Introducción: legitimidad y acción política

Los acontecimientos del 21 de ene-ro del 2000, por los cuales el movimiento indígena ecuatoriano, en una alianza con militares de rango medio, logran destituir al presidente domócrata-cristiano, Jamil Mahuad, y constituyen un efímero Gobierno de “Salvación Nacional”, han colocado al movimiento indígena como uno de los actores políticos más tantes de la actual coyuntura. La impor-tancia política actual del movimiento indígena, no implica necesariamente que la sociedad ecuatoriana, conozca las diná-micas, los procesos y las formas organiza-tivas de los indios. Más bien al contrario, la sociedad expresa un temor ante la emergencia de un actor social y político al que por mucho tiempo se lo había despre-ciado e, incluso, siempre había sido indife-rente para el poder.

Ante la insurgencia del movimiento indígena, las respuestas han variado entre el discurso del paternalismo y de la con-descendencia, que se corresponde a un discurso de la compasión, y en el cual per-viven intactos el racismo y la prepotencia (“el reclamo indígena es justo, siempre han

sido los preteridos de la sociedad, pero…”, “los indígenas han sido manipulados por los militares…”, etc.), hasta un discurso

posibili-dad de abrir el espacio de lo social hacia nuevas formas de participación y de ción, y que condena enérgicamente la ac-ción política del movimiento indígena co-mo “golpisco-mo”, “aventurerisco-mo”, etc.

La acción de enero es parte de un complejo proceso político interno del movimiento indígena ecuatoriano, que comprende a todo lo largo de la década de los 90’s una serie de transformaciones cualitativas, tanto en su discurso cuanto en sus formas organizativas. Estas profun-das transformaciones van emergiendo ha-cia la sociedad, y su punto de inflexión puede establecerse a partir del levanta-miento indígena de 1990, que incorporó a los indígenas como un poderoso actor so-cial en el escenario nacional.

De este levantamiento hasta la par-ticipación política en 1996, a través de la creación del partido político Pachakutik, el movimiento indígena ecuatoriano cam-bia los ejes fundamentales de su discurso: de la lucha por la tierra, que caracterizó las reivindicaciones del movimiento durante la mayor parte de los años 50-80’s, a la lu-cha por la plurinacionalidad, es decir, el cuestionamiento a la estructura jurídica del Estado, marcan una importante trans-formación cualitativa.

Sin embargo, el levantamiento de enero del 2000, que parece cerrar un ciclo de transformaciones políticas del movimiento indígena, se caracteriza por realizar una crítica radical al Estado, que no había estado presente en los levanta-mientos anteriores más que a nivel retóri-co. En efecto, el pedido de disolución de

los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Le-gislativo y Judicial), y la creación de un Gobierno de “Salvación Nacional”, en la cual los indígenas tendrían una directa participación, dentro de las propuestas históricas del movimiento indígena (la lu-cha por la tierra, la plurinacionalidad), se constituye como una ruptura con respec-to a las demandas anteriores, y al mismo tiempo inaugura una dimensión nueva dentro de las dinámicas organizativas, aquella del poder.

Pero, lo que otorga un cariz diferen-te a la propuesta de crítica radical al Esta-do, e incluso la crítica radical al proyecto de “democracia” es la transformación del movimiento indígena en factor real del poder. Los indígenas logran una alianza estratégica con militares de rango medio, que transforma radicalmente el panorama político del Ecuador y que cuestiona seve-ramente los límites de la democracia.

Empero, esta transformación cuali-tativa plantea una multitud de nuevos problemas, tanto en la formación de dis-cursos, cuanto en la adecuación de las es-trategias organizativas, como en el campo de la legitimidad, la credibilidad y la lega-lidad de la propuesta indígena: ¿Fue legíti-mo el levantamiento de enero y el poste-rior golpe de Estado? ¿Estaba en la agenda del movimiento indígena la destitución al ex presidente Mahuad? ¿Hubo el suficien-te diálogo al insuficien-terior de las bases del mo-vimiento para apoyar esta acción? ¿Había una propuesta alternativa, consensuada, discutida y legitimada desde las bases, a la destitución de los tres poderes del Estado?

¿Se habían abierto canales con otros secto-res de la sociedad para legitimar las accio-nes previstas en enero? ¿Cómo queda a fu-turo la estructura organizativa y la pro-puesta política del movimiento indígena? ¿Cómo afectarían estos acontecimientos ante las futuras elecciones?

