MEXICO
En 2010, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) realizó el XIII Censo de Población y Vivienda. Los resultados se dieron a cono- cer a partir de 2011, aunque todavía existen bancos de datos relativos a pue- blos indígenas que no se han hecho públicos. Las cifras obtenidas indican un total de 15.703.474 indígenas, que resultan de sumar 6.695.228 hablantes de lenguas indígenas y niños de hasta 4 años que habitan en hogares cuyo jefe(a) habla alguna lengua indígena, más 9.008.246 personas del registro de pobla- ción en hogares censales indígenas. Esta magnitud registrada ubica a México, nuevamente, como el país de América con mayor cantidad de población indí- gena y con mayor cantidad de lenguas originarias habladas en su territorio, con un total de 68 lenguas y 364 variantes dialectales registradas.
México firmó el Convenio 169 de la OIT en 1990 y, en 1992, se reconoció a México como nación pluricultural al modificarse el artículo VI de la Consti- tución. En 2001, como resultado de la movilización de los pueblos indígenas demandando la legislación de los “Acuerdos de San Andrés” -negociados en 1996 entre el Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)- se reformaron los artículos 1, 2, 4, 18 y 115 de la Constitución mexicana. A partir de 2003, el EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI) iniciaron la puesta en práctica de los Acuerdos a lo largo de sus territorios, creando go- biernos indígenas autónomos en Chiapas, Michoacán y Oaxaca. Aunque los estados de Chihuahua, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y San Luís Potosí cuentan con disposiciones en materia de pueblos indígenas en sus constitu- ciones estatales, los sistemas jurídicos indígenas aún no son completamente reconocidos. En 2007, México votó a favor de la Declaración de la ONU so- bre los derechos de los pueblos indígenas.
E
l año 2012 no implicó ninguna mejora significativa en la situación y condiciones de vida de las poblaciones indígenas del país respecto de los años anteriores. Más bien hubo un aumento de conflictos, una escalada de acciones violentas contra éstos, y la actualización de estrategias de presión y despojo de sectores privados en connivencia con funcionarios públicos, partidos políticos e instituciones. Paralela-mente, y como respuesta a estas situaciones, los pueblos indígenas han realizado acciones tendientes a profundizar las manifestaciones de autonomía y autodefensa.
Diversos sectores de opinión, y en especial las comunidades y organizaciones indígenas, se han manifestado ante el nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto respecto al incumplimiento oficial de los Acuerdos de San Andrés, aprobados exactamente hace 16 años, en contraste con la “profundización del proyecto neolibe- ral” que afecta territorios, recursos naturales, proyectos autonómicos y culturas indí- genas. En ese contexto, el gobierno, a través de su Secretaría de Gobernación, apro- bó el 13 de febrero de este año el “Acuerdo a través del cual se crea la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México”. “La Comisión tendrá como objetivo lograr los acercamientos necesarios con los diversos pueblos indígenas de México, para asegurar el irrestricto respeto a sus derechos humanos, atender sus necesidades y reforzar el derecho a la libre determinación y autonomía, al igual que para la conservación de sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas”.1 Resulta significativo que en el Acuerdo se aluda a la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, pero se omita toda referencia a los dere- chos indígenas a tierras y territorios y, no menos importante, a la problemática histó- rica del zapatismo en Chiapas.
El cierre de la administración federal del presidente Felipe Calderón se ha caracte- rizado, para los pueblos indígenas, en una profundización de la desigualdad y un creci- miento de la pobreza. No obstante la manipulación de las cifras,2 algunos organismos gubernamentales reflejan en sus informes esta condición de los indígenas mexicanos (CONEVAL, Comisión Nacional para la Evaluación de las Políticas Públicas).
