Pros, contras y procesos colectivos

Las demandas de tipo legal presentan ventajas y desventajas que deben ser ana- lizadas en cada caso para tomar decisiones sobre lo que puede ser más útil. En general son parte de un conjunto de denuncias públicas o ante otros organis- mos del Estado o incluso organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana o relatores de Naciones Unidas. Las demandas judiciales tie- nen requerimientos específicos desde el punto de vista legal: quiénes la ponen, a quién representan, asesoría o representación legal a través de abogados, tipo de denuncia o de daño que se alega, vía a través de la cual se pone la demanda (civil o penal), etc. El tiempo necesario para una resolución, el costo económico y la necesidad de equipos legales con capacidad de llevar esos casos adelante, suponen enormes dificultades de la vía judicial para hacer valer sus derechos.

En el caso de las bananeras lo que hicieron las empresas fue desprestigiar a la gente, a los juicios y a los abogados demandantes, y tratar de gene- rar malestar y dudas entre los trabajadores bananeros afectados. En Cos- ta Rica hicieron una pseudo liquidación, dijeron: “nosotros vamos a li- quidar a toda la gente que quiera, especialmente a los que están en los juicios de DBCP, porque nunca va a pasar nada”. Les hicieron firmar un papel que decía que él ya no tenía derecho a reclamar nunca nada más y constaba como liquidación voluntaria de su trabajo. Unas mil personas en Costa Rica salieron del juicio así, porque estaban aburridas de esperar. La ventaja en Ecuador fue la dispersión y no han podido ha- cer eso. Hubo gente que quiso volver al juicio y tuvimos que decirle que no era posible porque firmaron la renuncia a entablar ninguna acción contra la Standard Fruit y Dole, porque eso fue lo que firmaron. Cuan- do se gastaron la plata quisieron volver. Se dieron cuenta que fueron en-

gañados. Ana María Maldonado, antropóloga, presidenta ejecutiva de ALDEA51_(Ecuador).

Como parte de una estrategia de protección y sanción, las demandas judiciales son un instrumento clave pero se enfrentan, en numerosas ocasiones, a presiones y amenazas, a las dificultades prácticas y la necesidad de recursos, o a la impuni- dad y la falta de un sistema judicial independiente y efectivo. Los recursos econó- micos normalmente son el gran problema para el acceso a la justicia, porque se necesitan abogados que tengan experiencia en estos casos, hacer frente a los nu- merosos gastos del proceso, realización de informes técnicos, pruebas médicas, exámenes de laboratorio, etc.

La cuestión económica sí es un obstáculo, porque hay que ver estos litigios grandes contra empresas poderosas en sentido global. Es un error de cual- quier abogado, mirar un caso de estos con una óptica estrictamente jurídi- ca, hay que verlo en el contexto general: contexto mediático, educación ciu- dadana, lo económico, y la discusión científica y jurídica. Es decir, hay que verlo de manera multidisciplinaria, enfocarlo así y trabajar en esa línea. Pablo Fajardo, abogado (Ecuador).

Otro de los obstáculos principales es el tiempo. Mientras los problemas se acu- mulan, las condiciones económicas de mucha gente son precarias o el impacto en la naturaleza sigue produciéndose, la gente no puede esperar el desenlace de pro- cesos que se alargan y que frecuentemente son objeto de maniobras dilatorias. Además, incluso cuando se da una sentencia, existen diferentes instancias de ape- lación que en general son agotadas por quienes son condenados, y los recursos llevan de nuevo años, con lo que el tiempo para hacer efectiva la reparación se alarga aún más.

Hay que tener en cuenta además que las demandas pueden igualmente perderse por parte de los demandantes, y tener que hacer nuevos recursos ante instancias más altas y enfrentar la frustración de la falta de logro. En el caso de La Propicia (Ecuador), las sentencias fueron negativas en varias ocasiones para los demandan- tes, así como en el caso de las fumigaciones o en el de la Vía Tetetes (Ecuador), donde el primer juicio se perdió, lo que tuvo efectos muy negativos debido a que se trataba de una comunidad joven y poco cohesionada. Como señala Alexandra Almeida, miembro de Acción Ecológica que acompañó a la comunidad en ese proceso, ahora no se están reuniendo los que son, al principio se reunían de 60-70 personas, pero ahora están en 40 aproximadamente. La pérdida del juicio distrital también afectó a la gente.

En otras ocasiones el funcionamiento de la justicia condiciona de forma muy ne- gativa el avance de la investigación de los casos. Las presiones sobre sistemas judi- ciales débiles o los mecanismos de impunidad que ya se dan en muchos países, se reproducen en estos casos de forma más dramática por los intereses en juego. En ocasiones son algunos instrumentos judiciales los que hacen imposible la justicia.

