Estudios y peritajes: visibilizando los impactos y la reparación

En enero y febrero de 2009, “la histeria colectiva” en la que los directivos habían dicho que participaron esos habitantes se concretó en una evidente contaminación ambiental del suelo, aire y agua en la zona, que como ha recomendado la Asamblea Legislativa amerita que Sitio del Niño sea de- clarada zona de emergencia ambiental; pruebas contundentes agregadas al proceso y que permitieron al juez de la causa dar una resolución valiente y apegada a derecho. Alejandro Díaz, abogado, Tutela Legal (El Salvador). 4.10.a. Consecuencias ambientales y en la salud

Los estudios sobre impactos ambientales y en la salud han sido elementos clave para visibilizar los daños en muchos de los casos analizados y plantear medidas de reparación, monitoreo y prevención. En varios de ellos han sido sometidos a con- troversia cuando las empresas o Estados no querían asumir las consecuencias y aceptar la existencia del problema.

También los estudios han sido parte de lo que ha contribuido a crear una conciencia sobre el problema. En algunos casos, incluso a movilizar a las personas afectadas, como en el caso de las comunidades de la cuenca del río Corrientes en la Amazonía peruana, donde en 2006, un estudio reveló un nivel muy alto de plomo y cadmio en sangre , que fue el último detonante de la movilización indígena que llevó a la toma de las instalaciones petrolíferas, y posteriormente a la firma del Acta Dorissa. Los da- tos del estudio terminaron por concretar las percepciones y experiencias de la gente, como señala Miluska Carhuavilca, una de las abogadas que acompañan a las comu- nidades: El estudio lo hizo el ministerio de Salud. Después de ese estudio es que la gente se dio cuenta de por qué estaba mal. Sabían que estaban mal pero no sabían por qué. Después del estudio se produce la toma de las instalaciones y se firma el Acta de Dorissa. . La siguiente tabla recoge a modo de ejemplo algunos de los indicadores de contami- nación en sangre de la población indígena.

82_{Informe 2006/DEPA-APRHI/DIGESA. Informe Nº 1740-2005/DEEPA-APRHI/DIGESA. Informe} Nº 017-2005-DEIPCROA-CENSOPAS/INS.

En otros casos, los estudios se han demorado años debido a las dificultades para rea- lizarlos, la falta de seguridad y garantías para los equipos implicados, o la minimiza- ción del problema, como en el caso de las fumigaciones en la frontera entre Colom- bia y Ecuador donde los impactos ambientales y en la salud fueron negados durante años por el gobierno colombiano, diciendo que el glifosato es inocuo.

Hay un estudio del CICAD en el que se apoya el gobierno de Colombia, que que los riesgos para las personas y para la salud humana del uso de gli- fosato y Cosmo-Flux® en la erradicación de coca y amapola en Colombia eran mínimos. La toxicidad aguda del producto formulado y Cosmo- Flux® para los animales de experimentación era muy baja, las probables exposiciones eran bajas y la frecuencia de exposiciones era baja. Cuando es- tos riesgos se comparan con otros riesgos asociados con la deforestación, el uso sin control y sin vigilancia de otros plaguicidas para proteger la coca y la amapola, y las exposiciones a sustancias utilizadas en el procesamiento de la materia prima a cocaína y heroína, son esencialmente despreciables84_.

Pero este estudio sería desechado por el Instituto IDEA de la misma Universidad Nacional de Colombia, que tras revisarlo concluyó85_{que varias de las conclusiones}

Estudios Río Corrientes. DIGESA, 2006.

Tipo de muestras Niveles de impacto

Muestreos de agua y sedimentos.

Niveles de plomo y cadmio en sangre. Población infantil y adulta.

En varias zonas los cloruros superaron el valor límite de la Norma Técnica Ambiental del Ecuador (Cl-_{= 250 mg/l)}83_.

En sedimentos se determinó presencia de metales pesados (cobre y plomo) e hidrocarburos totales por contaminación de petróleo.