A fin de comprender y evaluar los acontecimientos de enero, es necesario comprender el proceso que ha experimen-tado el movimiento indígena en el cual lo-gra su visibilización como actor social y su posterior transformación en uno de los sujetos políticos más importantes del país. 2. La constitución de un sujeto político: las demandas por la plurinacionalidad en los noventas

La controversia por la plurinacio-nalidad es la lucha por el reconocimiento a la diversidad, por el derecho a existir y pervivir en la diferencia fundamental frente al proyecto de la modernidad y frente a la expansión del capitalismo. Pero es también la crítica radical a la constitu-ción del Estado, a sus formas de represen-tación política, a sus estructuras de poder oligárquicas. La plurinacionalidad eviden-cia el fracaso de constituir un “Estado-Na-ción” bajo un proyecto nacional. La con-cepción de plurinacionalidad apelaba al concepto de Nación y con ello desbarata-ba, por decirlo así, todo un andamiaje simbólico, ideológico, jurídico y político construido desde la idea de la “Nación Ecuatoriana”.

Cuestionar al Estado desde la Na-ción, equivalía a desnudar ese entramado

de relaciones simbólicas y reales del poder. La Nación Ecuatoriana era una sola y a su interior se abrigaban diferentes opciones que finalmente tendrían que integrarse a un “proyecto nacional”, era la prioridad de las elites. Cuando se produce la emergen-cia de los indios como actor soemergen-cial en el le-vantamiento de 1990, el Ecuador estaba viviendo un profundo proceso de trans-formación a doble nivel. Por un lado, se habían consolidado las políticas de ajuste y el país entraba en una etapa de consoli-dación del modelo neoliberal, y, por otra parte, el movimiento indígena se había consolidado política y organizativamente a partir de una noción diferente y nueva para aquel entonces, aquella de la identi-dad y la cultura como ejes organizativos. Proceso cuya emergencia está en el levan-tamiento del 90.

Así, uno de los principales líderes y teóricos de la nueva organización social indígena, Luis Macas, al respecto esta-blece:

“… nuestra demanda contempla el pedi-do de reforma al artículo 1 de la Constitu-ción Política del Estado, reconociendo al país como Estado plurinacional, ya que consideramos que nos identificamos co-mo nacionalidades indígenas, que forma-mos parte de un Estado plurinacional… Esta demanda se orienta, al mismo tiem-po, al reordenamiento constitucional y la creación de leyes e instrumentos jurídicos que permitan nuestro derecho a la auto-determinación… El derecho que deman-damos a la autodeterminación, consiste en crear un régimen (autoGobierno) que nos permita tener competencia legal so-bre la administración de los asuntos

in-ternos de nuestras comunidades, en el marco del Estado nacional”. Rf. Macas, Luis: El levantamiento indígena visto por sus protagonistas. En: Indios. Una refle-xión sobre el levantamiento indígena de 1990. ILDIS, Ed. Abya-Yala, Quito, 1992, p. 25).

Existen varias lecturas a este pá-rrafo:

Uno: el cuestionamiento al Estado y

a su afán de construir un “proyecto nacio-nal” a partir de la homogenización y la construcción de una Identidad Nacional, un cuestionamiento que nos indica que este proyecto había fracasado. De haber tenido éxito, los indios no habrían tenido razón en reclamar un reconocimiento y una integración en condiciones de respeto a su diferencia.

Dos: los indios se establecen como

los otros, los Diferentes, a este proyecto identitario. Para ellos su diferencia actúa como elemento de unificación estratégica, política y organizativa. Se asumen como los otros y reclaman ese status. Ello impli-ca que el debate político tiene que necesa-riamente cambiar sus coordenadas de comprensión. Si se generan respuestas desde lo mismo, el otro siempre será con-trapunto y disrupción. Por ello su pro-puesta llega al corazón de la estructura misma de la dominación política. No es gratuito su pedido de reforma al artículo 1 de la Constitución. Es el artículo funda-mental. A partir de este artículo se defini-rá el Estado mismo, sus sistemas de repre-sentación, su ser y su deber-ser. Cambiar este artículo significa reconocer otro

de-ber-ser para el Estado, un deber -ser en el que la diferencia, o si se quiere la alteridad, proponga nuevos contenidos. Reconocer la diferencia significa relativizarse. El reco-nocimiento de esa relativización es justa-mente el Estado plurinacional. Una relati-vización que alcanza a los contenidos del poder y la dominación.

