Origen y evolución de las cajas populares

En términos generales, lo que hoy son las cajas populares han evolucionado por cuatro etapas históricas bien definidas.

Primera etapa Primera etapaPrimera etapa

Primera etapa. Esta etapa comprende dos períodos: de 1910 a 1914 y de 1920 a 1924. En ambos períodos los llamados católico–

sociales se dieron a la tarea de promover un tipo de cooperativas des- tinadas a “fomentar el mejoramiento moral y material de los pequeños agricultores, procurándoles crédito en condiciones convenientes y provocando el ahorro entre toda clase de personas”(Barbosa, 1996).

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Este tipo de cooperativas fue resultado de una adaptación del sistema que fundara el alemán Federico Guillermo Raiffeisen a medidas del si- glo pasado, y que en México tomara el nombre de Cajas Rurales de Préstamos y Ahorros, sistema Raiffeisen.

Desde su origen, las cajas rurales se presentaron como parte inte- grante del proyecto social de la Iglesia —“ahí donde se establecía una caja, se encontraba un sacerdote”. Se concebían como un movimiento autónomo y frecuentemente contrario a otras opciones. Por ello, no es de extrañarse que la dinámica fundacional de las cajas rurales haya dependido del nivel y calidad de las relaciones de la Iglesia con el Es- tado.

Así, el surgimiento de la primera caja rural fue en 1910 en el esta- do de Jalisco, y desde entonces se inicia una intensa promoción en el occidente del país que en poco tiempo se interrumpe, como de hecho se interrumpió toda la obra del catolicismo social, merced al triunfo de la revolución constitucionalista en 1914.

Alrededor del año de 1919, al distenderse las relaciones conflicti- vas entre los gobiernos estatales (de Jalisco y Michoacán), el federal y la Iglesia, vuelven a aparecer los promotores de las cajas rurales (Pa- lomar y Vizcarra, 1920) y se fundan otras, pero de nueva cuenta por pocos años, al tornarse otra vez ríspidas las relaciones entre aquéllos con la violencia de 1926 que culmina con la revolución cristera.⁴³ Para este año se reportaba la existencia de 22 cajas rurales en todo el país.

Sin embargo, una vez concluida la revolución cristera, las cajas ru- rales ya no reaparecieron, ello debido a que el Estado entró en escena haciéndole la competencia a la Iglesia en el ámbito del crédito rural.

En 1925, siendo Presidente Plutarco Elías Calles y a raíz de su regreso de un viaje por Europa, se inició a nivel nacional una intensa campaña de difusión explicando las características y bondades del sistema Raif- feisen.⁴⁴ En dicha propaganda se leía: “con resolución, con constancia, con fe, vamos a emprender dentro de poco tiempo la fundación de cooperativas en la República Mexicana”, y no se precisa decir que no se exigiría la condición de ser católicos, al contrario, se especificaba la

43 De hecho, el principal ideólogo e impulsor de las cajas rurales, Miguel Palomar y Vizca- rra, fue uno de los principales miembros de la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Reli- giosa, organización que condujo una intensa campaña de agitación y movilización, procla- mando la acción legal, el boicot económico y la acción no violenta, para sumarse finalmente a la guerra cristera (Meyer, 1997).

44 Ver Talleres Gráficos de la Nación. Resumen histórico del desenvolvimiento de las coopera- tivas en varias naciones. Propaganda cooperativa. México. 1925.

prohibición que tenían los asociados de tratar cuestiones religiosas y políticas (Barbosa, 1996).

Con la Ley de Crédito Agrícola del 10 de febrero de 1926 se creó el Banco Nacional de Crédito Agrícola cuyas funciones serían muy si- milares a las previstas años atrás por los católicos⁴⁵, es decir, la de crear las sociedades locales de crédito agrícola de responsabilidad ilimitada con el objeto de brindar préstamos de avío y refaccionarios, además de operar como cajas de ahorro.

En lo que respecta a las necesidades crediticias de los ejidatarios, estas serían satisfechas de conformidad con las disposiciones de la Ley de Bancos Agrícolas Ejidales del 16 de marzo de 1926. Según sus auto- res, Gonzalo Robles y Jesús Silva Herzog, “se trató de crear un sistema de crédito en beneficio del ejidatario, semejante al de las cajas rurales organizadas en Alemania por Raiffeisen, por supuesto sin el contenido ideológico” (Herzog, 1964).

