Respuesta de BTC Co.

a las Preocupaciones de las ONG

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En un esfuerzo por responder a las preocupaciones que establecían que era necesario que BTC Co. aclarara su compromiso con las normas internacionales ambientales, sociales, laborales y en derechos humanos, los gobiernos de Azerbaiyán, Georgia y Turquía junto con BTC Co. emitieron una histórica “Declaración Conjunta sobre el Proyecto del Oleoducto BTC” el 16 de mayo de 2003. El primer párrafo de la Declaración Conjunta anota que las partes “toman las preocupaciones [de las ONG] seriamente” y están “determinadas para hacer del Proyecto BTC un proyecto modelo en todos los aspectos”, y que “los aspectos ambientales, sociales y de derechos humanos del proyecto son de vital importancia”. En el cuarto párrafo las partes establecen que están concientes de que las ONG especulan que las provisiones en los acuerdos del proyecto podrían ser interpretadas de una manera contraria a

los derechos humanos internacionales, las normas ambientales o sociales y laborales internacionales.

La Declaración Conjunta estipula que BTC Co. y los gobiernos anfitriones “consideraron cada una de las provisiones identificadas [por las ONG] y concluyeron que ninguna de las especulaciones incluidas en recientes correspondencias reflejan la intención o el entendimiento de las de las partes con respecto a su significado u operación. Estamos determinados a defender los más altos estándares internacionales para BTC y no podemos estar de acuerdo con esas especulaciones”. Las partes firmaron la Declaración Conjunta para “minimizar futuros malos entendidos, particularmente en relación con la seguridad del proyecto y las normas en derechos humanos, ambientales, sociales y laborales”.

Entonces el Acuerdo Conjunto delinea las normas internacionales a las que se comprometen las partes en las áreas de normas en derechos humanos, seguridad, trabajo y medio ambiente. Dicho acuerdo reafirma que los principios y políticas estipulados en los Lineamientos para

Empresas Multinacionales de la OECD “fueron considerados en su totalidad durante la negociación de los Acuerdos del Proyecto BTC” y se ven reflejados en la estructura del Acuerdo del Proyecto BTC. En lo relativo al medio ambiente, la Declaración Conjunta aclara que el “IGA compromete a cada Estado en la aplicación de prácticas y normas ambientales que “no son menos severas” que aquellas normalmente aplicadas dentro de los estados miembros de la Unión Europea de tiempo en tiempo. Los HGA y otros Acuerdos del Proyecto BTC hacen efectivo este compromiso y proveen un punto de referencia dinámico que evolucionará a medida que evolucionan los estándares de la Unión Europea”.

En lo referente a las normas laborales , la Declaración Conjunta confirma que las partes entienden que las Convenciones de la OIT

sobre Trabajo forzado, Libertad de Asociación y el Derecho a Organizarse, la Negociación Colectiva, la Discriminación, la Remuneración Equitativa y la Edad Mínima “todas, según estén vigentes, serán aplicables al desarrollo y operación del proyecto”.

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La Declaración Conjunta es un documento que marca un hito en cuanto a seguridad, en la medida en que es el primer compromiso legal con los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos. Los gobiernos de EUA y del Reino Unido anunciaron los Principios Voluntarios en diciembre de 2000 y desde entonces éstos han ganado reconocimiento como las normas internacionales emergentes dirigidas a tratar las responsabilidades en derechos humanos que enfrentan las compañías del sector extractivo en sus arreglos de seguridad mundial. En el Proyecto BTC es la primera vez que se incorporan los Principios Voluntarios en los contratos legales que gobiernan un proyecto.

La seguridad es quizá el tema de derechos humanos más importante para las compañías petroleras y de gas debido a los riesgos legales y de reputación relacionados con las acciones de las fuerzas de seguridad asignadas a la protección de los activos de la compañía en países propensos a conflictos o plagados por éstos.

