Ledesma se internó en la clínica Miró Quesada, alegando grave dolencia a las amígda- las, para ser sometido de urgencia a una intervención quirúrgica. La justicia ciega lo perse- guía. La policía recibió órdenes de conducirlo, por la fuerza si fuese necesario, a Huánuco. Los patrulleros bloquearon la clínica; los PIP ingresaron con sus ametralladoras en las ma- nos. El cirujano aplicó la anestesia y, en presencia de los policías, comenzó a operar. Lle- garon los fotógrafos y cronistas de El Comercio, cuyo edificio está a pocos metros de la clínica, y Ledesma apareció en primera página del diario. Desde ese momento, comenzó a gozar de inmunidad parlamentaria.
—La operación, dadas las circunstancias, fue deficiente. Me dejaron un pedazo de amígdala, que me incomoda de vez en cuando. ¡Perdí mis amígdalas en buen estado, pero gané la curul por seis años, hasta el 3 de octubre de 1968, cuando los tanques de Velasco cerraron el Parlamento!
La revolución celebraba sus goles de media cancha. Ledesma, con los brazos en cruz, retornó a Huánuco. Miles de indios analfabetos, mineros y campesinos sin tierra, comenza- ron a ser enrolados en las filas de otra revolución, hecha de impaciencia, de lucha de cla- ses, de enfrentamientos raciales, de revancha inmediata, de odio y de cundería.
El general Armando Artola, el poderoso y mítico ministro del Interior de Velasco, cuya cabeza de huevo, a lo "Timoskenko", inspiraba miedo a sus adversarios, lo hizo detener, junto con Ricardo Díaz Chávez. Un día, a las 5 de la madrugada, fueron introducidos al despacho del ministro quien, paseándose con las manos en la espalda, les hizo escuchar un comunicado oficial que comenzaría a transmitirse en breve. El Gobierno Revolucionario acusaba a los dos abogados de ser los inspiradores de cuatro huelgas mineras. Quisieron explicar algo al ministro, pero Artola gritó:
—¡Silencio! ¡Aquí, el único que habla soy yo!
—Poco faltó para que nos mentara la madre, dice Ledesma. De allí, más tarde nos en- viaron a hablar, en el despacho del ministro de Trabajo, con una comisión de alto nivel, constituida por los generales Sala, Fernández Maldonado y Morales Bermúdez.
—Cuando los números fallan, falla la revolución, comentó el general Morales Bermú- dez, al analizar los aumentos que exigían los trabajadores mineros.
Los abogados regatearon, con la paciencia con que un celendino es capaz de hacerlo, horas y días enteros si hace falta, y con la astucia que sólo Ledesma ha sabido cultivar. A regañadientes, aceptaron la propuesta final del ministro de Trabajo, general de aviación, Sala Orosco.
—Sólo por hacerle un favor a usted, señor Ministro. A nosotros, los trabajadores mine- ros nos van a colgar.
Esa noche, el general Sala anunció al general Velasco una victoria total: había derrota- do a los dos abogados, serranitos, buenos peruanos, que habían ido a discutir el pliego de los mineros.
A esa misma hora, Ledesma, Díaz Chávez y los dirigentes sindicales de los trabajado- res mineros, celebraban el aumento más grande logrado en toda la historia de la minería peruana: 32 soles diarios de aumento a cada trabajador.
—¿Hizo algún cálculo el Ministro?
—No, tenía su propio sistema: el tun-tun: Estaba totalmente en la luna sobre costos de producción de minería. El año siguiente, en 1971, pedimos un aumento mayor, el prece- dente nos amparaba. La Cerro de Pasco trabajaba a pérdida. Sala Orosco nos aconsejó ha- blar con El Chino. Nos recibió, hablamos durante cuatro horas. Otra vez, el método cientí-
—Sean buenos peruanos, la revolución es de ustedes, ¡carajo!, yo soy como ustedes, somos del pueblo... y El Chino concedió otro aumento. La minería se iba al diablo, pero qué importaba, nosotros ganábamos.
Pero, faltaba un capítulo de la tragedia.
