Intentos de soborno, corrupción o criminalización

En todos los casos analizados se han dado diferentes formas de relación con los lí- deres de las comunidades afectadas, desde intentos de cooptación a distintos gra- dos de coacción, los líderes ambientalistas de numerosas comunidades sufren pre- siones y amenazas. En algunos países, como en Nigeria, Guatemala o El Salvador los líderes comunitarios que se oponen a estos proyectos destructivos de la natu- raleza se han convertido en objeto de atentados y varios de ellos han sido asesina- dos. La descalificación de los líderes como forma de dividir las organizaciones, el

38_{Esta información fue obtenida del sitio web www.gruporecord.com, actualmente se encuentra cancela-} do el dominio del mismo.

39_{Según lo manifestado en el Diagnóstico Ambiental, Baterías de El Salvador, recolecta y recicla a nivel} Nacional e Internacional un promedio de 15.000 baterías por mes, 180.000 baterías por año y vende unas 8.000 batería mensuales, 96.000 baterías por año.

cuestionamiento de sus liderazgos, o las formas de amedrentamiento se han dado en algún momento en casi todos los casos analizados.

Una asociación recientemente creada y que apoya las actividades de la em- presa puso una denuncia penal por delito de terrorismo y otros, contra los organizadores y promotores de la consulta vecinal. Son 35 personas las de- nunciadas, entre los que figuran los alcaldes que organizaron y apoyaron la consulta y los de las provincias vecinas, dirigentes de las comunidades y de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, así como asesores técnicos que desde Lima apoyaron a la población y sus orga- nizaciones. (…) Todo ello muestra la existencia de una estrategia de secto- res dispuestos a todo con el afán de desacreditar y “sacar del camino” a los grupos que han venido planteando que tras los conflictos existe una agenda de derechos en las zonas de influencia de la minería que debe ser discutida y atendida. Actualidad Minera, 2008.

Algunos de los líderes entrevistados señalaron intentos de soborno o corrupción. Varios de los entrevistados para esta investigación señalaron similares ofertas de dinero para cambiar su actitud que relataron como “comprar mi conciencia”. Otros tuvieron que desplazarse, como en los casos de los Manglares, La Propicia, Pambilar o Intag entre los casos de Ecuador.

En el 2008 me pusieron un juicio y otro en el 2009 en mi ausencia en la comunidad de San Lorenzo, cuando yo estaba fuera. Me acusan que yo he talado una hectárea de manglar, pero no tienen pruebas porque la misma comunidad sabe que yo no estaba en la zona. En el ministerio dejaron ese juicio, supuestamente mi abogado recibió la notificación pero nunca la re- cibió y yo nunca pude defenderme de eso. Ahora que quiero defenderme ya no puedo apelar porque ya está la sentencia en primera instancia en el Mi- nisterio de Ambiente en Esmeraldas. No hay pruebas ni testigos, pero la sentencia dice que soy talador de manglar. Con el juicio el interés es quitar- nos la custodia de Majagual y que la empresa pueda tener la concesión. La única forma de quitar la custodia del manglar a la comunidad es decir que alguien taló manglar y mucho más si es el presidente de la organización. Peter Segura, APACOPBIMN -Asociación de Pescadores Artesanales y de Comercialización de Productos Bioacuáticos- Manglares del Norte (Ecuador).

Los problemas de persecución a líderes se han dado la mayor parte de las veces en contextos de procesos comunitarios débiles o fragmentados. En varios de los ca- sos analizados, los líderes que fueron entrevistados para este trabajo se encontra-

ban aún desplazados y con dificultades para poder volver a sus comunidades por el nivel de amenaza y resquebrajamiento de la cohesión comunitaria.

Cada vez que había una denuncia por parte de la comunidad, había una amenaza y persecución por parte de la empresa. Durante ese conflicto de denuncias, la empresa mandó a gente pagada por ellos para que conversen conmigo para ofrecerme dinero: 200 millones de sucres en ese entonces40_{, un} motor fuera de borda y una casa en donde quisiera. Yo les dije que no vendía mi conciencia y ahí empezó la persecución. Me amenazaron con enjuiciarme.

La Intendencia de la policía me dio una boleta de auxilio por si tenía problemas o amenazas. La gente firmó un convenio a favor de la empre- sa y empezó la persecución contra mí. Yo solo podía caminar de noche, por el día había guardias de la empresa en las playas y en la comunidad en moto. Tuve que salir de la comunidad. Peter Segura, APACOP- BIMN, Manglares del Norte (Ecuador).