Los Principios Voluntarios hacen referencia a tres conjuntos de temas: Evaluación de Riesgo; Interacciones entre Compañías y Seguridad Pública; e Interacciones entre Compañías y Seguridad Privada. Las Evaluación de Riesgo de los Principios Voluntarios identifica “factores” claves en derechos humanos a ser tomados en cuenta a medida que se planean los preparativos de seguridad, incluyendo: la identificación de riesgos de seguridad; el potencial de violencia; los antecedentes en derechos humanos de las fuerzas de seguridad pública y privada; la fuerza del Estado de Derecho; análisis del conflicto; y transferencias

de equipo. Los elementos clave que gobiernan las interacciones entre las compañías y la seguridad pública y privada incluyen cierto grado de consulta y asesoría con los grupos de interés, respuestas a los abusos a los derechos humanos, cumplimiento con las políticas y el desplazamiento y conducta del personal. Aun cuando la “Revisión Regional” de BTC provee que los Principios Voluntarios “hacen parte del sistema de gestión de seguridad de BP”, la Declaración Conjunta fue el primer Acuerdo del Proyecto en el cual se expresa ese compromiso y se asegura que hace parte del PLR que gobierna el Proyecto. Específicamente expresa que “las partes se confirman entre sí su compromiso mutuo ante el objetivo de promover respeto por los principios de los derechos humanos y el cumplimiento de los mismos, incluyendo aquellos estipulados en las Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el uso de la Fuerza y las Armas de Fuego por parte de Oficiales de las Agencias Encargadas de Imponer la Ley, el Código de Conducta de las Naciones Unidas para los Oficiales Encargados de Imponer la Ley, la Convención Europea sobre Derechos Humanos y, de manera consistente con nuestras leyes nacionales, los Principios Voluntarios”.

Luego de la firma de la Declaración Conjunta, los tres gobiernos anfitriones hicieron otro importante compromiso relacionado con las prácticas de de seguridad que, de hecho, ayuda a volver operacionales los Principios Voluntarios. De conformidad con el IGA y los HGA y “reconociendo la necesidad de tener transparencia y compartir información y experiencias en el desarrollo de las obligaciones de seguridad y promover los derechos humanos”, los gobiernos de Azerbaiyán, Georgia y Turquía firmaron el “Protocolo Relacionado con la Provisión de Seguridad para el Corredor Energético Este-Oeste” el 23 de julio de 2003. En el primer capítulo del Protocolo, los gobiernos acuerdan cooperar en materia de seguridad, incluyendo la identificación y clasificación de riesgos potenciales relacionados con terrorismo o

actos de sabotaje, compartiendo información que afecte directamente al Proyecto e intercambiando información relativa a métodos para combatir actos que representen riesgos de seguridad para el Proyecto. Adicionalmente las partes acordaron establecer una Comisión Conjunta de Seguridad del Oleoducto y cooperar en el entrenamiento mutuo de las unidades de seguridad involucradas en la seguridad del oleoducto.

El segundo capítulo del Protocolo se titula “La Dimensión de los Derechos Humanos”. En este capítulo los gobiernos renuevan su compromiso de implementar los Principios Voluntarios dentro del marco de trabajo de su legislación nacional, al igual que a tomar todas las acciones necesarias para asegurar que los individuos que puedan haberse visto implicados de manera creíble en abusos a los derechos humanos o en actividades criminales, no participen en servicios de seguridad. Las partes también acuerdan “tomar todas las acciones apropiadas necesarias para cumplir con sus obligaciones relacionadas con seguridad en cumplimiento con” los principios y obligaciones estipulados en un gran número de tratados internacionales y los instrumentos de derechos humanos, incluyendo la UDHR, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Cualquier Forma de Discriminación Racial, el Código de Conducta de la ONU para Oficiales Encargados de Imponer la Ley, los Principios Básicos de la ONU Para el Uso de la Fuerza y de las Armas de Fuego por Parte de Oficiales Encargados de Imponer la Ley, la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y el Trato o Castigo Inhumano o Degradante.

