François Houtart
Doctor en Sociología, profesor emérito de la Universidad Católicade Lovaina, profesor del IAEN.
Las Naciones Unidas decidieron que 2014 se- ría el Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF). Por esta razón, en muchas partes del mundo este tema está a la orden del día. Es también el caso
del Ecuador. Sin embargo, no se puede reflexionar
sobre un país en particular sin abordar la perspecti- va global de la creciente sumisión de la agricultura a la lógica del capital. Lo haremos en una primera parte, antes de abrir las perspectivas ecuatorianas.
La agricultura, nueva frontera para el capital internacional
No se trata evidentemente de un problema nuevo, porque la industrialización europea, por
ejemplo, significó ya en el siglo XIX una trans- formación profunda de la agricultura. La mano de obra industrial que formó en gran parte la nueva clase obrera se reclutaba en el campo. Nuevas tec- nologías agrícolas se desarrollaron para nutrir las ciudades. Profundas crisis afectaron al sector, como en Irlanda. Ya el proceso de acumulación del capi- talismo mercantil se había construido en gran par-
te sobre el producto de las plantaciones de azúcar en particular.
Concentración de la tierra y sumisión al capital
En los últimos cincuenta años, y de manera acelerada desde los años setenta, hemos asistido en el mundo entero a una concentración creciente del conjunto de la cadena agrícola, desde la producción hasta la comercialización, pasando por el procesa- miento y la producción de los insumos químicos, sin hablar del aumento de la dependencia de un número limitado de alimentos. Los monocultivos se
extendieron sobre espacios enormes. Así, en el Pa- raguay, para la zafra de 2013-2014 solamente para
la soja se utilizó una superficie de 3 300 000 hectá- reas, cuando las tierras destinadas a la agricultura
campesina fue de 1 243 475 hectáreas (Vera, 2014
junio: 17). Por otra parte, como lo escribe Laurent
Delcourt, “se reduce el número de operadores, río
abajo y de más arriba de los procesos de produc- ción. En otras palabras, la apertura y la integración
del complejo agroalimentario (productores de fer- tilizantes, intermediarios comerciales, industria agroalimentaria, grandes cadenas de distribución y demás), aumentar su control sobre las cadenas de producción, de transformación y de comercializa-
ción” (2010: 15). Se citan empresas tales como ADM,
Cargill, Monsanto, Nestlé, entre otras.
El resultado fue doble: por una parte una dis-
minución fuerte de las unidades de explotación
agrícolas y, por otra, la dependencia de los campe- sinos de las grandes empresas, bajo varias formas: insumos (especialmente semillas), acceso al merca- do, subcontratos y demás. En Europa, entre 2002 y 2010, tres millones de granjas cerraron (La Vía Campesina, 2011) y en los continentes del Sur, el proceso se aceleró desde los años noventa.
Esta evolución afectó lógicamente a la Agricul-
tura Campesina Familiar, como lo expresa un edito-
rial de ALAI consagrado al tema: “En la dinámica
de las corporaciones para subordinar la agricultura mundial a sus intereses, aparece un relato cuyo eje
es ‘incorporar’ la agricultura familiar a su cadena productiva” (Léon, 2014 junio: 1). Uno de los medios
utilizados es la contratación, como veremos en el caso ecuatoriano.
Reza Vishkai, el encargado de las inversiones
alternativas de la firma Insight Investment, concluía
en 2008, en plena crisis financiera mundial, que “la mejor protección contra la recesión en los 10 o 15
años que vienen, es una inversión en tierras agrí-
colas” (Grain, citado por Delcourt, 2010: 16). De
verdad, la agricultura es una nueva frontera para el capital.
