La biblioteca en el trillo de la ciudadanía

Es imposible hablar de democracia – aunque sea de democracia ciudadana o participativa – sin hablar de poder. La cuestión de fondo, cuando se trata de los modelos democráticos, es quién detenta el poder. Como se enunció en el capítulo anterior, la participación ciudadana propone una redistribución del poder. La teoría de los stakeholders propone algo similar, es decir, incluir la opinión de los grupos de interés en la gestión de la organización con el objetivo de minimizar el impacto negativo de las decisiones tomadas por la organización o en el mejor de los casos que estas decisiones sean ventajosas para todos los grupos de la comunidad. Al tratarse de división o redistribución del poder se habla también de responsabilidad social.

El tema de la responsabilidad fue ampliamente estudiado y debatido en diferentes ámbitos del saber cómo la filosofía (ética), el derecho (creación de leyes y códigos deontológicos), las ciencias políticas (esquemas de valores) y en los últimos años también ha tenido un gran impacto en las ciencias empresariales y el marketing, hasta introducirse en el discurso cotidiano como se ve en el uso de términos como responsabilidad social corporativa (RSC) o empresarial (RSE).

No se profundiza aquí en las diferencias entre los distintos conceptos, pero sí se presenta una breve definición de los mismos:

126  Responsabilidad social.

Es el compromiso que tienen todos los actores sociales (ciudadanos, empresas, instituciones públicas, ONGs, etc.) en la labor de incrementar el bienestar de la sociedad ya sea a nivel global o local (Melle Hernández, 2007).

 Responsabilidad social empresarial.

Consiste en “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales, medio ambientales y sus operaciones comerciales y sus relaciones con todos sus interlocutores” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001, p.7).

 Responsabilidad social corporativa.

Tiene el mismo significado que el concepto anterior, pero de forma más inclusiva ya que el término “corporativo” abarca a todo tipo de organizaciones tanto del sector público como privado, tengan o no ánimo de lucro (Navarro Garcia, 2008).

En este punto se podría plantear la cuestión: ¿Una institución pública no es ya en sí misma socialmente responsable? En principio, cualquier acción de un servicio público, como la biblioteca, debe tener un impacto positivo para la sociedad ya que su principal función es servir a la misma. Aun así, se podría decir que la RSC en el sector público debe promover que todas las decisiones sean lo más favorables, más ventajosas y más adecuadas posibles a las necesidades del mayor número de grupos sociales o por lo menos de aquellos que tienen mayor relación o son más influenciados y/o dependientes de las actividades de la institución.

Aunque se pueda entender que las instituciones públicas son por definición socialmente responsables este es un tema controvertido en el seno de las mismas como se puede ver en el estudio del Instituto de Innovación Social de ESADE (2007), que reúne las opiniones de un conjunto de representantes de empresas, sector público y ONGs que trabajan en la promoción de la RSC y presenta algunas reflexiones de interés referentes a las administraciones públicas:

 El estado además de promover la responsabilidad social debería aplicarla. No es congruente que por un lado existan instituciones públicas estudiando esta materia y las administraciones públicas

127 no la pongan en práctica. Deberían servir de ejemplo para las demás organizaciones.

 Aunque las administraciones públicas siempre buscaron servir a las comunidades la RSC se presenta como un marco totalmente diferente de la gestión clásica de estas organizaciones. El foco ya no será solo proporcionar un servicio de excelencia, que se verificará por las encuestas de satisfacción, sino que toda la administración debe estar centrada en el ciudadano.

 Las administraciones aún no saben cómo poner en marcha este nuevo modelo de gestión. Existe poca información y parece haber cierta instrumentalización de la RSC por parte de la clase política lo que se traduce en que los funcionarios no lleguen a entender cuál es la implicación política y práctica de todo este proceso.  A nivel práctico, los funcionarios públicos temen que haya una

hiper-normativización, creando certificaciones o pautas de actuación como sucedió en los últimos años con las cuestiones relacionadas con la protección medioambiental.

De forma general se podría decir que las administraciones públicas se encuentran en el <punto cero> de todo este proceso. Es decir, son conscientes de que es necesario implementar, ya que el contexto social lo demanda, un nuevo modelo de gestión, con el que sus acciones sean lo más ventajosas posibles para todos y contando con la opinión de los ciudadanos, pero no saben ni cómo hacerlo, ni qué objetivos deben lograr con el mismo.

Las reflexiones anteriores pueden además abrir un debate más amplio, relacionándolas con la participación ciudadana y la teoría de los stakeholders. Todos los gobiernos o estados intentan mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, favorecer el bienestar social y promover la democracia. ¿Son entonces las administraciones públicas el centro de promoción de las libertades fundamentales y del espíritu democrático? En el caso concreto de las Bibliotecas, ¿cómo ayudan a crear una sociedad más responsable y democrática?