Los trabajadores de la yacimiento minero de Cobriza se habían declarado en huelga. Un gerente, de nacionalidad norteamericana, comenzó a enviar los vehículos y algunos equipos de la unidad a otros lugares. Cundió la alarma entre los huelgistas, y éstos denun- ciaron que los gringos estaban desmantelando la mina.
La mina Cobriza, ubicada en el departamento de Huancavelica, en la zona más agreste de los Andes peruanos, era propiedad de la Cerro de Pasco Corporation, y allí se producía el cobre más puro del mundo. Hubo una refriega entre la policía y los huelguistas; los mi- neros arrebataron una ametralladora y la llevaron al local del sindicato, cuyo secretario general era Pablo Inza.
Corría el mes de noviembre de 1971. Mientras se producía ese enfrentamiento en la unidad minera, viajaron a Lima los dirigentes mineros, 39 en total, acompañados de los abogados Ledesma y Díaz Chávez, para negociar con las autoridades la solución del con- flicto.
Los abogados y los dirigentes fueron llamados, con urgencia, por el ministro de Traba- jo, general Sala Orosco:
—Devuelvan inmediatamente la ametralladora; el Consejo de Ministros encontrará, después de esta devolución, una solución al problema, dijo Sala Orosco.
Los abogados se pusieron en contacto telefónico con Pablo Inza.
—La ametralladora fue entregada al sindicato; y la asamblea, por unanimidad, acordó que permaneciera en nuestro local. Para devolverla, tengo que citar a otra asamblea. No puedo decidir a título personal, contestó Inza.
—Pero la comisión, aquí en Lima, se ha comprometido a devolver la ametralladora, replicaron los abogados.
—Lo siento, sin consentimiento de la asamblea nada se puede hacer. Es la democracia, replicó Inza.
Los abogados y los comisionados, presentían una tragedia. Pidieron una comunicación urgente con el ministro, quien se encontraba en Palacio de Gobierno, con Velasco y otros ministros. Habló el coronel Carrión, el vice ministro, quien les transmitió un mensaje del general Sala Orosco:
—Que vayan al despacho del ministro del Interior, general Ritcher. El problema ya ha sido resuelto.
Los 39 dirigentes y los dos abogados salieron velozmente del ministerio de Trabajo y, en varios taxis, llegaron al ministerio del Interior. Fueron conducidos al quinto piso, a una habitación próxima al despacho del Ministro. Pasaron varias horas; los mineros y los abo- gados, se miraban preocupados.
—Voy a hacer una diligencia y regreso, dijo Ledesma.
—Lo siento, no pueden abandonar el edificio; el ministro ya los va a recibir, le dijo un oficial de policía. La preocupación se acentuó en todos los rostros.
Ingresó, después, un comandante del Ejército.
—A ver, póngase de pie. Seis por aquí, seis por allí. Hagan grupos de seis. De seis en seis, vamos al ascensor.
Los mineros, y sus abogados presintieron una celada. El general Ritcher, el ministro del Interior, brillaba por su ausencia. ¿Les habría engañado el ministro Sala Orosco? Des- cendieron hasta el sótano del ministerio. Allí aguardaban varias camionetas con los moto- res encendidos; los PIP estaban por todos lados, y también la policía uniformada de la Guardia de Asalto.
Los dirigentes mineros y los abogados fueron llevados a las Comisarías de Breña y de Magdalena. Ledesma estuvo en la primera de ellas.
—Te vamos a colgar de los huevos; a ti te liquidamos aquí, le dijeron. Tú eres el agita- dor principal y el culpable de lo que ha ocurrido en Cobriza.
Ledesma miró, silencioso, con sus ojos de pez. ¿Qué ha ocurrido en Cobriza?