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Poco después de que se publicara el reporte de Amnistía, BP y BTC establecieron diálogos con representantes de Amnistía para tratar

sus preocupaciones sobre derechos humanos y para mitigar los impactos negativos en los derechos humanos que puedan originarse en el PLR. En el transcurso de varios meses entablaron una serie de discusiones sobre la mejor manera de resolver los temas esbozados en el reporte de Amnistía y quizá, igual de importante, establecer un escenario para un esfuerzo cooperativo a través del cual puedan compartir las lecciones aprendidas de manera más amplia y así desarrollar lineamientos de las mejores prácticas para la protección de los derechos humanos dentro de los marcos de trabajo para grandes proyectos.

Como consecuencia de estos diálogos BTC Co. determinó que mediante el uso de un Compromiso Unilateral/Oficial (Deed Poll) podría lidiar con el marcado interés de Amnistía por la creación de un mecanismo que asegure que el compromiso de BTC Co. de operar el Proyecto de conformidad con las “mejores prácticas internacionales” pueda hacerse cumplir por parte de los gobiernos anfitriones, y el interés más específico de Amnistía de asegurar que los HGA no tendrán un “efecto escalofriante” en la buena voluntad de los gobiernos anfitriones de hacer cumplir sus obligaciones en derechos humanos, derechos laborales y medio ambiente. (Un Compromiso Unilateral/Oficial (Deed Poll) a la cual se hizo referencia de manera más específica en la página web del Proyecto BTC como “Garantía en Derechos Humanos” es un contrato unilateral vinculante hecho bajo la Ley británica).

De igual manera, el 22 de septiembre de 2003 se firmó un Compromiso Unilateral/Oficial (Deed Poll) que los compromete legalmente a lograr las siguientes metas: (1) proteger el derecho de los tres gobiernos anfitriones a reglamentar las áreas de derechos humanos, salud, seguridad y medio ambiente sin el temor de reclamos por parte de BTC Co. en el sentido de que dicha reglamentación sea un incumplimiento de los HGA; (2) aclarar que los estándares en los HGA no están “congelados” desde el momento en que se firman los Acuerdos del Proyecto, sino que son

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El Caso de Estudio del Oleoducto BTC: Seguimiento a los Compromisos con Pacto Mundial

dinámicos y cambiarán con el tiempo a medida que los estándares y directivas de la Unión Europea evolucionen; (3) proteger el derecho de terceros afectados por el Proyecto BTC a presentar demandas en las cortes nacionales sin el temor de que BTC Co. argumente que dichas cortes no tienen jurisdicción para juzgar tales demandas; y (4) proteger a los gobiernos anfitriones del temor por tener que compensar para restaurar el “equilibrio económico” del Proyecto como resultado de legislar o de cualquier otra acción requerida por las leyes en cuanto a seguridad, salud, trabajo o derechos humanos internacionales vigentes en los países anfitriones.

Además de la Garantía en Derechos Humanos del Compromiso Unilateral/Oficial (Deed Poll), BP también se ha comprometido a publicar una “Guía del Ciudadano” hacia el Proyecto BTC en su página web en varios idiomas locales usados a lo largo de la ruta del oleoducto. BP también buscará un aporte continuado de Amnistía con la intención de volver operativos los Principios Voluntarios y otras prácticas en seguridad de forma tal que demuestren respeto por los derechos humanos y monitoreen las actividades en derechos humanos relacionadas con el Proyecto BTC. Tanto BP como Amnistía acordaron trabajar juntos para tratar de manera proactiva aspectos claves de los derechos humanos en cuanto a inversión y desarrollo como la creación de mejores prácticas relacionadas con establecer los HGA e IGA así como instrumentos y procesos de monitoreo.

