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Y SOSTENIBILIDAD DE LAS POLÍTICAS TIC EN EDUCACIÓN

In document siteal_informe_2014_politicas_tic.pdf (página 68-70)

La innovación en las políticas TIC del sector de la educación requiere de potencial para poder replicar o adaptar las medidas propuestas, con el propósito de otorgar sostenibilidad a las acciones en el mediano y largo plazo. Cuando se define la in- novación tecnológica en el campo de la educación, no se refiere simplemente a la incorporación de recursos tecnológicos en las aulas, sino que ello implica una trans- formación cultural, centrada no solo en la manera de gestionar, sino también en la construcción del conocimiento, en las estrategias de enseñanza, en las nuevas confi- guraciones institucionales, en los roles desempeñados por los profesores y los alum- nos, y en la manera creativa de pensar la educación, la tecnología y las escuelas. Existen diversas investigaciones que indagan las buenas prácticas de uso de las TIC en educación (Claro, 2010; Sunkel y Trucco, 2012), con el fin de comprender por qué

ciertas innovaciones funcionan para algunos sistemas educativos y bajo qué condicio- nes se logran buenos resultados. Esta indagación sobre las buenas prácticas parte de interrogarse sobre algunos temas centrales: ¿pueden ser transferibles y escalables las buenas experiencias de implementación de las TIC en los sistemas educativos? ¿Las iniciativas exitosas pueden ser implementadas en otros países y en otros contextos? Si bien el concepto de buenas prácticas da respuesta a estos interrogantes, tam- bién debe comprenderse que se trata de una noción relativa, ya que solo adquiere relevancia cuando se la aprecia en relación con otros objetivos (Claro, 2010). Una

buena práctica de TIC en educación se define como tal, cuando demuestra ser efec- tiva para el logro de determinados objetivos educacionales: lograr mejores o nuevos aprendizajes, generar un cambio o innovación pedagógica y producir un cambio or- ganizacional. Además, una buena práctica es aquella que puede lograr los objetivos educativos que han sido establecidos como prioritarios para su contexto específico

(Sunkel y Trucco, 2012). De esta manera, observar las buenas prácticas puede permi-

tir diseñar, implementar y evaluar políticas TIC en diversos contextos, como indica- dores de escalabilidad y sostenibilidad.

Existen países que están llevando a cabo iniciativas que se encuentran en etapas incipientes; otros desarrollan programas concretos, del tipo de experiencias piloto; otros ya cuentan con programas nacionales o regionales de integración, de alcance masivo. Es por ello que uno de los aspectos que se resalta en el panorama regional es el de la heterogeneidad, ya que se presentan diversos procesos de integración en diferentes estados de desarrollo. Aun así, se trata de un escenario con buenas prác- ticas en permanente transformación, dado el surgimiento constante de novedosas iniciativas. Las buenas prácticas que fueron analizadas y poseen posibilidades de ser replicadas, presentan en general algunos de los siguientes rasgos:

> el carácter sistémico de la política TIC, que permite lograr que se lleguen a producir cambios en las culturas institucionales y en los sujetos, que redunden en más y mejores experiencias de aprendizaje para todos;

> los estados nacionales y regionales tienen como necesidad asumir un compromiso sostenido en el tiempo, con relevancia de las dimensiones sociales y pedagógicas en la planificación de las políticas TIC;

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> la inclusión de las TIC implica una articulación intersectorial hacia el interior del Estado y una articulación entre actores estatales y privados para alcanzar su implementación y requiere del compromiso del máximo nivel de gobierno. La experiencia indica que estas políticas no deben tener origen en decisiones sectoriales, sino ser el fruto de deliberaciones de nivel nacional y hasta regional; > el desarrollo de normativas con criterios claros de implementación y regulación,

que contribuyen a orientar y articular los esfuerzos y recursos puestos en juego, por ello no deben limitarse a la creación de programas, organismos o asignaciones presupuestarias, sino que deben dar cuenta, de forma clara y concreta, de objetivos, metas y resultados buscados, así como de los criterios que se utilizarán para su implementación y regulación;

> el Estado debe garantizar la gestión de los residuos TIC mediante planes integrales, como parte de la política de inclusión digital y exigir grados de responsabilidad entre los principales actores de los distintos niveles de las cadena de producción, comercialización y consumo;

> el Estado debe ser garante de la calidad de los contenidos digitales y de la transparencia en las compras, como así también ser negociador con el resto de los actores en pos de reducir la brecha digital. Este rol le concierne no solo respecto de la toma de decisiones, sino también en relación con las garantías y mediaciones entre el sistema educativo y el sector privado;

> el papel activo desempeñado por las universidades y la investigación es necesario para articular acciones en conjunto y para garantizar mayores alcances con calidad;

> la fuerte presencia de una política TIC en la comunidad requiere acciones específicas de sensibilización de todos los actores implicados: directivos, docentes, alumnos, padres y la comunidad, al mismo tiempo que se estimula la creación de redes de voluntarios para este cometido y para cuestiones como capacitación, soporte técnico, etc.;

> la expertise es uno de los recursos más escasos, más incluso que el económico, tanto en los países de la región que recién empiezan como en los que han tomado la delantera. Es necesario que, tanto en los niveles de decisión política como en las escuelas, se compartan las experiencias desarrolladas como así también su evaluación y seguimiento;

> las políticas TIC deben presentar un carácter de innovación educativa, para que operen no solo sobre la problemática del acceso, sino también sobre la calidad de uso;

> las estrategias de monitoreo y evaluación son fundamentales para dar cuenta del desarrollo de los procesos efectuados, de las acciones realizadas

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En síntesis, las demandas actuales deben ser atendidas sin dejar de bregar por las deudas educativas todavía pendientes desde el siglo pasado, como la alfabetización en competencias básicas, la formación de calidad de los docentes, la infraestructura edilicia, en muchos casos deficiente, la producción de recursos educativos de calidad y contextualizados, según las necesidades e intereses de los países de la región. Mediante las innovaciones que proponen la integración de TIC en los sistemas edu- cativos se aspira a dar respuesta al conjunto de estos desafíos de mejora de la cali- dad de la educación. Es de esperar que América Latina logre consolidar un proceso ya iniciado, asumiendo el desafío de ingresar en una etapa de transformación y ex- tensión progresiva de las experiencias en marcha, a partir de la integración de las TIC en el ámbito educativo. ■

NOTA DE OPINIÓN

LA ERA DIGITAL

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