La intensa conciencia política de la España republicana y la desaparición de muchas de las formas externas del antiguo ejército, llevaron inevitablemente a que las actitudes políticas e ideológicas jugaran un papel primordial en el ejército republicano.
El caos de las primeras semanas de la guerra trajo consigo el crecimiento del Partido Comunista de España (PCE) como organización con la que muchos de los oficiales del ejército podían identificar sus propósitos, por un lado a causa de su énfasis en el orden y la disciplina, y por otro porque la política de la Internacional Comunista de los frentes populares había hecho que el Partido Comunista jugase el papel del organismo que podía proteger la República burguesa contra quienes consideraban que la rebelión militar de 1936 ratificaba la destrucción del Estado y
justificaba la Revolución, con sus aspectos subsiguientes de secuestro de bienes, asesinatos casi indiscriminados y, en lo que respecta al ejército, la supresión de la estructura tradicional y de las formas militares vigentes. Desde el principio de la guerra resultaba evidente que el PCE se oponía a todo ello, mientras el Quinto Regimiento, los escritos de «Carlos Contreras» en Milicia Popular y los discursos de dirigentes comunistas con respecto a los oficiales profesionales que no se habían sublevado, no dejaban la menor duda sobre la orientación inmediata del PCE[1]. En una fecha tan temprana como el 24 de julio de 1936, El Comintern envió un mensaje a José Díaz, secretario del PCE, insistiendo que el ejército no debería ser sustituido por Milicias y que había que alentar a los militares profesionales para que se presentasen voluntariamente a defender la República, incluso por una amnistía si fuera preciso[2].
Al tiempo que el PCE se preocupaba de que no se antagonizase a aquellos militares republicanos leales que, a pesar de ello, tenían opiniones tradicionales, estaba también preocupado por el peligro de los «fascistas» dentro del ejército, pero de todas maneras, la purga del ejército se pospondría hasta el aplastamiento de la sublevación, afirmaba el comunista Antonio Mije en septiembre de 1936, confiado aún en un rápido final de la guerra[3].
Poco después de la subida de Largo Caballero al poder, a principios de septiembre de 1936 el Comité Central del PCE envió una delegación al jefe del Gobierno subrayando la absoluta necesidad de que la guerra tuviese una dirección centralizada, no sólo en sus aspectos militares, que Largo contaba ya con establecer gracias al nombramiento de Asensio y al establecimiento de un EM Central[4], sino también mediante la formación de un Comité de guerra con plenos poderes. Los miembros que proponían para ese Comité eran Largo, como presidente; Prieto, como ministro de Defensa, poniendo así a su cargo la responsabilidad del ejército, en manos de Largo entonces; Mije, encargado de las industrias bélicas (más adelante sería subcomisario general); Julio Just, de Izquierda Republicana, para encargarse de los Transportes; y un miembro de la CNT, para los Abastecimientos. El PCE proponía además la formación de un amplio ejército de reserva en la región de Alicante[5]. Era la época en que se tomó la decisión de formar sólo seis Brigadas Mixtas y no hay duda de que los planes comunistas demostraban un alto grado de realismo, que no fue apreciado por Largo, quien rechazó sus propuestas.
Tampoco aceptó el jefe del gobierno y ministro de la Guerra las propuestas de la CNT, que celebró un pleno de sus federaciones regionales en septiembre de 1936[6], cuyas conclusiones recomendaban el establecimiento de unas milicias controladas por comités de trabajadores y soldados, con representación paritaria
de la UGT y la CNT. Los oficiales profesionales se mantendrían en la situación subordinada de técnicos o consejeros que tenían en las columnas anarquistas. El mando supremo de las operaciones bélicas correspondería a un Consejo Nacional de Defensa presidido por el primer ministro, con representación paritaria de la CNT, la UGT y los partidos republicanos. Los ayuntamientos serían sustituidos por consejos de defensa y el orden público lo asegurarían las Milicias populares. Se pedía la unidad del mando[7].
Uno o dos paisanos comunistas de importancia aparecieron en el Estado Mayor, y se pudo ver tal tendencia con claridad en la plantilla del EM del 20 de octubre de 1936[8], cuando Alejandro García Val, secretario comunista del sindicato de trabajadores de la Confección y uno de los organizadores del Quinto Regimiento, que posteriormente fue director de los servicios de Transportes, fue nombrado ayudante del jefe del EM, Manuel Estrada. La otra figura importante era Vittorio Vidali, alias «Carlos Contreras», nombrado jefe de la sección de Organización del EM. Pero ambos tenían como función ser representantes civiles, y es muy improbable que Vidali pudiese tener algo de tiempo libre, ocupado como estaba con el Quinto Regimiento, para participar en las tareas del Estado Mayor, y la idea de que García Val pudiese ejercer alguna seria influencia «comunista» sobre Estrada y Rojo y los otros muchos oficiales profesionales con que debía tratar, resulta insostenible[9]. Emile Kléber también apareció en la plantilla del 20 de octubre en la sección Operaciones del EM, pero parece probable que fuese una manera de asignarle al ejército ya que aún era demasiado pronto para confiarle el mando de la XI Brigada Internacional. En otras palabras, el hecho de que determinados nombres apareciesen en una lista en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra no significa que jugasen papeles militares significativos en esos puestos[10].
El PCE hizo a menudo llamamientos para un reclutamiento a gran escala y para formar reservas importantes[11]. En cierta medida, esos llamamientos estaban fuera de lugar, no sólo por la firme oposición existente al reclutamiento forzoso y al militarismo en general, sino también porque no había ni armas ni oficiales bastantes para armar o instruir a esas reservas.
Aunque la petición de un reclutamiento masivo puede haber sido irrazonable, las ocho condiciones para la Victoria, publicadas por el Comité Central del PCE el 18 de diciembre de 1936, demostraban una clara conciencia de la situación. Las condiciones eran las siguientes: 1. Establecimiento de un Ejército Popular; 2. Organización militar tradicional; 3. Un único Estado Mayor General; 4. El fin de las Milicias; 5. Disciplina de hierro; 6. El fin de las zonas bélicas
independientes y la preparación de un plan que abarcase todas las operaciones; 7. Servicio militar obligatorio; 8. Respeto a los oficiales profesionales leales[12].
Las ocho condiciones no mencionan al cuerpo de Comisarios políticos. Puede que se debiese a que los comunistas, por las razones antes aducidas, estuviesen satisfechos de la labor al respecto[13]. Pero los oponentes de los comunistas consideraron a los comisarios como vehículos que aseguraban el ascenso a los oficiales sólo si ingresaban en su partido. Luis Araquistáin, embajador republicano en Francia en 1936 y 1937 y asociado estrechamente a Largo Caballero, se lamentaba de que los comisarios trataban de obligar a los hombres a adherirse al partido recompensándolos si lo hacían y persiguiéndolos en caso contrario: «Desde el primer momento los comunistas fueron los privilegiados, la aristocracia del ejército republicano»[14].