Tres: los indios reconocen el status

vigente. Aceptan el marco constitucional e incluso el marco del Estado nacional, co-mo ellos lo llaman. Pero al misco-mo tiempo que lo aceptan como condición general, imponen condiciones que ameritarían una transformación profunda y radical de ese marco constitucional. Para ellos es da-ble vivir dentro de los límites de un “con-trato social”, pero hay que reformular este contrato social y reconocer el derecho a la autonomía de los diferentes. Autonomía, es darse a sí mismo sus propias reglas, lo que los indios dicen es que el Estado, el proyecto de Estado que habían construido las elites en todo este tiempo, debe tener límites y que hay que crear un nuevo Esta-do, aquel que respete esos límites y la po-sibilidad de la autodeterminación política.

Cuatro: la noción de ciudadanía

que emergía de esta propuesta contradice aquella que sirve de sustento de legitima-ción y que otorga legalidad al sistema de-mocrático y al sistema de representación. Si se cambia el artículo 1 de la Constitu-ción, entonces debe generarse un nuevo concepto de ciudadanía. De hecho, tal co-mo se había constituido el Estado Nación llamado “Ecuador” la ciudadanía siempre fue utilizada como recurso estratégico del

poder para restringir la capacidad política de la sociedad. Desde sus inicios como re-pública, siempre se limitó la ciudadanía a la propiedad, al hecho de saber leer y es-cribir o a la mayoría de edad.

Así, la plurinacionalidad es el eje es-tratégico a partir del cual el movimiento indígena articula su discurso, sus prácti-cas, y sus organizaciones, frente a la socie-dad, durante la década de los noventa. Es natural, entonces, que la lucha por la plu-rinacionalidad afecte la formación de los imaginarios sociales y las construcciones simbólicas elaboradas por el poder sobre lo indígena, y afecte también a la estructu-ra misma del poder.

Pero, la lucha por la plurinacionali-dad se presenta básicamente como una lu-cha política. Dos eventos son claves dentro de este proceso, por una parte, la ratifica-ción, en 1998, del Congreso Nacional del Ecuador, del Convenio 169 de la Organi-zación Internacional del Trabajo, OIT, y por otra, la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1998 que reco-noce la existencia de los Derechos Colecti-vos para los pueblos indígenas. Como an-tecedente, ya en 1994, se había cambiado la Constitución y se había aceptado que el Ecuador es un país pluricultural y mul-tiétnico. Respecto a la declaratoria por la plurinacionalidad del Estado, hasta el mo-mento, el sistema político parece haberse cerrado totalmente a la sola posibilidad de discutirla, menos aún aprobarla.

Pero para que se hayan dado estos dos eventos fueron necesarias profundas transformaciones políticas y organizativas

al interior del movimiento indígena y en la sociedad. La primera de ellas fue la comprensión del papel que juega la insti-tucionalidad en toda estrategia de poder. El movimiento indígena supo darse cuen-ta de que si no accedía a los espacios insti-tucionales, sobre todo a aquellos del siste-ma de representación política, sus desiste-man- deman-das tenían pocas posibilidades de ser escu-chadas. La clase política, como la llama Gaetano Mosca, había clausurado el deba-te, desde el inicio de la formación de la re-pública, a la diferencia. Los otros, simple-mente, no existían.

Pero, para acceder a estos espacios de representación, había que adscribir las reglas de juego del sistema y había que cambiar el discurso anti-sistema por un discurso en el cual era posible el cambio dentro del sistema. Para el movimiento indígena fue una transacción bastante du-ra pero que evidencia un pdu-ragmatismo bastante realista.

Su primer ensayo fue la convocato-ria a una consulta popular hecha por el Gobierno de Sixto Durán Ballén, en 1995, para privatizar el sistema de la seguridad social. Esta fue una oportunidad en la cual el movimiento indígena pudo aliarse con otros sectores de la sociedad civil y llevar adelante la campaña en contra de la priva-tización de la seguridad social. Los resul-tados fueron alentadores y sorprendieron a sus mismos organizadores. De ahí a pre-sentar candidaturas para las elecciones de 1996 había solamente un paso.

