El 27 de agosto, la COIAM publicó un pronunciamiento sobre una “nueva masacre de indígenas yanomami en la comunidad Irotatheri”, ubicada en las cabeceras del río Ocamo, municipio Alto Orinoco del estado Amazonas. Según los testimonios de tes- tigos referenciales, habría ocurrido un ataque violento cometido por mineros brasile- ros (garimpeiros), con un número indeterminado de víctimas, y con –al menos– tres sobrevivientes.
El documento precisa que desde el año 2009 se viene denunciando a los órga- nos competentes la presencia de garimpeiros y agresiones a varias comunidades del alto Ocamo como Momoi, Hokomawë, Ushishiwë y Torapiwei. Finalmente, se solicita una investigación judicial urgente, el traslado inmediato hasta el lugar de los hechos y la adopción de medidas bilaterales con Brasil para controlar la entrada de garimpei- ros.
Las informaciones que dieron origen a la denuncia llegaron a Parima B (Sierra Parima, frontera con Brasil) entre el 23 y el 25 de julio, traídas por un grupo de yano- mami desde la zona de la comunidad Momoi. Desde Parima B se comunicaron por radio con la Organización Yanomami Horonami, en Puerto Ayacucho (capital de Ama- zonas), para que dieran aviso a las autoridades. Los directivos de Horonami informa- ron al comandante del ejército en Puerto Ayacucho, el general Jesús Zambrano, y el 15 de agosto los militares llevaron a Andrés Blanco y Luis Shatiwë –directivos de Horonami- hasta Parima B.19
A inicios de julio, según los testimonios de los yanomami que trajeron las noticias, tres yanomami de Hokomawë fueron a visitar Irotatheri. Cuando llegaron al lugar vieron el shabono20 quemado y cuerpos calcinados en el suelo. Se desviaron por la selva por miedo de encontrarse con los garimpeiros, y allí encontraron a tres sobre- vivientes. Estos les contaron que en la mañana habían ido de cacería y cuando regre- saban a la comunidad por la tarde, vieron cómo el helicóptero que traía provisiones a los garimpeiros se ubicaba sobre el shabono, y entonces oyeron una explosión que lo incendió. Huyeron a la selva y se quedaron escondidos. De estos tres sobrevivien- tes no se volvió a saber nada.
Los visitantes regresaron a Hokomawë, llevando luego la noticia a las comunida- des del sector Momoi. Unos diez días después, un grupo de 15 yanomami fueron
hasta Parima B 21 a pedir ayuda. El 20 de agosto llegaron a Parima representantes de las Fuerzas Armadas, el CAICET22 y la Agencia Venezolana de Noticias para escu- char los testimonios. Dos de los yanomami todavía estaban en Parima B y contaron: “en el sector Momoi estamos amenazados y queremos que vayan los militares vene- zolanos para poder vivir tranquilos. Queremos ayuda. La última vez que fueron los militares, hubo disparos. A raíz de eso los mineros atacaron. Echaron la culpa a los yanomami: ‘uno de ustedes fue a Parima, informó a los militares y por eso vinieron’. Por eso vinimos a hablar con Horonami, para que pasen la información a los militares, para que nos ayuden. En Irotatheri quemaron todo el shabono. Ellos habían entrega- do una mujer a los garimpeiros. Los Irotatheri se armaron para rescatar la mujer. Ahí vino el problema. Ahora yo voy a llevar información a mi comunidad de que ustedes van a ayudar”.23
respuesta gubernamental
De regreso en Puerto Ayacucho, la Organización Horonami hizo la denuncia ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las Fuerzas Armadas, solicitando una investiga- ción judicial. La respuesta del gobierno fue inmediata. El Ministerio Público anunció la conformación de una comisión investigadora con funcionarios de varias institucio- nes gubernamentales. El 1 de septiembre, la comisión se trasladó hasta La Esmeral- da (capital del municipio Alto Orinoco). La ministra para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, acompañada por las máximas autoridades militares, se dirigió en heli- cóptero hasta la comunidad Momoi, desde donde transmitieron por la televisora esta- tal (VTV): “Podemos decirle al país que no se encontró evidencia de ninguna muerte, ni evidencia de casas incendiadas de la supuesta masacre de 80 hermanos yanoma- mis en el Alto Orinoco del estado Amazonas”.24 Mientras tanto, la comisión investiga- dora permanecía en La Esmeralda sin siquiera haber entrado a territorio yanomami. En los días siguientes, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, el ministro de la Defensa, la fiscal general y el presidente Chávez declararon que era falsa la denuncia de la masacre ya que no se habían encontrado evidencias. Todas estas afirmaciones se hicieron antes que la comisión investigadora regresara del Alto Ori- noco.
