acciones legales y procesos judiciales
3.6. Demandas en el país de origen: el caso de Intag (Ecuador)
En Ecuador, junto a la reserva ecológica Cotacachi, Cayapas, en las montañas de bosque nublado, se encuentra Intag. En dichas montañas la compañía minera ca- nadiense, Copper Mesa Mining Corporation, quiso iniciar una enorme mina de cobre a cielo abierto, en un contexto de oposición local por la previsión de des- trucción social, ecológica y económica. Los pobladores acusaron a la empresa de violar las leyes ecuatorianas, de haber provocado conflictos, así como recurrir a agresiones físicas, amenazas de muerte y violaciones de los derechos humanos.
Según la denuncia de las personas afectadas, el 2 de diciembre de 2006, tras la alerta de que una numerosa y armada brigada de seguridad privada contratada por Copper Mesa (conocida entonces como Ascendant Copper), ingresaba en la zona, los miembros de la comunidad se movilizaron (hombres, mujeres y niños) para defender sus hogares, tierras y el medio ambiente y bloquearon pacíficamen- te el camino. Sin provocación alguna, el líder del grupo de seguridad de la empre- sa roció a los rostros de las mujeres y hombres con un bote lacrimógeno, sacando posteriormente sus armas y realizando disparos al aire”64. Fueron heridos en esos hechos Marcia Ramírez e Israel Pérez. Posteriormente Polívio Pérez, uno de los líde- res de la oposición a la minería en Intag, denunció haber sufrido amenazas de muer- te junto con su familia, y que el 31 de julio de 2007 fue agredido físicamente. Los pobladores contrarios al proyecto pusieron tres tipos de demandas en Cana- dá para hacer frente a estas agresiones. Una contra la Bolsa de Valores, por finan- ciar a la empresa que estaba siendo acusada de no respetar a la población local. Otra contra la empresa que opera en Ecuador, Copper Mesa, acusada de no evi- tar las agresiones y violaciones de derechos humanos de la población que resultó agredida. Una tercera contra la corporación transnacional propiamente Copper Mesa Corporation, dada la frecuencia con que dichas empresas venden acciones, cambian de dueños o llevan a cabo operaciones financieras que pueden compro- meter la determinación de responsabilidad en este tipo de investigaciones. Una de las demandas es en contra de dos directores de dicha empresa. Según Carlos Zorrilla (DECOIN), uno de los impulsores de la demanda, esta iniciativa ha teni- do un enorme valor porque se ha convertido en una herramienta importantísima para luchar en contra de las empresas extractivas, denunciar incumplimientos de los requi- sitos que las empresas tienen que cumplir para cotizar sus acciones en cualquier bolsa de valores; lo cual implica informarse bien de los requisitos que las bolsas exigen de las empresas y saber denunciar los incumplimientos.
64Las imágenes pueden verse en: http://upsidedownworld.org/main/ecuador-archives-49/2268-canada- ecuador-when-stock-exchanges-fuel-human-rights-violations y www.ramirezversuscoppermesa.com Fecha revisión 25 marzo 2010.
Tres demandas por responsabilidad social y ambiental
Las tres personas afectadas iniciaron una demanda contra la Bolsa de Valores de Toronto que facilita el financiamiento de la compañía minera. En el caso de Intag, la cotización en la bolsa de valores de Copper Mesa (en aquel tiem- po bajo el nombre de Ascendant Copper) permitió a la compañía obtener más de $25 millones de dólares de capital, aún luego de las denuncias de un alcalde local y ONG sobre lo que estaba pasando. Según los demandantes, la
65KLIPPENSTEINS (Barristers and Solicitors). Campesinas y campesinos ecuatorianos demandan a una compañía minera canadiense y a la Bolsa de Valores de Toronto para exigir responsabilidad social y am- biental. Marzo 2009. www.decoin.org/2009/03/copper-mesa-sued-in-canada/
66Zorrilla, Carlos. ¡Copper Mesa (Ascendant Copper) deja de existir! Boletín de prensa 22/feb/2010. En formato de correo electrónico.
Bolsa de Valores desoyó las advertencias a pesar de que según las leyes cana- dienses, debería “tomar precauciones razonables para evitar un comporta- miento que pudiera acarrear un riesgo irrazonable de daños a terceros”. Esta demanda además se acompañó de otra contra dos de los miembros de la junta directiva de Copper Mesa, alegando que tienen el deber de evitar una conducta que produzca el riesgo previsible de daños a los individuos y comunidades ubicados dentro de las áreas de exploración de la compañía. Se mostraron evidencias fotográficas de ataques violentos contra reuniones pacíficas perpetrados por las fuerzas de seguridad contratadas por la com- pañía, y, según los demandantes, los directores fueron advertidos sobre el alto riesgo de futuros actos de violencia.
La tercera demanda es contra Copper Mesa Corporation. Según el informe de los abogados demandantes, “las compañías pueden repartir sus opera- ciones entre muchas jurisdicciones legales de tal manera que se eviten las le- yes de rendición de cuentas en alguna jurisdicción en particular, mediante el uso de compañías subsidiarias, lo que hace difícil identificar la jurisdic- ción que sería la idónea para exigir que la corporación rinda cuentas. En esta demanda, los Demandantes se han enfocado en las decisiones, acciones y omisiones de algunos de los principales tomadores de decisiones de la compañía, es decir, los directores, que han ocurrido en una jurisdicción provincial específica de Canadá (la provincia de Ontario)”.
La Bolsa tomó la decisión el 19 de enero de 2010 de prohibir la cotización de las acciones de la empresa canadiense, supuestamente por incumplir con requisitos de la Bolsa. Según los demandantes, posteriormente las acciones estaban siendo negociadas en lo que se denomina los “Pink Sheets”, un tipo de mercado donde cualquier empresa puede negociar sus acciones sin con- trol de parte de entidades gubernamentales. Estos espacios son la última opción para empresas que están en vía de bancarrota, o que fueron expulsa- das de otras bolsas de valores.
Fuente: elaboración propia en base a informe de los abogados de los demandantes65y
Boletín de DECOIN –Defensa y Conservación Ecológica de Intag- (Ecuador), 22/feb/201066.