En 1996, efectivamente, se constitu-ye el Movimiento de Unidad

Plurinacio-nal Pachakutik, un movimiento cuya complejidad ameritaría un estudio más detallado. La conformación de este movi-miento plantea algunas interrogantes den-tro del sistema de representación política: ¿es un partido político?, ¿cuál es el papel que juegan los indios dentro de este movi-miento?, ¿cómo se constituye su política de alianzas con otros sectores?, ¿cuál es su proyecto político?, ¿cuál es su relación con la CONAIE?, ¿constituye realmente el “brazo político” de la CONAIE?, ¿cómo respondieron las estructuras organizativas a este nuevo requerimiento político?

La creación de este movimiento im-plica una separación formal con la clase política existente y el tutelaje que esta cla-se había ejercido siempre sobre los movimientos sociales, y la aparición de un movimiento nuevo dentro de la institu-cionalidad democrática.

Su primera representación parla-mentaria es significativa, cerca del 10% del total, y el acceso al control, por vez pri-mera, de varios poderes locales. Es justa-mente uno de sus diputados más emble-máticos, el dirigente indígena de la pro-vincia de Chimborazo, Miguel Lluco, quien posibilita la ratificación por parte del H. Congreso Nacional del Convenio 169 de la OIT por el cual se reconocen los derechos de los pueblos y naciones ances-trales.

El movimiento indígena puede, de esta manera, adecuar los espacios institu-cionales ganados dentro del sistema de re-presentación política de manera integrada con su proyecto político y con su visión al

largo plazo.

Por otra parte, para el proceso polí-tico que se inicia con la Asamblea Nacio-nal Constituyente de 1998, el movimiento indígena, da cuenta de que el campo nor-mativo generado por la ratificación del Convenio 169 de la OIT se demuestra in-suficiente para construir un Estado pluri-nacional. La visión de las elites es que el movimiento indígena debe darse por sa-tisfecho con la declaratoria de plurietnici-dad y pluriculturaliplurietnici-dad. El objetivo, según las elites, debería ser el apoyo a las refor-mas políticas del Estado que garanticen la gobernabilidad. En efecto, un investigador vinculado al grupo CORDES, señala:

“La propuesta indígena es otro de los te-mas de urgente atención a nivel de refor-ma del Estado. Es complejo y difícil tratar ya que choca con concepciones tradicio-nales sobre el Estado y su papel. El reto para los pueblos indígenas, como parte de la sociedad ecuatoriana, y el reto de la so-ciedad con los indígenas es hacer viable la reforma. Las declaraciones constituciona-les del Ecuador como Estado pluriétnico y pluricultural, reflejan esa diversidad y ter-minan con la tendencia de asimilación que ha caracterizado a nuestro país desde su nacimiento. La ratificación por parte del Ecuador del convenio 169 de la OIT es una respuesta alternativa para el proble-ma indígena, que no necesariamente im-plica el riesgo de buscar su solución por medio de una Asamblea.” (Mejía Acosta, Andrés y Wray Reyes, Norman: Asamblea Nacional para la Reforma Política. Lími-tes y Posibilidades. Documento de Traba-jo No. 1, Proyecto Cordes-Gobernabili-dad, Quito, abril 1997,p. 21).

Este texto demuestra que la noción de pluriculturalidad no había sido enten-dida por las eites. Así, la Asamblea de 1998, clausura una vez más el debate sobre la plurinacionalidad al tiempo que ratifica su énfasis en lograr cambios políticos orientados más en la gobernabilidad de la democracia que en el cambio sustancial que había exigido el movimiento indíge-na. Quizá el proceso de enero del 2000 pueda entenderse a partir de esta clausura del espacio político que los indios habían reclamado desde inicios de la década. Si el sistema de representación política se había negado a escuchar las demandas de pluri-nacionalidad y había confiscado toda for-ma de representación política de la Asam-blea a favor de los partidos políticos tradi-cionales, entonces los indios habrían de privilegiar en la coyuntura posterior sus formas de lucha y su discurso antisistema. Se constituirán en el eje de contrapoder más importante que exista en el país, y su estrategia institucional tendrá nuevas prioridades, esta vez orientadas hacia lo local más que lo nacional. Pachakutik co-mo co-movimiento político cede su espacio y su iniciativa a la CONAIE.

3. Los levantamientos indígenas en el