Participación ciudadana
Capítulo 3 La nueva gestión bibliotecaria: teoría de los stakeholder y
participación ciudadana.
“Hay sombras de diálogos que deshicimos bajo los flujos de las sábanas a contraluz, con la complicidad de la despedazada mañana en el manto de la neblina, mar blanco que imprime preguntas enroscándose en la fortaleza de madera para colarse por las rendijas de los propósitos del amanecer de un nuevo mundo, de un día claro”
Hasier Larretxea
“Esta é a madrugada que eu esperava O dia inicial inteiro e limpo
Onde emergimos da noite e do silêncio E livres habitamos a substância do tempo” Sophia de Mello Breyner Andresen
“Hoje vi de longe onde vamos ficar e como só já dormisse na espera ergue lavado um novo e branco dia”
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3.1 La biblioteca del siglo XXI: nuevos contextos de cambio
Se puede considerar el siglo XX como la Era de la innovación y del progreso científico y tecnológico. Autores como Pelini Claudio (2016) han llegado a afirmar que se ha producido más conocimiento en las últimas tres décadas del siglo XX que en todos los siglos anteriores. El descubrimiento del ADN (1962), el primer alunizaje (1968), el primer teléfono móvil (1973) y la creación de la World Wide
Web (1990) son puntos claves en la historia de la humanidad. Además la
disolución de fronteras entre teoría y técnica, la gran inversión de los estados en investigación científica y la rápida integración de los nuevos hallazgos en la vida cotidiana hacen de los siglos XX y XXI una época de transformaciones constantes. Se podría afirmar que hoy la Tierra gira más rápido.
Nos encontramos en un contexto de sucesivos cambios, a los que deben adaptarse tanto las personas como las instituciones Según Casas Romeo se entiende como cambio “toda modificación del modelo, cultura o estructura de un sistema organizativo que posee un carácter perdurable” (citado por Lozano Díaz, 2006, p. 35). En el ámbito organizacional los términos cambio y adaptación pueden ser considerados como sinónimos o al menos guardan una estrecha relación entre sí; y ninguna institución – principalmente del sector público – debe quedarse fuera de este proceso.
Analizar el actual contexto es un ejercicio complejo debido a la falta de distanciamiento por lo que extraer conclusiones definitivas es una tarea casi imposible. Teniendo esto presente, se indican a continuación, los dos principales motivos que impulsan el cambio dentro de los servicios públicos.
3.1.1 Las múltiples redefiniciones del Estado del bienestar
El Estado del bienestar o benefactor es un concepto de las ciencias políticas y económicas, según el cual el estado debe incentivarla creación de servicios y políticas que promuevan los derechos de los ciudadanos y la mejora social. Dicho concepto surge después de la Gran Depresión, aunque solo alcanza su auge pasada la Segunda Guerra Mundial y en algunos países como España y Portugal solo en los años 80 con el final de las dictaduras. Este movimiento buscaba la creación de políticas que asegurasen un conjunto de derechos básicos – seguridad social, sanidad, educación, cultura, entre otros – con el propósito de
116 proteger a los ciudadanos que se encontrasen en situaciones de riesgo y de propiciar la igualdad social.
En un primer momento, se consideraba necesario subsanar las necesidades sociales básicas – alimentación, habitación y salud – para que los ciudadanos pudiesen participar activamente en la vida social de las comunidades y acceder de forma más o menos igualitaria a servicios como la educación y la cultura con el fin último de promover el bien común e impulsar una democracia más sólida. Una de las consecuencias directas de la sociedad del bienestar fue la creación de nuevas demandas sociales como la educación y la cultura. Entiéndase esta última tanto en su vertiente de adquisición continua de conocimiento como de ocio. Ejemplo de estas políticas es el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (ONU, 1948, p. 4) que señala que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes…” o la Constitución Española (España, 1978, p.8) que va un paso más allá afirmando en el artículo 44.1 que “los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”.
Desde 2008, debido a la crisis mundial, se produjeron cambios significativos en las políticas de bienestar con un fuerte impacto negativo en el ámbito cultural. Así, incluso con grandes recortes en este ámbito28 los ciudadanos continuaron
demandando servicios culturales y considerándolos como un derecho suyo. Por ello, las instituciones culturales deben continuar ofreciendo sus servicios, con los mismos niveles de calidad aunque el contexto haya cambiado completamente. Debido a lo dicho anteriormente, entraron en el vocabulario cotidiano de las entidades públicas, ahora con un valor de urgencia, términos como planificación estratégica, sostenibilidad, financiación alternativa y un conjunto de metodologías para el aprovechamiento de recursos. Nunca fue tan importante como hoy el análisis del entorno y el saber explotar al máximo el capital financiero y humano de las instituciones públicas.
Los servicios públicos de cultura, como las bibliotecas, demostraron en general una gran capacidad de adaptación a los nuevos contextos sin olvidar sus funciones tradicionales de promoción de la lectura y acceso a la información. Asimismo, hay que recordar que las bibliotecas y otros servicios culturales, han combatido la idea instalada en algunos sectores políticos y sociales de que la
28 En 2011 muchas bibliotecas en España vieron sus presupuestos para adquisiciones y actividades
117 cultura es un bien social ya alcanzado que no necesita un refuerzo constante, sosteniendo la necesidad de continuar invirtiendo en los ámbitos de cultura y educación para evitar un posible retroceso social.
3.1.2 Los nuevos conceptos de servicio público
En estrecha relación con el punto anterior está la idea que actualmente tiene la ciudanía de lo que son o deben ser los servicios públicos. La mayor parte de los ciudadanos entienden los servicios públicos como un derecho suyo. Según Lozano Díaz “los ciudadanos desean que las actividades de la administración sean lícitas, legales, pero además reclaman cada vez más que sean efectivas y eficientes” (2006, p.43).En la misma línea Obregón & Vilalta (citado por Lozano Díaz, 2006, p.45) dice que los ciudadanos “reclaman que cada vez más el cumplimento de la legalidad vaya asociado a una participación social proactiva de su administración, a un servicio más transparente y cercano a ellos”.
Se identifican cuatro ejes principales en la transformación del concepto de servicio público (fig. 19):
Figura 19 - Cuatro ejes de la transformación de los servicios públicos
Los cuatro ejes, que se pueden entender también como valores institucionales, no son puntos aislados sino que deben ser entendidos como cuatro facetas interdependientes de una misma realidad.