Aumentaron las protestas contra unas leyes sobre sedición arcaicas que se empleaban para encarcelar a manifestantes pacíficos.
Más de 50 personas que se manifestaron pacíficamente contra la central nuclear de Kudankulam, incluidos S. P. Udayakumar
y M. Pushparayan, fueron acusadas formalmente de sedición y de “luchar contra el estado”.
En agosto, el Tribunal Superior de Allahabad ordenó la libertad bajo fianza de los activistas sociales Seema Azad y Vishwa Vijay Allahabad mientras se tramitaba la apelación contra su sentencia condenatoria por cargos de sedición por colaborar con maoístas armados.
Defensores y defensoras
de los derechos humanos
Organismos estatales y no estatales seguían persiguiendo a las personas que defendían los derechos de las comunidades marginadas, como puso de relieve la relatora especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos en febrero.
En julio, el ecologista Ramesh Agrawal, que denunciaba las violaciones de los derechos medioambientales y de los adivasis en relación con proyectos de minería, resultó herido por disparos en el distrito de Raigarh (Chhattisgarh).
En septiembre, el Tribunal Supremo desestimó la petición de libertad bajo fianza del preso de conciencia y líder adivasi Kartam Joga, encarcelado desde septiembre de 2010.
También en septiembre, el Tribunal Supremo acordó tener en cuenta el informe médico de la maestra de escuela adivasi Soni Sori, que denunció haber sufrido torturas, incluida violencia sexual, bajo custodia de la policía de Chhattisgarh en octubre de 2011.
En octubre, la activista por los derechos de los adivasis Dayamani Barla fue encarcelada durante dos meses por un incidente ocurrido en 2008, entre denuncias de que las autoridades de Jharkhand la perseguían por protestar por el desalojo forzoso de agricultores en Nagri.
Libertad de expresión
Las autoridades emplearon leyes excesivamente generales y poco precisas para detener al menos a siete personas por publicar en Internet comentarios en los que criticaban al gobierno.
En abril, la policía de Calcuta detuvo al profesor universitario Ambikesh Mahapatra por publicar en Internet una tira cómica en la que criticaba a la ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee.
En septiembre, la policía de Bombay detuvo a Aseem Trivedi por publicar en una campaña de protesta contra la corrupción una serie de dibujos en los que parodiaba los símbolos nacionales de India.
En octubre, la policía de Puducherry detuvo a Ravi Srinivasan por enviar mensajes a través de Twitter sobre denuncias de corrupción que afectaban al hijo del ministro de Economía de la Unión.
En noviembre, la policía de Bombay detuvo a dos mujeres, Shaheen Dhada y Renu Srinivasan, por publicar en Facebook unos comentarios en los que cuestionaban una protesta pública convocada por los partidarios de una destacada figura política recién fallecida.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
India: Human rights defenders need effective protection. Amnesty International’s written statement to the 19th session of the UN Human Rights Council(ASA 20/005/2012)
India: Vedanta’s perspective uncovered. Policies cannot mask practices in Orissa(ASA 20/029/2012)
Amnesty International urges India to promptly ratify the Convention against Torture and invite the Special Rapporteur on torture to visit India
(ASA 20/034/2012)
India: Still a “lawless law”. Detentions under the Jammu and Kashmir Public Safety Act, 1978(ASA 20/035/2012)
INDONESIA
REPÚBLICA DE INDONESIA
Jefe del Estado y del gobierno: Susilo Bambang Yudhoyono
Las fuerzas de seguridad fueron objeto de constantes denuncias de violaciones de derechos humanos, como tortura y otros malos tratos y uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego. Al menos 76 presos de conciencia seguían encarcelados. Abundaron la intimidación y los ataques contra minorías religiosas. Las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
impedían a las mujeres y niñas ejercer sus derechos, y en particular, los derechos sexuales y
reproductivos. No hubo avances para hacer que los autores de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado respondieran ante la justicia. No se tuvo constancia de ejecuciones.
Información general
En mayo, el historial de derechos humanos de Indonesia se sometió al examen periódico universal de la ONU. El gobierno rechazó recomendaciones importantes de revisar leyes y decretos concretos que restringían los derechos a la libertad de expresión y de pensamiento, conciencia y religión. En julio, Indonesia presentó su informe ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En noviembre, adoptó la Declaración de Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), pese a la gran
preocupación que suscitaba el hecho de que el documento no se ajustase a las normas internacionales.
