Editorial Boletín ICCI, No. 21, diciembre del 2000
El Ecuador de fines del año 2000, configura una serie de situaciones que se constituyen como referenciales para lati-noamérica. Es el primer país que anunció de manera oficial un programa de dolari-zación total de su economía. Asimismo, fue el primer país en entrar en moratoria en el pago de los bonos Brady de la deuda externa, y en virtud de ello, su propuesta de renegociación constituyó un globo de ensayo para los mercados mundiales de capitales, que, gracias a la experiencia ecuatoriana, pudieron neutralizar los po-sibles efectos de contagio de la moratoria de la deuda externa del Ecuador.
Por otra parte, en Ecuador existe un poderoso movimiento social, liderado por el movimiento indígena, que ha provoca-do la destitución de provoca-dos presidentes de la república (Abdalá Bucaram en febrero de 1997, y Jamil Mahuad en enero del 2000), e incluso la conformación de un breve go-bierno de carácter “popular”, encabezado por militares y representantes de la socie-dad civil (21 de enero del 2000). Hasta ahora, se ha bloqueado el programa de privatizaciones conocido como reforma
estructural del Estado, y es uno de los po-cos países que ha logrado defender su pa-trimonio nacional de la voracidad privati-zadora.
Estos fenómenos otorgan al país una complejidad que amerita un lectura atenta a la actual coyuntura política. En efecto, el proceso de dolarización de la economía ecuatoriana, hasta el momento la propuesta más radical en ese sentido en todo el continente, ha funcionado más bien por aspectos coyunturales que por razones estructurales de reforma econó-mica. La dolarización en Ecuador, se sos-tiene más bien por los altos precios del pe-tróleo, y por las importantes remesas que envían los migrantes residentes en el exte-rior (más de mil millones de dólares en el 2000). Fuera de estos dos sectores, el pa-norama se presenta como desolador. Los exportadores ceden posiciones en el mer-cado mundial frente a competidores más eficientes, y las inversiones extranjeras en el Ecuador son casi nulas.
Justamente para otorgar una apa-rentemente base más sólida a la dolariza-ción, el Gobierno ecuatoriano propuso una serie de medidas económicas, cuyo objetivo fundamental era la privatización total de lo público y la transferencia de re-cursos del Estado hacia las empresas pri-vadas. Esta iniciativa gubernamental abar-caba una reforma a cerca de 22 leyes de la República en un solo acto legislativo. Por ello la ciudadanía denominó a esta pro-puesta de ley como “Trolebús II” (o tam-bién conocida como Trole II).
Para el Gobierno era de fundamen-tal importancia la aprobación de esta Ley.
En cierto sentido, había apostado toda su legitimidad y todo su capital político en esta iniciativa. Si la propuesta era aproba-da por el Congreso Nacional, el Gobierno podía emprender una agresiva política de privatizaciones y de reducción del gasto público del Estado. Las privatizaciones no comprendían solamente las empresas es-tatales, sino también los espacios de lo pú-blico: playas, minería, agua, tierras, recur-sos naturales, etc. Estas privatizaciones ga-rantizarían el flujo suficiente de inversión para sostener la dolarización.
De hecho, la aprobación de esta ley se presentaba como fundamental e im-prescindible para el régimen, por cuanto ella garantizaría la entrada de recursos frescos vía privatización, recursos indis-pensables para una economía dolarizada, de ahí todos los esfuerzos realizados por el Gobierno a nivel legislativo para su pues-ta en vigencia. Pero al interior del Congre-so se perfilaba una corriente de oposición, no tanto por una disconformidad con la política del régimen, sino más bien por-que éste se había identificado totalmente con el partido de extrema derecha, el par-tido socialcristiano, asumiendo como su-yas todas las disputas provocadas por este partido político.
Ello generó un ambiente de tensión en el cual se situaba en un polo el dere-chista Partido social Cristiano, con el Go-bierno como principal aliado, y en el otro polo, el resto de partidos políticos. De ahí que se mantuviese un ambiente de tensión al interior del Congreso Nacional que ter-minaría finalmente en varios conflictos a su interior. El Gobierno aprovechó
justa-mente un impasse administrativo interno del Congreso, impasse, vale recalcar, pro-vocado justamente por el Partido Social-Cristiano, para lograr la aprobación de la Ley “Trolebús II”, o Trole II, por el minis-terio de ley. Es decir, en virtud de que el Congreso no había podido pronunciarse en el tiempo indicado por la Constitución sobre este proyecto de ley calificado de ur-gente por el Ejecutivo, y una vez transcu-rrido el plazo para su discusión, este pro-yecto de ley se convertía automáticamente en ley de la República.
