La Ley de Asociaciones Públicas continuó
imponiendo normas restrictivas para la inscripción en el registro y el funcionamiento de las organizaciones. Todas las ONG seguían estando obligadas a solicitar autorización al gobierno para desarrollar sus actividades, y, en virtud del artículo 193.1 del Código Penal, la actuación en nombre de una organización no inscrita en el registro seguía constituyendo delito.
En enero se comunicó a Human Rights Project Gay Belarus, organización defensora de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, que se le había denegado el permiso para inscribirse en el registro porque los nombres de 2 de sus 61 fundadores estaban mal escritos y las fechas de su nacimiento eran incorrectas.
El 9 de octubre, el Tribunal de Asuntos Económicos de Minsk resolvió que se debía proceder a la liquidación de la ONG Platform. Las autoridades fiscales del distrito de Sovetskiy, en Minsk, habían acusado a la organización de no presentar a tiempo la declaración de la renta ni informar del cambio de dirección. Su presidente, Andrei Bondarenko, insistió
en que había presentado la declaración a tiempo y la organización no había cambiado de domicilio fiscal.
Libertad de reunión
La Ley de Actos Multitudinarios continuaba imponiendo restricciones poco razonables a la celebración de reuniones: los organizadores de toda reunión pública prevista debían comunicar las “fuentes económicas” utilizadas y no estaban autorizados a anunciar el acto mientras no se concediese el permiso oficial, que podía demorarse hasta cinco días antes de la celebración.
Las solicitudes de permiso para organizar actos públicos solían denegarse por motivos técnicos.
Las autoridades locales de la ciudad de Brest denegaron a Alexander Denisenko, miembro del sindicato independiente REP, la autorización para celebrar un acto público de protesta por el coste de la vivienda el 17 de marzo; alegaron que no tenía acuerdos con la policía, el servicio de ambulancias y las autoridades locales en relación con las medidas de limpieza e higiene. Alexander Denisenko presentó un recurso ante el tribunal de primera instancia, el tribunal de apelación, el tribunal de distrito y el Tribunal Supremo, que en todos los casos respaldaron la decisión de las autoridades locales.
Pena de muerte
Bielorrusia continuó llevando a cabo ejecuciones en condiciones de máximo secreto. Ni las personas condenadas a muerte ni sus familiares conocían de antemano la fecha de la ejecución. No se entregaba el cadáver a la familia, que tampoco recibía información sobre el lugar de inhumación. Podían pasar semanas, e incluso meses, hasta que recibían la notificación oficial de la muerte.
Uladzslau Kavalyou y Dzmitry Kanavalau fueron ejecutados en marzo en relación con una serie de atentados con explosivos, el último de ellos perpetrado en una estación de metro de la capital, Minsk, el 11 de abril de 2011. Se plantearon graves motivos de preocupación en torno a la imparcialidad del juicio. Al igual que en los casos de Vasily Yuzepchuk y Andrei Zhuk (ejecutados en marzo de 2010) y de Andrei Burdyko (ejecutado en julio de 2011), las autoridades hicieron caso omiso de la petición formulada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU para que no ejecutasen a Uladzslau Kavalyou ni a Dzmitry Kanavalau hasta que hubiera examinado sus casos.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Belarus: Continuing Human Rights Concerns. Submission to the 20th session of the United Nations Human Rights Council(EUR 49/006/2012) Still behind bars: The plight of long-term prisoners in Belarus
(EUR 49/013/2012)
Bielorrusia debe entregar los cadáveres de los hombres ejecutados por el atentado del metro de Minsk(PRE01/146/2012)
BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Jefe del Estado y del gobierno: Evo Morales Ayma
Siguió sin respetarse el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a dar su consentimiento libre, previo e informado en los proyectos de desarrollo que les afectasen. Continuó negándose una reparación plena a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos militares del pasado. Seguía habiendo demoras significativas en la administración de justicia. Se recibieron noticias de violaciones de la libertad de expresión.
Información general
Se registraron protestas generalizadas de apoyo a reivindicaciones económicas y sociales y a los derechos de los pueblos indígenas. En algunos casos, la policía respondió haciendo un uso excesivo de la fuerza.
En septiembre, tras visitar Bolivia, el relator especial de la ONU sobre el racismo reconoció ciertos avances pero expresó preocupación por la todavía persistente discriminación contra los pueblos indígenas y otras comunidades en peligro.
Derechos de los pueblos indígenas
En febrero se aprobó una ley en la que se establecía la celebración de una consulta con los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) sobre los planes del gobierno para construir una carretera a través del parque. En abril, las comunidades indígenas que se oponían a lacarretera iniciaron una marcha hacia La Paz, alegando que la consulta era contraria a la legislación aprobada previamente para proteger el TIPNIS, a las normas internacionales y a la Constitución.
En junio, el Tribunal Constitucional Plurinacional falló que la consulta era constitucional, pero que sus parámetros debían acordarse antes con todas las comunidades indígenas potencialmente afectadas. En julio, el gobierno decidió continuar con la consulta pese a que sólo había llegado a un acuerdo con algunas de las comunidades indígenas. En octubre, antes de concluir la consulta, comenzó la
construcción del primer tramo de carretera por fuera del parque y territorio indígena. Al finalizar el año seguían pendientes los informes oficiales sobre el resultado de la consulta.
Al finalizar 2012 no se había procesado a ninguno de los policías responsables de ejercer fuerza excesiva durante las protestas pacíficas de 2011 contra la construcción de la carretera en el TIPNIS.
La falta de una consulta previa sobre una explotación minera en Mallku Khota, departamento de Potosí, por parte de una empresa boliviana filial de una compañía minera canadiense dio lugar a violentos disturbios entre las comunidades locales y la policía. En agosto, el gobierno anunció la nacionalización de la mina para poner fin a las protestas de quienes se oponían a la empresa minera canadiense. Sin embargo, en diciembre continuaban los conflictos entre detractores y partidarios del proyecto.