DEJAR MORIR A LOS POBRES

En el otoño de 1794, nadie observaba ya las tarifas máximas y la fuerza pública ni siquiera intentaba imponer su cumplimiento. El 9 de diciembre de 1794, la Convención decretó su abolición pura y simple.

A la vez que se retiraba definitivamente la barrera opuesta al alza de precios, la bancarrota monetaria provocaba un alza catastrófica del costo de vida. La emisión, ya desenfrenada en la época de Cambon y de Robespierre, continuó a un ritmo cada vez más vertiginoso: de 500 millones se pasa a 1.000, luego 1.500, después 2.000, luego 4.000 millones por mes. A finales de 1794, había 8.000 millones de asignados en circulación; a finales de 1795, más |331| de 20.000; en marzo de 1796, 25.000; en noviembre, 30.000; en febrero de 1797, unos 34.000 millones.

Aquella avalancha de papel precipitó la depreciación del signo monetario. El asignado de 100 francos valió en numerario, en París: en julio de 1794, 34; en diciembre, 22; en abril de 1795, 12; en julio, 3; en noviembre, 0,87, en marzo de 1795, 0,29.

Después, vino la bancarrota monetaria, la confesión oficial de que la revolución burguesa había financiado su guerra robando a los pobres.

La Convención comenzó por consagrar oficialmente la depreciación de la moneda. El 25 de abril de 1795, revocó el decreto del 11 de abril de 1793, que había prohibido el intercambio de asignado por numerario. El 21 de junio, estableció una escala de depreciación del asignado, calculada a partir del aumento de emisión del signo monetario. La emisión se dividió retrospectivamente en series de 500 millones y cada una de ellas produjo un aumento de un cuarto en los créditos. Un representante, Rousseau, señaló que de aquella forma se realizaba una “depreciación disfrazada”.

El 20 de julio, la Asamblea decretó que, en adelante, la contribución territorial se pagaría la mitad en granos y la mitad en asignados. El 30 de noviembre, el Directorio ordenó la ejecución de una ley según la cual se aceleraría por todos los medios posibles la fabricación de la moneda de oro, de plata y de vellón. El 10 de diciembre se promulgó una ley que instituía un empréstito forzoso que sólo se podía pagar en oro o en asignados, cuyo valor real se estableció en un 1% de su valor nominal. El 19 de febrero de 1796, se rompieron simbólicamente las planchas de billetes en la plaza Vendóme, en medio de las burlas de una enorme multitud.

Como la caída del papel moneda continuaba a un ritmo acelerado, el 16 de marzo de 1796 se suprimió pura y simplemente el asignado. Se intentó substituirlo por una nueva forma de signo monetario: los mandats térritoriaux (órdenes de pago territoriales). Para obtener un mandat territorial iban a ser necesarios treinta |332| asignados, pero aquél se depreciaría, a su vez. Por ello, se decretó que en adelante los impuestos se pagarían exclusivamente en numerario o en especie. Se retirarían de la circulación los mandats y sus poseedores iban a tener que contentarse con el intercambio de su papel a un 1% nominal. Se iba a restablecer la libertad de las transacciones entre particulares y el numerario iba a reaparecer triunfalmente.

El oro se tomaba la revancha sobre el papel, la burguesía sobre los plebeyos. Los poseedores que habían enterrado sus escudos en lo más profundo de los sótanos, para esconderlos a las pesquisas de los comisarios sans-culottes, salieron sanos y salvos de la

catástrofe monetaria. Además, los antiguos compradores de bienes nacionales pudieron satisfacer a buen precio las anualidades que debían pagar. Por su parte, los grandes portadores de papel moneda, lograron convertir a tiempo sus mandats en valores reales, al dedicarlos a la compra de bienes nacionales sin subasta. En cambio, los pequeños portadores, los que habían recibido mandats como pago de sus rentas, sus pensiones, sus salarios, resultaron sacrificados.

El costo de la vida subió como una flecha. El pan, que costaba 3 sous la libra en París en el año II, se vendió a 35 francos el 5 de mayo de 1796. La carne, que se vendía a un precio de 20 a 30 sous la libra durante el invierno de 1794 (la tarifa era de 16 sous), subió a 40 sous el 20 de enero de 1795 y a 7 libras 10 sous el 1 de abril. En octubre costaba 20 francos y, a comienzos de enero de 1796, 60.

En el informe que presentó a la Convención, el 20 de septiembre de 1794, Robert Lindet, que había impuesto a la economía un régimen autoritario —no por preferencia doctrinal, sino aguijoneado por la necesidad—, se pronunció con bombos y platillos en favor de la libertad. Cambon, que había sido el hombre de la coacción en el plano financiero, reclamó también el regreso al liberalismo económico.

El 6 de enero de 1795, la Convención votó la supresión de la Comisión de Comercio y Abastecimientos, con lo que daba a |333| entender que condenaba las veleidades de la nacionalización, muy tímidas, por lo demás, que se habían manifestado en el régimen anterior.

Los últimos vestigios quedaron igualmente proscritos de las industrias de armamento. El 6 de octubre de 1794, el Comité de Salud Pública decidió que, en adelante, la fabricación y la reparación de los fusiles se harían por contrata y que dejaría de haber en sus talleres obreros a jornal por cuenta de la República. Dirigieron a los millares de obreros a las manufacturas de provincias, que eran, o pasaron a ser, empresas privadas. Así, por ejemplo, la fundición de Toulouse, y después la de Maubeuge, se dieron en concesión. Se suspendió la edificación de manufacturas nacionales, entre otros sitios, en Tulle, Saint- Denis y Saint-Cloud.

La misma evolución se produjo en lo relativo al régimen de transportes. El 22 de febrero de 1795, un decreto prohibió toda compra de caballos y mercancías a la Comisión de Convoyes y Transportes Militares. El 30 de mayo, se suprimió la Comisión de Transportes. A partir de entonces, fueron compañías privadas las que proporcionaron los caballos y el material rodado necesario para los transportes militares. Igualmente, se cedió el abastecimiento del ejército a suministradores particulares y reaparecieron los “proveedores” del Antiguo Régimen.

El comercio exterior recobró por completo la libertad. El 17 de octubre de 1794, se restituyó a los fabricantes la facultad de importar libremente; se eximió de la requisa todo lo que trajesen del extranjero para las necesidades de sus talleres. El 26 de noviembre, la importación de artículos y mercancías permitidas pasó a ser enteramente libre. El 2 de enero de 1795, quedó restablecida la libertad pura y simple. Los derechos de entrada en Francia de las mercancías de primera necesidad quedaron reducidos a simples derechos de estadística. El decreto del 31 de enero presentó la lista de las mercancías desgravadas. El día 22, el Comité de Salud Pública |334| había derogado la requisa de las divisas y efectos comerciales sobre el extranjero.

Se sacrificaba deliberadamente a los pobres.