En el caso de las comunidades indígenas de Perú afectadas por proyectos petrole- ros en la Amazonía, los líderes tienen cada uno varios procesos judiciales en su contra. El avance de estos procesos o los resultados de los mismos, dependen también de la capacidad de defenderse colectivamente, y el mantenimiento de la organización comunitaria. Mientras en el caso del Acta Dorissa (Perú), los proce- sos judiciales contra los líderes se paralizaron, en las otras comunidades afectadas que habían participado en acciones de toma de instalaciones similares, los proce- sos siguieron adelante.

Casi todos los líderes tienen procesos judiciales abiertos. También los Achuar. Pero con el inicio del diálogo mediante el Acta de Dorissa (Perú), los juicios a los Achuar se quedaron inactivos; la Fiscalía ha paralizado la investigación desde hace dos años y medio.

En el caso de los líderes de Pastaza y Tigre, como no tienen ese nivel de or- ganización ni han logrado diálogo alguno, sí se iniciaron los procesos en su contra. Hemos ganado en primera instancia la absolución total. Vladimir Pinto, abogado. Programa de Defensa de Derechos Indígenas (Perú). Además, en muchas ocasiones los cargos son por delitos de terrorismo u otros de- litos graves que incluyen penas de cárcel incondicional, y conllevan el descrédito

social cuando no el desprecio de la gente. El siguiente ejemplo corresponde al caso de Intag en Ecuador. El grupo de líderes opuestos a la explotación minera sufrieron varios juicios y de todos ellos fueron absueltos.

Uno de los policías me puso el arma y la droga en mi casa cuando estuvo solo, ¡incluso con el fiscal afuera de la casa! La corrupción es un elemento muy importante que hay que tomar en cuenta en estas luchas y para en- frentarla es muy difícil planificar acciones. Después de este atropello inten- taron entrar a la fuerza en las otras dos comunidades. Carlos Zorrilla, miembro de DECOIN –Defensa y Conservación Ecológica de Intag- (Ecuador).

Como se señala en este mismo caso, la claridad, consistencia en su comporta- miento, y fortalecimiento de las personas que lideran estos casos son aspectos cla- ve para llevar adelante estos procesos de resistencia a la manipulación.

Una lección es que los dirigentes claves tienen que saber que cosas como és- tas, y muchas peores, les pueden suceder, y la resistencia tiene que tener un plan de respuesta. Es indispensable que la lucha cuente con varios dirigen- tes y no se concentre en uno. Por suerte acá no faltaron dirigentes, y la lu- cha no sufrió en nada los 30 días que tuve que huir. Carlos Zorrilla, miembro de DECOIN (Ecuador).

41_{Carlos Zorrilla, Arden Buck, Paula Palmer y David Pellow. Protegiendo a su Comunidad Contra las} Empresas Mineras y Otras Industrias Extractivas. Una Guía para Promotores/Activistas Comunitarios. 2009.

Denuncias y acusaciones contra líderes. El caso de Intag (Ecuador)

Mientras la organización DECOIN publicaba una guía pedagógica para favorecer la conciencia en las comunidades afectadas por este tipo de pro- yectos41_{, algunos miembros de la organización eran perseguidos judicial-}

mente. Aunque en dicho manual la organización se manifestaba a favor de los medios de lucha no violentos y tomaba los ejemplos de Gandhi o Lu- ther King en sus manuales de formación, incluyendo acciones como mo- vilizar a la prensa, realizar marchas y manifestaciones, recoger evidencias, usar obras de teatro o títeres, usar los medios como internet o las redes glo- bales para ofrecer información o denunciar los hechos, la empresa minera Ascendant Copper (Canadá) inició entre 2005-2007 varios procesos en contra de los comuneros de la zona de Intag que se oponían a la explota-

Por fin en otros casos, los juicios se han paralizado o detenido cuando el pro- pio conflicto socioambiental ha entrado en una vía de solución o de negocia- ción. En otro caso cercano al del Acta Dorissa (Perú), que afecta a comunida- des indígenas Achuar, la sala II de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto absolvió el 10 de diciembre de 2009 a 21 indígenas denunciados por empresa petrolera año y medio antes, por la ocupación de las instalaciones para denunciar la contaminación de sus aguas y tierras, y en medio de cuyo desalojo se produjeron disturbios con la consecuencia de la muerte de un po- licía. Los indígenas fueron acusados de disturbios, violencia y resistencia con- tra la autoridad, robo agravado, lesiones graves, tenencia ilegal de armas y ho- micidio culposo o agravado.