Chimalapas
El 6 de noviembre de 2011, el entonces gobernador de Chiapas, Juan Sabines Gue- rrero, anunciaba la creación de 4 municipios sobre bienes comunales zoques de Chimalapas.3 En enero de 2012, los presidentes municipales de Santa María y San Miguel Chimalapas presentan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional por la invasión de 164 mil hectáreas de sus territorios. El gobierno del estado de Oaxaca, sin nombrar a los zoques y su propiedad comunal, dice asumir la defensa de la integridad territorial de Oaxaca frente a las pretensiones chiapanecas de mover las fronteras interestatales y presenta un recurso de inconsti- tucionalidad, que es rechazado por la Suprema Corte por improcedente. En paralelo al recurso judicial, los gobiernos de Chiapas y Oaxaca establecen una “mesa de diálogo” con la presencia de la Secretaría de Gobernación. Mientras se “dialoga” se da a conocer la instalación en territorio zoque de 25 aserraderos vinculados con Cintalapa (Chiapas) con permisos de explotación forestal dados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la extracción forestal sobre la zona que proporciona entre el 30% y el 42% de los recursos hídricos del país. Santa María Chimalapas se declara Municipio Autónomo el 16 de octubre de 2012, mien- tras el gobierno de Oaxaca vuelve a presentar un recurso de inconstitucionalidad a la SCJN, quien admite, el 21 de diciembre de 2012, tanto la controversia por invasión de 164 mil hectáreas zoques como la de límites interestatales, y suspende, hasta que resuelva las acciones de creación de nuevos municipios sobre territorio indígena.4
Proyectos eoloeléctricos en el Istmo de Tehuantepec
Si bien las empresas eoloeléctricas logran cada vez mayor aval público del gobierno del estado de Oaxaca al declarar que “la energía eólica es motor del desarrollo para Oaxaca”,5 los conflictos con los indígenas istmeños recrudecen. Por ejemplo, en San Dionisio del Mar (huaves o ikoots) ha aumentado la toma de carreteras, marchas, bloqueos de acce-
sos, toma de agencias y palacios municipales, enfrentamientos con grupos de choque y golpeadores de las empresas, secuestros, amenazas y difamaciones, así como acciones policiales, entre otras. Este proceso ha logrado movilizar a huaves de San Mateo del Mar y San Francisco del Mar con los de San Dioniso del Mar, y a zapotecos (binizá) de Juchi- tán, Xadani y Álvaro Obregón con los ejidos de Emiliano Zapata y de Charis. Todos com- parten la Laguna Superior donde se encuentra la Barra de Santa Teresa, lugar elegido por MacQuaire (Australia) para instalar su proyecto eólico, al cual se oponen huaves y zapo- tecos. En septiembre, Vestas (Dinamarca), proveedora de las turbinas para el proyecto, envía a una representante para investigar si éste continuaría o no. Por su parte, el gobier- no de Oaxaca designa a un negociador para allanar el camino de MacQuaire ante los opositores indígenas que, a su vez, presentan una demanda legal contra Mareña Reno- vable, subsidiaria de la australiana, y denuncian que PGGM de Holanda (Fondos de Pen- siones) invierte en proyectos que violan sus derechos. El 4 de diciembre de 2012, el juez del Séptimo Distrito Judicial otorgó amparo de suspensión temporal de acciones del pro- yecto eoloeléctrico en la comunidad de San Dionisio del Mar. A partir de ahí, la empresa comienza una campaña pública y xenofóbica contra dirigentes sociales regionales y difun- de que repartió 8 millones de pesos entre algunos líderes. Los huaves plantean ante el juzgado la suspensión definitiva del proyecto, mientras que aparecen con claridad nuevos actores en el accionar del conflicto: una clara participación pública del gobierno de Oaxaca a favor de las empresas eoloeléctricas, un pronunciamiento del sistema judicial que toma en cuenta parcialmente las demandas indígenas, un mayor involucramiento social de co- munidades zapotecas y huaves, y de organizaciones regionales (Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, UCIZONI; Asamblea de los Pueblos Indígenas del istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio). Las decisiones empresariales se encuentran por encima de los pueblos, con apoyo del gobierno estatal y la repetida ausencia de las instituciones estatales y federales que atienden cuestiones indígenas. En tanto, las orga- nizaciones regionales y locales siguen sin articular una propuesta alternativa, coherente e incluyente alrededor de los proyectos eoloeléctricos que contemple economía, sociedad y medio ambiente con una decidida acción jurídica alrededor de la aplicación del Convenio 169 de la OIT y del derecho de consulta vinculante y al consentimiento previo, libre e infor- mado.6
Policías Comunitarias
A mediados de año los comuneros purépechas de Cherán denuncian que, pese a los acuerdos firmados con el gobierno federal y el estatal de Michoacán por los cuales
serían protegidos ellos y sus bosques de las agresiones y asesinatos por parte de talamontes y narcotraficantes, las autoridades no cumplen. Declaran que si bien han buscado que se les haga justicia y se respeten las instituciones, tienen que volver a recurrir a la autodefensa para enfrentar el saqueo de sus bosques, así como los se- cuestros y amenazas de la delincuencia organizada.7 Por su lado, la Semarnat infor- ma que Cherán y los Chimalapas son las áreas donde se ha concentrado la tala clandestina del país.8
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), con motivo de la celebración de su 17 aniversario, contabiliza 80 comu- nidades afiliadas y tiene en trámite la solicitud de ingreso de 60 más de las regiones Costa Chica, Montaña y Montaña Alta. Sostiene que a partir de su presencia hay una disminución del 90% de la delincuencia común, pero también informan que hay una campaña de hostigamiento, encarcelamientos arbitrarios, secuestros selectivos y amenazas de muerte que se ha ido desplegando en el último año, coincidentemente con la presencia creciente del crimen organizado (narcotráfico) en la región. Durante la conmemoración del 17 aniversario, en la mesa de trabajo número 3 se llegó a la conclusión siguiente: “la defensa del territorio es una tarea integral, que implica no sólo la protección de la tierra, sino también del aire, del agua, de los espacios sagra- dos y de la alimentación. La amenaza no son sólo las mineras, sino también las re- presas y los proyectos de conservación, como el pago por servicios ambientales y la reserva de la Biósfera”.9
Es decir que la CRAC-PC amplía y profundiza su defensa territorial y enfrenta el diseño de programas estatales y federales sobre su territorio -de factura internacio- nal- a fin de protegerse de sus impactos. Ante el vacío de la autoridad federal y esta- tal para proteger comunidades y municipios, el ejemplo de Justicia y Policía Comuni- taria se extiende en Guerrero. El 17 de septiembre se crea la Policía Ciudadana y Popular (PCP) en comunidades de Huamuxtitlán, Cualac y Olinalá; el 25 de noviem- bre surge la Policía Comunitaria en 30 localidades de Ayutla de los Libres y Tecoana- pa, y el 2 de diciembre se constituyen las Policías Comunitarias en 30 pueblos na- huas de Tenalacatzingo.10
Minería
El auge minero en México es parte de una situación mundial en general y de América Latina en particular.11 En México, la propiedad social de la tierra (ejidos y comunida- des, asiento territorial de poblaciones indígenas) legalmente asignada ocupa el
51.6% de la superficie continental; la pequeña propiedad (propiedad privada, donde también hay indígenas) el 37.1%, y la propiedad pública (también con indígenas) el 11.3%.12 Si se considera que el 70% del territorio nacional tiene potencial minero y la mitad de este territorio es de propiedad social,13 nos encontramos con una ampliación de los frentes de contacto entre minería y pueblos indígenas, así como con un creci- miento del potencial de conflictos en el mismo espacio.
