A mediados de año, el 27 de junio de 2012, en la sede de San José, Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor de la demanda planteada por el pueblo Kichwa de Sarayaku, provincia de Pastaza.11 La decisión del alto tribunal obliga al Estado ecuatoriano a indemnizar con 1 millón 400 mil dólares, debido a los daños causados por las operaciones de la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC).
Dicha empresa suscribió un contrato de exploración sísmica en 1997 y, en 2001 comenzó a desarrollar las operaciones sin mediar ningún procedimiento previo de consulta a las comunidades locales del río Bobonaza. Luego de varios incidentes violentos, que incluyeron desplazamiento de población, amedrentamiento y juicios a dirigentes locales, militarización y bloqueo del libre tránsito dentro del territorio, el
pueblo de Sarayaku, con el apoyo de algunos organismos de derechos humanos, planteó la demanda contra el Estado ecuatoriano en la CIDH.
Tras varios años de diligencias, la Corte determinó la responsabilidad del Estado, alegando que éste debía haber realizado una consulta previa, libre e informada. Tam- bién argumentó que el Estado había violado los derechos del pueblo Sarayaku, la propiedad comunal indígena y la identidad cultural. La Corte resaltó que otro error fue el no haberle otorgado una tutela judicial efectiva y haber puesto en riesgo la vida e integridad personal del pueblo Sarayaku, ante la presencia de explosivos de alto po- der en su territorio. El fallo también ordena neutralizar, desactivar y retirar la pentolita (explosivo) del suelo del pueblo Sarayaku; realizar consultas previas ante una even- tual actividad de extracción de recursos naturales en su territorio; adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole, necesarias para garantizar la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y tribales.
El gobierno, a través del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y la ministra de Justicia, Johana Pesántez, señalaron que acatarán la sentencia de la CIDH a favor del pueblo Sarayaku contra el Estado, por las omisiones y negligencias que derivaron en violación de los derechos colectivos ocurridos entre 2002 y 2003. Mera aclaró que “el tema es responsabilidad del gobierno de Lucio Gutiérrez” pero “existe una reparación moral y económica que el Gobierno va acatar”.12
Sin embargo, a mediados de septiembre, los dirigentes de Sarayaku encabeza- dos por José Gualinga, a través de una misiva pública dirigida al presidente Correa, expresaron su malestar por el incumplimiento de las acciones comprometidas por las autoridades: “Han transcurrido ya más de 70 días desde la emisión de la sentencia y el Gobierno que usted preside no ha establecido comunicación formal con el pueblo Kichwa de Sarayaku para empezar a coordinar el cumplimiento de la sentencia. El Estado tampoco ha dado pasos tendientes a ejecutar las medidas legislativas y ad- ministrativas necesarias para garantizar el derecho efectivo a la consulta previa. Un proyecto de ley sobre esta materia ha sido remitido ya al pleno de la Asamblea por la Comisión de Derechos Colectivos (donde la oposición es mayoría) pero permanece en el congelador (…) se están llevando procesos de consulta a los pueblos indígenas de nuestra propia región respecto a una nueva ronda petrolera, amparados en un reglamento puesto en vigencia antes de la sentencia, sin participación de las comu- nidades indígenas y que no respeta los estándares de derechos humanos señalados por la Corte Interamericana”.13
A las tensiones y desencuentros derivados de la política minera del gobierno se suma, precisamente, la decisión gubernamental -hecha pública el 10 de noviembre de 2012- de convocar a la XI Ronda de Licitación Petrolera, que establece concesio-
nes en 16 bloques del Centro Sur (en las provincias de Pastaza y Morona Santiago), para exploración y explotación de crudo, y que afectarían a más de 3 millones de hectáreas, pertenecientes a los territorios Kichwa de Pastaza, Waorani, Sapara, An- doas, Shiwiar, Achuar y Shuar. Por ahora se abrirá la ronda a empresas internaciona- les para los bloques 70, 71, 72, 73, 77, 22, 29, 79, 80, 81, 83, 84 y 87. Se busca operar estos bloques a través de la conformación de un consorcio con la empresa estatal ecuatoriana. Los bloques 28, 78 y 86 no entrarán en la ronda de negociacio- nes, ya que serán entregados directamente a la empresa estatal Petroamazonas.