El 66,21% de los niños y niñas supera el límite establecido para el plomo en población infantil (hasta 10 ug Pb/dL de sangre). Entre el 15-54% de toda la población adulta, supe- ran el límite recomendado por la OMS (20 ug Pb/dL). El 99,20% de los adultos sobrepasa los valores permisibles de cadmio establecidos y el 68% está por encima del límite de tolerancia biológica para el cadmio.

83_{Se usó la Norma de Ecuador porque dichos parámetros no existían en la legislación interna peruana.} 84_{Solomon, K., et col. 2005. Estudio de los efectos del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos me-}

diante la aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG) y de los cultivos ilícitos en la salud huma- na y en el medio ambiente. CICAD. 31 de marzo.

85_{Sicard, Tomás León. 2005. Observaciones al “Estudio de los efectos del programa de Erradicación de} Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG) y de los cultivos ilíci- tos en la salud humana y en el medio ambiente” Instituto De Estudios Ambientales (IDEA)-Universi- dad Nacional de Colombia. 11 de mayo.

a las que llegan los autores no se pueden extraer de los mismos datos presentados por ellos, especialmente porque se trata de suposiciones y no de mediciones reales en cam- po. Los expertos de la OEA desestimaron varios estudios y no consultaron otros de la abundante bibliografía sobre el tema, que hubieran podido incidir en sus propias con- clusiones. Los autores centraron sus esfuerzos en buscar efectos en compartimentos eco- sistémicos en donde se supone que son menores y no en los compartimentos ecosistémi- cos en donde tales efectos son directos y fáciles de estudiar, destrucción de biodiversidad, eliminación de cultivos lícitos y erosión de suelos. Al desechar del estu- dio los efectos económicos y sociales, no es lícito que los autores utilicen el término “am- biental”, porque se ha excluido deliberadamente a la población, que es el actor más importante de la dimensión ambiental. Se sugiere, en consecuencia, que los autores modifiquen el título de su estudio.

Estos estudios se realizaron por petición de las comunidades campesinas, indíge- nas o por organizaciones no gubernamentales y fueron llevados a cabo por inicia- tiva de organizaciones de la sociedad civil.

Cuando en el año 2001 las comunidades de la frontera salieron en comi- sión a Quito para denunciar ante las autoridades las agresiones que sufrie- ron por las aspersiones del Plan Colombia, en el Ministerio de Agricultura pidieron a los campesinos que les llevaran “pruebas” de sus afectaciones. Tuvo que ser una ONG, Acción Ecológica, la que junto con un diputado recorrieron la frontera, inspeccionaron e investigaron los lugares señalados por los campesinos y contabilizaron los daños y los impactos a las personas, animales y cultivos. Tras este estudio el gobierno creó una comisión de fun- cionarios de varios ministerios que, sin llegar a los lugares de afectación “por el riesgo de la zona”, buscó minimizar los impactos antes que recono- cerlos y medirlos. No fue sino hasta el 2007 cuando se hizo el informe de la Comisión Científica ecuatoriana, que se reconocieron todos los daños que durante años se habían denunciado. Adolfo Maldonado, médico, miem- bro del CIF (Ecuador).

Para sostener sus demandas, las personas afectadas o sus representantes legales a veces han partido de condiciones realmente difíciles por carencia casi absoluta de estudios previos que muestren de una forma científica las afectaciones. Por ejem- plo, en el caso de La Oroya (Perú) los primeros estudios de afectación general se hicieron en 1999, pero para hacer la demanda ante la Comisión Interamericana los representantes tuvieron que recoger información específica de afectaciones en el grupo de personas demandantes con los que relacionar los datos generales que ya estaban disponibles para sostener la afectación. A pesar de que en la zona exis- tían estudios sobre niveles de plomo o cadmio en sangre y de contaminación at-

mosférica que mostraban un nivel de exposición muy alto, no había, ni hay hasta la fecha, estudios epidemiológicos sobre los problemas de salud más frecuentes en la zona y su relación con los niveles de contaminación, a pesar de que los efectos nocivos de la misma han sido constatados y contrastados en la literatura científi- ca mundial.

