Editorial Boletín ICCI, No. 20, noviembre del 2000
A mediados de este año la Confede-ración de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, entregaba a la máxima autoridad electoral del Ecuador, el Tribu-nal Supremo Electoral (TSE), las firmas suficientes que respaldaban su pedido de reforma radical del sistema político ecua-toriano. Entre otros aspectos, el plantea-miento de la CONAIE proponía la disolu-ción del actual Congreso Nacional, la rees-tructuración total de las cortes de Justicia, y la implantación de un sistema de repre-sentación política, según la CONAIE, más democrático y más acorde a la situación nacional, amén de la reforma económica que implicaba en lo fundamental desar-mar el esquema de dolarización vigente. Todos estos aspectos deberían ser parte de la convocatoria a un referéndum nacional. Esta demanda se inscribía dentro del nue-vo proceso político iniciado por el movi-miento indígena a partir de los aconteci-mientos del 21 de enero del 2000.
La reacción de los sectores oficiales a este pedido de la CONAIE se enmarca dentro de una doble estrategia de desarti-culación y deslegitimación al movimiento indígena. En efecto, después de los aconte-cimientos del 21 de enero, las elites econó-micas y políticas del Ecuador, centraron su interés en delimitar, dentro de un es-quema de control, el efecto político del
“21 de enero”, y estrechar un cerco alrede-dor de la CONAIE. Es dentro de esta es-trategia, que se inscribe la iniciativa de en-juiciar a los dirigentes de la CONAIE, por supuestas faltas de tipo formal en la entre-ga de las firmas para el plebiscito. De todas maneras, para entender esta estrategia, es necesario comprender cómo se han rearti-culado las relaciones de poder y los dis-cursos dentro del Gobierno y las elites, en relación al movimiento indígena, después del 21 de enero del 2000.
Desde fines de enero hasta la víspe-ra de la movilización indígena de septiem-bre, medió un tono de prudencia y de mo-vimientos que podrían considerarse como cautelosos por parte del Gobierno. Su prueba de fuego, como habrían de consi-derar diversos sectores de la sociedad, se-ría la promulgación de medidas económi-cas a mediados de año (junio del 2000), previas a un acuerdo con el Fondo Mone-tario Internacional (FMI), acuerdo que se presentaba como requisito y garantía para una renegociación exitosa de la deuda ex-terna ecuatoriana.
El paquete económico de ajuste que se impuso el mes de junio, es una prueba de esa prudencia que caracterizó en sus primeros meses al gobierno del Dr. Gusta-vo Noboa. Efectivamente, el paquete de ajuste dejaba en suspenso, al menos tem-poralmente, los aspectos más conflictivos de las medidas económicas: la supresión del subsidio al gas de uso doméstico y el alza desmesurada, tal como proponía el FMI, de los precios de los combustibles, del impuesto al valor agregado y de la energía eléctrica. Y, de otra parte, y por vez
primera en la historia de los ajustes eco-nómicos, la propuesta gubernamental consideraba un importante esquema de política social.
Esta prudencia le permitió al Go-bierno sostenerse sin mayores contratiem-pos en lo que se consideró una coyuntura difícil, aquella del mes de junio, y le posi-bilitó recomponer su estrategia de acuer-dos políticos y avanzar de manera más au-daz en la imposición de su esquema priva-tizador y neoliberal. De hecho, esta re-composición política le sirvió al gobierno del Dr. Noboa para imponer más tarde, un conjunto de reformas de carácter radical a varias leyes que instauran de manera abrupta aquello que el Banco Mundial de-nomina “reforma estructural”, y que tiene que ver con la privatización total de lo pú-blico, es la llamada Ley Fundamental para la Transformación Económica, o conocida también como “Ley Trole II”.
Una ley de esta naturaleza, no pue-de imponerse si no median procesos pue-de neutralización y control político a actores sociales susceptibles de generar inestabili-dad social y provocar una oposición que termine por deslegitimar la propuesta, tal como ocurrió durante el anterior gobier-no de la Democracia Popular, del Dr. Jamil Mahuad. Urgía, entonces, mantener un cierto control político sobre actores consi-derados fundamentales, entre ellos, quizá el más importante de la coyuntura actual, el movimiento indígena.
De allí que de la tibia repercusión social de la movilización indígena del mes de septiembre a la imposición de la deno-minada “Ley Trole II”, medie una especie
de dialéctica perversa, por la cual la apa-rente debilidad del movimiento indígena se corresponde con una mayor fortaleza y capacidad de imposición por parte del Gobierno. El aparente fracaso de las movi-lizaciones indígenas del mes de septiem-bre, implicaron de esta manera el fortale-cimiento del Gobierno y el avance de las propuestas más radicales en cuanto a pri-vatización e imposición neoliberal.
