Los indicadores para el estudio de las zonas mineras antiguas.

De acuerdo con los planteamientos previos que se acaban de realizar, la minería, entendida como elemento clave del paisaje del Noroeste, se enfrentó a cambios y transformaciones a lo largo de la etapa altoimperial. Se hace necesario entonces definir una serie de indicadores que permitan detectar y evaluar estos procesos de cambio.

La selección de los indicadores que serán presentados a continuación no es casual. Para escogerlos ha sido necesario partir del enfoque teórico recogido en el capítulo anterior y que descartaba, por un lado, índices y criterios propios de los análisis económicos actuales y que, por otro, buscaba analizar la minería de oro del Noroeste desde distintas escalas (local, regional e imperial) y con una perspectiva diacrónica. Con esta perspectiva, ciertos indicadores propios de los análisis económicos, tales como el cálculo del PIB o la valoración del crecimiento económico extensivo o intensivo parecían poco útiles. Su tratamiento como índices aislados y objetivados, podría dificultar la comprensión de las actividades productivas a diversas escalas y en su contexto histórico. Como alternativa a la utilización de estos índices, se propone analizar los siguientes factores, siempre entendidos desde la perspectiva diacrónica y a diferentes escalas que plantea este trabajo.

a) Mecanismos institucionales.

En primer lugar, es posible analizar los mecanismos institucionales; esto es, las actuaciones que desarrolló el Estado romano con relación a la minería del oro, pero tomando en consideración ciertas cautelas y matices respecto a los análisis realizados desde perspectivas económicas.

No hay duda de que el poder imperial intervino directamente en actividades como la agricultura o el comercio y también en la minería,

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especialmente en aquella que era gestionada directamente por el Estado. Existen varios ejemplos sobre estas intervenciones estatales en el comercio altoimperial (Harris, 2003; Lo Cascio, 2006; Bowman, 2010), a los que se pueden sumar la cuestión de la distribución de la annona (Bartlett, 1994) y ciertas leyes agrarias, como la lex Manciana o la lex Hadriana de rudibus agris para cultivo de tierras africanas (Kehoe, 1988 y 1997; Hitchner, 1995; Scholl y Schubert, 2004). No obstante, hay ciertas dudas acerca de si estas operaciones reflejaron en realidad una política deliberada o si, en cambio, hablar de la existencia de una estrategia político-económica planeada sería un anacronismo (Bowman y Wilson, 2009: 19-21).

Como ya se adelantó en el capítulo precedente, en los últimos años la corriente del Nuevo Institucionalismo planteada por North (1990), ha ganado cierta proyección en algunos estudios sobre el mundo antiguo, que se han centrado en analizar el impacto de los marcos institucionales como elementos determinantes en el desarrollo económico (e.g. Saller, 2002; Lo Cascio, 2006; Scheidel et al. eds. 2007). Estos análisis han entendido la economía como un sistema unificado que se extendió a lo largo del Mediterráneo con el dominio romano y que tomó forma a través de un marco institucional generado, específicamente, para garantizar el control económico y favorecer el intercambio (Horden y Purcell, 2000). Según esto, es posible hablar de las medidas adoptadas por el Estado en términos de dirigismo, pues Roma, a través de sus instituciones, controló las acuñaciones monetarias, los impuestos y tasas, el precio de algunos productos e incluso, la producción. La iniciativa privada se desarrolló en aquellas parcelas que no estuvieron controladas directamente por el poder imperial. De este modo, es posible determinar épocas en las que el Estado intervino menos y en las que el libre mercado tuvo mayor desarrollo (Bowman y Wilson, 2009: 16) y otras, en las que el intervencionismo estatal agotó la iniciativa privada (Chic, 2005).