El marco legislativo de Indonesia siguió siendo inadecuado para abordar las denuncias de tortura y otros malos tratos. En la provincia de Aceh
continuaban imponiéndose los azotes con vara como forma de pena judicial por delitos previstos en la
sharia(ley islámica). Durante el año, al menos 45 personas recibieron este castigo por participar en juegos de azar o estar a solas con una persona del sexo opuesto sin que mediase un vínculo familiar o matrimonial (khalwat).
Policía y fuerzas de seguridad
La policía fue acusada reiteradamente de violaciones de derechos humanos, como uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego y torturas y otros malos tratos. Los mecanismos de rendición de cuentas internos y externos de la policía no abordaron adecuadamente casos de abusos cometidos por ésta, y las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos escasearon.
En marzo, 17 hombres de la provincia de Nusa Tenggara Oriental fueron detenidos arbitrariamente por el asesinato de un policía. Al parecer, la policía del subdistrito de Sabu Occidental los desnudó, esposó y golpeó mientras permanecían bajo custodia durante 12 días. Algunos de los detenidos sufrieron heridas de arma blanca y fracturas óseas y, según la información
recibida, varios fueron obligados a beber su propia orina. Todos quedaron en libertad sin cargos a finales de junio por falta de pruebas.
Las fuerzas de seguridad indonesias, incluido el personal policial y militar, fueron acusadas de cometer violaciones de derechos humanos en Papúa. Se denunciaron torturas y otros malos tratos, uso excesivo de la fuerza y de armas de fuego, y posibles homicidios ilegítimos. En la mayoría de los casos, los perpetradores no respondieron de sus actos ante la justicia y las víctimas no recibieron reparación.
En junio, unos agentes de policía mataron a disparos a Mako Tabuni, activista político papú y vicepresidente del independentista Comité Nacional para Papúa Occidental, en Waena, cerca de Jayapura, provincia de Papúa. Según la policía, Tabuni se resistió a la detención. No hubo una investigación imparcial ni independiente sobre el homicidio.
También en junio, unos soldados atacaron un pueblo en Wamena, provincia de Papúa, como represalia por la muerte de un soldado y las heridas infligidas a otro. Según la información recibida, los militares abrieron fuego arbitrariamente, asestaron bayonetazos a decenas de personas –causando la muerte de una de ellas– y quemaron varias viviendas, edificios y vehículos.
En agosto, en la isla de Yapen, provincia de Papúa, la policía y el ejército dispersaron una manifestación pacífica convocada para conmemorar el Día
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. Las fuerzas de seguridad hicieron disparos al aire y detuvieron arbitrariamente al menos a seis manifestantes. Según se tuvo noticia, algunos fueron golpeados durante su detención.
También en agosto, personal policial del distrito de Jayawijaya, en la provincia de Papúa, detuvo arbitrariamente y al parecer propinó bofetadas, puñetazos y puntapiés a cinco hombres para obligarlos a confesarse autores de un asesinato. No se realizó ninguna investigación sobre los abusos.
Libertad de expresión
Las autoridades seguían aplicando leyes represivas para penalizar a activistas políticos pacíficos. Al menos 70 personas de las regiones de Papúa y Molucas estaban en prisión por expresar pacíficamente sus opiniones.
En marzo, cinco activistas políticos papúes acusados de “rebelión” en aplicación del artículo 106
del Código Penal indonesio fueron condenados a tres años de cárcel por su participación en el Tercer Congreso del Pueblo de Papúa, una reunión pacífica celebrada en Abepura en octubre de 2011.
En julio, el preso de conciencia molucano Johan Teterissa, que cumplía una pena de 15 años de prisión, recibió patadas y golpes con cables eléctricos tras su traslado de la cárcel de Madiun a la de Batu, en la isla de Nusakambangan, en Java Central. No recibió tratamiento médico tras la paliza.
Los defensores de los derechos humanos y periodistas fueron intimidados y agredidos en repetidas ocasiones a causa de su trabajo. Se siguió denegando a los observadores internacionales, entre ellos ONG y periodistas, el acceso libre y sin trabas a la región de Papúa.
En mayo, miembros del extremista Frente de Defensores del Islam propinaron golpes y patadas a Tantowi Anwari, activista de la Asociación de Periodistas para la Diversidad (SEJUK), en Bekasi, Java Occidental. Tantowi denunció el incidente a la policía, pero al finalizar el año no se habían producido avances en su caso.
En septiembre, la abogada de derechos humanos de Papúa Olga Hamadi recibió amenazas tras investigar denuncias de torturas y otros malos tratos infligidos por la policía en un caso de asesinato en Wamena, provincia de Papúa. No se investigaron las amenazas y siguió temiéndose por su seguridad.