MEDIDAS NORMATIVAS ADOPTADAS POR LA REPÚBLICA DE IRLANDA La República de Irlanda experimentó niveles de crecimiento sin precedentes durante el pe-

ríodo de auge económico (1997-2007), que le hizo colocarse entre las economías con mayor cre- cimiento de la Unión Europea. Sin embargo, este crecimiento económico se hizo excesivamente dependiente del sector inmobiliario, que experimentó un incremento considerable54_{. No obstante,} esta amplia oferta de inmuebles no fue bastante para mantener constantes los precios y los ciu- dadanos vieron en este sector una oportunidad de revalorización del capital invertido en el in- mueble, lo que dio lugar a la especulación55_{. Durante el período de 2001 a 2008, la proporción} de deuda de los hogares irlandeses en relación con la renta disponible aumentó de aproximada- mente del 95 por ciento al 208 por ciento56_{. Así, llegamos al año 2008, en el que Irlanda sufrió}

54 _{El crecimiento alcanzó su punto máximo en 2006, cuando se construyeron aproximadamente 93.000 viviendas, en} comparación con las 38.000 unidades en 1997. Entre el año 2001 y 2007, se incrementaron las viviendas en más de 430.000 unidades. K.P.V O’Sullivan: “What caused (…)”, loc., cit., p. 5.

55_{K.P.V O’SULLIVAN, KENNEDY, T.: “What caused (…)”, loc., cit. p. 5.} 56_{SPOONER,J.: “Long Overdue: (…), loc., cit., p. 3.}

su peor crisis financiera hasta la fecha57_{. Por lo que a nosotros nos interesa, esta crisis provoca,} a semejanza de lo que ha ocurrido en España, un fuerte descenso de los precios de los bienes in- muebles y un aumento de los impagos de los créditos hipotecarios por parte de los deudores, provocados fundamentalmente por el descenso de los ingresos tras la pérdida del empleo58_.

La gran apuesta legislativa de este país para afrontar el problema de los deudores como per- sonas físicas59_{ha sido la aprobación de la Ley de Insolvencia Personal de 26 de diciembre 2012}

(The Personal Insolvency Act, 2012), que viene a reformar los procedimientos contenidos en la anterior Ley de quiebras de 1988 (Bankruptcy Act 1988)60_{. Esta nueva Ley ha incorporado al} ordenamiento jurídico irlandés tres nuevos procedimientos extrajudiciales de liquidación y exo- neración de deudas para las personas físicas.

Ley de quiebras de 1988 también resultaba de aplicación a los deudores personas físicas, si bien el coste económico del proceso judicial y la lentitud del mismo (además del coste personal) hacían prácticamente inviable que un deudor individual hiciera uso de los procedimientos esta- blecidos en esta ley61_{. A diferencia de los tres procedimientos extrajudiciales, introducidos por} la Ley de Insolvencia de 2012, la ley de quiebra regula un proceso que en definitiva busca la venta de los bienes del deudor insolvente, a los efectos de satisfacer a sus acreedores con el dinero obtenido. Los procesos de quiebra son llevados ante el Tribunal Superior, y por tanto son procesos jurisdiccionales cuya duración se extiende a tres años62_{. Así, por primera vez en Irlanda,} estos procedimientos extrajudiciales de liquidación de deuda pueden ser utilizados por las per- sonas insolventes como una alternativa a la quiebra63_.

En definitiva la Ley de Insolvencia personal trata de dar una solución de carácter general al problema del sobreendeudamiento de los hogares y por ello, resulta aplicable a todas aquellas personas con problemas para afrontar el pago de sus deudas y no solo a los deudores hipotecarios. Por lo tanto, estos nuevos procedimientos son aplicables a las deuda contraída por una persona física (no una jurídica), por causa del consumo personal o de los negocios, oficio o profesión. En definitiva los deudores, personas físicas, sólo podrán hacer uso de estos procedimientos

57 _{K.P.V O’SULLIVAN, KENNEDY, T.: “What caused (…)”, loc., cit., p. 1. Irlanda ha sufrido anterirmente dos rece-} siones económicas severas con un alto nivel de desempleo en 1980 y 1990. Sin embargo, la gran diferencia entre estas crisis económicas y la actual radica en el menor nivel de endeudamiento del país en las crisis del siglo pasado, lo cual justifica la tardanza en la reforma de las leyes sobre insolvencia personal. SPOONER,J.: “Long Overdue: (…), loc., cit., p. 4.

