Se siguieron celebrando juicios injustos ante tribunales militares.
El 29 de febrero comenzó en el Tribunal Militar de Yaundé el juicio del corresponsal de Radio France Internationale Ahmed Abba, detenido en Maroua en julio de 2015. El juicio se vio empañado por irregularidades como, por ejemplo, que no se llamara a declarar a testigos y que no se entregaran documentos a los abogados defensores. Acusado de complicidad y de no denunciar actos terroristas, Ahmed Abba fue torturado mientras estuvo recluido en régimen de incomunicación durante tres meses.
El juicio de tres periodistas —Rodrigue Tongué, Felix Ebole Bola y Baba Wamé— continuaba en el Tribunal Militar de Yaundé. Los tres habían sido acusados en octubre de 2014 de no desvelar información y fuentes. En caso de ser declarados culpables, podrían enfrentarse a penas de hasta cinco años de prisión. Las actuaciones judiciales se vieron empañadas por irregularidades sustanciales y de procedimiento como, por ejemplo, la negativa de los jueces a permitir que los testigos declarasen. Aboubakar Siddiki, líder del partido político Movimiento Patriótico de Salvación Camerunés, y el conocido notario Abdoulaye Harissou estaban siendo enjuiciados junto con los tres periodistas. Ambos habían sido detenidos en agosto de 2014 y habían permanecido recluidos en régimen de incomunicación en la Dirección General de Investigación Externa durante
más de 40 días antes de que los trasladaran a la Prisión Principal de Yaundé. Sobre ellos pesaban cargos de posesión y uso ilegales de armas de guerra, asesinato, revolución, ultraje al jefe del Estado y hostilidad contra el Estado.
El 2 de noviembre, Fomusoh Ivo Feh — que había sido detenido en diciembre de 2014 en Limbe por reenviar un mensaje de texto sarcástico sobre Boko Haram— fue condenado por el Tribunal Militar de Yaundé a 10 años de prisión por “no denunciar un acto terrorista”. Su condena se basó en pruebas limitadas e imposibles de comprobar, y el juicio se vio empañado por irregularidades, entre ellas la falta de un intérprete.
IMPUNIDAD
El 11 de julio, el secretario de Estado adjunto al ministro de Defensa encargado de la gendarmería nacional afirmó que se crearía una comisión de investigación para indagar sobre los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad implicadas en operaciones contra Boko Haram. No se proporcionó información adicional.
En agosto comenzó ante el Tribunal Militar de Yaundé el juicio del coronel de
gendarmería Zé Onguéné Charles, acusado de negligencia y violación de la ley de custodia. El coronel estaba a cargo de la región donde, entre el 27 y el 28 de diciembre de 2014, al menos 25 hombres acusados de apoyar a Boko Haram murieron bajo custodia en un edificio de la
gendarmería.
CONDICIONES DE RECLUSIÓN
Las condiciones penitenciarias continuaban siendo deficientes y se caracterizaban por un hacinamiento permanente, una alimentación inadecuada, una escasa atención médica y unos deplorables servicios de saneamiento e higiene. La prisión de Maroua albergaba a unos 1.400 reclusos, más del triple de su capacidad prevista. La población reclusa de la prisión central de Yaundé, con capacidad para un máximo de 2.000 personas, era de aproximadamente 4.000. En la Prisión
Principal de Yaundé, la mayoría de los detenidos sospechosos de pertenecer a Boko Haram permanecieron encadenados todo el tiempo hasta agosto.
Entre los principales factores que contribuían al hacinamiento se encontraban las detenciones masivas de personas acusadas de apoyar a Boko Haram, el gran número de detenidos recluidos sin cargos y la ineficacia del sistema judicial. El gobierno prometió edificar nuevas prisiones y comenzó a construir 12 nuevas celdas para la prisión de Maroua. Las medidas tomadas se consideraban insuficientes para resolver la crisis.
DERECHOS DE LAS PERSONAS
REFUGIADAS Y MIGRANTES
Al menos 276.000 personas refugiadas procedentes de República Centroafricana vivían en duras condiciones en campos superpoblados o con familias de acogida en zonas fronterizas del sudeste de Camerún. Unas 59.000 personas refugiadas procedentes de Nigeria vivían en el campo de Minawao, gestionado por la ONU, en la región de Extremo Norte. Sin embargo, alrededor de 27.000 personas más luchaban por arreglárselas fuera del campo y se enfrentaban a la inseguridad alimentaria, la falta de acceso a servicios básicos y el hostigamiento de las fuerzas de seguridad. La inseguridad creada por Boko Haram y las fuerzas armadas también provocó el desplazamiento interno de unas 199.000 personas en la región de Extremo Norte. Al concluir el año se estaban ultimando acuerdos entre Camerún, Nigeria, República Centroafricana y el ACNUR (la agencia de la ONU para los Refugiados) para facilitar el retorno voluntario de las personas refugiadas.
DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES, TRANSGÉNERO E
INTERSEXUALES
El colectivo LGBTI seguía sufriendo discriminación, intimidación, hostigamiento y violencia. La penalización de las relaciones homosexuales se mantuvo cuando en junio se revisó el Código Penal.
El 2 de agosto, tres jóvenes fueron detenidos en Yaundé y llevados a una comisaría de la gendarmería donde los golpearon, los insultaron y les afeitaron parcialmente el cabello. Los gendarmes echaron a los hombres agua fría por encima, los obligaron a limpiar el edificio de la gendarmería y les exigieron que “confesaran” su sexualidad. Los pusieron en libertad al cabo de 24 horas tras el pago de un soborno.
DERECHO A UN NIVEL DE VIDA
ADECUADO
La violencia de Boko Haram agravó las penalidades de las comunidades de la región de Extremo Norte al limitar su acceso a los servicios sociales básicos, e interrumpió el comercio, la agricultura y el pastoreo. Alrededor de 1,4 millones de personas de la región, en su mayoría niños y niñas, afrontaban niveles de crisis o emergencia en lo que se refiere a la inseguridad alimentaria, y 144 escuelas y 21 centros de salud se vieron obligados a cerrar debido a la inseguridad.
Una versión modificada del Código Penal, aprobada en julio, establecía que las personas arrendatarias que debieran más de dos meses de alquiler podrían ser
condenadas a penas de hasta tres años de prisión. Aproximadamente un tercio de las familias vivían en alojamientos de alquiler, y casi la mitad de la población del país vivía por debajo del umbral de pobreza.
PENA DE MUERTE
Seguían imponiéndose penas de muerte, tras juicios injustos en tribunales militares, a las personas acusadas de apoyar a Boko Haram. Ninguna de ellas fue ejecutada durante el año. La gran mayoría de los casos fueron juzgados en virtud de una ley antiterrorista aprobada en diciembre de 2014 que adolecía de graves deficiencias.
1. Right cause, wrong means: Human rights violated and justice denied
CANADÁ
CanadáJefa del Estado: reina Isabel II, representada por el gobernador general David Johnston
Jefe del gobierno: Justin Trudeau
Se reasentó a unas 38.000 personas refugiadas sirias. Se puso en marcha una investigación nacional sobre la violencia contra las mujeres y niñas indígenas. Persistía la preocupación por el hecho de que no se respetaran los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de proyectos de desarrollo económico.
DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
En enero, el Tribunal Canadiense de Derechos Humanos resolvió que la falta sistémica de financiación de los servicios de protección de la infancia para las
comunidades de las Primeras Naciones constituía discriminación. El gobierno aceptó el fallo, pero no puso fin a la discriminación.
En mayo, el gobierno anunció su apoyo incondicional a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; al terminar el año seguía sin estar claro cómo iba a colaborar con los pueblos indígenas para cumplir con ese compromiso.
En mayo, un informe financiado a nivel provincial confirmó que seguía habiendo contaminación por mercurio en la comunidad Grassy Narrows de las Primeras Naciones, en la provincia de Ontario.
En julio, el gobierno concedió permisos para iniciar la construcción de la represa Site C en la provincia de la Columbia Británica, a pesar de que no se habían resuelto las causas judiciales relativas a las obligaciones contraídas en virtud de un tratado histórico concertado con las Primeras Naciones afectadas.
En octubre, tras varias huelgas de hambre y otras protestas, el gobierno de la provincia de Terranova y Labrador convino en adoptar medidas para reducir los riesgos que la
represa Muskrat Falls entrañaba para la salud y la cultura de los inuits.
En noviembre, el gobierno de la Columbia Británica reconoció la necesidad de abordar el impacto del sector de los recursos en la seguridad de las mujeres y niñas indígenas.
DERECHOS DE LAS MUJERES
En marzo, el gobierno se comprometió a promover la salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres y las niñas a través de su programa de desarrollo internacional.
En septiembre se puso en marcha la investigación nacional sobre las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas. Su mandato no incluía explícitamente actuaciones ni medidas policiales para abordar la ausencia de investigaciones adecuadas en el pasado. En noviembre, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, de la ONU, pidió a Canadá que se asegurara de que la investigación nacional investigara el papel de las actuaciones policiales.
En noviembre, los fiscales de la provincia de Quebec sólo presentaron cargos en 2 de las 37 denuncias interpuestas
mayoritariamente por mujeres indígenas contra los abusos de la policía. El
Independent Observer, designado para supervisar los casos, expresó preocupación por el racismo sistémico. En diciembre, el gobierno de Quebec anunció una investigación pública sobre el trato que los órganos provinciales daban a los pueblos indígenas.