Se prevé que el petróleo sea transportado a través de un oleoducto, aún por construir, que se conectará al fronterizo “Oleoducto Nor-Peruano”, por el bloque 86. Con este propósito, la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador y PetroPerú, firmaron el 8 de agosto de 2012 el convenio para “promover y facilitar el transporte de petró- leo”.
Según las autoridades gubernamentales, el Estado aspira a inversiones de entre 1.000 a 1.200 millones de dólares.
Uno de los puntos críticos han sido los cuestionados procesos de consulta pre- via, libre e informada previstos en la Constitución. Según Wilson Pástor, ministro de Recursos No Renovables, “el gobierno postergó la ronda, precisamente para culmi- nar un proceso de consulta con las comunidades. Hemos firmado acuerdos con algu- nas de ellas, que establecen la inversión social que harán las empresas que operen los bloques, aunque hay resistencia en otros casos”.14
Para Franco Viteri, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, CONFENIAE: “la consulta no ha sido libre, porque se impone la presencia de los funcionarios del Estado en los territorios indígenas, en contra de la voluntad de los pueblos y nacionalidades; no es informada porque no se entrega a las comunidades datos verdaderos y reales sobre los impactos ambientales y sociales de la actividad, sino solamente propaganda e intento de fraccionamiento a las fami- lias y comunidades”.15
Posteriormente, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Co- naie) anunció que pedirá a la ONU y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que constaten el proceso de consulta previa que realiza el Gobierno en las comuni- dades de la Amazonía sobre la apertura de las nuevas explotaciones petroleras.
Finalmente, se puede concluir en este breve balance que el tratamiento del dere- cho a la consulta previa, libre e informada en Ecuador constituye apenas una punta del ovillo, así como un termómetro que visualiza cuál ha sido, hasta la presente, la perspectiva práctica –por parte de las entidades responsables del Estado – respecto a los mandatos constitucionales, que terminan restringiendo, cuando no omitiendo,
principios fundamentales consagrados en la Constitución del Estado plurinacional e intercultural ecuatoriano, tales como la participación activa y horizontal de las partes interesadas y potencialmente afectadas en materia de decisiones, formulación y de- cisión de políticas públicas que afectan la integridad de sus derechos territoriales y colectivos.
Notas
1 CEPAL, “Panorama Social de América Latina 2012”, Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y El Caribe CEPAL, 2012. Disponible en: www.eclac.org/publicaciones/.../ PanoramaSocial2012DocI-Rev.pdf . También puede revisarse en CEPALSTAT. (www.websie. eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp
2 Entrevista personal, marzo 13 de 2012.
3 Ana María Larrea, “Modo de Desarrollo, Organización Territorial y Cambio Constituyente en Ecuador”, Quito: Senplades, 2012. Cf. Larrea, Carlos et.al. “Atlas de Desigualdades Sociales”, Quito: Senplades, Ceplaes, Uasb, 2012. Sección 5: Desigualdad en la tenencia de la tierra en Ecuador a inicios del siglo XXI. Cf. Subsecretaría de Tierras, Ministerio de Agricultura, Ganade- ría, Acuacultura y Pesca MAGAP, Disponible en: http://www.agricultura.gob.ec/legalizacion-de- tierras-ancestrales/