—El Consejo de Ministros, aprobó esa mañana un plan, elaborado sabe Dios por quién, para resolver el problema de Cobriza. Doscientos hombres de la Guardia de Asalto, disfrazados de obreros mineros, salieron muy temprano del Callao con destino a Cobriza. Asaltaron, a sangre y fuego, el local del sindicato, que estaba lleno de obreros, sin aviso previo, sin compasión. Cayó el secretario general del sindicato, Pablo Inza, con sesenta balas en el cuerpo. Hubo más muertos, nunca se sabrá cuantos... Hay heridos como cancha. Los cadáveres desaparecieron, se amenazó a los deudos con eliminarlos, si hacían pregun- tas. A los sobrevivientes, mujeres inclusive, se les dio una pateadura de padre y señor mío, como si fueran ganado, se les apaleó sin compasión. Esa era la solución aprobada por los ministros, que ya estaba en marcha cuando conversábamos con el ministro Sala Orosco. Ledesma recordaba los hechos con voz monótona, sin emoción. Hacía frío en la enfermería de Jujuy. El abogado continuó su relato.
La noche avanzó, lúgubre, amenazante. Los treintinueve dirigentes y los dos abogados fueron conducidos al Grupo Nº 8 de la Fuerza Aérea, esposados, unos a otros, formando una columna engrilletada, una cadena humana.
—Bajen la cabeza, nos decía la Guardia de Asalto, y, para hacerse obedecer, a los ol- vidadizos los golpeaban en la cabeza con una vara. No sólo era necesaria la humillación de los grilletes: había que hundir las cabezas, no mirar a nadie; habíamos perdido nuestra dig- nidad humana. Éramos mierdas bípedos, recuerda Ledesma, con voz entristecida, por mo- mentos inaudible. ¿Es un actor? No lo creo.
Subieron los prisioneros a un avión Hércules. Se cerró la plataforma gigante. Estuvie- ron allí mucho rato, de pie, encerrados. De pronto, bajó la plataforma. Varios camiones se habían estacionado junto al avión, y de ellos comenzaron a descender decenas y decenas de trabajadores mineros, todos esposados, muchos con sus ropas ensangrentadas, hechas jiro- nes; los rostros tumefactos y los ojos enrojecidos por los gases. Eran obreros de Cobriza, que habían sido traidor, en avión, desde Ayacucho, después que la solución del Consejo de Ministros se había ejecutado.
El Hércules, con más de cien pasajeros engrilletados y con las cabezas hundidas, voló hasta Jauja. Allí subieron más detenidos, obreros de La Oroya y Cerro de Pasco. El avión iba repleto de hombres esposados entre sí, que se meaban en sus ropas; que no podían sen- tarse; muchos de ellos heridos. Por fin, casi al mediodía, el avión llegó al aeropuerto de El Sepa. Recién se enteraron que su destino era el Penal siniestro, en plena selva del Perú, un presidio en pleno infierno verde del cual nadie ha podido huir jamás. Quien se escapaba de los vigilantes, moría devorado por las fieras, comido por las alimañas, envenenado por las víboras.
En un rincón de su casa, Ledesma conserva, enmarcado protegido con vidrio, pedazos de un tejido de color indefinido, manchado y hecho jirones. ¿Algún testimonio de la texti- lería precolombina? No. Son los restos de la camisa que usó durante seis meses de su pri- sión en El Sepa. Los doscientos obreros mineros y sus dos abogados permanecieron inco- municados, no se les entregaba las cartas ni encomiendas de sus familiares. No conocieron un jabón o detergente, ni cepillos ni dentífricos, muchos menos navajas de afeitar. Tenían que internarse diariamente en la selva, vigilados por los guardias, en busca de yucas, pláta- nos y frutas silvestres para sobrevivir. De no hacerlo, hubiesen tenido que consumir exclu- sivamente la comida común, que era impasable. Se agruparon, dictaron sus propias reglas para sobrevivir en el infierno de los vivos y mantenerse al margen de los delincuentes co-
Más tarde, en grupos, fueron conducidos a Lima, para ser sometidos a juicio. Fueron confinados en el penal de Lurigancho. Recién entonces, Ledesma pudo ver a sus familia- res, cambiarse de ropa, afeitarse y retornar a algunas formas de vida civilizada. Sesenta trabajadores quedaron en El Sepa.