El 3 de septiembre, la COIAM publicó un nuevo comunicado señalando que las autoridades sólo habían llegado a la comunidad Momoi y que la comisión debía con- tinuar con la investigación hasta llegar a Irotatheri.25 Varias ONG, entre otras Provea, instaron al gobierno a no desestimar la denuncia hasta haber concluido la investiga- ción.
El 4 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a las autoridades venezolanas a realizar una “investigación exhaustiva” sobre la denuncia de la masacre, y les recordó que en marzo de 2012 se había acordado entre la CIDH y el Estado venezolano la solución amistosa del caso “Masacre de Haximú”,26 en la que el gobierno venezolano se comprometía a vigilar y controlar la presencia de mineros ilegales en territorio yanomami.
recorrido de la comisión investigadora
La comisión investigadora inició su recorrido el 1 de septiembre, cuando un helicóp- tero los llevó hasta la comunidad de Hokomawë, en la Sierra Parima. Representantes de la Organización Horonami y efectivos de las fuerzas armadas también acompaña- ron a la comisión. Del 2 al 4 de septiembre caminaron por la selva hasta llegar a la comunidad de Oroshi. En el recorrido encontraron varios campamentos mineros y, en las propias comunidades, evidencias de contacto con los garimpeiros. Los yanomami les contaron que había muchos garimpeiros en la zona, pero que los amenazaban para que no dijeran nada. También vieron mineros en el camino y, llegando a Oroshi, vieron pasar una avioneta.
El 5 de septiembre fueron en helicóptero a la comunidad de Warapahi Tiwaroo- petheri, donde encontraron a un yanomami que conocía Irotatheri y que ofreció guiar- los. Desde el helicóptero vieron una comunidad donde decidieron aterrizar. El ancia- no que los recibió les dijo “yo soy irotatheri”,27 pero el yanomami que los guiaba no conocía esa comunidad. Los miembros de la comisión dudaron de haber llegado al sitio que buscaban, y al llegar a La Esmeralda, manifestaron sus dudas. Volvieron a Irotatheri con la ministra Maldonado, quien hizo un nuevo contacto por VTV, declaran- do que habían llegado a Irotatheri, donde no había señales de la masacre, que todo había sido una falsa alarma. Con esta declaración del gobierno se dio por concluida la investigación.
“Aquí no ha pasado nada”
El 5 de septiembre, el presidente Chávez repudió que los medios de comunicación publiquen “informaciones carentes de fundamentos” e instó a los denunciantes a mostrar pruebas. Al día siguiente, la ministra Maldonado declaró desde la presunta comunidad de Irotatheri: “Esto es un acto más de la oposición venezolana que busca desestabilizar con el dolor y sufrimiento de los hermanos Yanomami. (…) Aquí no ha pasado nada, aquí se respira es armonía, felicidad de nuestros pueblos”.28 El 7 de
septiembre, la fiscal general Luisa Ortega Díaz se pronunció en los mismos términos, dando por cerrado el asunto. Calificó, además, la solicitud de la CIDH como un hos- tigamiento a Venezuela. Este desacuerdo causó la ruptura definitiva con la CIDH, que dejaría al Estado venezolano fuera de la jurisdicción de la Corte Interamericana. Al día siguiente, la defensora del pueblo Gabriela Ramírez señaló que “la denuncia que presentó la organización Horonani (…) fue falsa y tendenciosa”.29
Horonami espera respuestas
El 18 de septiembre, la organización Horonami entregó a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la 52 Brigada de Infantería de Selva, su propio informe sobre el recorrido de la comisión investigadora, donde presentaron las evidencias de presencia de ga- rimpeiros, con fotografías y coordenadas de los sitios visitados. Solicitaron al defen- sor del pueblo del estado Amazonas la convocatoria de una reunión interinstitucional para presentar el informe y las evidencias, y acordar las medidas necesarias para el desalojo de los garimpeiros. También entregaron el informe a la Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional y solicitaron una audiencia para plantear el caso. Nunca recibieron respuestas a estas solicitudes.
El 25 de septiembre, la organización Horonami publicó un comunicado solicitan- do un informe oficial con los resultados de la investigación, aclarando que aunque no se encontraron indicios de una masacre, sí se hallaron evidencias de una importante presencia de mineros ilegales. Solicitaron al gobierno nacional la adopción de medi- das para controlar la situación y que se profundizara la investigación sobre los posi- bles hechos violentos y otros abusos de los garimpeiros. El gobierno nunca presentó un informe oficial, ni respondió a las solicitudes de Horonami.