58_{En junio de 2011, la tasa de desempleo en Irlanda llegó al 14,2%.}

59_{El concepto de deudor que maneja la Ley es el de aquella persona física que tiene una o varias deudas con uno o varios} acreedores .Por su parte, el acreedor puede ser tanto una persona física como jurídica. (Declaración 2, Parte 1 de la Ley. 60_{La doctrina ha criticado el tiempo que las autoridades irlandesas hayan tardado en modificar esta Ley de quiebra} debido principalmente a la inercia, la complacencia y la falta de comprensión del problema del sobreendeudamiento entre los responsables políticos, quienes centraban este problema en sectores marginales de la sociedad, integrados por personas con ingresos bajos y que no podían manejar sus finanzas, debido a falta de formación. SPOONER,J.: “Long Overdue (…)”, loc., cit., p. 16 y 17.

61_{SPOONER,J.: “Long Overdue (…)”, loc., cit., p. 5}

62_{La modificación más importante que se introduce en la Ley de quiebra es la relativa a la finalización automática de la} quiebra en el plazo de tres años. Esta modificación supone un paso importante en la mejora de las disposiciones vigentes en la Ley de quiebra de 1988, en virtud de la cual una persona podía permanecer en quiebra como regla general durante doce años. Incluso, una vez cumplido este periodo de tiempo no existía ninguna finalización automática de la quiebra, sino que se necesitaba de la resolución judicial de los Tribunales superiores aceptando la situación. Como consecuencia de esta regulación, algunas personas nunca lograban salir de quiebra en toda su vida, lo cual generaba una situación cla- ramente injusta y contraproducente. BAXTER, W.:”Bankruptcy Laws Set for Massive Change”, en Accountancy Ireland - Vol. 43 Núm. 1, Febrero 2011, consulta http://vlex.com/vid/bankruptcy-laws-set-massive-change-418586910, p. 3 63_{MURPHY-O'CONNOR, J and COCOMAN, B.” “Reform Of The Personal Insolvency Regime In Ireland”, p.2 y 3.} Consulta http://vlex.com/vid/reform-personal-insolvency-regime-ireland-401647610.

cuando sean insolventes (es decir, cuando no puedan pagar sus deudas a su vencimiento)64_{. El} objetivo fundamental de estos tres nuevos procedimientos es tratar de favorecer el retorno a la solvencia de las personas que han sufrido un sobreendeudamiento.

Como he señalado anteriormente, la Ley de Insolvencia de 2012 introduce, tres nuevos pro- cedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos entre el acreedor y el deudor, que se pre- sentan como una alternativa a la quiebra65_{y por los que se pueden hacer frente a las deudas sin} garantía (de cualquier valor) y las deudas garantizadas (hasta 3 millones en conjunto, pero sin límite en el caso del acuerdo). Efectivamente, con estos nuevos procedimientos extrajudiciales se trata de para hacer frente a la crisis de sobreendeudamiento algunos hogares irlandeses y se pretende lograr en última instancia acuerdos con los acreedores.

Estos procedimientos son los siguientes; en primer lugarthe Debt Relief Notice(en adelante, DRN) o Procedimiento de alivio de deuda;the Debt Settlement Arrangement(en adelante, DSA) o Procedimiento de liquidación de deuda y finalmentethe Personal Insolvency Arrangement (en adelante, PIA) o Procedimiento de Insolvencia personal.El efecto fundamental de estos proce- dimientos consiste en la protección del deudor de las reclamaciones de los acreedores por un período entre 3 a 7 años, dependiendo del tipo de procedimiento, siempre que el deudor cumpla con los requisitos de la Ley66_.

