No prosperaron los intentos del Congreso de Estados Unidos de promulgar legislación para impedir la venta de armas de asalto o para llevar a cabo comprobaciones exhaustivas de antecedentes de los compradores de armas. El Congreso siguió negándose a financiar al Centro de Control y Prevención de Enfermedades para que llevara a cabo o patrocinara una investigación sobre las causas de la violencia con armas de fuego y cómo prevenirla.
DERECHOS DE LAS PERSONAS
REFUGIADAS Y MIGRANTES
Durante el año se detuvo a más de 42.000 menores de edad no acompañados y a 56.000 personas que componían unidades familiares al cruzar la frontera sur de manera irregular. Las familias permanecían bajo custodia durante meses —algunas durante más de un año— mientras se tramitaba su petición de permanecer en Estados Unidos. Muchas estaban recluidas en centros sin acceso adecuado a atención médica ni asistencia letrada. El alto comisionado de la ONU para los Refugiados calificó de crisis humanitaria y de protección la situación en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Las autoridades habían reasentado a más de 12.000 personas refugiadas sirias al terminar el año, y afirmaron que, de aceptar a 70.000 personas refugiadas al año, pasarían a admitir a 85.000 durante el año fiscal 2016 y a 100.000 en 2017. Varios legisladores presentaron proyectos de ley para impedir que vivieran en sus estados personas refugiadas legalmente admitidas. En septiembre, Texas anunció que se retiraba del Programa Federal de Reasentamiento de Personas Refugiadas, alegando supuestos
motivos de seguridad, a pesar de que las personas refugiadas debían someterse a un exhaustivo proceso de selección antes de entrar en Estados Unidos. Kansas y Nueva Jersey también se retiraron del Programa.
DERECHOS DE LAS MUJERES
Las mujeres indígenas seguían teniendo 2,5 veces más probabilidades de ser violadas o agredidas sexualmente que las no indígenas. También seguían sufriendo notorias desigualdades en el acceso a atención posterior a la violación, como exámenes médicos, kits para la asistencia tras una violación —una caja de material de uso médico para reunir pruebas forenses— y otros servicios básicos de salud.
Persistía la disparidad en el acceso de las mujeres a la atención a la salud sexual y reproductiva, incluida la salud materna. El índice de mortalidad materna había aumentado durante los últimos seis años; las mujeres afroamericanas seguían teniendo una probabilidad casi cuatro veces mayor de morir a causa de complicaciones derivadas del embarazo que las mujeres blancas.
La amenaza de sanciones penales por consumo de drogas durante el embarazo continuó disuadiendo a las mujeres pertenecientes a grupos marginales de acceder a atención médica, incluida la atención prenatal. Con todo, en julio expiró la perjudicial reforma de la ley de “agresión fetal” de Tennessee, gracias al éxito del trabajo de incidencia realizado para conseguir que no adquiriera carácter permanente.3
DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES, TRANSGÉNERO E
INTERSEXUALES
Persistía la discriminación jurídica de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales a nivel estatal y federal. No existía protección federal alguna que prohibiera la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el lugar de trabajo, la vivienda o la atención a la salud. Aunque algunas ciudades y estados concretos promulgaron
legislación contra la discriminación que incluía protección por motivos de orientación sexual e identidad de género, la gran mayoría de los estados no brindaba protección a las personas LGBTI. La terapia de reorientación sexual, calificada como una forma de tortura por el Comité de la ONU contra la Tortura, seguía siendo legal en la mayoría de los estados y territorios. Las personas transgénero seguían viéndose
particularmente marginadas. El índice de asesinatos de mujeres transgénero era elevado, y las leyes estatales discriminatorias —como el “proyecto de ley de los aseos” de Carolina del Norte, que prohibía a las ciudades permitir a las personas transgénero usar los aseos públicos de acuerdo con su identidad de género— vulneraban sus derechos.
CONDICIONES DE RECLUSIÓN
El número de personas recluidas en condiciones de privación física y social en prisiones federales y estatales de todo el país superaba en todo momento las 80.000. En enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó unos principios rectores y unas recomendaciones normativas para limitar en las prisiones federales el uso del régimen de aislamiento y de la reclusión restrictiva (reclusión en prisiones o centros de detención con normas diferentes de las que se aplican a la población reclusa general). Las recomendaciones hacían hincapié en la reclusión de los presos y presas en un entorno lo menos restrictivo posible, en el que no se aislara a las personas con enfermedad mental y en el que se limitara drásticamente el uso del régimen de aislamiento con menores de edad.
PENA DE MUERTE
Veinte hombres fueron ejecutados en cinco estados, lo que elevó a 1.442 la cifra total de ejecuciones desde que, en 1976, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobara las nuevas leyes sobre la pena capital. Fue la cifra total anual más baja desde 1991. Se dictaron alrededor de 30 nuevas sentencias de muerte. Al final del año había
aproximadamente 2.900 personas pendientes de ejecución.
Por primera vez desde 1996, Texas llevó a cabo menos de 10 ejecuciones. Respecto a Oklahoma, por primera vez desde 1994 no realizó ninguna ejecución. Texas y Oklahoma sumaban el 45% de las ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde 1976 hasta 2016.