Había tan pocos datos que lo que hicimos como abogados fue levantar la información de forma unificada para los 65 demandantes. Hacer encuestas en los talleres y preguntarles cómo estaba su salud. Recoger lo que tuvieran de historias médicas, copias de exámenes, copias de análisis de plomo o me- tales pesados y con eso presentamos el caso a la Comisión. Relacionando es- tos datos con los informes que hay desde 1999, cuando se hizo el primer es- tudio más sistemático y serio de niveles de plomo en sangre. Astrid Puentes, abogada AIDA Américas. La Oroya (Perú).

En otros casos ni siquiera fue la existencia de documentación previa lo que sirvió para poder visibilizar los impactos. En el caso de la explosión e incendio posterior provocado por la explosión y el derrame subsiguiente de la refinería de Esmeral- das (Ecuador) las personas afectadas pudieron validar sus descripciones del im- pacto y los testimonios sobre existencia de casas o pertenencias que fueron total- mente destruidas, casi de forma casual. Como señala Jose Luis Guevara, uno de los líderes, habíamos fotografiado nuestra comunidad antes del incendio del 26 de fe- brero y como había quedado después. Teníamos fotos, porque teníamos un proyecto de rehabilitación de las calles y esas cosas. Teníamos algo previo y eso fue clave.

Sin embargo, dichos estudios también constituyen una oportunidad para propor- cionar una evaluación compartida de la situación, y no solo defender una posi- ción. La construcción de una visión común del problema y no la minimización, ni la negación o la crítica extemporánea como en los casos mencionados anterior- mente, constituye un elemento clave para el inicio de búsqueda de soluciones ya sean acuerdos o determinaciones judiciales para la reparación.

Las partes han llegado a un acuerdo sobre los daños y perjuicios que fue- ron causados por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy. El Infor- me de Identificación y Verificación de Daños y Perjuicios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y otros documentos de investigación consultados, así lo confirma. En tal sentido, el Estado de Guatemala reconoce su responsabilidad institucional por haber llevado a cabo la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy sin un Plan de Reasen- tamiento adecuado y haber causado los daños y perjuicios ya identificados

en el numeral anterior. Informe de Verificación de Daños y Perjui- cios. Caso Chixoy (Guatemala).

En el caso de la mina Tintaya (Perú), los estudios previos constituyeron una base para visibilizar la problemática como una herramienta de consenso que fue admitida por las diferentes partes, las comunidades afectadas, la empresa minera y los actores sociales o institucionales que participaron en el proceso (ver apartado 5.3.f.). En otros casos, donde los impactos en la salud aún no son evidentes, las formas de monitoreo y prevención ofrecen oportunidades para llevar a cabo ese análisis compartido. En otros muchos casos estas evalua- ciones están aún pendientes.

Sobre impactos en la salud hay ahora mayores infecciones de vías respirato- rias, pero no hay datos de otros impactos. La negociación ahora va para cuatro años más. Pero lo que pase después va a depender del impacto de la minera en la vida de la gente. Van a ser demandas más de tipo urbano pro- bablemente. Ojalá se tenga pronto la parte de monitoreo ambiental y los te- mas de la salud, que se van a ver posteriormente, que es la segunda parte de la lucha. Ahora están iniciando su reacomodo a los cambios de vida y se han fortalecido en estos dos años. Roberto Gamboa Vázquez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (México).

