Humanos confirmó que Ecuador no había consultado a la comunidad indígena de Sarayaku, en la provincia de Pastaza, con respecto a un proyecto petrolífero que se iba a llevar a cabo en su territorio. La Corte ordenó al Estado que, entre otras medidas, retirase o desactivase los explosivos enterrados en el territorio de Sarayaku, consultase a las comunidades de Sarayaku sobre cualquier proyecto futuro de desarrollo que les pudiera afectar y adoptase medidas para materializar el derecho a la consulta de todos los pueblos indígenas.
En noviembre salió a concurso público la exploración petrolífera de la región del Amazonas; causaba preocupación el que no se hubiera consultado a las comunidades indígenas que podían verse afectadas.
En un informe publicado en agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por la inexistencia de un proceso regulado y sistemático de consulta con los pueblos indígenas sobre cuestiones que les afectaban, como la extracción de los recursos naturales.
Libertad de expresión
Preocupaba el hecho de que se estuviera recurriendo a leyes relativas al delito de injuria para utilizarlas contra periodistas, vulnerando así el derecho a la libertad de expresión, e inquietaba la posibilidad de que esta situación disuadiera de expresarse abiertamente a otras personas críticas con las autoridades gubernamentales.
En febrero, la Corte Nacional de Justicia confirmó la condena, a tres años de cárcel y el pago de 40 millones de dólares estadounidenses en concepto de daños y perjuicios, impuesta a tres propietarios del diarioEl Universoy un periodista que trabajaba en él. Los cuatro habían sido declarados culpables de difamación por un editorial en el que calificaban al presidente de “dictador” y lo acusaban de dar la orden de abrir fuego en un hospital durante las protestas policiales de septiembre de 2010. El presidente indultó posteriormente a todos ellos.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
“Para que nadie reclame nada”. ¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?(AMR 28/002/2012)
EGIPTO
REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO
Jefe del Estado: Mohamed Morsi (sustituyó a Mohamed Hussein Tantawi en junio) Jefe del gobierno: Hisham Qandil (sustituyó a Kamal Ganzuri en agosto)
Las protestas contra el gobierno militar se saldaron con la muerte de al menos 28 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad en El Cairo y Suez. La policía antidisturbios y el ejército usaron fuerza excesiva para dispersar a manifestantes, que después denunciaron haber sufrido tortura u otros malos tratos bajo custodia. En noviembre y diciembre tuvieron lugar protestas, en algunos casos violentas, de personas favorables y contrarias al presidente. Continuaron celebrándose juicios sin garantías ante tribunales supremos de seguridad del Estado (para el estado de excepción) y las fuerzas de
seguridad siguieron actuando por encima de la ley. El ex presidente Hosni Mubarak y el ex ministro del Interior fueron condenados a cadena perpetua por las muertes de manifestantes ocurridas durante el levantamiento de 2011, pero muchos presuntos responsables fueron absueltos. Ningún miembro del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas rindió cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas durante su gobierno. El presidente Mohamed Morsi estableció un comité para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas entre enero de 2011 y junio de 2012. Concedió indultos a algunos civiles juzgados por tribunales militares y dictó una amnistía general para los delitos cometidos por participantes en las manifestaciones contra el gobierno militar. Persistió la discriminación de las minorías religiosas. Se enjuició a periodistas y activistas por “insultos al presidente” y blasfemia. Las mujeres sufrían discriminación en la ley y en la práctica, así como acoso sexual generalizado. Miles de familias seguían viviendo en “zonas inseguras” en asentamientos informales (barrios marginales), y había miles más bajo la amenaza del desalojo forzoso. Se tuvo noticia de personas migrantes muertas a manos de las fuerzas de seguridad al intentar pasar a Israel o explotadas por traficantes en la península del Sinaí.
Al menos 91 personas fueron condenadas a muerte. No se sabía si se habían llevado a cabo ejecuciones.
Información general
El Parlamento, elegido poco antes, se reunió por primera vez el 23 de enero, y en marzo designó una Asamblea Constituyente de 100 miembros para redactar la nueva Constitución de Egipto. La Asamblea Constituyente, que estaba dominada por los partidos islamistas, recibió críticas por incluir a sólo 6 mujeres y 6 cristianos coptos y el 10 de abril fue suspendida por un tribunal administrativo tras presentarse una impugnación judicial. Al expirar en mayo el estado de excepción en vigor
durante 31 años, las autoridades intentaron mantener algunos poderes excepcionales: el 13 de junio, el Ministerio de Justicia concedió a las fuerzas armadas y al servicio de inteligencia facultades para practicar detenciones, pero un tribunal administrativo anuló rápidamente esta medida. En junio, el Parlamento aprobó una nueva Asamblea Constituyente que tuvo
que hacer frente a nuevos pleitos y fue objeto de un creciente boicot por parte de los partidos políticos de oposición, la sociedad civil y la Iglesia cristiana copta. El 16 de junio, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas disolvió el Parlamento, tras fallar el Tribunal Supremo Constitucional que las elecciones habían sido inconstitucionales. El 17 de junio, días antes de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales, el Consejo Supremo amplió notablemente sus propios poderes y limitó los del gobierno entrante. El 12 de agosto, el recién elegido presidente Morsi anunció que había anulado los nuevos poderes del Consejo Supremo y que el jefe de éste, Mohamed Tantawi, pasaba a la situación de retiro. El anuncio tuvo lugar después de un ataque efectuado por un grupo armado en la península del Sinaí, en el que murieron 16 soldados. Las autoridades lanzaron posteriormente una ofensiva de seguridad en la zona.
El 22 de noviembre, el presidente Morsi decretó que los tribunales no podían impugnar sus decisiones ni entender en ningún pleito contra la Asamblea Constituyente. Asimismo, promulgó una represiva ley para “proteger la Revolución”, sustituyó al fiscal general y exigió nuevas investigaciones y enjuiciamientos en casos de muertes de
manifestantes. La Asamblea Constituyente concluyó el anteproyecto de Constitución el 30 de noviembre.
El decreto y el anteproyecto de Constitución desencadenaron protestas en todo el país y una huelga de jueces, así como incidentes de violencia entre partidarios y detractores del presidente. Los días 5 y 6 de diciembre, al menos 10 personas murieron en enfrentamientos en el exterior del Palacio Presidencial en El Cairo. Como respuesta a los disturbios, el presidente Morsi anuló parcialmente su decreto el 8 de diciembre. La nueva Constitución fue aprobada en un referéndum nacional a finales de diciembre.