Varios obreros salieron en libertad; retornaron a sus centros de trabajo convertidos en héroes del proletariado. El martirologio es un gran capital político. En las frías noches an- dinas, en los socavones de las minas, en los túneles profundos, se repetía el nombre de ca- da uno de los prisioneros. Se decía que habían quedado sin trabajo, se exageraba sus tortu- ras, y sus nombres aparecían grabados en las piedras como símbolos de una lucha contra... ¡la empresa minera y el imperialismo!
El odio, diestramente canalizado, se acrecentaba contra los inversionistas de pelo rubio y acento extranjero; contra los técnicos y ejecutivos de mando medio, que tenían ropa lim- pia y usaban corbata; contra la Guardia de Asalto que cumplía órdenes; contra los PIP, que sólo se obedecían lo que sus superiores disponían.
Los sindicatos mineros se declararon en huelga, exigiendo la libertad de los detenidos. El Chino Velasco recibió a los dirigentes, se fueron con la esposa de Ledesma a Palacio de Gobierno. Hubo diálogo. El Chino se chanceó con los trabajadores, hizo bromas; les ha- blaba de "tú", y despotricaban contra el imperialismo y la oligarquía. Los dirigentes escu- chaban, aplaudían. Para ellos, resultaba fácil reír mientras tenían un infierno en el corazón. El Chino firmó, dos días después, un decreto ley que cortaba todos los juicios.
Los doscientos mineros y los dos abogados, fueron paseados en hombros, de mina en mina, de pueblo en pueblo. Nadie habló de Marx ni de Engels. Nadie había leído Das Kapital ni el Manifiesto, de 1848. Pero el marxismo crecía, cosechaba nuevos adeptos; porque comunismo era luchar contra el policía, contra el PIP que disparaban las metralle- tas, contra las autoridades que secuestraban a sus hijos para hundirlos, mes tras mes, en El Sepa. Comunismo, más que lucha por la justicia social, era la palabra tras la cual se escon- día una vieja ansia revanchista de una raza disminuida.
Esa amnistía fue declarada en las Fiestas Patrias de 1972. El Chino, tan inteligente y tan político, dictó una norma mediante la cual que a los trabajadores detenidos se les paga- ra sus haberes por los meses que habían estado en la cárcel, y congeló los pliegos de re- clamos por cinco años.
Las ollas comunes se prendieron en los Andes para dar de comer a los que padecían hambre y sed en su lucha por la justicia. Día y noche, los líderes y los dos abogados, con- vertidos en héroes, preparaban el próximo pliego de reclamos.
El 18 de octubre de 1975, cientos de miles de personas, entonando cánticos religiosos y agitando sahumerios, llenaban las calles de Lima. Iban en procesión detrás de la imagen del Señor de los Milagros. El Presidente Morales Bermúdez, acompañado por sus minis- tros, desde el balcón de Palacio, rindió homenaje al Cristo de los antiguos esclavos de co- lor del Perú. El general de aviación Dante Poggi, ministro de Trabajo, imploró la gracia de Dios para arreglar un conflicto que le tenía preocupado: los mineros de la región andina central, se habían declarado en huelga. La paralización era lo de menos; lo que indignaba al gobierno, a los revolucionarios, era que las huelgas continuaran pese a que el imperia- lismo yanqui había sido expulsado de esos yacimientos. La Cerro de Pasco ya no existía; ahora se llamaba Centromín Perú. Los gringos se fueron, y después cobraron millones de dólares como "indemnización" por sus viejos equipos.
—Dios me hizo el milagro, dijo el general Dante Poggi, a media noche, cuando llegó a su casa después de una agotadora jornada en el ministerio de Trabajo. El Sindicato de Tra- bajadores de Centromín Perú acordó levantar la huelga. Al día siguiente, los diarios del gobierno festejarían el triunfo del ministro.
—¡Que buena cojudeada que hemos hecho al ministro!, dijeron en Lima, Ledesma, los dirigentes mineros y sus amigos. Consiguieron 70 soles de aumento diario, cinco mil soles
de asignación por vacaciones, y otras cosas menores. La solución del pliego de reclamos significó un mayor egreso de casi 900 millones de soles anuales para la empresa estatizada, que técnicamente se encontraba en quiebra.
