Se siguió negando la restitución de sus derechos a los “borrados”, grupo de personas procedentes de otras ex repúblicas yugoslavas que habían dejado de ser residentes permanentes en Eslovenia al revocárseles ilegalmente esa condición jurídica en 1992. Las iniciativas legislativas adoptadas en el pasado no les garantizaban una reparación por las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales sufridas por ese motivo, ni tampoco la posibilidad de ejercer tales derechos en el futuro. Además, las autoridades no presentaron más medidas para restituirles íntegramente sus derechos.
El 26 de junio, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en un caso pionero, la causa deKuric v. Slovenia,que el “borrado” y sus consecuencias constituían una violación del derecho de los demandantes a la vida privada y familiar, así como a un recurso judicial efectivo. La Gran Sala concluyó además que los demandantes habían sufrido discriminación en relación con estos derechos y
dispuso el plazo de un año para la creación de un plan nacional de indemnizaciones para las víctimas. Al final del año no había ninguna señal de que las autoridades hubieran hecho esfuerzos por elaborar dicho plan.
Romaníes
El gobierno siguió sin poner en funcionamiento mecanismos adecuados para vigilar las prácticas discriminatorias contra los romaníes y sin establecer un marco jurídico e institucional que garantizara recursos efectivos a las víctimas de discriminación.
La mayoría de los romaníes que vivían, segregados y aislados, en asentamientos informales en zonas rurales continuaron privados de acceso a una vivienda adecuada, seguridad de tenencia y protección frente a los desalojos forzosos. Muchos seguían sin tener tampoco acceso a servicios públicos como el suministro de agua para sus necesidades diarias, que a menudo debían tomar de arroyos contaminados y de grifos para uso público de gasolineras y cementerios.
En julio, el defensor nacional del Pueblo publicó un informe especial sobre la situación de los romaníes en el sureste del país. En él instaba a las autoridades a garantizar de inmediato el acceso de la comunidad romaní a agua y saneamiento reformando la legislación pertinente. En el proceso de aprobación formal de las recomendaciones, el Parlamento reformuló y suavizó de manera considerable algunas de ellas.
En septiembre, la Comisión Gubernamental para la Protección de la Comunidad Romaní concluyó que era necesario reformar la Ley sobre la Comunidad Romaní. Los primeros debates se centraron en la necesidad de incluir medidas para proporcionar acceso a servicios públicos básicos.
ESPAÑA
REINO DE ESPAÑA
Jefe del Estado: rey Juan Carlos I de Borbón Jefe del gobierno: Mariano Rajoy
Se denunció repetidamente el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en manifestaciones. Organismos de derechos humanos condenaron a
España por la falta de investigaciones adecuadas sobre las denuncias de tortura.
Información general
Durante todo el año se celebraron manifestaciones para reivindicar cambios en el sistema político que permitieran mayor participación pública en los asuntos políticos y para protestar por las medidas de austeridad adoptadas para combatir la crisis financiera y económica.
En junio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU recomendó a España que revisara las reformas aprobadas en relación con la crisis económica para asegurarse de que todas las medidas de austeridad respetaban los derechos económicos, sociales y culturales y de que eran provisionales, proporcionadas y no actuaban en perjuicio de tales derechos. Asimismo recomendó adoptar medidas legislativas destinadas a garantizar que los derechos económicos, sociales y culturales recibían la misma protección que los derechos civiles y políticos.
No se documentaron en todo el año atentados del grupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA), que había anunciado el fin de la lucha armada en octubre de 2011.
El Tribunal Constitucional se pronunció en noviembre sobre un recurso presentado en 2005 por el Partido Popular contra la legislación que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo,
resolviendo que éste era compatible con las disposiciones de la Constitución española.
Tortura y otros malos tratos
Se celebraron manifestaciones durante todo el año en diversas ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona y Valencia. Hubo frecuentes denuncias contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por uso excesivo de la fuerza y malos tratos al dispersar las manifestaciones. Las investigaciones sobre las denuncias no fueron en general ni exhaustivas ni eficaces; algunas no prosperaron debido a que los policías presuntamente implicados no llevaban placa de identificación en el uniforme en el momento de los hechos.
En marzo, el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona cerró la investigación sobre el presunto uso excesivo de la fuerza por parte del cuerpo policial de los Mossos d’Esquadra al disolver manifestaciones en
Barcelona el 27 de mayo de 2011. El juez consideró que la actuación de la policía había sido
proporcionada. No obstante, la Audiencia Provincial de Barcelona ordenó la reapertura de la causa el 29 de octubre.
También en marzo, un juzgado de Madrid decidió no admitir la denuncia presentada en 2011 por Ángela Jaramillo al no ser posible la identificación de la agente de policía que la había golpeado. Ángela Jaramillo era una de las personas que, a pesar de haber mostrado una actitud pacífica durante una manifestación celebrada en Madrid el 4 de agosto de 2011, habían sido golpeadas repetidamente con porras por la policía y habían necesitado tratamiento médico. Ángela Jaramillo murió en junio de 2012 tras sufrir un ataque al corazón.
El 11 de julio, Paloma Aznar, periodista independiente, resultó herida en la cadera por el impacto de una bala de goma cuando cubría la información sobre las manifestaciones de mineros en Madrid. Llevaba colgada del cuello su acreditación de periodista junto con la cámara. Según denunció, la policía no llevaba ningún elemento de identificación visible y empezó a disparar proyectiles de goma directamente contra la multitud cuando algunos manifestantes actuaron con violencia. En las imágenes de vídeo se veía a la policía atacando con porras a personas tendidas en el suelo y disparando balas de goma desde corta distancia.
El 25 de septiembre, durante una manifestación en Madrid, agentes de policía sin identificar golpearon con porras a manifestantes pacíficos, dispararon balas de goma contra ellos y amenazaron a los periodistas que cubrían la información de los hechos, incluso en el interior de la estación de tren de Atocha. Según informes, se abrió una
investigación interna sobre la operación policial. Al final del año no se habían dado a conocer públicamente sus resultados.
La investigación de las denuncias de tortura y otros malos tratos fue a menudo inadecuada y así lo reconocieron tribunales y organismos de derechos humanos en decisiones adoptadas a lo largo del año.
En abril, la Audiencia Provincial de Alicante declaró culpables de una falta de negligencia a los dos agentes de policía acusados de causar la muerte de Osamuyia Akpitaye durante su expulsión en junio de 2007. No se impusieron penas de prisión.
En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura resolvió que España no había investigado debidamente las acusaciones de tortura planteadas en la queja individual presentada por Orkatz Gallastegi contra España. El fallo condenatorio dictado en 2005 contra Orkatz Gallastegi se había basado en declaraciones autoinculpatorias presuntamente obtenidas mediante coacción durante su detención en régimen de incomunicación en 2002.
En julio, el Tribunal Constitucional declinó revisar la sentencia del Tribunal Supremo que absolvía a cuatro miembros de la Guardia Civil a quienes la Audiencia Provincial de Guipúzcoa había declarado culpables en diciembre de 2010 de infligir torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola el 6 de enero de 2008, mientras estaban bajo custodia policial.