En suma, la fuerte dependencia de las cajas rurales hacia la Iglesia, aunado a las relaciones conflictivas de esta institución con el Estado, fueron factores que impidieron el crecimiento y desarrollo de un mo- vimiento cooperativista de ahorro y crédito con la fuerza y alcance que lograra en Norteamérica y Europa. Asimismo, la política estatal consis- tente en canalizar crédito subsidiado a los agricultores hizo difícil la proliferación y sostenimiento de cualquier caja independiente.

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Segunda etapa.tapa.tapa.tapa. La segunda etapa inicia en 1950, año en que el doctor en teología Pedro Velázquez y a través del Secretariado Social Mexicano, órgano oficial de la Iglesia para la difusión y práctica de su doctrina social, decide enviar a Canadá al recién ordenado sacerdote Carlos Talavera y a su hermano Manuel Velázquez a estudiar los siste- mas cooperativos. Con el conocimiento adquirido de las cooperativas de pescadores y agricultores de Antigonish, Nueva Escocia y de las Credit Union de Estados Unidos, se inicia la promoción en México, siendo 1951 el año en que surge el primer fruto en la Colonia América de la Ciudad de México y al que se le denominó Caja Popular León XIII.

¿Por qué se adoptó el nombre de caja popular? Uno de los funda- dores lo explica en los siguientes términos (Velázquez, 1986): “Tenía- mos que escoger entre unión de crédito, cooperativa de ahorro y cré- dito o caja popular (del francés, caisse populaire, que fue el nombre

45 El sacerdote jesuita Alfredo Méndez Medina proponía cosa semejante en un artículo publicado en La Dama Católica, del 1 de febrero de 1924: “pequeñas sociedades de crédito federadas con otras similares y sostenidas por un Banco Nacional Agrario o por instituciones semejantes” (citado por Barbosa, 1996).

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adoptado por Alfonso Desjardins para denominar a las cooperativas de pescadores y agricultores que fundó en el año de 1900 en la costa oriental de Canadá). Habíamos optado por el modelo de estatuto car- gado hacia el norteamericano, como lo tenían en Nueva Escocia, pero el nombre de unión de crédito ya estaba apropiado en México por otras entidades crediticias. Cooperativas no podíamos llamarles para no echarnos encima a la ley y sus inspectores. No nos quedaba sino ca- ja popular, porque queríamos eso, que fuera popular; porque el pue- blo entendía ya de cajas de ahorro y porque en la tradición cercana, por los años veinte, habían existido en México las Cajas Raiffeisen”.

En esta segunda etapa, la promoción se apoyaba totalmente en la calidad moral de los sacerdotes y fue por su presencia que los socios se animaron a depositar sus ahorros y a pagar sus préstamos.

Muchas asambleas de esta época eran presididas por el “asesor moral”, el cual dirigía también las sesiones semanales de estudio. Gra- cias a esto se logró un movimiento con mística, pero también por esto se enfatizó exclusivamente el aspecto social, pero no en el económico.

Los sacerdotes preferían cajas pequeñas en socios y capitales, sin im- portar que no se dieran las condiciones mínimas de éxito.

Debido a que la demanda para la promoción era cada vez mayor y rebasaba la capacidad de tiempo y de personal de los sacerdotes del Se- cretariado, se decidió crear el Comité Coordinador de Cajas Populares, que en el marco del primer congreso nacional de cajas populares de 1954 tomara el nombre de Consejo Central de Cajas Populares. Para el sostenimiento de este Consejo se aprobó una cuota anual de un peso por socio, la cual se comprometía a pagar cada una de las cajas popula- res, pidiéndola directamente a sus miembros. Educación y vigilancia fue la primera acción de este organismo nacional: educar en la doctrina y en los métodos cooperativos y vigilar para evitar desviaciones.

