La situación en la región seguía siendo sumamente inestable. Continuaron cometiéndose violaciones de derechos humanos generalizadas en el contexto de las operaciones de seguridad.
Los grupos armados siguieron lanzando ataques contra las fuerzas de seguridad, las autoridades locales y la población civil. Un doble atentado con explosivos perpetrado el 3 de mayo en Majachkala (Daguestán) se saldó con la muerte de 13 personas
–de las que 8 eran agentes de policía–, y más de 80 trabajadores de los equipos de emergencia y rescate resultaron heridos. El 28 de agosto, una mujer perpetró un atentado suicida con explosivos que mató a Sheij Said Afandi, un influyente clérigo musulmán de Daguestán, y a las cinco personas que lo visitaban en ese momento. Hubo otros ataques de grupos armados en todo el Cáucaso Septentrional.
Algunas repúblicas intentaron dar respuesta a la amenaza que representaban los grupos armados sin adoptar medidas represivas. Se establecieron “comisiones de adaptación” en Daguestán e Ingusetia para promover la rendición de miembros de grupos armados y su reinserción en la sociedad. Las autoridades daguestaníes adoptaron una actitud más tolerante con los musulmanes salafistas.
Sin embargo se siguieron llevando a cabo operaciones de seguridad periódicamente en toda la región. En el curso de ellas se denunciaron numerosas violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidas desapariciones forzadas, detenciones ilegítimas, tortura y otros malos tratos y ejecuciones extrajudiciales.
Las autoridades se abstenían por sistema de poner en marcha investigaciones prontas, efectivas e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a fin de identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Hubo algunos casos en los que se iniciaron actuaciones penales, pero en la mayoría la investigación subsiguiente no permitió establecer la identidad de los autores o confirmar la participación de funcionarios públicos en los hechos, o concluyó que los funcionarios no habían cometido abusos. Sólo en contadas excepciones la investigación dio lugar al
procesamiento de agentes de policía por abuso de autoridad en relación con episodios de tortura y otros malos tratos. No se resolvió un solo caso de desaparición forzada ni de ejecución extrajudicial, ni se llevó ante los tribunales a autores de abusos pertenecientes a otros organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Rustam Aushev, de 23 años y residente en Ingusetia, fue visto por última vez el 17 de febrero en la estación de tren de Mineralnye Vody, en la vecina región de Stavropol. Al día siguiente, un familiar suyo habló con miembros del personal de la estación,
quienes le contaron que habían visto cómo unos hombres vestidos de civil detenían a un joven y se lo llevaban en un monovolumen marca Gazelle, escena que además había sido grabada por las cámaras de vigilancia. Según informes, un guardia de seguridad se había dirigido al conductor del monovolumen para pedirle que aparcara el vehículo en la zona destinada al efecto y el conductor le había mostrado una
identificación oficial del Servicio Federal de Seguridad. La familia de Rustam Aushev puso estos datos en conocimiento de las autoridades y reclamó una investigación, pero al final del año seguían sin conocerse la suerte y el paradero del joven.
Concluyó en Karabulak el primer juicio celebrado en Ingusetia contra dos ex miembros de la policía. Algunas de las acusaciones contra ellos estaban relacionadas con la detención secreta y tortura de Zelimkhan Chitigov, aunque también se enfrentaban a otros cargos. La sentencia se aplazó varias veces durante casi tres meses; hasta que el 7 de noviembre, el juez condenó a ocho años de cárcel a uno de los acusados y absolvió plenamente al otro, que había sido su superior. Víctimas y testigos habían denunciado intimidaciones a lo largo de todo el juicio, durante el cual ambos acusados habían permanecido en libertad. No se había identificado a más responsables a pesar de que Zelimkhan Chitigov se había referido al menos a otro funcionario por su nombre y había denunciado que muchos más habían participado en las interminables sesiones de tortura a las que lo habían sometido durante los tres días que había permanecido en detención secreta.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional visitó la Federación Rusa en mayo y junio. Russian Federation: The circle of injustice – Security operations and human rights violations in Ingushetia(EUR 46/012/2012)Russian Federation: Briefing to the UN Committee against Torture
(EUR 46/040/2012)
FILIPINAS
REPÚBLICA DE FILIPINAS
Jefe del Estado y del gobierno: Benigno S. Aquino III
Defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas corrían peligro de sufrir homicidios ilegítimos, y seguían sin resolverse miles de casos de violaciones graves de derechos humanos. Las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las cometidas durante el periodo de la Ley Marcial, de 1972 a 1981, continuaron sin obtener justicia, verdad y reparación. En abril, Filipinas se adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, aunque no había establecido el mecanismo necesario para vigilar el trato a los detenidos. El acceso a la salud reproductiva seguía estando restringido. En diciembre se promulgó una nueva Ley sobre Salud Reproductiva.
Información general
En octubre, el gobierno y el Frente Moro de Liberación Islámica firmaron un acuerdo marco que sentó las bases para la resolución pacífica de décadas de conflicto armado en Mindanao, pese a que no abordaba exhaustivamente los derechos humanos. En octubre, el Congreso promulgó la Ley de Prevención de Delitos Informáticos, que prevé penas de hasta 12 años de prisión por publicar en Internet comentarios considerados difamatorios. Tras la indignación pública que suscitó la ley, el Tribunal Supremo suspendió su aplicación hasta que fuera sometida a revisión judicial. En noviembre, Filipinas adoptó la Declaración de Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), pese a la gran preocupación que suscitaba el hecho de que el documento no se ajustase a las normas internacionales.