Estas aproximaciones han tenido el mérito de reconocer el peso que los mecanismos institucionales, definidos por el Estado en función de sus intereses, tuvieron en el desarrollo del Imperio. Es evidente que Roma intervino en el control y explotación de ciertas actividades productivas y generó marcos administrativos, jurídicos y fiscales que garantizaron la explotación de los recursos y de las poblaciones. De hecho, el caso de las

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minas supone un claro ejemplo de cómo Roma definió, a lo largo de su historia, una serie de instrumentos que le permitieron gestionar los metalla en función de sus intereses. Episodios como el cierre de las minas de oro y plata de Macedonia (Domergue, 1990: 241-244), la prohibición de explotar las minas de Italia (Plin. NH. 3, 24, 5 y 33, 78) o la limitación del número de obreros o de habitantes en las minas de oro de Vercelli (Italia) (Domergue, 1998; Vaudagna, 2002; Sánchez-Palencia et al. 2011), son sólo algunos ejemplos de cómo el Estado intervino directamente sobre las explotaciones y adaptó sus estrategias de gestión en las etapas republicana e imperial. La dificultad reside en ver qué elementos definieron esos intereses concretos y orientaron las distintas estrategias adoptadas en cada momento.

Es precisamente en este punto donde encuentro discrepancias con las aproximaciones que tienden a considerar exclusivamente los intereses económicos desde una óptima actualista, suponiendo que el Estado adoptó medidas y definió sus estrategias basándose en criterios utilitaristas o cuantitativos, como si Roma hubiera perseguido la maximización de beneficios. Sin embargo, lejos de esta perspectiva, los intereses del Estado romano se definieron a través de criterios distintos, que no pueden disociarse de una compleja trama de medidas y operaciones que fundamentaron la organización del Imperio y que se imbrican, a su vez, en procesos políticos e ideológicos que permitieron al princeps controlar y gestionar los recursos provinciales, entre los que se contaron las minas, pero también los recursos agrarios o las poblaciones sometidas.

En el discurso de Mecenas a Augusto que ha transmitido Dión Casio (52, 8), éste le aconsejaba realizar una estimación de los recursos disponibles del Estado y un balance entre posibles ingresos y gastos, con el fin de garantizar el mantenimiento del ejército y, con ello, lograr la estabilidad de su gobierno. En el texto se especificaban como recursos las tierras propiedad del Estado, la tributación y la minería. Lo que interesa destacar es que estas medidas estuvieron en consonancia con una nueva concepción del gobierno imperial, centrada en la sistemática explotación de los territorios provinciales. No es posible entender el discurso y las medidas aconsejadas a Augusto, sin tener en cuenta el resto de procesos que convergieron en la consolidación del Principado. Al hablar en términos económicos de dirigismo o de liberalismo,

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en referencia al mayor o menor control que ejerció el Estado sobre las actividades productivas, se proyecta un concepto anacrónico y distorsionado que aísla los aspectos económicos del resto de manifestaciones de la vida política y social (Andreau, 1989: 107-108).

En conclusión, el papel del Estado y los marcos institucionales son un indicador que hay que tener en cuenta, pero siempre que se analice desde una óptica que tenga presente factores políticos, ideológicos, sociales, económicos, entendidos como elementos imbricados dentro de una misma estructura que definió las estrategias concretas que el Estado desarrolló. No hay que pensar, por tanto, en los elementos económicos y sociales de forma aislada, como si se trataran de esferas compartimentadas de una misma realidad, sino que su estudio debe formar un todo integral.

b) Acuñaciones monetarias

Las acuñaciones monetarias suponen el segundo indicador, al existir una relación entre monedas y minería. Sin embargo, aunque desde los estudios de Corbier (1989) se haya considerado dicha relación como evidente, pocas veces se ha profundizado en ella.

La vinculación monedas-minería se entiende en un doble sentido. Por una parte, el interés por mantener las acuñaciones de oro (parte fundamental del nuevo programa político desarrollado por Augusto), fue responsable de la importancia estratégica de las minas del Noroeste para el Imperio (Sánchez- Palencia dir. 2002: 25-37; Orejas y Sánchez-Palencia, 2016), por lo que la historia de las minas de oro no puede desligarse de la historia del sistema monetario. Por otra parte, desde un punto de vista cuantitativo, las acuñaciones pudieron verse afectadas por la mayor o menor disponibilidad de metales. Como la principal fuente de obtención de recursos metalíferos fue la minería (sin olvidar el peso que pudo tener el metal procedente del reciclado de piezas, Montero y Orejas, en prensa), es posible relacionar el volumen de acuñaciones y su evolución a lo largo del Imperio, con episodios de apertura o cierre de minas y con las variaciones en su administración y gestión.