Sin embargo, debido a que de todas partes se reclamaba la pre- sencia de los pocos miembros que conformaban el Consejo, se decidió, en 1955, crear las Comisiones Regionales de Educación y Vigilancia (CREV) cuyas sedes serían en el mismo lugar donde existían las cajas y

“donde brotaban nuevas con el impulso arrollador que les era caracte- rístico”. Más tarde, las CREV dieron lugar al surgimiento de las federa- ciones por estado, cuyos estatutos señalaban que eran “asociaciones de cajas populares, sin fines de lucro, con el objeto de promover, impul- sar, coordinar y consolidar las cajas del estado”. Con esta estructura, surge en 1964 la Confederación Mexicana de Cajas Populares, conce- bida como una “asociación nacional de federaciones de cajas, sin fines

de lucro, para integrar, promover y representar al movimiento en los campos nacional e internacional; para fomentar la educación coopera- tiva, el asesoramiento técnico y para propiciar nuevas formas y siste- mas de financiamiento cooperativo entre los socios”.

Originalmente la Confederación quedó integrada por siete federacio- nes estatales, aunque más tarde la formaban más de veinte. La realidad, sin embargo, era que la mayoría de las cajas no recibían una atención adecuada de su federación, porque las primeras no podían pagar una cuo- ta suficiente para acceder a más servicios. Esto planteó la necesidad de una reestructuración, presentándose para ello tres alternativas:

1. Mantener las federaciones estatales; esto implicaba aumentar desmesuradamente las cuotas para incrementar los servicios a cajas y federaciones.

2. Crear una sola federación, cuyo campo de acción sería todo el país; esta opción tenía la ventaja de abaratar costos de oficina y personal, y

3. Crear no más de ocho federaciones con cajas de dos o más esta- dos, las cuales a su vez estarían asociadas a una confederación nacional. Esta opción implicaba crear un sistema jerarquizado con tres niveles: en la base, estarían las cajas populares, en la par- te media, las federaciones, y en la cúspide la confederación.

Finalmente y, aún con las resistencias de algunos directivos y fun- cionarios de federaciones y CREV que veían lesionar sus intereses per- sonales, se optó por la tercera opción y en 1973 se adoptó formalmen- te, siendo la estructura que prevaleció hasta 1993.

Tercera etapa Tercera etapaTercera etapa

Tercera etapa. Esta etapa comprende el periodo que va desde mediados de los sesenta hasta mediados de los setenta y se caracteriza por el desplazamiento de los sacerdotes como “asesores únicos” y el surgimiento de una estructura administrativa conformada por los pro- pios socios. Existía el convencimiento de que las cajas no podían basar su existencia en el “asesor moral” o en voluntarios que hicieran por la caja lo que podían en sus horas libres de la noche o durante los fines de semana. Así, se destacaba la necesidad de que los dirigentes elegi- dos democrática y libremente asumieran responsabilidades mayores y que hubiera una persona, al menos, en quien se apoyara la atención de los socios y la administración de la caja. Esta persona debiera estar libre de otras responsabilidades y su trabajo debía consistir exclusiva- mente en los quehaceres de la caja.⁴⁶

46 Para 1967 la Caja Obrera de Jalisco era la que contaba con mayor membresía (750 so-

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Es así como en 1971, en el marco de la octava asamblea de la Confede- ración de Cajas Populares, se plantea la necesidad de que las cajas cuenten con un gerente, ajeno a los cargos del consejo de administración. Aunque este planteamiento estaba orientado a elevar la eficiencia de las cajas y a se- parar las funciones de dirección y de ejecución, para algunos sacerdotes, con esta visión el movimiento dictaba su sentencia de muerte, pues “las cajas populares habían perdido su espíritu. Ya eran entidades mercantilistas donde se hablaba de sueldos, de empleados y de técnicas bancarias. Se acabó la generosidad, el espíritu cooperativista” (Eguía, 1984). Además, criticaban acremente “el acercamiento de la Confederación a las autoridades guber- namentales; esto significaba entregar al pueblo indefenso en manos de quien todo lo tiene para que lo manipulara”.

El verdadero fondo de estas críticas era el que algunos sacerdotes y dirigentes se empezaron a sentir desplazados y aduciendo motivos de carácter ideológico o falta de tiempo para seguir participando, optaron por liquidar la caja que habían fundado o promovieron la separación de su federación. Es así como las federaciones del Distrito Federal, la de Coahuila y Yucatán deciden separarse de la confederación.⁴⁷

Con la llegada de los “profesionales” las cajas populares lograron su despegue, ya que el número de socios se elevó de 27 mil en 1970 a 65 mil en 1976 y de mil pesos de captaciones por socio se llegó a 2 mil 500, lo que hacía un capital ahorrado de más de 160 millones de pesos, en comparación con los escasos 30 millones de 1970 (Álvarez, 1976).

