Casi el 6% de la superficie nacional de Costa Rica está constituida por 24 territorios indígenas, cuya extensión total alcanza a 3.344 km2 con una pobla- ción indígena de 104.143 personas sobre un total de 4.301.712 habitantes; los indígenas representan el 2,42 % de la población total.
En estos territorios indígenas habitan ocho pueblos distintos, siete de ellos de origen chibchense (Huetar en Quitirrisí y Zapatón; Maleku en Guatu- so; Bribri en Salitre, Cabagra, Talamanca Bribri y Kekoldi; Cabécar en Alto Chirripó, Tayni, Talamanca Cabécar, Telire y China Kichá, Bajo Chirripó, Nai- ri Awari y Ujarrás; Brunca en Boruca, y Rey Curré, Ngöbe en Abrojos Monte- zuma, Coto Brus, Conte Burica, Altos de San Antonio y Osa; Teribe en Térra- ba) y uno de origen mesoamericano (Chorotega en Matambú).
En Costa Rica ratificó el Convenio 169 de la OIT hace ya dos décadas., pero esto no significó que los derechos indígenas fueran reconocidos ni que se hicieran los cambios en la legislación nacional a que obligaba la ratificación del Convenio.
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n mayo de 2012, los líderes del movimiento indígena presentaron al gobierno la Agenda Nacional Indígena, conteniendo las principales reivindicaciones históricas de los pueblos que representan y la demanda de políticas públicas dirigidas a superar las condiciones de asimetría y exclusión social en que viven los indígenas en el país, pero en un marco de respeto y autodeterminación. Es por eso que la aprobación de la ley de de- sarrollo autónomo de los pueblos indígenas (desde hace dos décadas en el Congreso de la República) ocupó la posición central de la propuesta de agenda, así como el derecho a la consulta y la recuperación de las tierras que les han sido despojadas. Sin embargo, a pesar de los compromisos del gobierno después de recibir el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, no se recibió una respuesta concreta y la situación de los indígenas y sus derechos continuó deteriorándo- se. Ante esa situación, las organizaciones indígenas agrupadas alrededor de la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica tomaron la decisión de iniciar el proceso de recuperación de las tierras que, dentro de los límites de sus territorios, se encontraban en manos de noindígenas y habían sido ocupadas después de la promulgación de la Ley Indígena en 1977, tratándose, por lo tanto, de ocupaciones ilegales.
El proceso de recuperación territorial comenzó en el territorio indígena de Salitre y luego continuó en Boruca, Cabagra, Guatuso, y Quitirrisí. Esto generó una situa- ción de conflicto y violencia en la que grupos armados de no indígenas agredieron a quienes habían recuperado tierras ilegalmente ocupadas, marcaron como ganado a un indígena y amenazaron de muerte a uno de los líderes en Salitre. Un boletín de la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica consta que “Tres heridos y muchos gol- peados fue el resultado de un violento ataque que un grupo organizado de personas no indígenas hicieron a familias indígenas que habitan tierras indígenas recupera- das hace dos días, en la comunidad de Río Azul, Territorio de Salitre, Cantón de Buenos Aires, Provincia de Puntarenas, Costa Rica. El ataque se llevó a cabo ayer a la media noche, cuando las familias se encontraban durmiendo. En la agresión, tres indígenas bribris resultaron heridos: Wilbert Ortiz Delgado, resultó con una heri- da de bala en una pierna y otra de machete en la cabeza, Marcos Obando Delgado, sufrió la amputación de dos dedos en una de sus manos, y Mainor Ortiz Delgado, recibió varias heridas con machete”. La Defensoría de los Habitantes verificó las agresiones sufridas por los indígenas y constató el clima de conflicto que se generó en la región sur del país. Estos hechos, junto con las tensiones generadas por el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y la falta de consulta libre previa e informada, visi- bilizaron ante el gobierno la crítica situación política en la zona y contribuyeron a crear las condiciones para que se pudiera iniciar un diálogo sobre la problemática indígena. La Vicepresidencia de la República estuvo a cargo de coordinar las accio- nes dentro del Estado para constituir una comisión interinstitucional capaz de discu- tir los puntos de agenda recibidos en mayo de 2012 y consensuar los contenidos y el calendario del diálogo necesario. El vicepresidente de la república1 reconoció que la violencia ocurrida en Salitre tiene su génesis en “la pasividad de muchos gobier- nos de Costa Rica, que han ignorado las diversas peticiones y propuestas indíge- nas”. También aceptó que “el país ha invisibilizado a estos pueblos”.
En enero de 2013, el Gobierno y los representantes de los pueblos indígenas de la Zona Sur acordaron una agenda de trabajo conjunta para discutir la problemática regional, que aborda los principales temas relacionados con el desarrollo y los dere- chos de los pueblos indígenas. Aunque el espacio de diálogo que se ha constituido es de carácter regional, sus alcances, según el gobierno y los representantes indí- genas, interesan al conjunto de la población indígena en el país. En la mesa perma- nente de diálogo instalada participan representantes de seis territorios indígenas de la Zona Sur (Curré, Cabagra, Térraba, Salitre, China Kichá y Boruca) y representan-
1. Quitirrisi 2. Zapaton 3. Nairi-Awari 4. Bajo Chirripo 5. Alto Chirripo 6. Tayni 7. Telire 8. Talamanca Cabecar 9. Ujarras 10. China Kicha 11. Keköldi 12. Talamanca Bribri 13. Salitre 14. Cabagra 15. Terraba 16. Boruca 17. Curre 18. Coto Brus 19. Abrojos Montezuma 20. Osa 21. Conte Burica 22. Altos de San Antonio 23. Guatuso 24. Matambú HUETAR CABECAR BRIBRI TERIBE BRUNCA NGÖBE- BUGLE MALEKU CHOROTEGA 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 5 11 23 24
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Proyecto hidroeléctrico El Diquistes de los ministerios de Seguridad, Educación, Bienestar Social, Cultura y Juventud y Planificación. Además participa la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comuni- dad. No se ha integrado el Instituto de Desarrollo Rural, que tiene competencia ins- titucional y legal directa para el saneamiento y titulación de los territorios indígenas y para la resolución de los conflictos de tierra que constituyen el eje de la mayoría de los problemas actuales. Esa institución, además, ha impugnado como inconstitucio- nal la ley indígena actual que le asigna esas competencias.
Para el diálogo se consensuaron cinco ejes de trabajo: 1) seguridad territorial, 2) gobernabilidad de los territorios indígenas, 3) políticas públicas y planes de desarro- llo para los territorios indígenas, 4) ley de desarrollo autónomo de los pueblos indí- genas y, 5) derecho de consulta a los pueblos indígenas y análisis del informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indíge- nas. El diálogo es observado y facilitado por el Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica y por la Defensoría de los Habitantes.