4 Entrevista personal, Quito, abril 7 de 2012.
5 ECSA, propiedad de las compañías China Railway Construction Corporation, la cuarta mayor constructora del mundo, y de Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co.,Ltd, la sexta mayor productora de cobre del planeta. Cf. en http://english.crcc.cn/ y en http://www.tnmg.com. cn/english/
6 Se ha calculado una explotación de 27 mil toneladas de mineral por día en la fase inicial. De acuerdo a las reservas de mineral y volumen de explotación diaria, se estima una vida útil de aproximadamente 20 años. La excavación de la mina que se conoce como tajo abierto (open pit-en ingles), tendrá una superficie de 115 ha. luego de 15 años de operación y una profundidad estimada de 264 metros. De este tajo se extraerán varias toneladas de roca con mineral. Para ampliar Cf. en http://ecuacorriente.expat-blog.net/
7 BBC News “Ecuador indigenous protesters march against mining”, 8 de marzo 2012. Disponible en http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-17306228 . También en:
Équateur: La Marche pour la vie dit “ non ” à l’industrie minière à grande échelle, en Global Voi- ces, 16 Mars 2012. Disponible en http://fr.globalvoicesonline.org/2012/03/16/101990/ 8 CONAIE, Carta el Pueblo Ecuatoriano, 19 de marzo de 2012. Disponible en: http://www.conaie.
org/component/content/article/1-ultimas-noticias/498--carta-al-pueblo-ecuatoriano%20 9 “Ecuador: Delfín Tenesaca: Gobierno ecuatoriano insiste en deslegitimar la Marcha Plurinacio-
nal”, 22 de marzo de 2012. Disponible en Agencia Intercultural de Noticias Indígenas de Bolivia. Disponible en: http://www.aininoticias.org/2012/03/ecuador-delfin-tenesaca-gobierno-ecuatoria- no-insiste-en-deslegitimar-la-marcha-plurinacional/
10 Cf “Al menos 2 mil indígenas de Ecuador protestan contra la gran minería. “Fracaso” y “contra- rrevolucionaria”, la marcha opositora: Rafael Correa”. En Diario La Jornada, México, 23 de mar- zo de 2012. Cf. en http://www.jornada.unam.mx/2012/03/23/mundo/035n1mun También en
AFP, “Ecuador Indians march to protest Correa’s land policies”, March 7, 2012. Disponible en: http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5issdLTmEu4HMMx3JzvKbfI2I8FCg?docI d=CNG.7feae09de7d4c3d75379bfb3430d933.461
11 Cf. Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador”. Sentencia de 27 de Junio de 2012 ((Fondo y Reparaciones). Disponible en: http:// www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf
12 “El Gobierno pagará reparación económica al pueblo Sarayaku por los daños causados en la administración de Lucio Gutiérrez”, 26 de julio de 2012. Agencia Andes. Disponible en: http:// http://www.andes.info.ec/pol%c3%adtica/4587.htm
13 “Carta Abierta que dirige el Pueblo Kichwa de Sarayaku al Presidente del Ecuador”, Sarayaku, 13 de septiembre de 2012. Disponible en: http://sarayaku.org/?p=1250
14 Ministerio de Recursos No Renovable: “Ronda petrolera del sureste garantiza remuneración razonable a las empresas”, disponible en: http://www.comunicacion.gob.ec/ronda-petrolera-del- sur-oriente-garantiza-remuneracion-razonable-a-las-empresas/
15 Cf. INREDH, “Indígenas Amazónicos se oponen XI Ronda Petrolera”, 28 de noviembre de 2012. Cf. en http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=544:indigenas- amazonicos-de-oponen-xi-ronda-petrolera&catid=73:ddhh-ecuador . También puede verse en: Indigenous Protests Grow as Ecuador Auctions Amazon Oil Blocks. Upside Down World. Cove- ring Activism and Politics in Latin America. Disponible en: http://upsidedownworld.org/main/ ecuador-archives-49/3994-indigenous-protests-grow-as-ecuador-auctions-amazon-oil-blocks
Pablo Ortiz-T. Doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos, Máster en CC.Políti- cas y Sociólogo. Durante varios ha trabajado como asesor de organizaciones indíge- nas en la región andina y en la Amazonía. Actualmente se desempeña como profesor de Posgrado en Ciencias Sociales varias universidades, y es docente de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador. Para con- tacto: [email protected] o [email protected]
PERU
El Censo de Comunidades Indígenas realizado en 1.786 comunidades ama- zónicas en 2007 recogió información sobre 51 etnias de las 60 existentes en la selva. No se empadronó a nueve de ellas “debido a que algunas etnias ya no conforman comunidades al ser absorbidas por otros pueblos, además de existir otras que, por su situación de aislamiento, son de muy difícil acceso”.1 Se registra una población indígena amazónica de 332.975 habitantes, en su mayoría perteneciente al pueblo Asháninka (26.6 %) y Awajún (16.6 %).