Notablemente, sin tomar posición en cuanto al Proyecto como un todo, Amnistía ve con beneplácito el Compromiso Unilateral/ Oficial (Deed Poll) para hacer frente a las preocupaciones anotadas y para establecer una posición de liderazgo en derechos humanos dentro de la industria. Sin embargo, Amnistía también enfatizó que el documento fue un esfuerzo “posterior al hecho” para corregir el HGA y que futuros Acuerdos del Proyecto deberían tratar estos temas con claridad desde el principio para evitar la necesidad de Compromisos Unilaterales (Deed

Polls) adicionales. Además, Amnistía cree que para que el Compromiso Unilateral/Oficial (Deed Poll) tenga el efecto esperado, será necesario comunicar la opción de remedios locales a los abogados locales y a los grupos cívicos relevantes.

En general, el diálogo entre BP / BTC y Amnistía, la ejecución del Compromiso Unilateral/Oficial (Deed Poll) y otros pasos encaminados a tratar preocupaciones en derechos humanos representaron progresos significativos para cada una de las partes y establecieron un precedente simbiótico para otros miembros de la industria y de la comunidad de las ONG. El impacto del diálogo –aun cuando sólo es un comienzo– fue inmediato y amplio, dándole mayor credibilidad a Amnistía como guía e interlocutor con la comunidad de los negocios, y BP / BTC vieron disminuidos los riegos legales y en cuanto a reputación con respecto al proyecto, así como un aumento en el valor de las acciones de la marca.

Conclusión: Temas para el Futuro

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El 4 de noviembre de 2003 la Junta de IFC aprobó préstamos hasta por 250 millones de dólares americanos para el Proyecto BTC. Aun cuando la IFC reconoció que “está enterada que varios grupos ambientales han expresado su gran preocupación con referencia a las opciones de rutas, en particular las que atraviesan el área de Borjomi en Georgia” Rashad Kaldany, Director del Departamento de Petróleo, Gas, Minería y Químicos del Grupo del Banco Mundial, respondió a esas preocupaciones diciendo que las “opciones de rutas fueron evaluadas cuidadosamente por personal de la IFC... que confirmó que la ruta escogida era la única viable en esta área, con las significativas medidas de mitigación y protección propuestas”.

La IFC describió el proyecto como un

“novedoso avance en cuanto a transparencia, salvaguardas sociales y ambientales, en consulta y participación de la comunidad, compromiso de la sociedad civil nacional e internacional y en beneficio económico a nivel local”.

En lo relativo a las consultas con aquellos afectados por el oleoducto, el IFC declaró que era “gratificante escuchar directamente a las ONG y a las comunidades locales. Es claro que la gente que se pueda ver afectada quiere que se construya el oleoducto pero quieren que lo construyan de manera segura, sostenible y ambientalmente apropiada”. El IFC también anotó que los paquetes de compensación por las tierras, “que están consistentemente por encima de los promedios del mercado ya han sido establecidos y son monitoreados independientemente”.

El 11 de noviembre de 2003 después de la decisión del IFC, la Junta del EBRD aprobó 250 millones de dólares en préstamos para el Proyecto. El acuerdo para el préstamo se dio luego de dos años de análisis sobre el impacto social y ambiental del Proyecto así como las propias consultas públicas del EBRD.

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En la declaración del IFC relativa a la aprobación de los créditos, el Director del Departamento de Petróleos, Gas, Minería y Químicos del Grupo del Banco Mundial anotó que el Proyecto incluye “nueve niveles de monitoreo –cuatro internos y cinco externos– que resultarán en siete reportes diferentes que se harán públicos”. Además agregó, “el IFC cree que este nivel de monitoreo y transparencia no tiene precedentes y provee el balance adecuado de monitoreo interno verificado por uno externo, monitoreo independiente y divulgación pública para el BTC. También demuestra que los patrocinadores del proyecto y los prestamistas se enfocarán en desafíos de la implementación y los resultados tangibles”200_.