4.10.b. Una visión global de los impactos

En los casos ambientales, la mayor parte de los estudios sobre el impacto que ha tenido la contaminación, el uso de tóxicos o la pérdida de la tierra tienen un en- foque limitado y ofrecen resultados parciales. La determinación de niveles de contaminantes en agua, tierra o suelos puede mostrar grados de afectación o ries- gos, pero existen pocos estudios específicos sobre consecuencias directas en la sa- lud. Casi en ningún caso los estudios muestran las consecuencias familiares o co- lectivas de la pérdida de tierra, las consecuencias socioeconómicas de la contaminación, la pérdida de oportunidades de desarrollo por los impactos am- bientales o enfermedades, el impacto de la aculturación forzada o las violaciones de derechos humanos sufridas en muchos de ellos. Y menos aún los efectos en las relaciones de interdependencia de las especies de un ecosistema o los efectos para las comunidades biológicas en el mediano y largo plazo.

En la siguiente tabla se muestran los cambios en las actividades productivas en el caso de la represa Chixoy (Guatemala), incluidos en el Informe de Verificación de Daños y Perjuicios, tomando en cuenta los datos generales anteriores a la construc- ción y actuales, en un conjunto de variables respecto las actividades productivas.

Cambios observados en las actividades productivas Variable tierras agrícolas Producción agrícola Fertilizantes Cobertura de necesidades alimentarias Consumo regular de pescado Consumo de carne Crianza de cerdos Crianza de aves Ganado vacuno Producción del excedente y comercialización Comercialización de pescado Comercialización de maíz Comercialización de Palmilla

Descripción Después Después

Derecho de propiedades a tierra agrícola.

Área disponible de cultivo.

Porcentaje de familias que cubrían todas las necesidades de alimentación. Tierra fértil.

Está relacionado con la pérdida de tierra agrícola productiva, pastizales, acceso a recursos forestales y acuáticos. Varias veces a la semana.

Varias veces a la semana

Controversia: Dr. Gaitán anota que consumían carne 2 veces al mes (24 lbs. por familia).

Falta de espacio para poder criarlos. Para venta de pollos, huevos y autoconsumo.

El acceso a leche y otros productos lácteos se ha reducido.

Comercialización de productos hortícolas, pollos, huevos y ganado. Pesca y venta.

Excedente para la venta (de acuerdo a Dr. Gaitán existía un déficit que por el contrario tenían que comprar). Que vendían por manojo.

1,170 manzanas ( sólo 5 familias no tenían derecho a tierra agrícola) 6 manzanas promedio 79% 2 a 3 cosechas al año No utilizaban 93% las cubría 74% 30% (este porcentaje podría indicar que no todas las familias la

consumían) 82% criaba cerdos

96% (34 aves por casa)

70% (tenían 1,115 vacas) 44% 49% 37% 81% 235 manzanas (ahora son 27 familias sin tales derechos) 1.3 manzana promedio 28% 1 cosecha (2 en casos excepcionales) Se utiliza frecuentemente 26% las cubre 23% 21% 26% los cría 69% (14 aves por casa) 21% (121 vacas) 12% 3% 7% 32%

A veces los problemas tienen efectos insospechados en las personas, en las familias o en las comunidades que no se creen relacionados con la contaminación. En el caso de los afectados por la contaminación por DBCP en Ecuador las consecuen- cias de la esterilidad en muchos de los trabajadores conllevaron numerosos pro- blemas psicológicos, familiares, sociales y antropológicos que no se han conside- rado hasta la actualidad como parte de la valoración del daño o las demandas de reparación. En un artículo86_{publicado en 1995, ya se recogían dramáticos testi-} monios de personas afectadas mostrando los efectos individuales, familiares y co- munitarios.

Mi mujer y yo, desde que nos casamos, tuvimos la ilusión de tener familia. Queríamos tener hartos hijos. Y por más que no nos cuidábamos, nunca pudimos tener guaguas. Sr. Eusebio, trabajador de avanzada edad afecta- do (Ecuador).

En esta hacienda, La Felicidad, donde hemos vivido más de 20 años, sólo encontramos desgracias. Nunca hemos tenido quien nos acompañe, quien haga bulla en la casa, alegre un poco nuestras vidas. Doña Maclovia, afec- tada (Ecuador).