Cuarta etapa Cuarta etapa Cuarta etapa

Cuarta etapa. En esta etapa, que va desde mediados de los setenta hasta principios de los noventa, son pocos los sacerdotes que realmen- te colaboran con las cajas populares. El movimiento descansa total- mente en la acción de sus dirigentes y en la mayor parte de los orga- nismos de todo nivel: cajas, federaciones y confederación. Operan en locales propios, ajenos a los dominios de la Iglesia. Esto no significa que se hayan dejado de lado los principios de la Iglesia social cristiana. Lo que ocurre en esta etapa es que estos se equilibran con el aspecto em- presarial del cooperativismo.

cios) pero no contaba con una oficina formal y las socias eran atendidas en la casa de la pre- sidenta (Álvarez, 1996).

47 El informe que presentó en 1975 el comisionado de la federación para dialogar con las cajas separadas señalaba que “el fondo de los problemas de las tres federaciones tiene su origen en: (i) la sobrevaloración de las personas que manejan las cajas en dichas federacio- nes, (ii) el desprecio a la confederación viene del egoísmo de los dirigentes, y (iii) estas fede- raciones han exagerado su visión, pues han agrandado sus propias cualidades, se han cega- do ante los propios defectos, creen mirar su fuerza donde en realidad hay fragilidad, confían en su grandeza, poder y perfección, donde apenas hay casi nada” (Eguía, 1984).

La nueva visión sobre las cajas populares, aunado a la situación económica del país, propició el crecimiento de las cajas y para fines de 1985 ya eran 179 cajas con 180 mil socios y un capital de más de 10 mil millones de pesos. Este crecimiento, sin embargo, no fue uniforme, pues empezaron a sobresalir un grupo de grandes cajas —con más de cinco mil socios— que empezaron a cuestionar la existencia misma de la confederación, ya que a su juicio no brindaba los servicios que estas requerían.

Esta confrontación dio como resultado la separación de estas cajas de sus respectivas federaciones regionales y por consiguiente de la confederación nacional. Este proceso se inició a finales de 1984 cuan- do seis cajas jaliscienses deciden escindirse; luego, en 1986 también se separan un grupo de cajas queretanas, con Libertad e Inmaculada a la cabeza y finalmente, en 1989, dejaba también su federación la Caja Real del Potosí (Álvarez, 1996).

Aunque para algunos (Álvarez, 1996) estas escisiones eran un fiel reflejo de la soberbia y los intereses individuales de algunos di- rigentes, para otros (Diosdado e Imperial, 1996) lo que realmente ocurrió fue que fueron rebasadas las expectativas de las cajas más grandes respecto a la función de servicios que deberían cubrir la confederación y las federaciones. “Algunas cajas empezaron a tener mayores necesidades que las satisfechas por su federación, como también estas presentaron otros muchos requerimientos que la con- federación no les podía satisfacer. Todos esto fue creando un am- biente de cuestionamiento en torno a la existencia de las organiza- ciones integradoras, las cuales no fueron actualizadas a las necesi- dades y requerimientos de sus miembros, por lo que se considera- ron hasta cierto punto un obstáculo, en lugar de un factor para el desarrollo pretendido. De hecho, todas las federaciones dependie- ron presupuestariamente en al menos un 25% de una sola caja o cuando mucho de dos” (López, 1996).

Lo que también pudo haber ocurrido para el retiro de las grandes cajas es que estas no veían reflejados sus intereses en la confederación, pues bajo el principio de un hombre un voto, todas las cajas pesaban por igual, independientemente de su tamaño. Así, “se pasó por alto que la democracia es cada día mas una cuestión de equidad que de igualdad, de tal forma que a nivel de las cooperativas de segundo o tercer nivel, se hace necesario aplicar fórmulas de ponderación del vo- to con base a miembros, territorios, productos, operaciones o capital”

(Pacheco, 1996).

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