Las consecuencias ambientales y sociales como externalidades
Como siempre, la lógica del capital no inclu-
ye las “externalidades” en sus perspectivas, es de- cir los daños ambientales y sociales. Solamente se calculan los logros económicos: la productividad, la evolución de los precios, la posibilidad de la espe- culación; es decir, lo que contribuye a la ganancia y a la acumulación. Los otros costos no son pagados por el capital sino por la naturaleza, por las comuni- dades, las poblaciones, los individuos. Estos gastos entran solamente en consideración cuando afectan la tasa de ganancia. Es por esta razón que, frente a los efectos de la degradación ambiental, nació hace
apenas diez años el concepto de “Economía verde”,
es decir, según el Programa de las Naciones Unidas para la Energía (PNUE), “una manera ecológica de realizar negocios” (Duterme, 2013: 9).
Socialmente, el modelo agroindustrial mata el empleo y está en el origen de las grandes migra- ciones hacia las ciudades. El número de personas desplazadas se cuenta por millones, especialmente en los continentes del Sur, donde el medio urbano no puede ofrecer posibilidades de empleo, hábitat ni condiciones de vida dignas a los seres humanos.
Desde un punto de vista ecológico, los resul- tados son también profundamente negativos. La deforestación crece: en Brasil, por ejemplo, se han deforestado 240 000 kilómetros cuadrados entre 2000 y 2010. La polución de los suelos y del agua se multiplica. La biodiversidad se destruye. Según una declaración de la FAO con ocasión del día mun- dial de la selva, en marzo de 2014, los monoculti-
vos, combinados con la extracción de petróleo y de productos mineros, la explotación legal e ilegal de
la madera, las represas hidroeléctricas, conducen a la desaparición de la selva amazónica dentro de
cuarenta años. Ya en Indonesia y Malasia el 80% de
la selva original ha sido destruida por los monocul- tivos de palma y de eucalipto. Además, la tierra se convierte en commodity, introducida por este me-
dio en la lógica del capital financiero: en el Brasil,
73 millones de hectáreas pertenecen a compañas
multinacionales extranjeras.
Podemos concluir con João Pedro Stedile, el fundador del Movimiento de los Sin Tierra (MST) en Brasil, y Osvaldo Léon, de ALAI:
Esta matriz productiva del agro-negocio es socialmente injusta, pues cada vez más expulsa a la mano de obra del campo; es económicamente inviable, pues depende de la importación de millones de toneladas de fertilizantes químicos; está subordinada a las grandes corporaciones que contro- lan las semillas, los insumos agrícolas, los precios, el mercado y que se quedan con la mayor parte de las ganancias de la produc- ción agrícola; es insustentable para el me- dio ambiente, pues practica el monocultivo y destruye toda la biodiversidad existente en la naturaleza, con el uso irresponsable de agro-tóxicos que destruyen la fertilidad natural de los suelos y sus micro-orga- nismos, contaminan el medio ambiente y, sobre todo, los alimentos producidos, con consecuencias gravísimas para la salud de la población (2014 junio: 3).
Por estas razones, los movimientos campesinos de todo el mundo luchan por la defensa de la agri- cultura campesina, no como un regreso romántico al pasado, sino como una solución de futuro. Pese a la declaración del AIAF, la Vía Campesina estimó que
esta expresión era ambigua, “no porque ‘en sí’ ella sea equivocada (como expresión idiomática), sino debido a que su uso actual trae implícito en esta ex- presión, ahora como concepto, la tendencia hacia la
integración y subordinación a la empresa capitalista”
(Martins de Carvalho, 2014 junio: 9). Agricultura Fa-
miliar es también la expresión utilizada por el Banco
Mundial, que reconoce que a mediano y largo pla- zos este tipo de agricultura es más productiva que la agricultura industrial, por ser menos destructiva.
Para ser totalmente clara, en su Declaración de Harare la Vía Campesina decía:
El término ‘agricultura familiar’ es muy am- plio y puede incluir casi cualquier modelo o forma de agricultura cuyos dueños directos no sean corporaciones o inversores. Incluye a pequeños y grandes productores (con gran- jas de millares de hectáreas), e incluye tam- bién a pequeños productores que dependen totalmente del sector privado a través de la agricultura por contrato u otras formas de explotación económica. Eso se promueve, en- tre otros, bajo conceptos como la cadena de valor. Es por eso que la Vía Campesina de- fiende la Agricultura Familiar Campesina y Agroecológica, en oposición a la agricultura a gran escala, industrial y tóxica del agro-nego- cio que expulsa campesinos y acapara tierras en todo el mundo (La Vía Campesina, 2011).