Aun cuando pareciera que el Proyecto BTC es un modelo para la industria en lo que respecta a su compromiso con los derechos humanos, los derechos laborales y los estándares ambientales, sólo se ha completado el 40% de la construcción del oleoducto y se espera que el Proyecto tenga una vida útil de 40 años. De igual manera es imperativo que BTC Co. y los gobiernos anfitriones activen estos programas de monitoreo rápidamente. Algunos de estos programas serán más difíciles de implementar que otros, particularmente aquellos para los cuales los estándares de monitoreo apenas están siendo desarrollados como lo es el caso del cumplimiento en seguridad con los Principios Voluntarios.

Al desarrollar mecanismos de monitoreo y cumplimiento, BTC Co. debería continuar beneficiándose de las relaciones que ha forjado con Amnistía y otras ONG. Sin duda BTC Co. y Amnistía están comprometidos a trabajar juntos para crear efectivos instrumentos de monitoreo en derechos humanos, así como mecanismos de quejas para aquellas personas en las comunidades afectadas.

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De manera similar, BTC Co. debe llevar a cabo un extenso proceso de consulta y compromiso de los grupos de interés tanto a corto plazo, durante la construcción del Proyecto, como a largo plazo durante la vida útil del Proyecto. De acuerdo con el Resumen Ejecutivo de la Revisión Regional, “A medida que los proyectos pasan de la etapa de planeación a la construcción y a la operación, deberán hacerse consultas de seguimiento y reportes que rastreen las cuestiones clave y las actividades del proyecto en la región. Para cumplir con el objetivo del proyecto de mantener un diálogo fluido y obtener retroalimentación y sugerencias, se planearán consultas adicionales durante los siguientes meses y continuarán a lo largo de toda la vida útil de los proyectos”.

BP tendrá la responsabilidad de cumplir con este compromiso. La compañía deberá asegurar que continúa su esfuerzo por incluir y estar en contacto con las comunidades, al facilitar la creación de grupos de asesoría de ciudadanos que aconsejen al Proyecto en lo relativo a temas continuados y oportunos. Aun cuando la compañía ha establecido numerosos precedentes en lo relativo a cooperación con la comunidad y la incorporación de estándares y mejores prácticas internacionales en acuerdos del Proyecto, el desafío ahora es el de mantener este impulso. La última prueba para BP sería cómo poner en la práctica la teoría y ver cómo cumple con estos compromisos en los años venideros.

Fuentes

La información y el material de este estudio de caso fueron obtenidos de varias fuentes. Se utilizaron como referencia muchos documentos corporativos disponibles para el público, incluyendo la “Visión General Ambiental y Social del Proyecto del Oleoducto Baku-Tbilisi- Ceyhan” de BTC Co. publicado en septiembre de 2002; la “Revisión Regional” de BTC Co. publicada en febrero de 2003; La Revisión Ambiental y Social de BP de 2002; Panfletos de BTC Co. sobre “Novedosos Avances” y “Guía del Ciudadano para los Acuerdos del Proyecto BTS”, y cada uno de los HGA y el IGA. Al investigar las perspectivas de un amplio rango de ONG, se realizó una extensa investigación basada en la Internet, y se citó de manera frecuente el reporte de Amnistía Internacional titulado “Derechos Humanos en la Línea” publicado en mayo de 2003.

Adicionalmente se le dio al autor acceso a una serie de documentos de funcionarios de la gerencia de alto rango tanto en BP como en BTC Co., al igual que a líderes de ONG claves. En BP el autor trabajó de cerca con miembros del personal en las oficinas de Londres, Washington y Baku, incluyendo el Vicepresidente del Grupo; el Vicepresidente de

Reputación y Aseguramiento; el Vicepresidente de Asuntos Externos; el Director de Asuntos Internacionales; el Director de Gobierno y Asuntos Públicos; el Gerente de Aseguramiento Comercial y de Reputación; el Gerente de Relaciones Comunitarias y Gobierno; y el