Esta maniobra le dio un respiro al Gobierno y posibilitó que a su interior se configuren respuestas de tipo cada vez más autoritario frente a los múltiples re-clamos de la sociedad civil sobre el carác-ter no constitucional de la ley aprobada. Es en este contexto cuando el movimiento indígena ecuatoriano articula una nueva forma de quehacer político que reconfigu-ra nuevamente el escenario político en el Ecuador.
Efectivamente, el movimiento indí-gena realizó una serie de consultas al inte-rior de la sociedad civil y construyó un documento de contrapropuesta a la deno-minada Ley “Trolebús II”, al tiempo que elaboró un documento por el cual demos-traba fehacientemente el carácter incons-titucional de la ley aprobada. Este docu-mento sería la base sobre la cual el Tribu-nal ConstitucioTribu-nal del Ecuador, la máxi-ma instancia en aspectos constitucionales, revisaría más tarde la Ley “Trolebús II” y comenzaría un proceso de debate sobre la pertinencia constitucional de la misma.
Debatir la pertinencia constitucio-nal de la ley “Trolebús” significaba un des-gaste político del régimen que podía con-vertirse incluso en una derrota política. Así lo entendió el gobierno y de ahí su po-sición autoritaria frente al pronuncia-miento del Tribunal Constitucional y su amenaza de llevar a juicio a sus miembros si éstos decidían la inconstitucionalidad de este cuerpo legal.
Sin embargo, el Tribunal Constitu-cional, acogió el pedido de inconstitucio-nalidad de la Ley “Trole II”, planteada por la CONAIE, y discutió uno por uno los ar-tículos impugnados por la esta organi-zación. De esta manera, el movimiento in-dígena había logrado, de una parte, posi-cionar sus objetivos políticos y, de otra, había conseguido limitar el espacio de ac-ción política del Gobierno.
Finalmente, el Tribunal Constitu-cional del Ecuador acogió la mayoría de las críticas e impugnaciones que hiciera la CONAIE, y declaró la inconstitucionali-dad de varios artículos de esta cuestiona-da ley. Hasta allí la coyuntura política del Ecuador. Una lectura más atenta, nos de-muestra que hubo una serie de condicio-nes sociales y políticas que hicieron posi-ble que la CONAIE juegue un papel fun-damental en este proceso que ha significa-do al Gobierno una grave derrota política. La CONAIE esta vez no protagoni-zó un levantamiento, ni amenaprotagoni-zó con mo-vilizaciones nacionales. Su actuación fue de tipo más estratégico y se correspondió a las condiciones políticas del momento. Después de que la CONAIE había
acepta-do el fracaso de las movilizaciones del mes de septiembre de este año, y entrara en un proceso de redefinición política interna que culminó con la convocatoria a un nue-vo Congreso Constitutinue-vo para el próximo año, parecía que la capacidad política del movimiento indígena era restringida y li-mitada. La CONAIE no podía convocar a un levantamiento general en contra de la Ley “Trole II”, ello era evidente. Pero den-tro del movimiento social, era el actor con más fuerza y el que más legitimidad tenía como para presentar un recurso de incons-titucionalidad de la ley Trole II.
La revisión constitucional de la Ley Trole II significa, en primera instancia, un freno a la propuesta neoliberal y de priva-tización del régimen. En segunda instan-cia, la CONAIE logra restringir el espacio de acción política del régimen y lo somete a un desgaste que lesiona seriamente su le-gitimidad. En tercer lugar, recorta las am-biciones del Gobierno de capitalizar a fa-vor suyo los éxitos aparentes de la dolari-zación y construir desde allí una platafor-ma de respaldo popular al largo plazo. En cuarto lugar, inaugura una nueva forma de lucha y de resistencia que se basa en los esquemas y mecanismos institucionales de la democracia representativa. En quin-to lugar, pone en riesgo una estrategia de geopolítica de poder por la cual se busca-ba crear un área dólar adscrita y busca-bajo el control directo de los Estados Unidos, y en la cual el Ecuador jugaba el papel de mas-carón de proa.