La Coordinadora Latinoamericana de Organi- zaciones Campesinas (CLOC), por su parte, estima que para romper las cadenas de las corporaciones deben intervenir los órganos de integración lati-
noamericana: UNASUR, ALBA, CELAC, MERCO-
SUR. En este último caso, la Reunión Especializada
sobre la Agricultura Familiar (REAF) y su capítulo ecuatoriano ofrecen un espacio de trabajo muy útil.
En 2013 se reunieron en La Paz, Bolivia, los mejores especialistas de la cuestión agraria de
América Latina, convocados por el Foro Mundial de Alternativas (FMA), en colaboración con el Grupo de Trabajo de la CLACSO sobre el tema. El semina-
rio se llamó “¿Por qué y cómo apoyar a las agricul- turas campesinas y familiares en Latinoamérica ac-
tual?” (Hidalgo y Houtart, 2014). Al final se publicó el “Llamamiento de La Paz (Bolivia) a los Pueblos
de América latina y a los Gobiernos Latinoameri-
canos”. El documento decía, entre otras cosas, que
Es necesario entonces que los gobiernos se comprometan con políticas de fomen- to agropecuario diseñadas no como hasta ahora para favorecer el agro-negocio y ha- cer dependientes a los campesinos fomen- tando el uso de agro-tóxicos y de semillas transgénicas, sino adecuadas a sus necesi- dades, usos, y prácticas agrícolas; lo que incluye infraestructura, crédito, esquemas de comercialización, investigación tecno- lógica, entre otros bienes y servicios. Polí- ticas y acciones que no deben diseñarse e implementarse desde arriba, sino en diálo- go y consenso con los productores, sus co- munidades y sus organizaciones, que son quienes en verdad saben lo que necesitan (Sipae, 2013). Este seminario siguió una iniciativa similar en Asia, en 2010, en la Universidad Renmin de Pequín, con once países asiáticos (Houtart y Tiejung, 2013).
En 2008, una iniciativa común entre la FAO y el Banco Mundial, el International Assesment of Agricultural Knowledge, Science and Technology
(AASTD), llegó a la conclusión, después de una
consulta con cuatrocientos expertos en el mundo,
que la agricultura campesina tenía un valor agre- gado superior a los monocultivos, por sus múltiples funciones sociales, culturales y ecológicas.
El panorama ecuatoriano
La situación del Ecuador se inscribe en este
contexto general. Con un proyecto sociopolítico ba-
sado en el Buen Vivir y una voluntad afirmada de
El programa de conservación Socio Bosque empezó en 2008;
desgraciadamente, inscrito dentro de la lógica del dudoso
programa europeo del mercado de carbono.
salir de la sumisión al capital internacional, la pro- moción de una Agricultura Campesina y Comuni- taria parecería una consecuencia lógica. De hecho, en la Constitución y en los Planes de Desarrollo Na-
cional existen bases reales para tal proyecto. En la
realidad, como lo veremos, poco se cumplió. Sin embargo, el interés creciente en el ámbi- to internacional y la conciencia que se desarrolló en los movimientos campesinos e indígenas, están creando una nueva situación, donde la agricultura campesina gana importancia en las preocupaciones políticas, tanto fuera como dentro de los medios gu- bernamentales, aún si se trata de una minoría. Sin
embargo, hasta ahora eso no fue suficiente para ge- nerar un cambio de orientación política.
La evolución contemporánea de la agricultura
El acceso a la tierra
Al principio de los años dos mil, el 44% del te- rritorio ecuatoriano estaba dedicado a actividades
agropecuarias y 56% a vegetación natural y selva
(Atlas, 2011: 6). Las dos reformas agrarias de 1964 y 1973 cambiaron la estructura tradicional de las grandes haciendas para modernizar el sector. La época neoliberal provocó una nueva concentración de tierras y también una aceleración de la defores- tación: entre 1990 y 2000, 74 300 hectáreas por año, y entre 2000 y 2008, 61 800 hectáreas. En diez años
(2000 a 2010) significó una pérdida de 618 000 hec-
táreas (Atlas, 2011: 3), por extensión de la frontera
agrícola, de las actividades petroleras y mineras y de la urbanización.