Sin embargo, desde fines de enero, al interior de las elites del Ecuador el ma-lestar con respecto a la importancia políti-ca y estratégipolíti-ca que cobró el movimiento indígena, se correspondió con una doble estrategia que buscaba deslegitimarlo, de-sarticularlo y reducir al máximo todo el espacio político que los indígenas habían ganado al interior de la sociedad.
Una primera estrategia, de tipo más bien pasivo, fue aquella de la deslegitima-ción política-jurídica del movimiento in-dígena a partir de un discurso que hacía de la defensa de la institucionalidad del sistema democrático el eje de su argumen-tación. Los indígenas, se decía, habían ro-to con la institucionalidad y habían pre-tendido imponer un gobierno de facto. Su debilidad política al no poder ganar en las urnas electorales, se expresaba en su aven-turerismo político, tal era el eje del discur-so. Un argumento que dejaría de tener pertinencia a partir del resonante triunfo del movimiento indígena en las elecciones seccionales y municipales del mes de ma-yo del presente año.
Una segunda estrategia de tipo más activo empezó a configurarse justamente después de las elecciones del mes de mayo,
y por la cual se presentaba al movimiento indígena como un actor social que impo-sibilitaba la modernización del Estado y que carecía de propuesta política. Esta es-trategia habría de volverse más radical en el paso del tiempo hasta la presentación de las firmas de respaldo por parte de la CO-NAIE para la convocatoria a un referén-dum nacional sobre la reforma política y económica del Estado.
Allí, las elites vieron una oportuni-dad de oro para deslegitimar públicamen-te a la CONAIE y a sus dirigenpúblicamen-tes. En efec-to, las firmas presentadas por la CONAIE adolecían de serios problemas de tipo for-mal. La recolección de las firmas de respal-do presentadas por la CONAIE, dijeron los principales voceros del TSE, mostraban varios procesos de falsificación, tergiversa-ción, manipulación e incluso engaño. El razonamiento, entonces, era bastante sim-ple: la CONAIE había engañado al país por cuanto las firmas que se presentaron ado-lecían de fallas de tipo legal y formal: si la CONAIE y sus dirigentes habían cometido un falta de este tipo entonces debían pagar las consecuencias. El Presidente del TSE, un militante del partido de extrema dere-cha, Partido Social Cristiano, PSC, en un caso inédito en la política ecuatoriana, uti-lizó una cadena nacional de radio y de te-levisión para “denunciar” las faltas cometi-das por la CONAIE, y pedía públicamente a la Fiscalía de la Nación que tome cartas en el asunto y que sancione a los responsa-bles. Sobre los contenidos de las preguntas planteadas por la CONAIE jamás se dijo absolutamente nada.
Se trataba de una audaz maniobra de tipo político, destinada a limitar el es-pacio de acción social y política de la CO-NAIE, a través de su deslegitimación pú-blica y, de ser posible, del enjuiciamiento penal a sus principales dirigentes. De esta manera, el Presidente de la CONAIE había engañado al país, se decía, y había mani-pulado información de tipo legal. Su des-tino obvio debería ser el juzgamiento pe-nal, manifestaba el Presidente del TSE. La Fiscalía del Estado se sumó a la iniciativa e inmediatamente abrió un proceso de in-vestigación en contra de las principales autoridades de la CONAIE.
La lógica política de las elites del poder, era que golpeando al Presidente de la CONAIE, se golpeaba a la organización en su conjunto, y con ello se podía generar a su interior un serio proceso de descom-posición política, e incluso, de luchas por el poder interno que terminarían debili-tándola y a la postre dividiéndola. Una Conaie dividida es fácilmente manipula-ble y puede ser sometida a las coordenadas del poder. Una lógica que recuerda a aque-lla por las cuales el poder había logrado neutralizar y controlar a los sindicatos obreros. El pretexto estaba dado por las presuntas irregularidades cometidas por la CONAIE en la presentación de las fir-mas de respaldo para su propuesta de ple-biscito. Un pretexto por lo demás bastante intrascendente por cuanto en todo proce-so de este tipo, es bastante normal que un número indeterminado de firmas recogi-das en la calle adolezcan de cierto tipo de fallas. Una experiencia que la conocen
ca-si todos los partidos políticos existentes en el Ecuador, incluido, obviamente, el PSC.