Mucho menos aún en situaciones como en ese mismo caso, en donde los proce- sos de negociación que dieron lugar a algunas indemnizaciones parciales no cum- plieron con garantías para la defensa de los derechos de los afectados. Este caso es un ejemplo dramático de este conjunto de consecuencias frecuentemente invisi- bilizadas.

A parte del problema socio ambiental, acompaña una cuestión antropoló- gica y cultural, que pasa por la virilidad, por la relación afectiva y la ines- tabilidad familiar. Había hombres que habían tenido 4 ó 5 mujeres fácil- mente, son gente que van cambiando de pareja porque las mujeres les van dejando. Todo este problema tiene un componente cultural y antropológico, de salud pública, laboral, por último de extermino de un pueblo que no tie- ne posibilidades de reproducirse. Son poblaciones que dejaron de tener hi- jos, dejaron de reproducirse, y las mujeres se iban con otro hombre. El im- pacto psicológico en el tema de las bananeras es colectivo, porque la gente que no tiene hijos, es el hazmerreír, es objeto de burla, y se acaba en el ais- lamiento. Estos afectados, nunca vuelven a ninguna fiesta. Se sienten dife- rentes. Hay montones de hombres solos. Se sienten rechazados porque siem- pre les hacen la bromita, y se aíslan. Su aislamiento va en detrimento de su

86_{Ana María Varea. “Chiquita, bonita peligrosita banana”. Revista Tribuna del consumidor. Quito, sep-} tiembre de 1995. Las citas de los dos testimonios corresponden al original.

participación social. En Panamá, al estar cohesionados por ser de la misma comunidad Nwong, el problema lo ven como consecuencia de la bananera, pero en Ecuador el aislamiento los mantiene solos y con vergüenza. En el campo laboral, mucha gente dejó de trabajar a los 30 años, porque no po- día más. Con 30 años tiene una pensión por invalidez de 150 USD, gente productiva, que dejó de trabajar y tenía 20 años más de producción para su familia. Ana María Maldonado, antropóloga, presidenta ejecutiva de ALDEA (Ecuador).

Otro aspecto frecuentemente invisibilizado es el de las consecuencias culturales y en el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Los problemas más fre- cuentes tienen que ver con la pérdida de territorio, la aculturación forzada en condiciones de dependencia y marginalidad, y la ausencia de mecanismos de consulta real o de respeto a los mismos cuando se han dado y se oponen a los pla- nes que se quieren desarrollar en sus tierras. El ejemplo de algunas comunidades Kichwas o Huaorani en la Amazonía muestra los problemas de aculturación for- zada de pueblos indígenas, con consecuencias muy negativas, sin que se asuman responsabilidades por ello.

Los procesos de contacto con los indígenas Huaorani no han sido los más adecuados, se quedaron en la mitad de un contacto que no saben cómo ma- nejar y que el Estado no ha manejado. Hay una serie de necesidades que se les han creado principalmente por las empresas petroleras a través de sus re- laciones comunitarias. Las petroleras crearon una relación asistencialista para generar necesidades en la comunidad y cubrirlas. Ahora tienen mu- chas necesidades, a lo que por supuesto tienen derecho, y tienen que ser re- sueltas de alguna manera, pero el Estado históricamente no les ha dado al- ternativa de conseguir recursos para suplir estas necesidades. Entonces ellos tienen que buscar de dónde cubrirlas y si no es la empresa petrolera va a te- ner que ser otra cosa, y si eso puede ser la extracción agresiva de madera, va a serlo. Eduardo Pichilingüe, biólogo, responsable de las Medidas Cau- telares del Ministerio del Ambiente en Caso Pueblos No Contactados (Ecuador).

Un elemento central de la identidad y cultura indígena es la relación con la tierra que es afectada directamente por la fragmentación de sus territorios, su ocupa- ción por proyectos productivos o población colona. Frecuentemente las comuni- dades son forzadas a cambiar su forma de vida, especialmente cuando está basada