Economista, con especialización en economía ambiental y ecológica. Cursa la maestría en Sociología en la FLACSO. Miembro de las asambleas populares urbanas y de la Asamblea de los Pueblos del Sur que articulan a pueblos afectados por la minería.
Desde el sur nos gustaría compartir algunos elementos que posiblemente el país desconoce, y cuyo conocimiento es crucial para profundizar en el estudio del proyecto gubernamental de mine- ría a cielo abierto, conocer su verdadero alcance y los medios y métodos que el Gobierno emplea para imponerlo.
La alianza entre el Estado ecuatoriano y el
capital transnacional para la explotación minera
en gran escala en el suroriente del país, al mar- gen de la voluntad del pueblo, pone en evidencia, contrariamente a la tesis demagógica de Correa, la prevalencia del capital sobre el ser humano. La
explotación del cobre en gran escala en la Cordi- llera del Cóndor tendrá un altísimo costo para el Ecuador: la devastación irreversible de una región
rica en fauna y flora y asiento ancestral del pue- blo y la cultura shuar, a cambio de una oferta de modernización que tiene todos los signos de una avanzada neocolonial.
A pesar del despliegue de los más variados recursos públicos, el Gobierno nacional no logra convencer a la población local de la validez del proyecto minero. Esta región constituye, hoy por
hoy, un escenario de conflictos no resueltos en
donde es previsible que se incrementen las tensio- nes sociales y la violencia.
Vínculo del Gobierno con el capital transnacional
Hay acciones que revelan con detalle los vín- culos del gobierno de Correa con el capital minero transnacional, así como coincidencias en el des-
pliegue de su lógica extractiva durante el período
de la Asamblea Constituyente. Es imposible no re- gresar a mirar atrás y observar detenidamente la manera como se origina, se constituye y concluye
un periodo breve (casi instantáneo) de expresión
de soberanía nacional.
El tema del mandato minero es un punto al que se recurre frecuentemente: lo han hecho las
organizaciones nacionales ante la Corte Constitu- cional, reclamando su violación, y lo han hecho varios autores (Sacher, Acosta, Báez, Corral), des- cribiendo la evasión que al respecto hace el Ejecu- tivo. La sensación de recuperación de la soberanía nacional en relación al tema minero ocurre entre la tarde y noche del 18 de abril de 2008, cuando se emitió el mandato minero, y el 21 de abril de ese mismo año, día en el que el Ejecutivo realiza sus primeras declaraciones públicas.
El primer giro. Un mandato emancipatorio
Antes de la llegada de Correa al poder se desataron luchas en el sur, en Morona Santiago, en Zamora Chinchipe, en Íntag, en Victoria del Portete, contra la ley Trole 2 y contra la ley minera, así como
en contra de la presencia de empresas extranjeras
en las cordilleras ecuatorianas. En esos procesos se levantó la tesis por la soberanía nacional. Dentro de ese marco, en la Cordillera del Cóndor hubo gestas liberadoras; se hizo justicia por cuenta propia y se
liberó de empresas extranjeras a los territorios shuar
y campesinos.
Antes de la llegada de Correa había una presión para que se revirtieran al Estado las concesiones mi- neras y se diera paso a un proceso, donde la minería industrial a gran escala no tuviera cabida. Este pro- ceso de luchas encontró eco en un sector progresista de la Asamblea Constituyente. Así se logra aprobar, con alta votación, el mandato minero No. 6, el cual permitiría cumplir con esta vieja aspiración.
El mandato minero No. 6, aprobado el 18 de abril de 2008 por la Asamblea Constituyente4, se convirtió en una figura legal sin precedentes en la
historia constitucional de América Latina. Por su intermedio, la Asamblea Constituyente pretendió
4 Para lograr este mandato se promovió una forma de trabajo
conjunto entre un sector de Alianza País comprometido con estas transformaciones y un movimiento social que venía lu- chando por transformaciones radicales en dicha materia.
El mandato minero No. 6, aprobado el 18 de abril de 2008 por
la Asamblea Constituyente , se convirtió en una figura legal sin
precedentes en la historia constitucional de América Latina.
ejercer soberanía sobre un territorio que, bajo los marcos normativos neoliberales, había sufrido un proceso agresivo de ocupación por parte de perso-
nas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras,
para el desarrollo de actividades mineras o, dadas las
“bondades” de las leyes precedentes, para activida-
des especulativas a través del tráfico de concesiones;
esta forma de entregar en bandeja de plata los recur- sos estratégicos mineros, y por ende el territorio, a
través de la figura del derecho minero concesionado
a los primeros postores, había generado que unas pocas empresas especialistas en capitalizar fondos en la bolsa de valores empezaran a acaparar conce- siones y a acumular millonarias ganancias.
