EL FIN DE LA COACCIÓN

Los sans-culottes de las secciones habían arrancado a la burguesía, de buen grado o por la fuerza, la política de fijación de los precios de los artículos y de su imposición por la coacción. La caída del hebertismo creó las condiciones que permitían su abolición y el regreso progresivo al liberalismo económico. También en este caso hay un sincronismo sorprendente en las fechas. El 24 de marzo, guillotinaban a los jefes hebertistas. Aquel mismo día por la tarde, se fijaban en París carteles con las primeras listas del nuevo precio máximo, revisado y “suavizado” en perjuicio de los sans-culottes.

El retroceso se hizo en el plano financiero y después en el plano económico. Se anularon las medidas de terror adoptadas en el otoño de 1793 para consolidar el asignado. Como se recordará, dichas medidas eran de dos clases: unas estaban encaminadas a desalojar el numerario de los escondrijos donde estaba enterrado; las otras, a desmonetizar el oro y la plata. Unas y otras quedaron suavizadas o abrogadas.

Una vez rehabilitados el oro y la plata, se pudo volver a establecer la paridad entre el papel moneda y el numerario. Tan pronto como se relajó la coacción, se estableció la paridad con desventaja |264| para el asignado. El asignado de 100 libras había subido a 51 en diciembre. En enero, volvía a bajar a 48, en febrero a 41, en marzo a 38, en abril a 37, en mayo a 36, en junio y julio a 34. Todavía no era el hundimiento vertiginoso que se iba a presenciar en la época de la reacción termidoriana. Era recién la primera etapa.

La depreciación gradual de la moneda contribuía al alza de los precios, que solamente podía contenerse mediante la aplicación estricta de las tarifas, pero, a partir de finales de 1793, presenciamos un relajamiento progresivo en la observación del precio máximo. El brusco cambio político llevado a cabo por Robespierre estaba dando sus frutos. Todo el mundo comprendió que se había acabado la política autoritaria, que el Terror contra el comercio había dejado de estar a la orden del día. Los tenderos volvieron a mostrarse rapaces. Se hizo una burla abierta de las tarifas del precio máximo, que se habían aplicado estrictamente durante unas semanas. Los poderes públicos habían dejado actuar en libertad a los acaparadores o incluso se habían puesto de su parte.

De provincias llegaban las mismas noticias. Los informes de los representantes habían sido unánimes: había dejado de observarse el precio máximo. Como en París, las autoridades, compuestas en su mayor parte de burgueses, se habían pasado al bando de los comerciantes.

El relajamiento de la coacción no sólo había comprometido la aplicación de la ley del precio máximo, sino que, al mismo tiempo, había agravado la penuria de artículos. Mientras se había lanzado al Ejército Revolucionario contra los comerciantes y los campesinos ricos, las mercancías y los productos de la tierra habían salido de sus

escondrijos. Las ciudades habían estado abastecidas, pero ahora habían arrinconado al Ejército Revolucionario y habían disuelto los ejércitos revolucionarios departamentales. El pueblo, con su seguro instinto de clase, estableció personalmente la relación de causalidad entre el relajamiento de la coacción y la desaparición de las mercancías.

|265| De nada había servido que los sans-culottes reclamasen visitas a los domicilios de los ricos acaparadores. El santuario de la propiedad privada no fue violado. Indudablemente, hubo una ley del 26 de julio de 1793 que autorizaba a comisarios de los acaparamientos para que hiciesen pesquisas, pero, a medida que la Revolución retrocedía, los poderes de los comisarios de los acaparamientos, calificados de “vejatorios”, iban quedando limitados. El 29 de marzo de 1794, liquidado ya Hébert, la Convención los suprimió.

La ley del 26 de julio había dictado una sola pena para el delito de acaparamiento: la de muerte. Ya el 22 de diciembre, los dantonistas habían conseguido que la Convención suspendiese la aplicación de la pena capital. El 29 de marzo de 1794, al día siguiente de la purga de la extrema izquierda, la Convención votó una nueva ley inspirada por la preocupación de no poner trabas a la actividad comercial. Los negociantes estaban obligados simplemente a declarar sus existencias y, en caso de infracción, ya no se exponían a la pena capital, sino a la confiscación de las mercancías y a dos años de cárcel. Y, aun así, aquello era aplicable solamente al acaparamiento por parte de los mayoristas. Los únicos obligados a declarar eran los vendedores al por mayor; los detallistas quedaban eximidos.

