EL SEGUNDO PODER NEUTRALIZADO

A pesar de los esfuerzos hechos posteriormente para idealizarla, aquella famosa jornada se parecía demasiado a la del 6 de diciembre de 1648, durante la cual Cromwell había ordenado a su ejército plebeyo que rodease el palacio de Westminster y había prohibido la entrada en él a los jefes presbiterianos, ciento cuarenta y tres de los cuales fueron expulsados y arrestados.

Aquellos precedentes molestaban a la Convención. La Montaña se habría contentado con apartar a los girondinos del poder mediante un voto de la Convención obtenido sin escándalo. Con gusto habría prescindido de aquel zafarrancho de combate,

de la alarma que había llamado por dos veces seguidas al pueblo a la insurrección, de los 100.000 sans-culottes soltados a la calle, de las consignas brutales del plebeyo Hanriot.

Pero, si aquella escena de divorcio entre burgueses, que habría podido desarrollarse a puerta cerrada, había revestido la forma de un estallido público, la responsabilidad recaía sobre los girondinos. Desde el comienzo de la querella, no habían cesado de provocar |106| la ruptura. Habían atacado con memorable torpeza a los hombres que, al sentir el peligro de una escisión dentro de la burguesía, se esforzaban por desempeñar el papel de mediadores entre ellos y la Montaña. Habían sacado de sus casillas a los Cambon, a los Lindet, a los Danton. Habían sido ellos quienes habían provocado la intervención de los sans-culottes, quienes habían desplegado el trapo rojo delante del toro.

Habían iniciado las hostilidades el 13 de abril, al enviar a Marat al Tribunal Revolucionario. Los días 24 al 26 de mayo, hicieron detener, por orden de la Comisión de los Doce, a los jefes de la Comuna oficial, así como a los de la asamblea del Obispado: a los Hébert, a los Dobsen, a los Varlet. El 25, lanzaron por boca de Isnard el anatema contra el París revolucionario: “Si llegase un día en que se atentase contra la representación nacional, os lo declaro, en nombre de Francia entera, París quedaría aniquilado; pronto habría que buscar a orillas del Sena para ver si había existido”. Por último, y sobre todo, en un momento en que los jacobinos vacilaban todavía a la hora de consumar la ruptura, habían desencadenado, el día 29 en Lyon, una insurrección contrarrevolucionaria, habían iniciado ellos mismos la guerra civil. La noticia, conocida en París la mañana del 2 de junio, no había contribuido poco a reanimar la energía vacilante de la Montaña.

Una vez conseguido el voto de la Convención y excluidos de la vida política los jefes girondinos, los miembros de la Montaña iban a esforzarse entonces por limitar los daños, por hacer volver a su cauce el torrente popular. Ante todo, había que eliminar la asamblea del Obispado. Dobsen había ya contribuido a ello, al conseguir la fusión del Comité de Insurrección con los poderes regulares. Faltaba expulsar a los enragés de la asamblea unificada. Apenas quedaron detenidos los jefes girondinos, el Comité de Salud Pública pidió a la Comuna que renovase el Comité Central Revolucionario con el fin de eliminar a los “elementos peligrosos”.

|107| El segundo poder se vendió por un plato de lentejas. Aceptó desaparecer a condición de que los descamisados recibiesen algunos céntimos de indemnización y los miembros del Comité de Insurrección una sinecura: el 8 de junio se creó, a favor de estos últimos, un Comité de Vigilancia del departamento de París, encargado de la policía política en la ciudad y en las afueras, dirigido y pagado por el Comité de Salud Pública.

Los enragés quedaron rechazados de todos lados, reducidos al silencio. El 4 de junio, Leclerc se presentó en el Consejo General de la Comuna y declaró que se había cometido un error al considerar acabada la insurrección: “¿Acaso están encarcelados todos los sospechosos? Lo dudo. […] ¿Por qué tardáis tanto en deshaceros de vuestros enemigos? ¿Por qué teméis derramar algunas gotas de sangre?”. Se vio obligado a abandonar la tribuna, interrumpido por una “reprobación general” y el Presidente le llamó la atención. Hébert pidió “que se considere ciudadano indigno a quien proponga derramar sangre”. A Leclerc lo detuvieron, lo trataron como sospechoso y lo sometieron a un largo interrogatorio.

Los conciliadores, Cambon, Barère, Lindet, Danton, que componían el Comité de Salud Pública, quisieron llegar más lejos por camino de la reacción. Su proyecto de decreto del 6 de junio incluía la destitución de Hanriot, el vencedor del 2 de junio, de sus funciones de comandante de la Guardia Nacional. Robespierre y la mayoría de los miembros de la Montaña no se atrevieron a llegar a ese extremo y el decreto fue rechazado el día 8. Pero, la propia presentación del texto a la Asamblea muestra con suficiente claridad la atmósfera que reinaba en aquel momento.

El hecho de que al final se llegara a ejecutar a los jefes girondinos iba a conferir retrospectivamente al 31 de mayo un carácter de depuración violenta, pero su ejecución no se produjo hasta muchos meses después del acontecimiento. No los iban a conducir al patíbulo, confundidos entre la masa de las víctimas del Terror, hasta finales de octubre de 1793, a algunos incluso hasta junio de 1794. |108| Por el contrario, desde su detención, el 2 de junio, recibieron buenos tratos. Simplemente se los retuvo en sus domicilios, vigilados por un gendarme. Veinte de ellos aprovecharon para escaparse y fueron a sublevar a los departamentos contra París. Los enragés reprocharon amargamente aquella indulgencia a los de la Montaña. Leclerc advertía: “Las medidas que se detienen a medio camino en épocas de revolución, en lugar de salvar al país, lo pierden”.

El decreto de detención había incluido a dos ministros girondinos, Clavière y Lebrun. Durante varias semanas, siguieron ocupando sus cargos. Lebrun, aún estando prisionero, seguía redactando y firmando las instrucciones para los agentes de la República en el extranjero. Cuando el Comité necesitaba entrevistarse con él, le mandaba venir acompañado por su gendarme. Aquella comedia se prolongó hasta el 21 de junio.

El 8 de julio, Saint-Just, convirtiéndose en portavoz de Robespierre, reclamó en un informe la clemencia de la Convención para catorce de los diputados detenidos. No sólo se trató con consideración a los diputados girondinos después del 31 de mayo, sino que, además, las administraciones departamentales, que constituían una de las fuerzas principales de la Gironda, siguieron en funciones, pudieron seguir excitando a sus administrados contra el poder central. La mayoría de ellas no iba a quedar depurada auténticamente hasta septiembre u octubre.

La proscripción del 2 de junio no había afectado a la mayoría de los diputados girondinos. Setenta y cinco de ellos habían protestado, el día 6, contra la detención de los veintinueve. Ni siquiera los molestaron. Hasta octubre, el momento en que se desencadenó la ola del Terror, no los detuvieron. Sin embargo, Robespierre los salvó de la guillotina. Después del 9 Termidor, la Convención los rehabilitó solemnemente. Reparación cargada de sentido: la burguesía iba a sentir una especie de remordimiento por haber tenido que sacrificar a parte de los suyos, obligada por la necesidad.

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