El 21 de marzo de 2012, la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de los Diputados aprobó la admisibilidad de la Propuesta de Enmienda Constitucional 125/00. Ésta tiene como propósito transferir al Congreso Nacional la demarcación y homologación de las tierras indígenas y de áreas de conservación ambiental, que de acuerdo a la Constitución Federal es atribución del Poder Ejecutivo.
Existe un riesgo de que las tierras indígenas ya demarcadas, invisivilicen toda posible futura demarcación como si eso fuese una amenaza a la soberanía brasilera.
El congreso brasilero tiene por tradición la lucha contra los pueblos indígenas y favorecer a la bancada ruralista: “(…) el PEC apunta a una perspectiva de que el país pueda recuperar la soberanía plena sobre el ordenamiento físico del territorio nacional, actualmente compartido con el movimiento ambientalista-indigenista inter- nacional. Desde el inicio de la ofensiva ambientalista-indigenista, al final de la déca- da de 1980, el Ejecutivo se mostró bastante susceptible a tales presiones externas, como se vio con la delimitación de la reserva Yanomami, por Fernando Collor de Mello, la reserva Raposa Serra do Sol, que tramitaron los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva, que también se sometieron a numero- sas intervenciones contrarios a grandes proyectos de infraestructura”.11
Según Adriana, “Esa coyuntura no empeoró de repente. En estos últimos 20 años, la bancada ruralista más fuerte del Congreso, el poder económico, no tuvo interés en incorporar la cuestión de sostenibilidad, y los cotos socioambientales no fueron incorporados en las cuentas de las grandes obras”.12
Los líderes indígenas de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), la Articulación de los Pueblos Indígenas de la Región Sur (Arpinsul), la Articulación de los Pueblos Indígenas del Pantanal, en Mato Grosso do Sul (Arinpam), la Coordi- nación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasilera (Coiab), y la Arti- culación de los Pueblos Indígenas y Organizaciones Indígenas del Este y Nordeste
(Apoime), denuncian que el gobierno de Dilma Roussef pasó a exigir que los pedi- dos de estudios de reconocimiento de las tierras indígenas del Grupo de Trabajo de la Fundación Nacional del Indio, Funai, pasen por su filtro para ser abiertos o no.13
Podemos ver que en esta medida se encuentra el control de la presidencia de la república en relación a las próximas demarcaciones, y podemos prever que cualquier estudio será neutralizado si fuera a comprometer las metas desarrollistas del PAC.
Conclusión
Frente a estas perspectivas que hemos señalado, concordamos con Capobianco e incluso vamos más allá, pues se retrocedió más de 40 años y estamos siguiendo la misma ideología de la década de los 70, cuando el gobierno militar de Emilio G. Mé- dici construyó la carretera Transamazónica bajo el lema “Seguridad y desarrollo”. Esa es la meta brasilera, el PAC militar. Donde ocurre uno de los mayores genocidios, todavía por contar, de la población indígena amazónica.
Notas
1 http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_noticia=153663&id_secao=1
2 “Ato reúne 2,5 mil pessoas em defesa das florestas na Cúpula dos Povos”.www.socioambinen- tal.org. 17/06/2012
3 Noticias socioambientais. 17/06/2012. www.socioambinental.org. 17/06/2012. 4 http://reporterdaamazonia.blogspot.com.br/2012_01_01_archive.html
5 http://terramagazine.terra.com.br/blogdaamazonia/blog/2012/10/02/hidreletricas-e-estradas-fi- nanciadas-pelo-governo-ameacam-indigenas-na-amazonia-diz-estudo/.
6 “Aires Britto acata pedido da AGU e obras de Belo Monte são retomadas. www.socioambinetal. org.28/08/2012.
7 http://www.xinguvivo.org.br/2011/06/16/peticao-para-cidh-entenda-o-caso/ 8 Tabla proporcionada por el Instituto Socioambiental.
9 http://www.ecoagencia.com.br/?open
10 http://www.progresso.com.br/editorial/indios-desaldeados
11 http://www.alerta.inf.br/pec-215-sinaliza-resgate-da-soberania-nacional/ 12 Vide nota 02.
13 Informan.1013:Organizações solicitam investigação contra Dilma por irregularidades na homo- logação de terras indígenas.10/05/2012.
PARAGUAy
1La población estimativa indígena es de 108.803 personas que habitan, en su mayoría, 603 comunidades. Representan, aproximadamente, el 2% de la población en Paraguay. Se registran 20 pueblos indígenas, pertenecientes a 5 familias lingüísticas diferentes: Guaraní (Aché, Avá Guaraní, Mbya, Pai Tavytera, Guaraní Ñandeva, Guaraní Occidental); Lengua Maskoy (Toba Maskoy, Enlhet Norte, Enxet Sur, Sanapaná, Toba, Angaité, Guaná); Mataco Mataguayo (Nivaclé, Maká, Manjui); Zamuco (Ayoreo, Yvytoso, Tomáraho); y Guaicurú (Toba Qom).
Los indígenas en Paraguay afrontan situaciones degradantes de vida. Sobreviven en la extrema pobreza, característica unificadora de las condicio- nes en la que deben desenvolverse. La principal razón de ello es la falta de tierra propia, lo que atenta al acceso de recursos naturales para su subsis- tencia, la imposibilidad de llevar adelante propuestas de desarrollo y la pér- dida gradual de su cultura. La falta de tierra también contribuye al deterioro de la satisfacción de otros derechos económicos, sociales y culturales.
Lo anterior, sumado a la ausencia de políticas públicas o la ineficacia de las implementadas, contribuyen a elevados índices de mortalidad y la migra- ción de grupos indígenas a las ciudades.
Paraguay cuenta con un marco normativo favorable de reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, habiendo incorporado a su legisla- ción interna, en el año 1993, el Convenio 169 de la OIT. En 2007, el país votó a favor de la Declaración Universal de las Naciones Unidas.
A
nivel nacional, el año 2012 fue marcado por un antes y un después del golpe parlamentario que destituyó al presidente electo en 2008, Fernando Lugo. Para el momento que esto ocurría, hacía tan sólo unos meses que el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) -órgano de aplicación de la política indigenista del Estado paraguayo- había nombrado a uno de los pocos expertos a nivel nacional en derechos de los pue- blos indígenas, el abogado Oscar Ayala Amarilla, quien también fue posteriormente destituido. En cuanto a los derechos indígenas, estos hechos significaron retrocesos importantes.A partir de la designación de Ayala Amarilla, los pueblos indígenas, sus organiza- ciones y las instituciones aliadas de Derechos Humanos presenciaron ciertos avan- ces logrados en el INDI, tales como la institucionalidad lograda, la celeridad de los trámites, la resolución de conflictos y la planificación a partir de la participación y la consulta a los pueblos indígenas. Sin embargo, el Congreso Nacional irrumpió el proceso iniciado, echando por tierra los pocos avances efectuados. A partir de aquí se fueron constatando los retrocesos y la falta de respuesta por parte de los nuevos funcionarios y funcionarias que asumieron en los ministerios claves para la población indígena, quienes no continuaron los procesos iniciados y tampoco tomaron en cuen- ta la progresividad del derecho en materia indígena.
A pesar de los avances significativos, que se debieron más bien al impulso de determinadas personalidades en puestos claves y no por una política nacional indí- gena definida, el último gobierno osciló entre una tímida apertura hacia la participa- ción indígena y el asistencialismo de siempre.