Con el Gobierno actual se inició un esfuerzo de reforestación. En 2013 se sembraron más de 1
500 millones de árboles (Telégrafo, 2014 junio 27)
y para 2014, el Ministerio de Agricultura anunció que se tratará de plantar árboles en 100 000 hectá- reas (Telégrafo, 2014 abril 27). El programa de con- servación Socio Bosque empezó en 2008; desgra- ciadamente, inscrito dentro de la lógica del dudoso programa europeo del mercado de carbono. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la deforesta- ción no se detuvo por las mismas razones que en el
pasado. Por otra parte, en 2014 la FAO afirmó que el 80% de la reforestación en América Latina era ineficaz, esencialmente por falta de seguimiento;
es probable que el Ecuador no escape totalmente a este fenómeno. Por otra parte, se señala también que el proceso cuenta con una débil participación
de la población local en programas que parecen im-
puestos desde el exterior.
En Ecuador el acceso a la tierra es uno de los
más desiguales del continente, con un coeficiente
de Gini (que mide la diferencia entre las grandes y
pequeñas propiedades) de 0,81. El 46,3% de las tie-
rras son propiedad del 0,68% de la población nacio-
nal (Revolución Agraria, 2011: 5). Las propiedades de menos de cinco hectáreas representan el 64% de las unidades y el 6,53% de las superficies (promedio de 1,4 hectáreas). Las de más de 500 hectáreas cons-
tituyen el 0,16% de las unidades y el 16% de las tie- rras (promedio de 1 400 hectáreas). Los minifundios
de menos de 0,5 hectáreas, que son 165 000 en el
país, es decir la mitad de las pequeñas propiedades, no permiten la reproducción social del campesino y constituyen una zona de pobreza. La situación no cambió fundamentalmente desde el último censo agrario que tuvo lugar antes del gobierno de Alian- za País: en 2014, las unidades de producción de me-
nos de diez hectáreas cobraban el 76% del total, pero ocupaban el 12% de las tierras de agricultura (Men- doza Andrade, Telégrafo, 2014 mayo 6).
En una entrevista a Le Monde Diplomatique en 2010, el Presidente Correa reconoció esta realidad:
“La tenencia de la tierra en Ecuador no ha cambiado
sustancialmente y es una de las distribuciones más
inequitativas del mundo; el coeficiente de Gini su-
pera el 0,9 en cuanto a tenencia de tierra” (Le Mon- de Diplomatique, 2010 enero 3).
Hubo en la historia varias etapas de transfor- mación de la estructura agraria. La primera fue bajo la presidencia de Eloy Alfaro, mediante la Ley de
Beneficencia o de “Manos Muertas”, expropiando
los latifundios de las órdenes religiosas. En 1964, la Alianza para el Progreso impuso una reforma agraria y se creó el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agra- ria y Colonización (IERAC). Se trataba de parcelar las
haciendas, de favorecer la colonización y extender la
frontera agrícola y también de luchar contra los mo- vimientos campesinos de izquierda. En 1979, la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, inspirada por los latifundistas en reacción contra los esfuerzos pre-
cedentes, garantizó la propiedad de las “tierras ade-
cuadamente cultivadas”. En 1994, la Ley de Desarro- llo Agrario promocionó el mercado de tierras y auto- rizó el fraccionamiento de las tierras comunales. Para cumplir con este cambio de perspectiva, el IERAC fue remplazado por el Instituto de Desarrollo Agrario (INDA) (Brassel, Herrera y Laforge, 2010: 17-20).
El 1 de octubre de 2011, el presidente Correa de-
claraba que “la pequeña propiedad rural va en contra de la eficiencia productiva… Repartir una propiedad grande en muchas pequeñas es repartir la pobreza”.