El 47.5 % es menor de 15 años, y un 46,5 % no cuenta con ningún tipo de seguro de salud. El 19,4 % de la población indígena amazónica declaró no saber leer ni escribir pero, en el caso de las mujeres, este índice se eleva al 28,1 %, en una población donde sólo el 47,3 % de 15 o más años de edad cursó algún grado de educación primaria. Por otro lado, el Censo registra que 3.360.331 personas aprendieron a hablar en la lengua quechua y 443.248 lo hicieron en la lengua aymara, lenguas indígenas predominantes en el área costa-andes del Perú.
El país ha suscrito y ratificado el Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la OIT y votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas en 2007.
Contexto
L
a economía peruana registra un crecimiento permanente desde hace varios años pero los problemas que afectan a los pueblos y comunidades indígenas se man- tienen y agravan, debido a que el modelo económico se basa en la exportación de materias primas que, por lo común, se encuentran en territorios indígenas. Las con- cesiones mineras cubren actualmente grandes extensiones del país. En junio de 2012 abarcaba el 20,3 % del país y en diciembre cubría el 49,63% del territorio de comunidades campesinas. La situación en la Amazonía no es distinta, y de sus 78 millones de hectáreas casi 47 millones tienen concesiones de hidrocarburos, lo que representa el 60 por ciento. Mientras, el flagelo de la minería informal también corroe el territorio nacional que deviene en perjuicio social y deterioro ambiental.El lema “Perú: país minero” promovido por la propaganda estatal y los grupos de poder económico, se contrapone a los numerosos datos que desmienten un desarro- llo de las regiones producto de la inversión minera.1 Como muestra, regiones mineras encabezan las mayores tasas de desnutrición crónica infantil: Huancavelica (46,4%), Cajamarca (29,9%), Huánuco (28,8%), Apurímac (31,3 %) y Ayacucho (28,1 %).2
2012 dejó 24 muertos civiles y 649 heridos -entre civiles, policías y militares- a consecuencia de los 227 conflictos sociales, de los cuales 148, es decir el 65.2 por ciento, son de carácter socioambiental.3 Al igual que sus antecesores, la respuesta
1. Proyecto minero Conga 2. Cordillera del Cóndor
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del gobierno de Ollanta Humala ha sido reprimir con violencia la protesta social y criminalizar a los dirigentes sociales. Human Rights Watch instó al gobierno a evitar el uso ilegítimo de la fuerza letal en protestas sociales, tras conocerse que el 3 de julio murieron cuatro civiles bajo esta forma, en Celendín, Cajamarca. La Coordina- dora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) lanzó la campaña “Ni un muerto más” y demandó al Tribunal Constitucional que declare inconstitucional el Decreto Legislativo 1095, vigente desde septiembre de 2010, que “amplía ilegítimamente la intervención de las FF.AA. más allá del estado de emergencia”.
El “Informe Alternativo 2012” sobre el cumplimiento del Convenio N° 169 de la OIT advirtió la falta de coherencia del gobierno que, en su primer año de mandato, aprobó la Ley de Consulta Previa y se habilitó de “un discurso pro consulta, pero, por otro lado, “incentiva las industrias extractivas sin consultar a los pueblos”4 desdibu- jando su imagen progresista inicial.