Desperonizar la sociedad (1955-1972)

El período posperonista estuvo caracterizado por la inestabilidad polí- tica producto de la proscripción del peronismo y por la presencia cre- ciente de las fuerzas armadas en la vida política. La industrialización y el desarrollo siguieron siendo ejes del Estado (Scaltritti y Marcaida, 2003).

A partir del derrocamiento de Perón, esta concepción se pro- fundiza con el surgimiento del Estado desarrollista (gobierno de Artu- ro Frondizi en 1958). Este modelo es un subtipo de Estado benefactor

que, ante una realidad que no parecía hacer posible la idea de crecer y distribuir al mismo tiempo, centró su acción en la promoción y con- ducción del desarrollo económico. La etapa distributiva debía ser una consecuencia posterior al período de crecimiento y acumulación.

Las concepciones economicistas de la educación como inver- sión fueron fuertemente hegemónicas hasta mediados de la década de los años 70. Sin embargo, en el período posterior al derrocamiento del presidente Arturo Illía en 1966, se generaron sensibles modificaciones respecto de la etapa anterior. Se produjo un creciente abandono de la perspectiva de la educación como un derecho social que el Estado de- bía garantizar para toda la población. La participación de los sectores populares era considerada –tal como se había dado en las décadas pa- sadas– un peligro para el modelo de acumulación propuesto (Filmus, 1999).

A partir de 1955 se abre un período de alta conflictividad social frente a la imposibilidad política de plasmar gobiernos capaces de so- brellevar la exclusión del peronismo del sistema democrático. La pros- cripción del partido peronista genera una leve diáspora de sus votos hacia agrupaciones de perfil obrero, mientras que la mayoría de los votos peronistas apoyarían a la fórmula Frondizi-Gómez. El sistema termina siendo solamente una democracia formal en la que en muchas ocasiones las opciones triunfantes obtenían apenas el 30% de los votos o el voto en blanco resultaba mayoritario, lo que exhibía un alto grado de deslegitimación por parte del electorado. Las organizaciones sindi- cales sufrirán profundos ataques, política que se consolida con la apli- cación del plan Conintes.4 _{Mientras que el gobierno de Frondizi trata-}

ba de hacer pie en un escenario en el que se profundizaba la desigual- dad social en la distribución de los ingresos, los sectores militares más reaccionarios pedían mayor firmeza en la relación con los sindicatos. El contexto político es el de una democracia restringida que era un tipo de gobierno más entre posibles opciones; las presiones militares, la oposición de los sindicatos y la vigencia de la proscripción del parti- do mayoritario conformaban un cuadro de situación que hacía impo- sible consolidar un proyecto de democracia liberal burguesa.

El régimen se basó en la implementación de dos modelos de Estado fuertemente excluyentes de amplios sectores de la sociedad: el desarrollista y el burocrático autoritario. Por un lado, el Estado desa-

rrollista propuesto sobre todo a partir de la presidencia de Frondizi, hacía hincapié en el desarrollo de una industria pesada en el país a partir de la afluencia de capitales extranjeros, al mismo tiempo que implementaba una acción represiva en el campo de lo social. El marco político era la proscripción del peronismo –por ese entonces el partido mayoritario de la sociedad– y la constante intromisión de las fuerzas armadas en el ámbito público.

Por otra parte, la implementación del Estado Burocrático Au- toritario (EBA), según la conceptualización de O’Donnell (1982), co- incide con la dictadura militar instaurada después del golpe de 1966 y que se prolonga hasta 1973, autodenominada Revolución Argentina. El EBA fue producto de una crisis global de hegemonía del conjunto de la clase dominante, es decir, de la imposibilidad de que algún sector de la sociedad impusiera su dominación legítima y por lo tanto su proyecto económico, político y social. Este rasgo motivó hacia el inte- rior de los sectores más reaccionarios de la sociedad una idea de ame- naza respecto de un posible avance de los sectores populares en la con- creción de un proyecto por fuera de los parámetros de las sociedades capitalistas. Frente a lo que consideraban amenaza popular, se erigió un Estado caracterizado por anular los mecanismos políticos y demo- cráticos, con el fin de restablecer un determinado orden social y eco- nómico que había resultado alterado por una considerable organiza- ción autónoma de la población, en especial de los trabajadores. Se pretendía restablecer de esta manera el modelo económico desarrollis- ta basado en la incorporación de capitales transnacionales.

Tras el breve interludio del gobierno de Arturo Illía, acosado por similares tensiones de fondo, el golpe de Estado de 1966 instaló un gobierno militar y fuertemente autoritario. El precio para la socie- dad fue alto: sofocamiento de todo tipo de oposición, desestructura- ción de los equipos de trabajo universitarios y represión en los conflic- tos obreros.

