La violencia contra las mujeres y niñas siguió estando muy extendida y en 2012 se denunciaron casi 10.000 casos a la Unidad de Apoyo para la Violencia Doméstica de la policía de Ghana. Se consideraba que no todos los casos de violencia contra las mujeres se denunciaban y que las autoridades no abordaban adecuadamente la cuestión.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero e intersexuales
Las relaciones sexuales mantenidas con
consentimiento entre adultos del mismo sexo seguían siendo delito en el Código Penal de Ghana. Las personas sospechosas de mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo continuaron sufriendo actos de violencia. En marzo de 2012, unos jóvenes de la comunidad de James Town, en Accra, interrumpieron una ceremonia de boda entre dos mujeres y las agredieron a ellas y a sus invitados. Las mujeres fueron detenidas posteriormente y recluidas en la comisaría de policía de James Town por “participar en una práctica ilegal”. Salieron en libertad tras la intervención de sus familias.
El informe final de la Comisión de Revisión de la Constitución recomendó que el Tribunal Supremo del país decidiera si Ghana debía legalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. El gobierno “tomó nota” de la recomendación.
Personas refugiadas
y solicitantes de asilo
En junio, la Junta de Refugiados de Ghana anunció planes para cerrar el campo de refugiados de Buduburam, en Accra. La Junta afirmó que calculaba que se estaba inscribiendo a 11.000 refugiados de Liberia y Sierra Leona para ser repatriados a sus respectivos países.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional visitó Ghana en abril.“Prisoners are bottom of the pile”: The human rights of inmates in Ghana(AFR 28/002/2012)
Ghana: Human rights shortcomings in law and in practice. Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review
(AFR 28/003/2012)
GRECIA
REPÚBLICA HELÉNICA
Jefe del Estado: Carolos Papulias Jefe del gobierno: Antonis Samaras (sustituyó en junio a Panagiotis Pikrammenos, quien había sustituido a Lucas Papademos en mayo)
Continuaron denunciándose durante el año abusos policiales contra los derechos humanos, como torturas y uso excesivo de la fuerza. Las personas migrantes y solicitantes de asilo encontraban impedimentos para presentar su solicitud y a menudo eran recluidas en condiciones deficientes. Aumentó drásticamente el número de crímenes de odio por motivos raciales y étnicos.
Información general
La economía estaba en crisis y el índice de paro llegó al 26,8 por ciento en octubre. El Parlamento sometió a votación nuevas medidas de austeridad en febrero y noviembre, mientras la población se manifestaba en Atenas y otras ciudades. En mayo, el Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó que la legislación de austeridad relativa a los trabajadores del sector público vulneraba varias disposiciones de la Carta Social Europea.
El partido ultraderechista Amanecer Dorado, con un agresivo discurso contra la inmigración, obtuvo 18 escaños en las elecciones parlamentarias.
Uso excesivo de la fuerza
Persistieron las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante
manifestaciones.
En abril, la policía antidisturbios agredió a varios periodistas y fotógrafos durante las protestas celebradas en Atenas en memoria de un farmacéutico jubilado de 77 años que se había suicidado. El reportero gráfico Marios Lolos sufrió una grave fractura de cráneo al golpearlo un agente en la nuca con una porra. No se detuvo ni acusó de la agresión a nadie.
El 5 de agosto, la policía antidisturbios hizo un uso excesivo de sustancias químicas irritantes y, según la información recibida, disparó balas de goma y otros proyectiles de impacto directamente contra manifestantes pacíficos que se oponían a las
operaciones de extracción de oro en la región de Halkidiki.
Tortura y otros malos tratos
Seguían denunciándose actos de tortura y otros malos tratos a miembros de grupos vulnerables –como los migrantes y solicitantes de asilo recluidos con fines de control de la inmigración– y otras personas. Persistían los problemas sistémicos que hacían posible la impunidad, entre ellos que las autoridades casi nunca emprendían investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales ni garantizaban el derecho a un recurso efectivo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo en enero (en la causa
Zontul v. Greece) que la violación de un migrante irregular perpetrada con una porra por un agente de la guardia costera en mayo de 2001 constituía tortura. En agosto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó (en el casoKatsaris v. Greece) que Grecia no había investigado una denuncia de discriminación y malos tratos policiales a un griego de etnia romaní en 1999.
En marzo, un tribunal de apelación mixto con jurado de Atenas absolvió a dos agentes de policía de causar lesiones tipificadas en la disposición contra la tortura del Código Penal a dos refugiados en la comisaría de policía de Aghios Panteleimon, Atenas, en diciembre de 2004. Los agentes habían sido declarados culpables en primera instancia.
En octubre salieron a la luz graves denuncias de tortura infligida por la policía a 15 manifestantes antifascistas el 30 de septiembre en la Dirección General de la Policía en Atenas. Personas detenidas el 1 de octubre que eran afines a los manifestantes también denunciaron trato constitutivo de tortura en dependencias de la Dirección General. Las autoridades negaron las acusaciones, pero un juez instructor instó a la fiscalía a presentar cargos contra los agentes de policía implicados en las violaciones de derechos humanos cometidas contra los manifestantes.
Personas refugiadas, solicitantes
de asilo y migrantes
A pesar de que se documentaron mejoras en la instancia de apelación de los procedimientos de determinación de casos de asilo, Grecia apenas avanzó en el establecimiento de un sistema justo y efectivo. El nuevo Servicio de Asilo no había empezado aún a tramitar solicitudes al final del año
debido a importantes problemas de contratación. Los solicitantes de asilo seguían encontrando
impedimentos al intentar presentar sus solicitudes. Por ejemplo, en la Dirección de la Policía de Extranjería del Ática, con sede en Atenas, las autoridades sólo tramitaban unas 20 solicitudes de asilo a la semana.
Personas que habían intentado entrar en Grecia desde Turquía cruzando el río Evros denunciaron que las autoridades griegas las habían obligado a retroceder. En diciembre concluyó la construcción de una valla de 10 kilómetros y medio de largo en la frontera con Turquía, en la región de Evros. La valla era motivo de preocupación porque impedía alcanzar la seguridad a las personas que buscaban protección internacional y las abocaba a intentar cruzar la frontera en condiciones poco seguras.
Era habitual la detención durante largos periodos de los solicitantes de asilo y migrantes irregulares, incluidos los menores de edad no acompañados. En abril se introdujo una nueva disposición legislativa que permitía la detención de migrantes irregulares y solicitantes de asilo por motivos como ser portadores del VIH u otras enfermedades infecciosas. Las medidas enérgicas que empezó a aplicar la policía contra los migrantes en agosto suscitaron preocupación porque comportaban discriminación basada en su supuesto origen étnico, y fomentaban la xenofobia.
En octubre se reformó la legislación sobre los procedimientos de determinación de casos de asilo para permitir a la policía prorrogar 12 meses el periodo máximo que un solicitante podía permanecer privado de libertad (3 o 6 meses). Persistieron las deficientes condiciones de reclusión en varios centros de detención para inmigrantes y comisarías de policía donde se recluía a solicitantes de asilo y migrantes irregulares. Las condiciones en las instalaciones de detención de Elliniko, en Atenas, eran inhumanas y degradantes. Desde agosto hasta el final del año se tuvo noticia de gran número de casos de solicitantes de asilo y migrantes irregulares que estaban recluidos en comisarías de policía soportando penosas condiciones o habían sido abandonados a su suerte; muchos eran ciudadanos sirios que habían huido del conflicto en su país.