No obstante, la relación entre estos tres elementos (monedas, suministro de metales y minería) resulta más problemática de lo que podría pensarse a

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priori. En primer lugar, porque se parte de estimaciones discutibles sobre el volumen total de acuñaciones a lo largo del Imperio (Howgego, 1992). En segundo lugar, porque se desconoce la proporción de metal disponible que estaría destinado a acuñar moneda y el que sería empleado en otras actividades. En último lugar, porque la minería no fue la actividad exclusiva para suministrar metal acuñable y habría que tener en cuenta la entrada de metal al sistema monetario a través de otros mecanismos, como adquisiciones de botines o refundiciones (Wilson, 2007: 109). De forma parcial, los análisis que en las últimas décadas se han realizado desde el campo de la arqueometalurgia, han aportado algunos datos interesantes que han permitido relacionar algunas acuñaciones, sobre todo de plata y cobre, con los lugares de procedencia de los minerales utilizados en las mismas (e.g. Gitler y Ponting, 2003 y 2007; Klein et al. 2004; Butcher y Ponting, 2005 y 2011; Ponting, 2009; Blet-Lemarquand et al. 2014a y 2014b). No obstante, como se verá al tratar las fuentes numismáticas, estos métodos no están libres de problemas y limitaciones.

A pesar de las dificultades, los estudios cuantitativos han permitido realizar algunas aproximaciones que, a partir de las variaciones en el peso de las monedas y en la cantidad de metal que contienen, permiten ver tendencias generales. La dificultad reside entonces en ser capaces de imbricar esos datos parciales en un contexto histórico apropiado que tenga en cuenta el resto de elementos (políticos, ideológicos, simbólicos…) de forma integrada.

c) La articulación territorial

Otro elemento que puede indicar cambios en la minería es la articulación territorial de las zonas mineras. No se trata simplemente de realizar estudios sobre patrones de poblamiento de las comunidades vinculadas con los trabajos mineros, sino de entender la minería desde un punto de vista territorial. La actividad fue parte de una determinada organización provincial y debe ser leída con relación a los procesos de apropiación y organización del espacio que se desarrollaron dentro de la estructura imperialista.

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Esta cuestión se relaciona directamente con la necesidad de realizar estudios territoriales que tengan en cuenta las formas de organización jurídico-administrativa del territorio, la explotación de los metalla junto con el resto de recursos provinciales, la articulación del sistema de civitates o las formas de apropiación de la tierra por parte de las comunidades.

d) La estructura social

Por último y de forma indisociable al punto anterior, los cambios en la estructura social de las comunidades implicadas en los trabajos mineros, son indicadores de posibles alteraciones en la minería, pues las relaciones políticas, jurídicas y sociales de las comunidades locales, formaron parte del sistema de explotación en el que se integraron las minas.

La estructura social está relacionada con el desarrollo de la minería, lo que conlleva aceptar que existe una relación entre las formaciones sociales y las formas de organizar la producción. La organización de la mano de obra minera está estrechamente relacionada con esta cuestión, así como la articulación de mecanismos a través de los cuales el Estado obtuvo beneficio de las explotaciones mineras. Según esto, la minería, como todo el sistema productivo y económico, sólo es comprensible en el contexto de las formaciones sociales, tanto a escala imperial como local.

Un análisis conjunto de los cuatro elementos anteriores puede ayudar a estudiar procesos de cambio. Desde una perspectiva diacrónica es posible detectar y evaluar las transformaciones en la minería de oro del Noroeste peninsular, así como sus causas y consecuencias. Para abordar el estudio de estos cuatro elementos es necesario hacer un trabajo que combine distintas escalas de análisis, en el que se integren procesos a nivel imperial y realidades más locales. Por otra parte, hay que recurrir a las fuentes documentales disponibles para obtener datos desde los cuales partir a la hora de analizar indicadores de estos procesos.

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