El 5 de diciembre de ese año, la PIP detuvo a Ricardo Díaz Chávez, Genaro Ledesma Izquieta, José Oña Meoño y Arturo Salas, todos ellos abogados; y a los dirigentes sindica- les Hernán Cuentas, Juan Francia y Guido del Carpio. Varios días después, también fue capturado Víctor Cuadros. Las detenciones se hacían en Lima, en Arequipa, en La Oroya, en Cerro de Pasco. El gobierno humanista trabajaba con método.
-¡Qué es esto! ¿Cuánto rato van a conversar ustedes? No me parece correcto que escu- ches solamente a Ledesma.
Napurí, rondaba alrededor de mi "oficina", en Jujuy, donde Ledesma me relataba sus aventuras sindicales. Más allá, Letts insistía:
—Ledesma se entregó a la derecha; hace más de tres horas que está conversando con Baella, reclamaba con vozarrón de protesta.
El líder del FOCEP sonreía, con su chompa verde, y su integridad inexplicable. Narra- ba con amenidad, pero con una entonación monótona. Utilizaba los contrastes, la ironía. Sospecho que acomodó, a veces, su versión de los sucesos, de acuerdo a sus intereses polí- ticos.
Aquel 5 de diciembre, los abogados y los líderes gremialistas, fueron encerrados en los calabozos del departamento de Seguridad del Estado, en la Prefectura de Lima. Después, viajaron a la Colonia Penal de El Sepa donde permanecieron cinco meses, hasta mayo de 1976. Sus guardianes les explicaron que su prisión era preventiva, en vista de las medidas de reactivación económica que el gobierno se proponía implantar, para lograr la felicidad de los peruanos. Con los comunistas secuestrados, aislados de sus familiares y del mundo, la revolución humanista podía dormir en paz.
Los agitadores de los sindicatos sabían, por sus correos clandestinos, dónde estaban sus amigos. En las paredes de las fábricas de la avenida Argentina, de la avenida Colonial, de la Carretera Central, en los muros de las universidades y en los baños públicos de la ciudad, escribían los nombres de los prisioneros del gobierno. ¡Guerra a muerte a los mili- tares al servicio del Imperialismo!
Los mismos agitadores, bien organizados, recaudaban en Lima, en provincias, en los parques industriales, en las minas y en las haciendas, cuotas voluntarias, de uno a diez so- les, para la olla común, de la cual se nutrían las esposas, hijos, y familiares de los deteni- dos; y las viudas y los huérfanos de los dirigentes muertos y desaparecidos.
Recién, a mediados de enero, el ministro del Interior, general Campos Quesada, dijo a los periodistas que los abogados y los líderes sindicales se encontraban en El Sepa, acusa- dos de atentar contra la economía del país. Este delito no existía en el Código Penal Pe- ruano, pero eso poco importaba al régimen militar.
El ministro no habló porque sí. Los abogados, tan pronto como fueron detenidos, pre- sentaron una demanda ante la Corte Suprema de la República acusando al ministro del In- terior de los delitos de abuso de autoridad, con los agravantes de premeditación, alevosía, ventaja y ensañamiento.
Los vocales de la Corte Suprema, en una revolución digna de Pilatos, dijeron que la demanda era inadmisible. ¿Por qué? Porque, de acuerdo con la Constitución, un ministro sólo podía ser procesado cuando la Cámara de Diputados lo acusara previo el consenti- miento del Senado, ¡Como este trámite no se había cumplido, la Corte Suprema no podía admitir la denuncia!
Los abogados presos conocían su oficio. El papel sellado existe para ser gastado. Se di- rigieron al Consejo Nacional de Justicia. Expreso, periódico del Gobierno, era manejado por periodistas comprometidos con los comunistas. Apareció una amplia información so-
bre el caso Ledesma, Díaz Chávez y otros. La resolución, decían los amigos de los aboga-