SEGURIDAD Y MEDIDAS
ANTITERRORISTAS
En febrero se aprobó legislación para revocar las enmiendas introducidas en 2014 en la Ley de Ciudadanía que permitían privar de la nacionalidad canadiense a las personas con doble nacionalidad condenadas por terrorismo y otros delitos.
También en febrero, el gobierno retiró un recurso de apelación contra la decisión de 2015 que concedió la libertad bajo fianza a Omar Khadr, un ciudadano canadiense que había sido internado a los 15 años de edad
en el centro de detención estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba, donde permaneció recluido 10 años hasta su transferencia a una prisión canadiense en 2012.
En noviembre, la Corte Federal resolvió que la práctica del Servicio Canadiense de Inteligencia y Seguridad de conservar indefinidamente metadatos de registros de llamadas telefónicas y correos electrónicos era ilegal.
Se rompieron los procesos de mediación en los casos de Abdullah Almalki, Ahmad Abou Elmaati y Muayyed Nureddin, quienes pedían reparación sobre la base del informe de 2008 de una investigación judicial que documentaba el papel desempeñado por las autoridades canadienses en la detención, encarcelamiento y tortura de los tres en el extranjero.
SISTEMA DE JUSTICIA
Aumentó la preocupación por el uso generalizado de la reclusión en régimen de aislamiento, a raíz de que en octubre se hiciera público el caso de Adam Capay, un indígena que había permanecido durante más de cuatro años recluido en régimen de aislamiento en espera de juicio en Ontario.
En noviembre, el gobierno de Quebec inició una investigación pública sobre la vigilancia policial a periodistas.
PERSONAS REFUGIADAS Y
SOLICITANTES DE ASILO
Durante el año, 38.700 personas refugiadas sirias fueron reasentadas en Canadá gracias al patrocinio privado y del gobierno.
En abril se restauró plenamente el Programa Federal Provisional de Salud para personas refugiadas y solicitantes del estatuto de refugiado, y se revirtieron los recortes impuestos en 2012.
En agosto, el ministro de Seguridad Pública anunció un incremento de la financiación de los centros de detención de inmigrantes.
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS
EMPRESAS
En junio, el gobierno de la Columbia Británica permitió reanudar plenamente las actividades en la mina del Monte Polley, a pesar de que había en curso una
investigación penal sobre la rotura de la balsa de residuos en 2014 y de que seguía pendiente la aprobación del plan a largo plazo de la empresa para el tratamiento de aguas. En noviembre se planteó una acusación particular contra el gobierno provincial y contra Mount Polley Mining Corporation por violaciones de la Ley de Pesca.
En mayo se hizo público el quinto informe anual de evaluación del impacto que el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Colombia tenía sobre los derechos humanos. El informe seguía sin incluir una evaluación de los motivos de preocupación en materia de derechos humanos relacionados con las repercusiones de los proyectos extractivos para los pueblos indígenas y otras personas.
El gobierno no adoptó medidas para cumplir la promesa electoral formulada en 2015 de crear una defensoría de los derechos humanos para el sector extractivo. En marzo, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU instó a Canadá a adoptar dicha medida, y el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer hizo lo mismo en noviembre.
Tres empresas canadienses hacían frente a demandas civiles por presuntos abusos contra los derechos humanos asociados a proyectos en el extranjero. Hudbay Minerals tenía una causa abierta en Ontario en relación con una mina en Guatemala. En octubre, un tribunal de la Columbia Británica resolvió que se podía iniciar una causa contra Nevsun Resources en relación con una mina en Eritrea. En noviembre se celebró una vista de apelación en la Columbia Británica sobre la procedencia de incoar una causa que involucraba a Tahoe Resources en relación con una mina en Guatemala.
NOVEDADES JURÍDICAS,
CONSTITUCIONALES E
INSTITUCIONALES
En febrero se revocó una política de 2007 que limitaba los esfuerzos del gobierno a la hora de solicitar indultos en nombre de ciudadanos canadienses condenados a muerte en países extranjeros.
En marzo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pidió a Canadá que considerara dichos derechos plenamente justiciables.
En abril, el gobierno aprobó una venta de vehículos blindados ligeros a Arabia Saudí por valor de 15.000 millones de dólares canadienses, a pesar de la preocupación suscitada por la situación de los derechos humanos en el país de destino. No se había cumplido el compromiso —adquirido en 2015— de adherirse al Tratado sobre el Comercio de Armas de la ONU.
En mayo, el gobierno anunció planes de adherirse al Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura e inició consultas con los gobiernos provinciales y territoriales.
Ese mismo mes, el gobierno promulgó legislación para añadir la identidad y expresión de género como motivos prohibidos de discriminación en la Ley de Derechos Humanos de Canadá y en la legislación sobre crímenes de odio del Código Penal.