Desde el primer Manifiesto de la UNESCO sobre las bibliotecas públicas de 1949 se destaca el papel que estas deben tener como agentes en el proceso educativo

128 y como creadoras de una fuerza comunitaria. Aunque solo en el Manifiesto de 1972 se utiliza por primera vez el término <democrático>:

“La biblioteca pública es una demostración práctica de la fe de la democracia en la educación de todos como un proceso continuo a lo largo de la vida, así como en la apreciación de los logros de la Humanidad en el campo del saber y de la cultura” (UNESCO, 1972, p.1)

Aunque el término democracia tiene allí la acepción de un “acceso igualitario” como se detalla a continuación en el mismo manifiesto:

“Para lograr completamente sus objetivos, la biblioteca pública ha de ser de fácil acceso y sus puertas han de estar abiertas para que las utilicen libremente y en igualdad de condiciones todos los miembros de la comunidad, sin distinción de raza, color, nacionalidad, edad, sexo, religión, lengua, situación social o nivel de instrucción.” (UNESCO, 1972, p. 1).

Hasta la edición de 1994 no se recoge claramente cómo puede contribuir la biblioteca al desarrollo democrático de las sociedades:

“La libertad, la prosperidad y el desarrollo de los individuos son valores humanos fundamentales [que] solo serán alcanzadas cuando los ciudadanos estén en posesión de la información que les permita ejercer sus derechos democráticos y tener un papel activo en la sociedad” (citado por Ventura, 1998, p.8)

La idea de una democracia activa, como se puede observar, viene asociada al libre acceso a la información. En la misma línea van las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de Bibliotecas Públicas al afirmar que estas instituciones:

“desempeñan un importante papel en el progreso y mantenimiento de una sociedad democrática al ofrecer a cada persona acceso a toda una serie de conocimientos, ideas y opiniones” (2001, p.8)

Se puede indicar que hubo un pequeño cambio de perspectiva en la función democrática de las bibliotecas públicas en sus principales “guidelines”

129 internacionales. Así en la primera versión de 1949 no hay una referencia clara al papel de las bibliotecas en los sistemas democráticos; la versión de 1972 habla de democracia en el sentido de igualdad de oportunidades en el acceso a la información y la versión de 1994 deja claro la importancia de estas instituciones en el ejercicio de los derechos democráticos. En resumen, el papel democrático de las bibliotecas públicas, aun teniendo en cuenta las diferencias entre cada versión, está directamente asociado al acceso a la información y se puede intuir que en su base estaría la premisa <una sociedad informada es una sociedad democrática>.

En la misma línea encontramos el trabajo de Correia (2007, pp. 51-65) sobre la biblioteca como espacio de ciudadanía, donde se señalan tres factores esenciales para que un ciudadano sea activo: acceso a la información, alfabetización y alfabetización informacional y/o científica también conocida por ALFIN33_{. En dicho}

estudio la autora cita los seis tipos de información necesarios para el ejercic io de la ciudadanía (Stela citado por Correia, 2007, p. 57):

1. Información para orientación del ciudadano (donde acudir para resolver un problema específico).

2. Información detallada sobre los derechos y deberes.

3. Información sobre procedimientos administrativos y procesos políticos.

4. Información específica sobre casos individuales o políticas específicas.

5. Información factual sobre servicios y actividades.

Aunque se trata de cuestiones de índole personal, permiten al ciudadano ubicarse en la sociedad y conocer la estructura política y jurídica en que se encuentra. Este tipo de informaciones suelen estar disponibles en cualquier biblioteca de lectura pública, además, en servicios como <la biblioteca responde> ofrece indicaciones

33 _{“La ALFIN es, en resumen, saber cuándo se necesita información y tener la capacidad de localizar,}

evaluar y aplicar eficazmente la información requerida, independientemente del formato en que esta se encuentre y del fin al que se vaya a aplicar (académico, laboral, personal o social).” (Campal García, 2006)

130 detalladas y puede orientar el ciudadano. En el mismo trabajo, Correia señala la función que puede o debe tener la biblioteca pública como agente de alfabetización informacional, que al contrario de lo que se pueda pensar aún sigue vigente

Durante mucho tiempo la función de las bibliotecas parecía intocable, constituyéndose como el principal punto de acceso gratuito e igualitario a la información. La proliferación e integración de las TIC (ordenador personal,