Asimismo, la Ley de Insolvencia Personal establece un órgano independiente denominado

Insolvency Service of Ireland(en adelante, ISI) o Servicio de Insolvencia de Irlanda cuya función es supervisar el correcto funcionamiento los tres nuevos procedimeintos de tramitación de las deudas y los acuerdos en ellos alcanzados67_{. Este servicio tiene carácter administrativo y su na-} turaleza solo le permite tramitar las solicitudes que le llegan en relación con los procesos de in- solvencia, pero la resolución final de las mismas se deja en manos de los Tribunales (The Circuit Court or the High Court), en los que los asuntos se resuelven por Jueces especializados. Los Tribunales de Instancia inferior (Circuit Court) serán competentes para conocer de los procesos de insolvencia, cuando el importe de la deuda no supere los 2,5 millones de euros. Para el resto de los casos la competencia será de los Tribunales superiores68_.

Con carácter general, el procedimiento de alivio de la deuda (DRN) permite que las deudas sean canceladas si el deudor insolvente prueba que no dispone de recursos para satisfacerlas y previsiblemente su situación no mejorará en un plazo de 3 años. En este sentido, la ley exige que el importe total de las deudas no garantizadas no alcancen los 20.000 euros69_{, que el deudor} no disponga de patrimonio neto al mes para afrontarlas70_{y que no haya estado incurso en otro}

64 _{KISSANE C., CAIN, R., O'CONNOR O., COONEY B. AND DAY W.: “Personal Insolvency Bill, July 2012”, p. 1.} Consulta http://vlex.com/vid/personal-insolvency-bill-july-2012-383199189.

65_{ENSOR, J. TIERNAN L AND O'RIORDAN, J.: “Personal Insolvency Act 2012, A Secured Creditors} perspectiva”, p. 1. Consulta http://vlex.com/vid/insolvency-act-secured-perspective-440909850.

66_{GARRETT, K.: “Overview Of Irish Personal Insolvency”, http://vlex.com/vid/overview-irish-personal-insolvency-} 476786906, p.1.

67_{El Servicio de Insolvencia abrió oficialmente y comenzó a aceptar solicitudes en 9 de septiembre de 2013. GARRETT,} K.: “Overview Of Irish (…)”, loc., cit. p.1

68_{Declaración 5, Parte 1 de la Ley.}

69_{A título meramente ejemplificativo, cabe señalar que se incluyen en este procedimiento las deudas derivadas de las} tarjetas de crédito, saldos deudores de las cuentas bancarias, préstamos personales, o facturas a servicios públicos. No obstante, existen casos en los se necesitará el consentimiento de los acreedores para incorporar sus créditos a este pro- cedimiento. Es el caso, entre otros, de las deudas generadas por el impago de los tributos a las Administraciones Públicas, las deudas por impago al Servicio de Salud o las deudas por el impago de recibos de la comunidad de propietarios. 70_{El patrimonio neto disponible al mes debe ser inferior a 60 euros y el activo disponible debe ser inferior a 400 euros.} Es la propia ley la que establece los procedimientos para realizar el cálculo de dichas cantidades y para ello se tiene en

DRN71_{. Durante el plazo de 3 años que dura la tramitación del procedimiento, los acreedores no} podrán exigir al deudor el pago de sus deudas y una vez finalizado este periodo de tiempo, las deudas no satisfechas serán canceladas. No obstante, es preciso destacar que el deudor no puede solicitar un DRN cuando el 25 por ciento o más de sus deudas hubieran sido contraídas en los seis meses anteriores a la solicitud. Se trata en definitiva, de evitar la utilización torticera de este procedimiento extrajudicial.

El deudor dispone de capacidad para administrar su dinero, si bien estará asistido por un ase- sor autorizado por el ISI, que controlará el destino de los gastos. Durante todo el procedimiento este asesor estará permanentemente en contacto con el deudor y actuará en su nombre. En cual- quier caso, durante la tramitación de un DRN el deudor tiene derecho a un nivel de vida razona- ble, de modo que puede manejar el dinero necesario para cubrir los gastos de alimentación, incluye alimentación, vestido, educación, salud y una asignación modesta para ahorros.

