diciembre.
En agosto, el Tribunal Superior de Lobatse determinó que Outsa Mokone, director del periódico Sunday Standard, podía ser acusado de sedición. Sus abogados habían alegado que los artículos del Código Penal relativos a la sedición vulneraban el derecho del director del periódico a la libertad de expresión y violaban la Constitución. Outsa Mokone había sido detenido en 2014 después de que en un artículo del Sunday Standard se relacionara al presidente de Botsuana con un accidente de tráfico. El autor del artículo, Edgar Tsimane, huyó a Sudáfrica temiendo por su vida y recibió asilo.
LIBERTAD DE REUNIÓN
Se restringía el derecho a la libertad de reunión pacífica. La Ley de Orden Público establecía que se necesitaba autorización policial para realizar actos de protesta, pero a veces se rechazaban las solicitudes. En junio, el activista juvenil Tlamelo Tsurupe fue detenido y recluido durante un breve periodo tras haber protestado contra el desempleo juvenil frente al Parlamento y haberse negado a marcharse. Posteriormente lanzó un movimiento de campaña sobre el desempleo (#UnemploymentMovement) en Twitter. En julio, el movimiento solicitó autorización para realizar un acto de protesta, pero se la denegaron. A pesar de ello, el grupo protestó frente al Parlamento el 8 de agosto. La policía golpeó a las personas que participaban en el acto, detuvo a cuatro de ellas y las retuvo durante toda la noche en la Jefatura Central de Policía por “alteración del orden público”. Dos de ellas necesitaron atención médica. La policía también detuvo a tres periodistas que cubrían la protesta y los obligó a entregarle las grabaciones de vídeo del acto. Posteriormente, la policía autorizó una manifestación, que tuvo lugar el 13 de agosto.
DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES, TRANSGÉNERO E
INTERSEXUALES
Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo seguían siendo ilegales. En agosto, un hombre acusado de “mantener relaciones carnales contra natura con otro hombre” en virtud del artículo 164 del Código Penal fue condenado a tres años y medio de cárcel por el tribunal de primera instancia de Gaborone. La Red de Ética, Derecho y VIH/sida de Botsuana (BONELA), que presentó recurso, alegó que el artículo 164 discriminaba sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. Al concluir 2016, aún no se había visto el recurso de apelación.
En marzo, en una causa histórica, la ONG Lesbianas, Gays y Bisexuales de Botsuana (LEGABIBO) ganó el recurso que había
presentado ante el Tribunal Supremo para registrarse como organización independiente. El Ministerio del Interior llevaba sin reconocer oficialmente a LEGABIBO desde 2012. El Tribunal Supremo determinó que la negativa a inscribir en registro a LEGABIBO violaba el derecho de los demandantes a la libertad de expresión, de reunión y de asociación.
DERECHOS DE LAS MUJERES
Se informó de casos de abusos sexuales contra mujeres y niñas. Un concejal de la ciudad de Sebina fue acusado de abusar sexualmente de una niña de 16 años y de dejarla embarazada. No se pudo abrir una causa contra él por corrupción de menores porque el Código Penal definía este concepto como el acto sexual realizado con una persona menor de 16 años. No se tuvo noticia de que el partido político del concejal, el Partido Democrático de Botsuana, hubiera tomado ninguna medida disciplinaria.