Ahora bien, casi concomitantemen-te con estas “denuncias” del TSE, la CO-NAIE entra en un proceso de redefinición política interna y asume seriamente sus errores, y se autocritica cuestionándose por la pertinencia de acciones de tipo más bien propagandístico y coyuntural, olvi-dando el proyecto político global y su ho-rizonte estratégico al largo plazo. Inclusive el presidente de la CONAIE es seriamente cuestionado por no haber velado por la vi-gencia del proyecto político al largo plazo y por haberse distanciado de las bases. La CONAIE, en esta ocasión, asume sus erro-res y el costo político que ello implica y, quizá sin saberlo, desarma la estrategia que había sido montada en su contra des-de las elites.
Efectivamente, si el Presidente de la CONAIE tiene que asumir los errores co-metidos, la organización indígena está dispuesta a hacerlo. En otras palabras, la CONAIE es una estructura política y or-ganizativa cuya complejidad rebasa la lec-tura superficial que habían hecho las eli-tes, y en la cual la probable salida de su Presidente no resquebrajaría sus procesos internos, no suscitaría ninguna disputa interna por el poder, al menos en los tér-minos en los cuales se había pensado des-de las elites, y, menos aún, terminaría por dividirse o debilitarse.
En los medios de comunicación, se había ido consolidando la idea de que la CONAIE había cometido un tremendo error, que rayaba en los límites de lo
per-mitido jurídicamente, con la presentación de las firmas para llamar a un plebiscito para provocar una reforma radical del Es-tado ecuatoriano.
Ahora bien, la CONAIE asumía pú-blicamente su error y declaraba que bus-caría los culpables de tal proceso. Los me-dios de comunicación recogieron este mea
culpa de la CONAIE, y con ello
posibilita-ron la consolidación de una imagen na-cional de respeto y estima hacia la organi-zación indígena. Tal como está conforma-da la política ecuatoriana, era la primera vez que un actor social asumía las culpas por sus errores sin victimizarse y sin bus-car chivos expiatorios. La sociedad civil re-conoció este acto y vio en el movimiento indígena una madurez política que siem-pre había reclamado a su clase política.
Si la sociedad civil aceptaba de buen grado la posición autocrítica de la CO-NAIE, y la veía como un referente para construir consensos en la práctica política, entonces la estrategia de desarticular a la CONAIE por la vía judicial, aduciendo fa-llas en la recolección de firmas no tendría el impacto que se había buscado en un ini-cio. De esta manera, la CONAIE desarma-ba toda una estrategia destinada en su contra y que de haberse producido, sin duda, la habría golpeado, debilitándola.
Desde el pronunciamiento hecho por la CONAIE de su autocrítica ni la Fis-calía de la Nación ni el Presidente del TSE ni los medios de comunicación, siguieron con el “affaire” de las firmas, al menos hasta la fecha de edición de esta publica-ción. Se estableció un mutismo bastante
revelador de cómo funcionan y se estruc-turan las tácticas del poder para debilitar a sus enemigos políticos.
En efecto, el “affaire” de las firmas presentadas por la CONAIE, permite evi-denciar las relaciones existentes entre los niveles institucionales y no institucionales del poder. La elaboración de discursos, la utilización de las leyes, el manejo de la in-formación, las declaraciones y motivacio-nes de la “opinión pública”, la manipula-ción de la imagen pública, la formamanipula-ción de los símbolos, etc., muestran hasta qué punto las estructuras de poder constitu-yen una totalidad orgánica que actúa es-tratégicamente en función de sus inte-reses.
Lo institucional y lo no institucional se adecuan estratégicamente a los intereses del poder, y su retórica se encamina más a justificar y legitimar la lógica del poder que aquella de la institucionalidad. Lo de-muestra el caso de la Fiscalía del Estado, que ha guardado un silencio bastante cómplice con los atracos del sector finan-ciero y con todos los actos de corrupción denunciados en el Ecuador, pero que ha actuado de manera rápida y obsecuente a la insinuación hecha por el PSC de llevar a los tribunales a los dirigentes indígenas.
La CONAIE y el movimiento indí-gena deben tener conciencia de esta ac-ción estratégica de todo medio escrito, vi-sual, ideológico, semiótico o simbólico que hacen las elites para defender sus inte-reses. No existen medios de comunicación neutrales, ni tampoco existen discursos que no tengan cierta intencionalidad
polí-tica. Asimismo, las instituciones vigentes más allá de actuar en función propia lo hacen, al menos en el Ecuador, en concor-dancia con los intereses de las elites y del poder.