Lo verdaderamente destacable de este procedimiento es que el deudor no está obligado en este plazo de tres años a satisfacer a los acreedores, a menos que su situación financiera mejore considerablemente, en cuyo caso tiene la obligación de comunicárselo al ISI y podrá ir pagando sus deudas a los acreedores a través de dicho Servicio y nunca directamente. En cualquiera de los casos, será necesaria una resolución judicial que declare que un deudor se encuentra inmerso en un DRN, a petición del ISI. DRN entrarán en vigor una vez inscrito en el Registro de Avisos de alivio de la deuda.

Por otra parte, el deudor dispone de la posibilidad de instar otros dos procedimientos de ca- rácter extrajudicial, previstos en la Ley de Insolvencia de 2012: el procedimiento de liquidación de deuda (DSA) o el procedimiento de insolvencia del deudor (PIA)72_{. La introducción de meca-} nismos de liquidación de la deuda no judiciales es una medida positiva, dirigida la consecución de un final consensuado y adaptado a las dificultades de los deudores. Ambos DSA y PIA ofrecerán opciones a los deudores para resolver sus situaciones al tiempo que garantizan la participación de los acreedores en el procedimiento para que puedan recuperar tanto como sea posible73_.

En un primer momento, el deudor se reunirá con un profesional de insolvencia Personal, au- torizado por el ISI74_{para estudiar su situación financiera. Este asesor le aconsejará la mejor op-} ción para satisfacer sus deudas; le informará de los costes que conlleva y de las tasas que debe abonar. Asimismo, este asesor le informará de los procedimientos establecidos en la ley, así como de la posibilidad que tiene el deudor para realizar una negociación con los acreedores e incluso de la posibilidad de declararse en quiebra75_{. En cualquiera de los casos en esta fase el deudor} debe actuar conforme a la buena fe y cooperar con el profesional de Insolvencia, asignado pre- sentándole toda la información le requiera de sus asuntos financieros, y comunicándole cualquier

cuenta lo que la ley considera gastos de vida razonable; esto es, composición particular de un hogar; la necesidad de un coche; gastos de vivienda razonables como pagos de alquiler, la luz y el agua; pagos razonables en materia de cuidado de los niños; y las necesidades particulares de los deudores, teniendo en cuenta aspectos tales como su edad, salud y si tienen una, la salud mental sensorial física o discapacidad intelectual. En este procedimiento de alivio de deuda, es el asesor autorizado por el ISI el que va a determinar la cuantía de lo que se entiende por gastos de vida razonables para el deudor al que está asistiendo.

71_{La ley también exige que el deudor no haya sido parte durante los últimos 5 años en un procedimiento de liquidación} de deuda o de acuerdo de insolvencia.

72_{Capítulo 2 de la Parte tercera de la ley. Declaración 48}

73_{KISSANE C., CAIN, R., O'CONNOR O., COONEY B. AND DAY W.: “Personal Insolvency (…)”, loc., cit. p 6.} 74_{El ISI también será responsable de la autorización y regulación de los profesionales de la insolvencia personal de con-} formidad lo establecido en las disposiciones de la propia ley. (Capítulo 4. Parte tercera).

75_{MURPHY, G.N.: “Implementing the Personal Insolvency Act 2010”, p.2. Consulta.http://vlex.com/vid.implementig-} the-personal-insolvency-act-485189292.

cambio en los mismos. Finalmente, el deudor debe realizar con asistencia de este profesional un informe financiero de su situación económica, en virtud del cual el profesional de Insolvencia decidirá por escrito cual es el procedimiento más apropiado para el deudor; el procedimiento de liquidación de deuda (DSA) o el procedimiento sobre la insolvencia del deudor (PIA). Asimismo, el profesional puede considerar apropiado no seguir ninguno de estos procedimientos estableci- dos en la ley, informando al ISI de la paralización del procedimiento.

El procedimiento de liquidación de deuda (DSA) se encuentra regulado en el Capítulo tercero del Libro tercero de la Ley y procede, como regla general, en los casos en los que el deudor no pueda hacer frente al pago de sus deudas no garantizadas a partir de 20.000 euros y sin límite de cantidad76_{. Este procedimiento otorga al deudor la posibilidad de contar con la asistencia de un} profesional de la insolvencia personal, autorizado por el ISI que presentará, en nombre del deudor insolvente, una solicitud al propio ISI, para la tramitación del DSA. Si el ISI considera viable esta solicitud al amparo de los datos financieros del deudor, derivará esta solicitud a los Tribu- nales competentes para que expidan un certificado de protección del deudor77_{que acreditará que} el deudor es parte interesada en un procedimiento de liquidación de deuda y asimismo el deudor se inscribirá en un Registro público.