El mandato buscaba: (i) poner orden en el sec- tor minero, a través de la reversión de concesiones al Estado, incluyendo como causal, entre otras, la afec- tación al agua, el no cumplimiento de los procesos de consulta y la acumulación de concesiones; en de-
finitiva, el núcleo de la recuperación de la soberanía
sobre los derechos mineros; (ii) establecer una mora- toria tanto a la entrega de nuevas concesiones como a la actividad minera metálica a gran escala, hasta la promulgación de una nueva ley minera; y (iii) dejar
clara la intención gubernamental de impulsar la mi- nería a través del anuncio de la constitución de una empresa estatal minera.
El segundo giro: el efecto ilusorio
Pero el mandato minero, que hubiera revertido gran parte de las concesiones mineras al Estado (que en el caso de la Cordillera del Cóndor estaban con- centradas en subsidiarias de empresas transnaciona- les de origen canadiense: por un lado Ecuacorrientes
S.A. y Explocobres S.A. de Corrientes Resources con 28 concesiones y 61 657 hectáreas, y Aurelian Ecua-
dor S.A de Aurelian Inc. con 39 concesiones y 95 152 hectáreas), pronto reveló su ineficacia o su débil le- gitimidad política.
Después del 18 de abril, fecha en la que caen los precios de las acciones de las principales empresas
extranjeras en las bolsas de valores, principalmente
de Toronto, el sector minero privado se mueve y lo- gra pronunciamientos claros del gobierno de Correa en torno a los alcances y límites del mandato (Moo-
re, 2008 abril 25)5.
67Veamos una breve secuencia de los hechos:
5 Jennifer Moore es periodista canadiense y colaboradora de
ALAI.
6 Correa se reúne con representantes de ocho compañías mi- neras: ECSA, Aurelian, Dinasty, Cornerston, Salazar, Inter-
national Mineral Corporation, Ecometals, Iamgold. http:// www.corriente.com/news/news.php
Este conjunto de afirmaciones del Eje- cutivo, realizadas en privado y de manera pú- blica, van en sentido contrario de la intensión del mandato minero, vinculado con la recu- peración de la soberanía territorial. Al con- trario, alientan al sector minero a continuar con un ejercicio de compra-venta de acciones que involucra la transferencia indirecta de los derechos mineros.
El 24 de julio de 2008 se anuncia un compro- miso de compra venta de acciones de Aurelian a
Kinross. La oferta por el 100% de las acciones
fue de 1 200 millones de dólares8. Los pronuncia-
mientos continuaron (ver cuadro arriba).
El 28 de julio Kinross compra 9,9% de acciones a 71,25 millones de dólares. Posteriormente, el 4 de
septiembre, en plena vigencia del mandato minero
No. 6, Kinross completa la compra de 80,8% de las
acciones de Aurelian por 960 millones de dólares. Es decir que mientras la Asamblea Constitu- yente buscaba el saneamiento del sector minero y la recuperación de la soberanía sobre importantes porciones de nuestro territorio cedidas a empresas transnacionales, las empresas, por sobre el mandato minero, continuaron haciendo transacciones bursá- tiles sobre la base de los derechos mineros entrega- dos por el Estado ecuatoriano a través de la conce- sión. Esta facilidad para especular con concesiones
y/o lograr capitalizaciones millonarias continuó en
el mismo tenor luego de aprobada la ley.
De este examen se puede concluir que la re- volución ciudadana estableció acuerdos con los ca-
8 Ver al respecto las noticias de la página web de Aurelian Kin- ross.
pitales transnacionales que fueron beneficiarios del
feriado de concesiones realizadas antes de su Go- bierno y a los que garantizó que sus intereses no
serían tocados. De este modo quedaron ratificadas
las directrices que en esta materia se establecieron durante la era neoliberal: se permitió, en plena vi- gencia del mandato minero, que mediante diversas transacciones bursátiles cambiaran de dueños los titulares de los derechos mineros ecuatorianos que debieron ser devueltos al Estado. Como si se tratara de mercancías, tal como ocurrió durante toda la dé- cada previa, los derechos mineros de todos los ecua- torianos, inalienables e intransferibles de acuerdo con las Constituciones de 1998 y de 2008, pasaron de mano a mano, primero entre empresas canadien- ses y luego de estas a empresas chinas.