Cuando nosotros intervenimos, la gente ya había puesto una demanda pero en un juzgado de lo penal por el desalojo y usurpación de tierras. Todos los cam- pesinos de la zona fueron desalojados y sus casas quemadas. No sabemos cuán- tas personas fueron desalojadas pero se formó un grupo de 6 u 8 personas que pusieron la demanda por la quema de sus casas. Pero dicha demanda desapa- reció del Juzgado 4 de lo Penal de Quininde. La denuncia era directa contra la empresa, pero desapareció el expediente. En este mismo juzgado sin embar- go empezaron los procesos de demanda de la empresa en contra de los campesi- nos. Fueron detenidos varias veces y nosotros interponíamos recursos de Habe- as Corpus. Ricardo Buitrón, coordinador de Programa Latinoamericano de ISP (Ecuador).

La siguiente tabla señala los aspectos positivos y los riesgos a afrontar por las per- sonas afectadas. Desde el punto de vista del proceso comunitario, estos son algu- nos de los aspectos que se necesitan considerar en la preparación de la demanda.

Ventajas Inconvenientes

• La demanda puede limitar las agresiones con un efecto preventivo.

• Es parte de una lucha contra la impunidad en el caso y en otros. • Si hay investigación y resultados

positivos, hay alivio psicológico, y sensación de justicia.

• Permitirá reparar y reconstruir sus vidas cuando se asocia a una reparación efectiva.

• Ayuda a canalizar el dolor y el impacto y superar la impotencia.

• Lucha por el reconocimiento de la dignidad de las poblaciones afectadas y del valor de la naturaleza.

• Miedo a las represalias y riesgos de seguridad. Se necesitan medidas de protección.

• Riesgo de presiones o corrupción en algunos casos sobre el sistema judicial. • En caso de respuesta negativa creará más

frustración.

• Estrés y confrontación en el proceso con sobrecarga afectiva y social.

• Necesita equipos legales competentes y con compromiso.

• Costo y tiempo del proceso o hasta una sentencia, desmotiva en ocasiones a la población afectada frente a un presente de necesidades inmediatas.

Además de sus resultados concretos en términos de una sentencia o la reparación, la importancia de estos casos judiciales puede verse también desde los procesos organizativos que los hacen posible o para los que la propia demanda puede con-

vertirse en un estímulo. Las acciones legales pueden ayudar a construir procesos con la población, donde lo importante no sea solo el punto de llegada. Las difi- cultades que muchos de estos casos enfrentan hacen ver que la importancia de que esa acción que se decidió adoptar sea un elemento para fortalecer los proce- sos colectivos, enfrentar las consecuencias ambientales o comunitarias, y apoyar- se mutuamente. Además del posible resultado es muy importante el proceso que se construye. Los dos siguientes ejemplos son de contextos muy distintos, en los que el proceso colectivo fue muy importante en un área rural con fuerte disper- sión, y en un medio urbano de gran cercanía física.

En el caso de las fumigaciones, todas las acciones legales sirvieron para unir a la población en un proceso que habría sido imposible de otra manera por la gran dispersión de la población. Adolfo Maldonado, médico, miem- bro del CIF (Ecuador).

La organización de la gente fue muy buena, esto fue determinante para que el proceso fuera exitoso en el caso de Arica. La gente nunca abandonó el caso que duró 15 años. Había un buen equipo de dirigentes, muy pendientes y metidos en el tema. Eran dirigentes comunales que tenían reconocimiento del Municipio. La gente no soltó el caso porque tiene el problema al frente no resuelto, por eso el tiempo no desgastó al proceso. Se trata de una comunidad urbana, gente que tiene más capacidad téc- nica, mayor acceso a profesionales. Por ejemplo involucraron a gente del colegio médico, a universidades. Hubo intentos por parte del Estado de ba- jar el perfil al problema ofreciendo cosas a la gente, como aliviar deudas habitacionales con el Estado. Se intentó que la gente quitara la demanda, pero no quiso. César Padilla, Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina -OCMAL- (Chile).

Pero tal vez uno de los problemas más comunes es considerar que una vez dicta- da la sentencia se termina el problema. La mayor parte de las veces las demandas judiciales, aunque también los acuerdos de negociación, se ven como procesos que terminan con la sentencia o la firma del acta. Pero el proceso se reinicia ahí mismo, con una nueva etapa que debe ser analizada y contar con una estrategia apropiada.

A raíz de la sentencia, nosotros no medimos las consecuencias. Esa fue una de nuestras debilidades y Acción Ecológica tampoco se preparó. Fallamos en no tomar precauciones y en no ser maliciosos, porque algo de malicia a ve- ces es muy bueno para no creer que eso vaya a ir sin más adelante. José Luis Guevara, La Propicia (Ecuador).