En los comicios celebrados en noviembre, el electorado de Oklahoma votó a favor de reformar la Constitución estatal para prohibir que los tribunales del estado declararan la pena de muerte una pena “cruel o insólita”. En California, el estado con más personas condenadas a muerte, la población votó en contra de revocar la pena capital, y en Nebraska el electorado rechazó la derogación de la pena de muerte introducida por la Cámara de Representantes del estado en 2015.
Durante el año siguieron vigentes las moratorias de las ejecuciones dictadas en los estados de Pensilvania, Washington y Oregón.
En Florida, donde las ejecuciones habían ido en aumento durante los últimos años, se suspendieron durante todo el año a raíz de que en enero la Corte Suprema de Estados Unidos resolviera en la causa Hurst v. Florida
que el estatuto de pena capital del estado era inconstitucional, porque sólo otorgaba a los jurados un papel consultivo a la hora de decidir quién era condenado a muerte. La Cámara de Representantes de Florida aprobó un nuevo estatuto, pero en octubre la Corte Suprema del estado lo declaró
inconstitucional porque no requería la unanimidad del jurado en un veredicto de pena de muerte. En diciembre, la Corte Suprema de Florida resolvió que la sentencia de la causa Hurst se aplicaba a las personas cuyas condenas a muerte aún no hubieran sido declaradas definitivas en apelación preceptiva antes de 2002, que eran poco más de 200 de un total de casi 400. A consecuencia de ello, estas personas podían tener derecho a nuevas vistas de
determinación de la pena.
En agosto, a raíz de la sentencia de la causa Hurst v. Florida, la Corte Suprema de Delaware anuló el estatuto de pena capital del estado, porque otorgaba a los jueces la facultad última de decidir si la fiscalía había demostrado todos los hechos necesarios para imponer la pena de muerte. El fiscal general de Delaware anunció que no iba a recurrir la sentencia.
Los estados seguían teniendo dificultades con los protocolos de inyección letal y la adquisición de fármacos. Luisiana no iba a llevar a cabo ninguna ejecución en 2017 por el litigio ante un tribunal federal sobre el protocolo de inyección letal. Ohio continuó teniendo problemas para abastecerse de los fármacos necesarios para la inyección letal, y por segundo año consecutivo no se llevaron a cabo ejecuciones en el estado. En marzo, la Corte Suprema de Ohio resolvió por cuatro votos contra tres que el estado podía intentar ejecutar a Romell Broom por segunda vez. El primer intento, efectuado en 2009, se había suspendido después de que el equipo de inyección letal tratara infructuosamente, durante dos horas, de colocar una vía intravenosa. Al concluir el año aún no se había fijado la fecha de ejecución de Romell Broom.
La Corte Suprema de Estados Unidos intervino en varios casos de pena de muerte. En marzo concedió un nuevo juicio al condenado a muerte de Luisiana Michael Wearry, 14 años después de haber sido declarado culpable. La Corte concluyó que la conducta indebida de la fiscalía, que incluía la ocultación de pruebas exculpatorias, había vulnerado el derecho de Michael Wearry a un juicio justo. En mayo concedió un nuevo juicio al preso de Georgia en espera de ejecución Timothy Foster, por discriminación racial en la selección del jurado. Timothy Foster, afroamericano, había sido condenado a muerte por un jurado compuesto
exclusivamente por blancos después de que la fiscalía rechazara sin causa a todos los aspirantes negros a miembros del jurado.
En agosto, el Grupo Nacional de Legisladores Estatales Hispanos aprobó por abrumadora mayoría una resolución que
pedía la abolición de la pena de muerte en todo el país. Entre los argumentos esgrimidos en la resolución para oponerse a la pena capital se citaban la discriminación racial, la ineficacia, el costo y el riesgo de error.
En abril fue puesto en libertad, tras pasar 42 años recluido en una prisión de Luisiana, Gary Tyler, afroamericano que había sido condenado inicialmente a muerte por el homicidio por disparos de un niño blanco de 13 años en 1974, durante unos disturbios relacionados con la integración escolar. Gary Tyler, que tenía 16 años en el momento de los hechos, fue declarado culpable y condenado a muerte por un jurado compuesto exclusivamente por blancos. Su condena a muerte fue anulada después de que la Corte Suprema de Estados Unidos resolviera en 1976 que el estatuto de pena de muerte preceptiva de Luisiana era inconstitucional, y su condena a cadena perpetua fue revocada después de que, en 2012, la Corte prohibiera la cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional para los delitos cometidos por menores de 18 años. La fiscalía aceptó anular la condena por asesinato y permitió que se declarara culpable de homicidio involuntario; Gary Tyler fue condenado a la pena máxima de 21 años de prisión, menos de la mitad del tiempo de cárcel que ya había cumplido.4
1. USA: From ill-treatment to unfair trial. The case of Mohamed Jawad,
child “enemy combatant” (AMR 51/091/2008) 2. USA: Chronicle of immunity foretold (AMR 51/003/2013) 3. USA: Tennessee “Fetal Assault” Law a threat to women’s health and
human rights (AMR 51/3623/2016)
4. EE. UU.: El caso de Gary Tyler, Luisiana (AMR 51/089/1994); Juicio injusto (AMR 51/182/2007)