Todo en medio del proceso constituyente.
El proyecto megalómano
¿Sabe cuánto vamos invirtiendo en la provincia? Cerca de 70 millones de dólares más allá de los anticipos provenientes de las regalías mineras que hemos recibido, para que ustedes, zamorano-chinchi- penses, vean el buen vivir que genera la explotación, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales no renovables que dios nos ha dado.
Jorge Glas9
Dentro del escenario que se acaba de relatar,
donde finalmente el Estado quedó subordinado a la
9 Discurso de inauguración de una de las obras que se ejecuta
en la zona en conjunto con Ecuador Estratégico y los muni-
cipios. En Guaysimi, febrero de 2014. Ver http://www.youtu-
lógica del capital financiero transnacional, capitales
chinos lograron acceder a los derechos mineros del que se llamó cinturón de cobre, una franja de unos cuarenta kilómetros de longitud por unos diez kiló- metros de ancho en la parte media de la Cordillera del Cóndor, gran parte de la cual atraviesa el terri- torio shuar y, según los antiguos posesionarios, es el yacimiento de cobre más importante el mundo
descubierto en los últimos años. A partir de la firma
del primer contrato de minería industrial a gran es- cala en Zamora Chinchipe, con capitales chinos, el Gobierno ha adquirido mayor presencia. Se pone en escena la magia: aquello que no recupera la patria aparece como recuperado por la patria.
El Gobierno nacional va dibujando, gracias a una serie de inversiones de enganche en el suro- riente del país, el escenario minero, el escenario de la futura devastación. En este proceso de or- ganización territorial a largo plazo, es importante anotar de qué modo el Estado ha recuperado en apariencia la función rectora del desarrollo social
y “comunitario”, función que, aunque de manera
muy limitada, tenían con anterioridad y de modo directo las empresas transnacionales en sus zonas
de influencia. Este golpe de timón fue, sin duda
alguna, un logro táctico en la perspectiva del pro- yecto gubernamental. Por otro lado, la situación
de “abandono” por parte del Estado central en la
que tradicionalmente han vivido los pueblos ama- zónicos constituyó un escenario favorable para el Gobierno nacional, así como para las empresas y los sectores promineros que llegan en calidad de
benefactores. En estas condiciones “favorables” el
Estado asume el papel de agente vendedor del pro- yecto minero entre las comunidades amazónicas
“marginales”, seguro de contar con medios efec- tivos de persuasión encaminado a establecer un pacto de largo alcance.
Ahora, en el sur del país y en Zamora Chin- chipe en particular, donde ya lleva dos años el pri- mer proyecto de megaminería industrial, el Estado conduce directamente el ambicioso proyecto con mucha más efectividad y aparente legitimidad que
lo que hicieron las empresas mineras en el proceso previo: distribuye las regalías anticipadas y realiza importantes inversiones en la región.
El vicepresidente Glas, acompañado del geren- te de Ecuador Estratégico y de varios ministros de sectores relacionados, se esforzaron, durante los primeros meses del año en curso y en pleno perío- do electoral, por recorrer la provincia e inaugurar
obras financiadas con las regalías mineras, con el objeto de demostrar los beneficios de la puesta en
marcha del proyecto minero y la coherencia con la que se despliega su ejecución. La promesa moviliza- dora es la de que los recursos mineros serán inver- tidos prioritariamente en esta provincia.
Es un discurso que, por un lado, se sostiene en hechos concretos: inversiones en hospitales, centros de salud, escuelas y ciudades del milenio, universidad regional amazónica, programa Socio Bosque10; y por otro lado, tiene un ingrediente clave
que se estructura en torno a un supuesto ejercicio pleno de la soberanía sobre el territorio: no es a las comunidades a las que se les han impuesto condi-
ciones sino a los inversionistas extranjeros: “se les exigió a los chinos regalías anticipadas, de otra ma-
nera no hubiéramos firmado con ellos”, expresó ca- tegóricamente el vicepresidente en febrero de 2014 en Guaysimi.
Este discurso, que se sostiene en las obras men- cionadas, va de la mano de la publicidad. Como ele-
mento central del despliegue de la comitiva oficial