A partir de entonces, la audacia de los causantes del hambre del pueblo no conoció límites. Los tenderos, convencidos de la indulgencia de las autoridades, retiraron sus artículos de los escaparates y prefirieron vender clandestinamente a los ricos, a los precios del mercado negro, antes que despachar al primero que llegase ni siquiera a precios algo superiores a los de la tarifa. El 13 de abril, la Comisión de Alimentos escribía al agente nacional de la Comuna de París: “No podemos disimular nuestra extrañeza ante la escasez que agrava la multitud, que constantemente hay a las puertas de los minoristas de mantequilla, huevos, jabón, azúcar, y, sin embargo, las cantidades de dichos productos enviadas por nosotros y llegadas a París deben bastar para satisfacer plenamente todas las |266| necesidades o por lo menos para reducirlas sensiblemente”. París estaba suficientemente abastecido y, sin embargo, París moría de hambre.

Puesto que no querían recurrir a la coacción, no quedaba más remedio para la escasez que un regreso al libre funcionamiento de las leyes económicas. La única solución era la de elevar el nivel de la tarifa con la esperanza de que el incentivo de la ganancia hiciese salir las mercancías de sus escondrijos, la de garantizar a los negociantes una remuneración “justa” por su actividad, de forma que recuperasen el gusto por el comercio y se restableciese el circuito interrumpido de los intercambios. Ahora bien, la primera tarifa fijaba un solo y mismo precio para el productor, o el mayorista, y el minorista; no tenía en cuenta la necesidad de garantizar un beneficio al intermediario, no hacía entrar dentro de sus cálculos los gastos de transporte de las mercancías. Había dos formas de corregir aquella anomalía: se podía hacer que fuera el productor o el consumidor quien sufragara el beneficio del minorista. La segunda solución fue la que prevaleció.

El 24 de febrero de 1794, la Comisión de Alimentos dirigió a las autoridades locales una Instrucción sobre la lista general del precio máximo. Les explicaba que el mayorista debía añadir al precio inicial (el de 1790, aumentado en un tercio) los gastos de transporte por quintales en función de las distancias y además su beneficio del 5%. A su vez, el detallista debía añadir su beneficio del 10% al precio así obtenido. Sin embargo, la circular especificaba que el beneficio del 5% y del 10% debían calcularse a partir del precio inicial únicamente, sin incluir los gastos de transporte.

Pero los mayoristas exigían más. Una vez liquidados los hebertistas, ya no había razón para negárselo. El 20 de marzo, Barère expuso sus quejas en la tribuna de la Asamblea. Preguntó, como si la circular de la Comisión de Alimentos no hubiera zanjado ya la cuestión, si había que calcular el 5% de beneficio concedido al mayorista a partir del precio de las materias únicamente, o a |267| partir del total del precio de las materias y de los transportes. La Convención, fácil de convencer, decretó que el 5% de beneficio concedido a los mayoristas se calcularía a partir del total de las dos bases reunidas: precio de las materias y los gastos de transporte. El día 22, la Comisión de Alimentos notificaba mediante una circular a los agentes nacionales de los distritos la importante modificación aplicada. Por si fuera poco, el agente nacional del departamento de París decidió calcular el precio del transporte a partir del peso bruto, incluido el embalaje, con lo que daba una ventaja suplementaria a los comerciantes, a expensas una vez más de los consumidores.

Por último, el día 24 por la tarde, se hicieron públicas las tarifas del precio máximo. Ya era hora, pues, desde hacía varias semanas, mientras lo esperaban, los comerciantes habían retirado de la venta sus mercancías. La nueva tarifa era notablemente más elevada que la anterior.

Los descamisados dieron una acogida fría a aquella noticia, pero no bajaron a la calle para protestar contra el nuevo precio máximo. En primer lugar, porque durante algunos días se manifestó la ilusión de que el encarecimiento de los productos quedaría compensado con una mayor abundancia. Además, porque la elevación de la tarifa, aun siendo notable, no era enorme. Protestaron, pero se resignaron, sobre todo, porque la vanguardia popular acababa de verse amputada de su portavoz hebertista y era presa de un profundo desconcierto.

La evolución hacia el liberalismo fue acompañada de un cambio en el personal dirigente. El plebeyo Jean-Marie Goujon, que había sido el alma de la economía dirigida, tuvo que presentar su dimisión (20 de febrero). Ya no se trataba de someter, sino de animar a los campesinos ricos y a los comerciantes.

La suavización del precio máximo perjudicó a los consumidores, sin concederles ninguno de los beneficios compensadores anunciados por los partidarios de la calma. No remedió la escasez de las mercancías, ni decidió a los vendedores a observar estrictamente |268| los precios, más favorables para ellos, de la nueva tarifa. Por el contrario, al revelar que la firmeza de los poderes públicos se relajaba, incitó a productores y detallistas a exigir más y, mientras tanto, a entregarse de nuevo y con mayor fuerza al mercado negro. Cuanto más se suavizaba el precio máximo, menos se lo respetaba. En vísperas de Termidor, iba a ser un simple recuerdo. Al mismo tiempo, la escasez de los artículos, lejos de disminuir, se agravaba. Habían querido remediarla con el alza de los precios. El resultado fue la coexistencia de la escasez con el alza de precios.