Smartphone, Tablet etc.) en la vida diaria de gran parte de la población occidental

y el desarrollo de nuevos motores de búsqueda con un alto grado de usabilidad como Google vinieron a destronar a las bibliotecas como punto de acceso privilegiado a la información. Aunque muchos vean en estos hechos los indicios del fin del sistema bibliotecario, realmente lo que se plantean son nuevos desafíos, entre ellos, el desarrollo de habilidades para seleccionar la información pertinente, y posteriormente, transformarla en conocimiento. Así la biblioteca del siglo XXI se constituye como un centro de formación en el acceso y tratamiento de la información, promoviendo la alfabetización informacional (funcional) y evitando el crecimiento de la brecha digital en todos los niveles etarios y sociales de la comunidad. Aunque parezca que esta es una situación ya superada, que la población en general tiene un nivel básico de competencia lectora, es decir, que además de saber leer, saben interpretar la información, estudios como PIAAC (OCDE, 2013) y PISA34 _{(OCDE, 2014) muestran lo contrario.}

PIAAC es el Programa internacional para la evaluación de competencias en la población adulta (16-65 años) promovido por la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico). Su principal objetivo es mapear las habilidades cognitivas de los individuos por países, analizando la comprensión lectora y el cálculo matemático. En 2013 participaron en el estudio 26 países pertenecientes a la UE o la OCDE: Alemania, Australia, Austria, Flandes (Bélgica), Canadá, Chipre, Corea, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido (Inglaterra e Irlanda del Norte), República Checa, Rusia, Suecia.

34 _{Solo se menciona de ambos estudios lo relativo a la competencia lectora, por considerarse el área}

131 En relación a la comprensión lectora35 _{el estudio propone una escala creciente de}

cinco niveles (1-5). Los resultados del informe de 2013 indican que España es uno de los países con mayor porcentaje de adultos en los niveles más bajos de comprensión lectora (inferior a 1, 1 y 2) y consecuentemente menor porcentaje en los niveles más altos (3, 4 y 5), teniendo una valoración media de 251 puntos, cuando la media europea es de 270 puntos y la de la OCDE es de 272 puntos (fig. 22)

Figura 22 - Niveles de competencia lectora por país es del informe PIAAC (OCDE, 2013)

35 _{“Habilidad para entender, evaluar, utilizar y relacionar textos escritos. También se consideró la}

lectura digital, que requería conocimientos como usar enlaces y habilidades para navegar por diferentes medios utilizando diversas herramientas” (2013, p. 30)

132 Uno de los puntos clave del PIAAC es la relación directa entre la comprensión lectora y aspectos de la vida cotidiana como el estatus laboral, el nivel de ingresos y la salud, demostrando el impacto social de la promoción de la lectura. Asimismo el estudio hace referencia a que en España se lee menos que en el promedio de los países del informe.

PISA es el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, promovido por la OCDE, cuyo principal objetivo es analizar las competencias de alumnos de 15 años en las áreas de matemáticas, lectura y ciencias. En relación a la lectura (fig. 23), España tiene una valoración de 488 puntos siendo el promedio de la UE de 489 y de la OCDE 496. Aunque los resultados sean bastante mejores que los del informe PIAAC, España sigue estando por debajo de los valores medios de la UE y la OCDE.

Figura 23 - Niveles de competencia lectora por países del informe PISA (OCDE, 2014)

Según los datos anteriormente mencionados se puede concluir que la promoción de la lectura y la competencia lectora aún constituyen áreas que es necesario promover, principalmente por parte de las instituciones públicas. Asimismo hay

133 que tener en cuenta que la competencia lectora es una habilidad individual, por ese motivo debe ser trabajada y potenciada en cada individuo. El reto de tener más y mejores lectores perdurará a lo largo del tiempo y este hecho tiene una implicación directa en la creación de una ciudadanía activa, compuesta por individuos que puedan ejercer una posición crítica ante el mundo que los rodea.

Con los datos previamente señalados se busca reflexionar sobre la función democrática de la biblioteca y qué condicionantes puede tener en un contexto como el español.

De este modo se puede afirmar que la promoción de una democracia activa o participativa es un tema complejo. Primero, las instituciones públicas como la biblioteca deben conocer los nuevos ámbitos de gestión donde se incluye la participación ciudadana y la responsabilidad social corporativa. En segundo lugar, en el caso de las bibliotecas, se debe comprender que el acceso a la información ya no es el único punto a tener en cuenta en la creación de una sociedad democrática, sino que ésta debe ser promovida a través de la inclusión de los ciudadanos en la gestión de los servicios. Es decir, se trata de fortalecer la ciudadanía a partir de la práctica de la misma. En tercer lugar, es importante saber que una sociedad activa depende de algunos factores contextuales, como por ejemplo el grado de alfabetización y alfabetización informacional de la población, aunque esta desconozca su importancia o sus propias limitaciones. Así, en países como España la promoción del nivel de alfabetización informacional puede constituir un “valor barrera”36 _{que defina la biblioteca y contribuya a preparar a la}

comunidad para una participación más eficiente.