Continuaron practicándose detenciones arbitrarias de corta duración, y se recibieron informes frecuentes de reclusión en régimen de incomunicación durante periodos breves.
En febrero, el ex preso de conciencia José Daniel Ferrer García fue detenido y recluido durante tres días en régimen de incomunicación. Mientras estaba bajo custodia lo amenazaron con enviarlo a la cárcel si
continuaba con sus actividades disidentes en la Unión Patriótica de Cuba. En abril fue detenido de nuevo tras ser acusado de “desórdenes públicos”; quedó en libertad al cabo de 27 días, con la condición de que abandonara su activismo político.
Niurka Luque Álvarez y Sonia Garro Alfonso, integrantes de las Damas de Blanco, y el esposo de Sonia, Ramón Alejandro Muñoz González, fueron detenidos sin cargos en marzo. Niurka Luque Álvarez quedó en libertad en octubre. Al finalizar el año Sonia Garro Alfonso y su esposo seguían detenidos, pero no se habían presentado cargos formales contra ellos.
Andrés Carrión Álvarez fue detenido por gritar “libertad” y “abajo el comunismo” durante una misa celebrada por el papa Benedicto XVI. Quedó en libertad tras pasar 16 días en prisión. Tres días después lo detuvieron de nuevo durante cinco horas y lo acusaron de otro delito de “desórdenes públicos”. Quedó en libertad con la condición de que se presentara a la policía una vez a la semana, no abandonara su municipio sin autorización previa y no se relacionara con personas críticas con el gobierno.
Embargo estadounidense contra Cuba
En septiembre, Estados Unidos renovó la Ley sobre Comercio con el Enemigo, que imponía sanciones económicas y financieras a Cuba y prohibía que los ciudadanos estadounidenses viajasen a la isla y participasen en actividades económicas con ese país. En noviembre, por vigésimo primer año consecutivo, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en la que se pedía a Estados Unidos que levantase el embargo unilateral. La Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF, el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) y otros organismos de las Naciones Unidas informaron sobre los efectos adversos del embargo en la salud y el bienestar de la población cubana, especialmente en los miembros de grupos marginados. En 2012, las autoridades cubanas responsables de la atención de la salud y los organismos de la ONU no tuvieron acceso a equipos médicos, medicinas ni materiales de laboratorio fabricados bajo patente estadounidense.Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Las autoridades cubanas no permitían el acceso de Amnistía Internacional al país desde 1990.Represión sistemática. Acoso y detenciones breves por motivos políticos en Cuba(AMR 25/007/2012)
Cuba: La libertad de reunión y de expresión, limitadas por las políticas gubernamentales(AMR 25/027/2012)
DINAMARCA
REINO DE DINAMARCA
Jefa del Estado: reina Margarita II Jefa del gobierno: Helle Thorning-Schmidt
Un informe del Parlamento Europeo recomendó que Dinamarca llevase a cabo una investigación independiente sobre su participación en el programa de entregas dirigido por Estados Unidos. Se levantó la suspensión de las transferencias de detenidos por parte de las fuerzas armadas danesas al servicio de inteligencia afgano, a pesar de que las personas transferidas corrían un riesgo real de sufrir tortura y otros malos tratos. Seguían preocupando las prácticas de detención destinadas al control de la inmigración por el modo en que afectaban a las personas en situación vulnerable.
Tortura y otros malos tratos
En abril, el gobierno creó una comisión para analizar la participación de Dinamarca en la guerra de Irak, incluidas las denuncias de que el ejército había transferido a detenidos a las autoridades iraquíes a pesar de que parecía saber que correrían peligro de sufrir tortura y otros malos tratos. En octubre se supo que soldados daneses disponían de imágenes de vídeo en las que, al parecer, se veía a detenidos sufriendo malos tratos a manos de soldados iraquíes.
En diciembre, según la información disponible, se impidió en la práctica a 11 iraquíes emprender acciones contra Dinamarca por haberlos transferido presuntamente a las autoridades de Irak a sabiendas de que correrían peligro. Se les había negado la asistencia letrada gratuita y, como requisito previo al inicio de las acciones judiciales, se les exigió a cada uno el pago de un depósito de 40.000 coronas en concepto de garantía, una cantidad que ninguno de ellos podía costearse.
En octubre se levantó la suspensión de las transferencias de detenidos por parte de las fuerzas
armadas danesas al servicio de inteligencia afgano, la Dirección Nacional de Seguridad, a pesar de que las personas bajo custodia de este organismo corrían un riesgo real de sufrir tortura y otros malos tratos. Así, el 20 de octubre y el 23 de noviembre, las fuerzas armadas danesas en Afganistán transfirieron a detenidos afganos a un centro de la Dirección Nacional de Seguridad en Lashkar Gah.
Seguridad y medidas antiterroristas
En septiembre, un informe del Parlamento Europeo recomendó que Dinamarca llevase a cabo una investigación independiente sobre su presunta complicidad en el programa de entregas de la CIA. En mayo se había publicado un estudio encargado por el gobierno y realizado por el Instituto de Estudios Internacionales danés, pero consistía en el examen de documentos recopilados previamente y no era una investigación que tuviese en cuenta cuestiones de derechos humanos.También en septiembre, un comité de expertos presentó un anteproyecto de ley que establecía la supervisión independiente de la recopilación y el almacenamiento de información sobre personas y organizaciones por parte del Servicio de Inteligencia y Seguridad danés. Sin embargo, preocupaba que el anteproyecto no estipulase la creación de un mecanismo de control debidamente independiente y efectivo ni incluyese disposiciones sustantivas sobre la entrega de esa información a servicios de inteligencia extranjeros.
Policía y fuerzas de seguridad
En agosto, el director de la Oficina Independiente de Denuncias contra la Policía afirmó que un número considerable de denuncias contra la policía tenían que archivarse sin tomar ninguna medida porque era imposible identificar a los agentes implicados. Como consecuencia de ello, varios políticos pidieron que los agentes llevasen números de identificación en sus uniformes, pero los jefes de policía se opusieron.
Violencia contra mujeres y niñas
En noviembre, el Comité Permanente sobre Asuntos Penales hizo público su informe sobre delitos sexuales, que incluía varias propuestas de reforma legislativa, como penalizar los abusos sexuales cometidos por el cónyuge hallándose la víctima en estado de indefensión y poner fin a la posibilidad de reducir o anular lassanciones penales si la víctima y el agresor contraían matrimonio o seguían casados tras una violación.