Sobre la parcelación él tenía toda la razón: la sim- ple repartición de las tierras no es una solución. Al contrario, se trata de realizar, como lo dice el MST del Brasil, una Reforma Agraria Popular, incluyendo una transformación de fondo de la sociedad rural, ofreciendo a la agricultura campesina condiciones
de eficacidad económica, social y cultural.
Sobre la productividad de las grandes empre- sas, el Presidente tiene también razón, por lo menos a corto plazo. Pero si se analiza el mediano y largo plazos, se ve que no se puede olvidar los efectos de
este tipo de explotación considerados como exter- nalidades, tales como la destrucción de la biodiver- sidad, la captación abusiva del agua, el uso masi- vo de productos químicos, la contaminación de las aguas, el agotamiento de los suelos, sin hablar de
la utilización de los paraísos fiscales para escapar a
los impuestos y del reforzamiento de una burguesía
urbana explotando la obra rural, sin contribuir de la
mínima manera a la eliminación de la pobreza. Es lo que hemos podido constatar en un estudio sobre el brócoli (Houtart y Yambi, 2013).
Evidentemente, las funciones de los diver- sos tipos de propiedad son diferentes. La pequeña agricultura es abastecedora de los alimentos para la población, generalmente con una diversidad de productos y un sistema rotativo. Respeta mucho más los ritmos de la naturaleza y se preocupa por la regeneración de los ecosistemas. En Ecuador, la agricultura campesina es la fuente principal de la alimentación del país, que todavía goza de una soberanía alimentaria. Privilegiar la agricultura de
exportación en detrimento de la agricultura cam-
pesina significa un riesgo importante de pérdida
de esta soberanía, que en el resto de los continen- tes del Sur está duramente amenazada por los Tra- tados de Libre Comercio (TLC) y otros acuerdos comerciales internacionales. A título de ejemplo, Corea del Sur, frecuentemente citada como un
modelo de desarrollo, debe importar el 78% de su alimentación, factor que influye también en el ba- lance comercial. En el Ecuador, el factor alimen- tación no parece ser prioritario en comparación con el petróleo, la energía o la minería. Además, la inadecuada política tributaria redistributiva del impuesto predial es también un obstáculo.
Las grandes unidades agrícolas están destina- das a monocultivos permanentes (banano, palma africana, caña de azúcar, piñón, brócoli) principal-
mente para la exportación, y muy a menudo ocu- pan las tierras más fértiles (Revolución agraria,
2011: 4). En 2012, 46,5% del cultivo estaba desti-
nado a este fin y la tendencia era al incremento
(Telégrafo, 2014 mayo 6), poniendo en peligro la soberanía alimentaria (Telégrafo, 2014 marzo 27). El desarrollo de cultivos para los agrocombustibles acentuó el fenómeno: en Santa Elena, por ejemplo, se destinaron 40 000 hectáreas para la producción
de etanol. En el Norte la extensión de la palma
africana afecta gravemente la vida y el entorno de los Awas. Aun si en 2013 hubo un consumo de 79 millones de galones de agrodiesel en el país, en
realidad, el fin principal es exportar para cumplir
con la nueva matriz productiva.
Los monocultivos utilizan una gran cantidad de productos químicos (Houtart y Yumba, 2013: 290) para aumentar su productividad, con conse- cuencias inmediatas negativas sobre la contami- nación de los suelos y del agua y sobre la salud de los trabajadores y de la población, además de tener efectos a mediano plazo como el agotamien- to de las tierras. Tienden también a absorber la pequeña agricultura por apropiación de tierras o
por contratos. Dan menos empleo: 0,5 por hec-
tárea para las unidades de 500 hectáreas y más, frente a 1,4 para las propiedades de 5 hectáreas
(Atlas, 2011: 24).
Evidentemente, esta problemática se aplica a la Sierra y a la Costa. Las comunidades indígenas de la Amazonia tienen una óptica muy diferente, donde el territorio es la base de la actividad pro- ductiva agrícola y de la caza.