Jefa del Estado y del gobierno: Park Geun-hye
Los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión seguían sometidos a restricciones. Se recluyó a solicitantes de asilo, y se encarceló a objetores de conciencia por el ejercicio de sus derechos humanos. La reclusión en un centro del Estado de 13 profesionales de la hostelería de la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) puso en tela de
juicio la legalidad del proceso de apoyo al reasentamiento en el país de personas de Corea del Norte.
El gobierno no impidió que las empresas obstaculizaran la legítima actividad sindical, y tardó en reaccionar ante las muertes y los problemas de salud ocasionados por el uso de productos nocivos. La decisión del gobierno de desplegar el sistema antimisiles THAAD (Defensa de Área a Gran Altitud contra Misiles en Fase Terminal), de fabricación estadounidense, provocó la enérgica oposición de grupos surcoreanos, y la condena de China y Corea del Norte. El Parlamento aprobó en votación la destitución de la presidenta Park Geun-hye el 9 de diciembre, decisión que el Tribunal Constitucional debía confirmar.
LIBERTAD DE REUNIÓN
Las autoridades siguieron restringiendo el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, a menudo con el pretexto de proteger el orden público. Al concluir el año no habían completado aún la investigación sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes, en su mayoría pacíficos, durante la “Concentración Popular” de noviembre de 2015, ni habían hecho rendir cuentas a ninguno de los agentes y autoridades de mando responsables. El 25 de septiembre, tras pasar 10 meses en coma, murió el veterano activista rural Baek Nam-gi, que había resultado gravemente herido por un cañón de agua durante las manifestaciones.1
La tardanza en la investigación de los hechos que provocaron las lesiones sufridas por Baek Nam-gi contrastó clamorosamente con la condena contra Han Sang-gyun, presidente de la Confederación Coreana de Sindicatos, que había participado en la organización de varias manifestaciones, incluida la participación de los sindicatos en la “Concentración Popular”. Han Sang-gyun fue condenado el 4 de julio a cinco años de prisión por diversos cargos, entre ellos el de haber incitado a un reducido número de manifestantes a cometer actos ilegales
durante las manifestaciones, en su mayoría pacíficas. Su condena se redujo a tres años en apelación el 13 de diciembre.2
La Armada coreana presentó una demanda civil contra 116 personas y 5 grupos que habían participado en protestas contra la construcción de una base naval en la isla de Jeju. La medida fue interpretada por los críticos del gobierno como otra maniobra para limitar la libertad de reunión. En marzo, la Armada pidió 3.400 millones de wones surcoreanos (2,9 millones de dólares estadounidenses) en concepto de
indemnización por las pérdidas sufridas a causa de los retrasos en la construcción de la base, en teoría debido a las protestas que se venían celebrando desde hacía ocho años.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En marzo, la Asamblea Nacional aprobó una ley antiterrorista que la oposición había bloqueado durante nueve días por considerar que se prestaba a abusos, pues ampliaba en gran medida las facultades del Estado para vigilar las comunicaciones y recopilar información personal sobre personas sospechosas de vinculación con el terrorismo.
Las autoridades recortaron la libertad de prensa, interfiriendo cada vez más en la labor periodística, sobre todo en las cadenas de televisión. En julio, el Sindicato Nacional de Profesionales de los Medios de
Comunicación denunció una serie de tácticas empleadas por el gobierno para influir en la cobertura informativa, como introducir a personas afines a él en las juntas directivas de influyentes medios de comunicación públicos, o emprender acciones disciplinarias contra determinados periodistas, a modo de advertencia a los demás. Estas tácticas resultaron evidentes en la cobertura informativa del accidente del transbordador Sewol, ocurrido en 2014, y en las noticias sobre la polémica desatada en torno al sistema de defensa antimisiles THAAD (Defensa de Área a Gran Altitud contra Misiles en Fase Terminal).
Las autoridades siguieron utilizando la imprecisa Ley de Seguridad Nacional para
intimidar y encarcelar a personas que ejercían su derecho a la libertad de expresión. Entre las personas detenidas por presuntas violaciones de esta ley figuraban miembros de la Alianza Coreana para la Reunificación Independiente y la Democracia (CAIRD), que se vio obligada a disolverse por las reiteradas operaciones de represión. Kim Hye-young, activista de CAIRD que sufría cáncer de tiroides, fue condenada a dos años de prisión en enero, tras haber sido detenida en julio de 2015 durante una protesta pacífica.3 En junio se prohibió viajar al extranjero a Yang Ko-eun, también representante de CAIRD, por haber hablado sobre las condiciones que soportaban sus compañeros, y en septiembre fue detenida.
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS
EMPRESAS
En mayo, la compañía británica Reckitt Benckiser asumió plena responsabilidad por la muerte de al menos 95 personas y por los problemas de salud ocasionados a otros cientos —y posiblemente a miles más—, a causa de un producto desinfectante para humidificadores que su filial coreana habían vendido durante muchos años. Tras haber visitado el país el año anterior, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y las sustancias y residuos peligrosos concluyó en agosto de 2016 que ni esta ni otras empresas habían ejercido un grado razonable de diligencia debida en materia de derechos humanos con respecto a los productos químicos que vendían al público. Asimismo, recomendó a Reckitt Benckiser identificar a todas las víctimas e indemnizarlas.