incitación y blasfemia para penalizar la libertad de religión, así como la de expresión, pensamiento y conciencia. Al menos seis presos de conciencia seguían encarcelados por cargos de incitación y blasfemia.
En junio, Alexander Aan, ateo, fue condenado a dos años y medio de prisión y al pago de una multa de 100 millones de rupias (10.600 dólares estadounidenses) por incitación al odio, tras publicar declaraciones e imágenes que algunas personas consideraron insultantes para el islam y el profeta Mahoma.
En julio, el Tribunal de Distrito de Sampang condenó al líder religioso musulmán chií de Java Oriental Tajul Muluk a dos años de prisión por blasfemia en aplicación del artículo 156.a del Código Penal indonesio. Los grupos locales de derechos humanos y algunos juristas expresaron dudas sobre la imparcialidad del juicio. En
septiembre, tras la apelación, se le aumentó la pena a cuatro años.
Las minorías religiosas –incluidas la ahmadí, la chií y la cristiana– seguían siendo objeto de
discriminación, intimidación y ataques. En muchos casos las autoridades no las protegieron
adecuadamente ni llevaron a los autores de estos abusos ante la justicia.
En agosto, un hombre murió y decenas de personas resultaron heridas cuando una multitud atacó a una comunidad chií en Sampang, Java Oriental. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la policía no adoptó las medidas necesarias para impedir el ataque o proteger a la comunidad.
Al menos 34 familias de una comunidad ahmadí de la provincia de Nusa Tenggara Occidental que fue atacada por una multitud y desplazada en 2006 debido a sus creencias seguían viviendo en refugios
temporales en Mataram, en la ciudad de Lombok. Nadie había sido enjuiciado por el ataque.
Las autoridades se negaron a acatar sendas resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo indonesio en 2010 y 2011, que ordenaban la reapertura de la iglesia cristiana indonesia Taman Yasmin de Bogor y la iglesia cristiana protestante Batak Filadelfia de la ciudad de Bekasi, precintadas por las autoridades locales en 2010. Ambas congregaciones seguían corriendo el riesgo de sufrir hostigamiento e intimidación a manos de grupos extremistas por continuar celebrando sus servicios religiosos en la calle, delante de sus edificios.
Derechos de las mujeres
Las mujeres y las niñas seguían teniendo dificultades para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. En julio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó al gobierno que promoviera el conocimiento de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluso entre las mujeres solteras y las trabajadoras domésticas. El Comité recomendó asimismo que se diera a las mujeres acceso a métodos anticonceptivos sin tener que obtener el consentimiento del esposo.
Seguía en vigor una normativa del gobierno de 2010 que permitía la “circuncisión femenina”, lo que vulneraba las obligaciones contraídas por Indonesia en virtud del derecho internacional de derechos humanos. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió al gobierno que
retirase la normativa y adoptase leyes para penalizar esta práctica.
Por tercer año consecutivo, el Parlamento no debatió ni promulgó legislación sobre las personas que trabajaban en el servicio doméstico, lo que dejaba a éstas, en su gran mayoría mujeres y niñas, a merced de la explotación económica y de la negación de su derecho a unas condiciones de trabajo justas, a la salud y a la educación. Aunque Indonesia ratificó en mayo la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990, la ausencia de protección jurídica adecuada en el país exponía a los trabajadores domésticos migrantes, en su mayoría mujeres y niñas, a la trata, a prácticas de trabajos forzados y a otros abusos contra los derechos humanos tanto en Indonesia como en otros países.
Impunidad
Hubo pocos avances a la hora de lograr justicia, verdad y reparación por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado en Aceh, Papúa y Timor Oriental. Las supervivientes de la violencia sexual no habían recibido aún servicios ni tratamiento adecuados de carácter médico, psicológico y de salud mental, sexual y reproductiva. En septiembre, el gobierno indonesio anunció en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que estaba ultimando una nueva ley sobre una comisión de la verdad y la reconciliación, aunque no se tuvo noticia de avances. El equipo interinstitucional creado por el presidente en 2011 para elaborar un plan destinado a resolver violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado aún no había anunciado planes concretos.
En julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó ante el fiscal general su informe sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos contra miembros del Partido Comunista de Indonesia y presuntos simpatizantes comunistas en el contexto del fallido golpe de Estado de 1965. La Comisión pidió al fiscal general que iniciara una investigación oficial, que hiciera comparecer a los autores ante un tribunal de derechos humanos y que crease una comisión de la verdad y la reconciliación. No se tuvo constancia de avance alguno.
En septiembre, el Parlamento provincial de Aceh anunció una demora en la creación de una comisión de la verdad y la reconciliación de Aceh, lo que dejó a las víctimas y a sus familias sin un mecanismo oficial para
establecer la verdad sobre las violaciones que sufrieron durante el conflicto y la suerte o el paradero de sus seres queridos víctimas de homicidio o desaparecidos.