La mediana minería, que es la que está causando los mayores impactos, produ- ce el 5.29% de oro y 4.79% de plata, y es la franja que ocupan las mineras llamadas “junior” o “canadienses”. Aunque no todas sean de ese origen, la mayoría de ellas cotizan en las Bolsas de Valores de Vancouver y Toronto. Estas empresas “se carac- terizan por dos elementos distintivos: a) su carácter efímero, derivado del modelo de explotación intensiva que llevan a cabo; y b) su ubicación en lo que podemos deno- minar la tercera frontera de la minería mexicana, además del uso de tecnologías que producen notorios pasivos ambientales y desencadenan conflictos entre las poblacio- nes afectadas”, haciendo campamentos en “zonas aisladas e incomunicadas de la geografía nacional” y donde las empresas nacionales no entran por los altos costos de producción. Estas áreas son la Sierra Madre Occidental y las Sierras de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Michoacán y Veracruz, es decir zonas indígenas, con alta marginalidad y pobreza, y con escasa o nula presencia del Estado.14
En México se estima que hay más de 200 conflictos ambientales relacionados con procesos de explotación de recursos naturales.15 En realidad, nadie tiene una contabilidad completa de los conflictos vigentes, ni de cuántos se deben a la mine- ría.16 Lo principal a entender es que los pasivos ambientales no sólo son un problema de riesgos e impactos, sino que también son “una deuda que supone pérdida patri- monial para los países donde se desarrolla la faena, sus comunidades y los ecosis- temas afectados por la actividad extractiva”.17 La preocupación por la relación entre pueblos indígenas y empresas extractivas en México ha llegado al ámbito de las Naciones Unidas: “El Comité expresa seria preocupación ante las crecientes tensio- nes, entre actores externos y pueblos indígenas, asociadas a la explotación de recur- sos naturales, destacando en particular los casos de explotación minera”.18 También se da el caso de que organizaciones locales se movilizan contra mineras que hacen presencia en sus territorios o por algunas actividades no bien vistas por sus afiliados, como el caso de Puebla, donde la Unidad Indígena Totonaca Nahua (UNITONA), la Organización Independiente Totonaca (OIT) y la Organización Indígena Independien- te Ahuacateca (OIIA) se coordinan contra la minería de tajo abierto en Tetela de Ocampo apoyando el 21 de noviembre de 2012 a la localidad de Tlamanca, municipio de Zautla en la Sierra Norte de Puebla, en la expulsión de la empresa china JDC
Minerales.19 En Veracruz se organiza el Pacto por un Veracruz Libre de Minería Tóxi- ca por los casos de La Paila, Las Cruces, Bandera, Minas, Los Tuxtlas y Caballo Blanco.20 En Guerrero la Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias y la Policía Comunitaria de la Costa Chica – Montaña apoya al ejido náhuatl de Ayotitlán contra la minera Ternium.21 En Chiapas, por su lado, la Blackfire es acusada del asesinato de líder antiminero y se advierten concesiones mineras en Acacoyagua y Escuintla sobre la Reserva de El Triunfo en la Sierra Madre, afectando bosques de pino, manglares y esteros costeros.22
Pérdida de tierras y toma de decisiones
Existen otros procesos por los cuales los pueblos indígenas de México son amenaza- dos y por lo que a veces pierden el control sobre sus territorios. El turismo es uno de estos procesos, como el Proyecto Turístico Barranca del Cobre (que comenzó en 1996, en Chihuahua) que no fue consultado ni incluyó a todas las comunidades rará- muris (tarahumaras) afectadas. Luego de 15 años de operación, las comunidades rarámuris continúan con falta de agua potable y servicios en general, la atención a la salud es deficiente, hay afectaciones a su hábitat, a sus lugares sagrados, a sus te- rrenos agrícolas y de pastoreo, sus artesanías son desplazadas de los mercados, hay contaminación de sus aguas por descargas de aguas negras, así como especu- lación y presión sobre sus tierras para ampliación de la hotelería. En marzo del 2012, la SCJN emitió un fallo obligando a los tres niveles de gobierno a integrar a las comu- nidades rarámuris al Consejo Consultivo del Proyecto Turístico Barranca del Cobre.23 Mientras tanto, los kumiai, de Baja California, tratan de defender sus últimas 3 mil hectáreas -de las 19 mil 500 que tenían-, ante las presiones y pretensiones de grupos inmobiliarios y hoteleros.24 En el otro extremo del país, en Chiapas, los ejidatarios y bases de apoyo zapatistas de Bachajón están bajo amenazas, ataques y presiones permanentes por la creación de la Reserva de Montes Azules ligada a proyectos tu- rísticos.25