El tipo de Estado vigente en la Argentina con el golpe del 66 rearticula la dominación conservadora, no sólo sosteniendo el margen de desigualdad social tradicional (o tolerable) sobre el que se basa el Estado capitalista moderno –a pesar de la supuesta igualdad ante la ley que sostiene su estructura política y jurídica– sino incluso procurando la exclusión de los sectores populares al eliminar las mediaciones de

ciudadanía y de nación que enmascaran en estas organizaciones socia- les la real desigualdad (O’Donnell, 1982). Por lo tanto, los presupues- tos del concepto de ciudadanía ligados a la igualdad abstracta, el sufra- gio y la protección jurídica frente a los actos arbitrarios (ciudadanía política y civil, según el desarrollo que venimos realizando), y la me- diación del nosotros (vinculado con la tradición populista argentina) que representa la Nación en tanto identidad colectiva y solidaridad por encima de las distinciones de clase, son nociones desplazadas por la restauración de un orden jerárquico de tipo marcial en el manejo de los asuntos públicos. El EBA en la Argentina fue fuertemente represi- vo en lo político y moralista en el campo cultural y social.

Hacia fines de los años 60 y comienzos de los 70 –al igual que en otros lugares del mundo– la juventud argentina adquirió un papel protagónico en el plano político, social y cultural a partir del cuestio- namiento de los valores vigentes tanto respecto de la vida privada como de la pública (Ollier, 2005). No fue casual, por lo tanto, que los jóve- nes constituidos en un grupo etario identificable en el campo público, fueran el sector más castigado por esas políticas. Se hicieron campañas contra las minifaldas, los cabellos largos, las vestimentas de colores vistosos. De manera paralela, se realizaron acciones tales como cortes de cabellos con bayonetas de la policía, humillaciones y represión po- licial, arrestos en comisarías, razias en lugares públicos, hoteles aloja- miento y clubes mal iluminados. Se prohibió la actividad política de los estudiantes y se anuló su derecho a participar, junto con los acadé- micos y los graduados, en el tradicional sistema tripartito de la admi- nistración universitaria. Una de las cúspides de todas estas medidas represivas fue la llamada «Noche de los bastones largos» (el 29 de julio de 1966) cuando los policías federales irrumpieron montados a caba- llo en la Universidad de Buenos Aires, ordenaron a los estudiantes y a los docentes que desalojaran las instalaciones, usaron sus porras con indiscriminada ferocidad e hicieron centenares de detenciones, mien- tras que sesenta estudiantes debieron ser hospitalizados.

Dos meses después, en una manifestación estudiantil, la policía de Córdoba hería mortalmente al joven Santiago Pampillón. En la misma ciudad, tres años más tarde, los hechos protagonizados por es- tudiantes y obreros –obreros de fábricas transnacionales paradigmáti- cas del modelo económico desarrollista– se enmarcan en el denomina-

do Cordobazo, que significó el comienzo del fin del modelo que pre- tendió imponer el EBA. Refiere Müller (2002):

El levantamiento de Córdoba fue violento: se declaró un paro activo y los manifestantes (en su mayoría estudiantes) coparon el centro de la ciudad provocando algunos destrozos e incen- dios. Diversos sectores de la sociedad civil se fueron sumando a la protesta. El Cordobazo dividió a las Fuerzas Armadas. On- ganía y el sector que lo apoyaba interpretaron el suceso como un avance del comunismo en el país y se mostraron partidarios de una firme demostración de fuerza; el otro sector, encabeza- do por el Comandante en Jefe del Ejército, general Alejandro Lanusse, mantenía una postura conciliadora, que finalmente fue la que triunfó. (p. 97)

Los reclamos fueron creciendo frente a un proyecto sin futuro y la movilización de organizaciones políticas, estudiantiles, gremiales y so- ciales fue la respuesta a la represión. Así, al poco tiempo del Cordoba- zo, se produjo la caída del gobierno de Onganía. Luego de intensas negociaciones y el concurso de otro presidente de facto (Lanusse), la salida política se obtiene permitiendo la candidatura de una fórmula peronista sin Perón. La idea fuerza de la campaña electoral fue: «Cám- pora al gobierno, Perón al poder». Con la asunción de Héctor Cámpo- ra, sectores progresistas del partido tendrán la posibilidad de pensar un proyecto distinto para el campo educativo, ligado con lo popular y nacional, aunque en este caso el perfil nacional que se plantea tiene raíces diferentes de los nacionalismos previos a la década del 40 (Por- tantiero, 1977).

En las décadas de 1960 y 1970, el EBA se concibió a sí mismo como un instrumento técnico racional para luchar contra los que con- sideraba los principales obstáculos para el crecimiento y la moderniza- ción del país: la movilización política y social de las masas excluidas de la participación y la lentitud e ineficiencia de las democracias liberales. La paradoja residía en que a pesar de haber obtenido indicadores posi- tivos en lo que respecta al crecimiento industrial, los factores desenca- denantes de su crisis fueron precisamente las movilizaciones sociales y el reclamo de la restauración de una democracia no proscriptiva que permitiera el retorno de Perón al gobierno.