El presidente no siguió las recomendaciones formuladas por el Parlamento en 2009 de hacer comparecer ante la justicia a las personas implicadas en la desaparición forzada de 13 activistas por la democracia en 1997 y 1998, emprender de inmediato la búsqueda de los activistas desaparecidos y proporcionar rehabilitación y una indemnización a sus familias.
El gobierno no aplicó las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad y la Amistad, organismo bilateral creado por Indonesia y Timor Oriental, en concreto, la de establecer una comisión para las personas desaparecidas encargada de determinar el paradero de todos los niños y niñas de Timor Oriental que fueron separados de sus progenitores y de informar a sus familias.
Pena de muerte
Por cuarto año consecutivo no se tuvo noticia de que se hubieran llevado a cabo ejecuciones. Sin embargo, durante el año se impusieron al menos 12 penas de muerte y seguía habiendo como mínimo 130 personas condenadas a muerte. Un hecho positivo fue la noticia en octubre de que el Tribunal Supremo había conmutado la pena capital impuesta a un narcotraficante en agosto de 2011 por considerar que esta pena vulneraba los derechos humanos y la Constitución. También en octubre se anunció que el presidente había conmutado 19 penas de muerte entre 2004 y 2011.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional visitó Indonesia en abril, mayo y octubre. Stalled reforms: Impunity, discrimination and security force violations in Indonesia – Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review, May-June 2012(ASA 21/003/2012)Excessive force: Impunity for police violence in Indonesia
(ASA 21/010/2012)
Indonesia: Briefing to the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women(ASA 21/022/2012)
IRAK
REPÚBLICA DE IRAK
Jefe del Estado: Yalal Talabani Jefe del gobierno: Nuri al Maliki
Miles de personas fueron detenidas, y cientos condenadas a muerte o a la cárcel, muchas de ellas en juicios injustos y por cargos de terrorismo. La tortura y los malos tratos a detenidos seguían siendo prácticas muy extendidas y quedaban impunes. Había centenares de personas condenadas a muerte. Hubo al menos 129 ejecuciones, 3 de ellas, como mínimo, de mujeres. Grupos armados contrarios al gobierno siguieron cometiendo graves abusos contra los derechos humanos y mataron a cientos de civiles en atentados con explosivos, algunos de ellos suicidas. Se siguieron registrando casos de hostigamiento, intimidación y violencia contra periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación. Más de 67.000 personas procedentes de Siria se refugiaron en Irak.
Información general
El estancamiento político en el Parlamento siguió dificultando los avances legislativos, lo que impidió, por ejemplo, la aprobación de una ley de amnistía. Las tensiones políticas se vieron agravadas por la detención de decenas de personas relacionadas con el vicepresidente, Tareq al Hashemi, que huyó de Bagdad tras haber sido acusado de organizar escuadrones de la muerte. En diciembre de 2011, la televisión iraquí retransmitió “confesiones” de detenidos que, al parecer, habían trabajado como guardaespaldas suyos y afirmaban que les había pagado para cometer homicidios. El vicepresidente eludió la detención, pero en septiembre fue acusado formalmente, juzgado y condenado a muertein absentia, junto con su yerno, Ahmad Qahtan, por el asesinato de una abogada y un funcionario del Estado. En otros juicios, celebrados en noviembre y diciembre, tambiénin absentia,fueron de nuevo condenados a muerte.
Continuaron las tensiones entre las autoridades de Bagdad y el gobierno de la región de Kurdistán, debido a sus diferencias sobre la distribución de los
ingresos procedentes del petróleo y a sus constantes desacuerdos con respecto a las fronteras internas.
Los jóvenes, sobre todo los considerados en sus localidades como inconformistas, fueron víctimas de una campaña de intimidación tras haber aparecido en febrero, en los barrios bagdadíes de Ciudad Sadr, Al Hababiya y Hay al Amal, octavillas y carteles dirigidos de forma específica contra ellos. Se intimidaba sobre todo a los jóvenes de conducta supuestamente homosexual y a los que por sus singulares peinados, ropas o gustos musicales parecían tener un estilo de vida alternativo.
En marzo se celebró en Bagdad, por primer vez desde el derrocamiento de Sadam Husein en 2003, la cumbre de la Liga de los Estados Árabes. Como medida al parecer “preventiva”, antes de su celebración las fuerzas de seguridad efectuaron detenciones masivas en la ciudad.
En abril, el Parlamento aprobó el establecimiento de la Alta Comisión Independiente de Derechos Humanos.
En diciembre, decenas de miles de iraquíes, en su mayoría suníes, empezaron a celebrar diariamente protestas antigubernamentales pacíficas contra los abusos que sufrían las personas detenidas. El malestar se desató a raíz de la detención de varios guardaespaldas del ministro de Finanzas y destacado líder político suní Rafie al Issawi, y de las denuncias de abusos sexuales y de otro tipo de mujeres detenidas. Los comités parlamentarios encargados de examinar estas denuncias llegaron a conclusiones dispares.