Los triquis desplazados del Municipio Autónomo de San Juan Copala siguen en las calles de la ciudad de Oaxaca sin poder regresar, pese a las promesas del gobier- no estatal y al Acuerdo de Paz y Concordia para la Región Triqui de enero de 2012. Los yaquis continúan su lucha contra el Acueducto Independencia, ya que conside- ran que de manera ilegal toma agua del río Yaqui para llevarla a la ciudad de Hermo- sillo, Sonora, lo que produce sequía en sus parcelas de cultivo y campos de pastoreo, y se niegan a sembrar con semillas transgénica y utilizar agroquímicos; aunque lo
anterior no los excluye de ser fumigados desde las avionetas que cubren los campos de sus vecinos mestizos.26 No hay que olvidar que Monsanto y Pioneer (subsidiaria de DuPont) tienen planteada la siembra de transgénicos en 2 millones de hectáreas de Tamaulipas y Sinaloa, con el apoyo de la Semarnat que, desde el 2011, trata de separar discursivamente centro de origen de centros de diversificación del maíz. En México se reconocen 59 razas y miles de variedades de maíz, y “los pueblos indíge- nas y campesinos son quienes han creado y mantenido este tesoro genético”.27 La siembra de maíz transgénico significa la erosión de las variedades de semillas nati- vas en su centro de origen y la diversificación y atentado contra la soberanía alimen- taria de los pueblos indígenas y del país en general.28
Otros mecanismos, también de origen transnacional, sobre la administración de territorios son: el Programa Pago por Servicios Ambientales; el de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REED), y el de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (REED+). Impulsados, todos, por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos programas son instrumentos publicitados de “economía verde”, y a través de ellos se plantea finan- ciar la captura de carbono (lo cual normalmente hace un bosque) con la emisión de certificados y bonos que se colocan en el mercado especulativo del mundo financie- ro. La creación de áreas protegidas aparece, así, como formas encubiertas de expro- piación territorial a los pueblos indígenas y campesinos, y pasan a ser espacios de especulación financiera por su oxígeno y su carbono, una nada sutil forma de conver- tir en mercancía el aire (por ejemplo de la Selva Lacandona) al privatizarlo por medio de bonos y certificados que juegan en la Bolsa de Valores.29 Pero el asunto no queda ahí. Terminados los programas gubernamentales de procede y procecom, se impulsa
el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), a fin de parcelar a los núcleos agrarios refractarios a cualquier forma de injerencia externa sobre su tenencia de la tierra. Esto último se relaciona con la búsqueda de la creación de un mercado de tierras de propiedad privada en México (viejo anhelo del BM). Felipe Calderón, antes de entregar la Presidencia de la República, envió al Congreso una iniciativa para 28 modificaciones a la Ley Agraria para terminar con la propiedad so- cial ejidal y facilitar expresamente el mercado mexicano de tierras.30
Chiapas y EzLN
Después de no haberse manifestado desde mayo de 2011, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional reapareció el 21 de diciembre de 2012, al movilizarse entre 30 y
50 mil indígenas en los municipios de Ocosingo, Margaritas, Palenque, Altamirano y San Cristóbal de las Casas de manera pacífica y en silencio hasta las entradas de sus municipios. Por medio de un comunicado, el subcomandante Marcos, uno de los líderes del EZLN, señaló que las movilizaciones no corresponden a un mensaje de guerra, sino a un mensaje de lucha y resistencia. A partir de esta manifestación, el