El periodo de protección que establece el certificado judicial impide a los acreedores del deu- dor protegido que reclamen judicial o extrajudicialmente de forma independiente la satisfacción de sus créditos. Ni siquiera el acreedor puede ponerse en contacto con el deudor protegido, salvo que el deudor lo solicita expresamente. Todo contacto con los acreedores debe ser a través del profesional de la insolvencia.

Durante el período de protección pesa sobre el deudor la obligación de presentar a los acre- edores una propuesta de liquidación de sus deudas para tratar de alcanzar un acuerdo con los mismos. En cualquiera de los casos será el Profesional de la Insolvencia quien negocie con los acreedores y tratará de llegar a un acuerdo que le permita al decidor afrontar el pago de sus deu- das.

Es preciso señalar que pese a la libertad de pacto entre los acreedores y el deudor para la sa- tisfacción de las deudas, la ley obliga a que el acuerdo no deje al deudor sin ingresos suficientes para mantener un razonable nivel de vida para él y sus familiares dependientes.Los parámetros de lo que constituye un "nivel de vida razonable" no se especifican en la ley. Sin embargo, el ISI ha publicado un Código de prácticas sobre tales normas que los profesionales de la insolvencia personal deben tener en cuenta en la formulación de los acuerdos. Esta circunstancia provocará inevitablemente que sean en última instancia los Tribunales los que interpreten lo que se consi- dera “nivel de vida razonable”, lo que tendrá una gran influencia en la eficacia de la legislación y en la calidad de vida de los deudores sujetos a las medidas78_.

Un DSA debe ser solicitado por el deudor, a través del Profesional de la Insolvencia Personal, y el acuerdo final debe ser aprobado por los acreedores que representan el 65% de los créditos vencidos. Este procedimiento termina con la aprobación del acuerdo por parte de la autoridad judicial, tras la audiencia con los acreedores y el deudor. Aprobado el acuerdo por los Tribunales competentes, el deudor afrontará el pago de sus deudas en los términos del acuerdo, pero siempre

76 _{Son incluidas en este procedimiento, entre otras, las deudas generadas por la concesión de créditos personales o las} deudas de tarjetas de crédito. Ser trata de dudas de la misma naturaleza que las propias de un DNR, si bien en este pro- cedimiento por un importe mayor.

77_{Protective Certificate.El primer certificado de protección (con respecto a un DSA) fue concedido el 21 de octubre de} 2013. GARRETT, K.: “Overview Of Irish (…)”, loc., cit. p. 2

a través del Profesional de la Insolvencia. La duración máxima del DSA es de 5 años prorrogables por 12 meses más, por lo que es este el plazo de que dispone el acreedor para realizar el cumpli- miento de sus obligaciones en los términos del acuerdo.

Si las circunstancias del deudor cambian durante la tramitación de un DSA y ello afecta la capacidad del deudor para hacer los pagos, debe informar al profesional de la insolvencia, para que, si lo estimara necesario, solicite una modificación del acuerdo alcanzado. El profesional presentará una propuesta de modificación que deberá ser aprobada por el los acreedores que re- presenten al menos el 65 por ciento de los créditos.

Finalmente, la Ley de 2012 prevé un tercer procedimiento de insolvencia llamado Procedi- miento de Insolvencia Personal (PIA). Un PIA puede ser celebrado entre un deudor y uno o más de sus acreedores y puede incluir deudas garantizados y no garantizados. Las deudas garantizadas que se pueden incluir en PIA tienen un límite máximo de 3 millones de euros, a menos que todos los acreedores garantizados presten consentimiento para la inclusión de una cantidad mayor. El PIA se diferencia de un DSA, precisamente por la inclusión de deudas garantizadas, como por ejemplo la deuda generada por la obtención de un crédito hipotecario para adquirir la vivienda habitual. En este caso concreto, el deudor hipotecario debe tener una deuda con la entidad fi-