La sentencia absolutoria, además del análisis de la responsabilidad de los pro- cesados donde no pudo determinarse ninguna responsabilidad en la muerte, hizo numerosas consideraciones sobre la falta de aplicación del convenio 169 de la OIT y la ausencia de consulta a los pueblos indígenas sobre las explota- ciones en sus territorios, utilizó los informes de la Defensoría del Pueblo, don- de señala que los derechos de las comunidades nativas de la Amazonía son vul- nerables jurídicamente y que requieren la protección: “El ejercicio del derecho de propiedad para las comunidades, es necesario para defender uno de sus derechos fundamentales: el derecho a la tierra, en las que habitan, ca-

ción minera de la zona, donde aparecieron como delincuentes. Las acusa- ciones tenían que ver con intentos de incendio, secuestro, tenencia ilegal de armas o haber producido lesiones a personas favorables a la empresa. Cuatro de los procesos llegaron a su fin y las resoluciones de los jueces fue- ron absolutorias y favorables a los comuneros quienes, según esto, fueron acusados injustamente42_.

42_{1. Proceso número 3348-2005, por el delito de incendio. El proceso se inició por un supuesto delito de in-} cendio en un campamento de la empresa minera Ascendant Copper el 10 de diciembre del 2005. Se acusó a cinco personas de la comunidad. 2. Proceso número 2751-2006 por el delito de plagio. Este pro- ceso lo siguió la empresa en contra dos miembros de la comunidad por el supuesto delito de Plagio a sus empleados el 12 de septiembre del 2006. El caso fue archivado, dado que los acusados no se encon- traban en el lugar alegado. 3. Proceso número 518-2007 por el delito de tenencia ilegal de arma. Este pro- ceso se inició en la ciudad de Quito, pese a que las Autoridades de esa ciudad no tenían competencia, pues el supuesto delito. La acusación se dio contra Carlos Zorrilla, uno de los líderes. El caso fue sobre- seído. 4. Proceso número 2767 por el delito de lesiones. Este proceso se inició contra de 7 personas de la comunidad por el supuesto delito de lesiones causadas a dos personas cercanas a la empresa. Fueron ab- sueltos de dichas acusaciones.

zan, pescan y efectúan actividades agrícolas, todas éstas basadas en relaciones de reciprocidad y vinculadas esencialmente a la conservación y desarrollo de su identidad cultural”.

El Poder Judicial no es un instrumento de persecución de nadie, nosotros actuamos de acuerdo a Ley y nuestra conciencia, y nuestra conciencia y la Ley han dictado que ellos son inocentes. Deben saber todos que hay confianza en la Corte de Justicia de Loreto, que acá se hace justicia. Es una sentencia que recoge lo que ha ocurrido y lo que no debe ocurrir. El Poder Judicial no está para resolver conflictos sociales, eso le corresponde al Estado. El Estado debe cumplir su función y no tenerlos abandonados (a los indígenas) como está objetivamente demostrado por la iglesia, Defensoría del Pueblo y otros respetables organismos. Carlos Del Piéla- go Cárdenas, juez del caso43_(Perú).

No solo los miembros de las comunidades afectadas han enfrentado procesos judiciales o amenazas de demandas. Incluso los propios peritos, abogados o periodistas trabajan en algunos de estos casos bajo presión, por la amenaza, di- recta o velada, de activar procesos en su contra. Dichas amenazas se han dado en diferentes momentos en el caso Texaco, La Oroya, o Baterias Récord, entre otros, y son una muestra de las relaciones de poder y de la extensión de la ca- pacidad de coacción, incluso en algunos casos a miembros del poder judicial. La fundamentación científica de la información, el cuidado con los procesos y una estrategia de apoyo para poder ejercer su trabajo con tranquilidad son al- gunas de las garantías necesarias en estos casos.

Cada una de las cosas tiene que tener fundamentos científicos. A dos perio- distas que la empresa demandó penalmente en Perú, literalmente eso los ha sacado de la cárcel, a nosotros nos ha salvado de que nos demanden y haya que pagar una indemnización altísima, porque la empresa está pendiente todo el tiempo de si tenemos fundamentos para nuestras afirmaciones. En- tonces mandan cartas, se quejan por la web site por lo que sea, entonces todo ese fundamento científico también es muy importante. Astrid Puen- tes, abogada AIDA Américas. La Oroya (Perú).

43_{Presidente del tribunal. Los jueces solicitaron que se archivara definitivamente la causa, anulándose los} antecedentes policiales y judiciales de los absueltos. Antes de la sentencia, los integrantes de la II Sala Penal de la CSJL hicieron un preámbulo sustentado en el respeto al Convenio 169 de la OIT relativo a los Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, los informes de la Defensoría del Pueblo, así como en la opinión de la iglesia católica. Ministerio Público se reservó el derecho de elevar apelación a la sentencia emitida.11 diciembre de 2009.