Es cierto que hubo una serie de condiciones previas que posibilitaron esta
victoria política de la CONAIE. Entre ellas están: la falta de habilidad del régimen por construir apoyos legislativos mayoritarios, la recurrencia a mecanismos que deslegiti-man de entrada su propuesta de ley y que son típicos de la vieja clase política ecua-toriana; su adscripción sin límites al Parti-do Social Cristiano y a las sectores vincu-lados a la agroexportación de la Costa ecuatoriana; la prepotencia del discurso oficial de negarse a debatir con la sociedad civil los contenidos, alcances y repercusio-nes de esta propuesta de ley; la carencia de un proyecto político y de desarrollo al lar-go plazo, la intransigencia del Partido So-cial Cristiano que posibilitó la consolida-ción de un amplio espectro de partidos políticos en la oposición al régimen, etc.
Lo que realmente está en juego con esta ley, es la vigencia del esquema de do-larización. Si la propuesta de privatización y de reforma neoliberal del Estado no tie-nen mayor viabilidad, entonces está en riesgo todo el proceso de dolarización, y con él toda la legitimidad del Gobierno. Si la dolarización fracasa, el Gobierno pierde legitimidad, el esquema monetario perde-ría atractivo para la región, y la política de privatizaciones se vería nuevamente sus-pendida. Los inversores extranjeros no tendrían la seguridad jurídica necesaria para comprometerse con la política de privatizaciones. Y sin apoyos internos ni externos, el espacio de maniobra del Gobierno se reduce, de la misma manera en que se reduce su capacidad a futuro pa-ra imponer nuevas condiciones.
Ahora bien, ¿qué implicaciones po-líticas a futuro tiene la demanda de
in-constitucionalidad presentada por la CONAIE? ¿Podía la CONAIE reconfigu-rarse políticamente a partir de esta ma-niobra política? ¿Si se aceptaba su pro-puesta de declarar inconstitucional la Ley Trole II, ello repercutiría en los espacios político-organizativos del movimiento in-dígena?
Es cierto, por otra parte que el mo-mento en el cual el Tribunal Constitucio-nal decide apoyarse en el pedido de la CONAIE para debatir la Ley trole II, reco-noce la importancia política de ésta y con ello consolida la posición lograda por la CONAIE al interior de la sociedad civil ecuatoriana.
Sin embargo, esta actuación políti-ca de la CONAIE ha sido más bien discre-ta y no ha alcanzado las repercusiones que tuvieron los levantamientos y moviliza-ciones indígenas. Se inscribe más bien en la esfera de la negociación política que de una u otra manera excluye a la mayoría de la población. Indudablemente se trató de una hábil maniobra y refleja la importan-cia que ahora las instituciones del Estado dan al movimiento indígena.
Pero se trata de una maniobra más bien ajena a las prácticas tradicionales de la CONAIE y del movimiento indígena. Dentro de la estructura organizativa de los indios del Ecuador, el diálogo cobra una dimensión fundamental. La CONAIE te-nía que haber articulado este tipo de re-cursos políticos, que son totalmente legíti-mos en la lucha contra un modelo de im-posición y de poder, con un diálogo con las bases. Es precisamente desde el diálogo que pueden construirse los consensos. Y
los consensos aseguran la participación comunitaria que legitima todo tipo de ac-ción y propuesta.
Pero una maniobra de este tipo, he-cha desde la coyuntura, y cuyos tiempos políticos están delimitados por la misma coyuntura, es decir, lo que ahora es perti-nente puede dejar de serlo mañana, no se adecua coherentemente a las prácticas po-líticas del movimiento indígena. Ello pue-de apreciarse sobre todo en las resolucio-nes adoptadas por la asamblea de la CONAIE a inicios de diciembre del pre-sente año. Las resoluciones apuntan justa-mente a recrear los mecanismos de inte-gración entre la dirigencia y las bases. Es en virtud de ello que la CONAIE no ha re-clamado como un éxito político la decla-ratoria de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley Trole II. Más que una victoria del movimiento indígena, es una prueba de fuerza para la sociedad civil ecuatoriana que tendrá que mantenerse vigilante ante las pretensiones futuras del régimen, y constituye una coyuntura que revela la complejidad del movimiento in-dígena, y los delgados límites entre la legi-timidad y el poder.