Los tribunales continuaron imponiendo penas de flagelación para castigar numerosos delitos. El bloguero Raif Badawi fue condenado a recibir 1.000 latigazos, además de a prisión. El defensor de derechos humanos Mikhlif bin Daham al Shammari fue condenado a recibir 200 latigazos, así como a prisión.
En septiembre, las autoridades pusieron en libertad a Ruth Cosrojas, trabajadora doméstica filipina condenada a 18 meses de cárcel y a recibir 300 latigazos en un juicio injusto celebrado en octubre de 2013, en el que se la había declarado culpable de organizar actividades de venta de servicios sexuales (quwada). En el momento
de su puesta en libertad, había recibido 150 latigazos.
PENA DE MUERTE
Los tribunales continuaban imponiendo la pena de muerte por diversos delitos, entre ellos algunos que no implicaban violencia, como “brujería”, adulterio y delitos de drogas, con frecuencia en juicios sin garantías. Algunos acusados, entre ellos extranjeros que se enfrentaban a cargos de asesinato, denunciaron haber sido torturados, coaccionados o engañados para hacer confesiones falsas durante la detención preventiva.
Las autoridades llevaron a cabo decenas de ejecuciones, muchas mediante decapitación pública. Entre los ejecutados había tanto ciudadanos saudíes como migrantes.
ARGELIA
República Argelina Democrática y Popular
Jefe del Estado: Abdelaziz Buteflika
Jefe del gobierno: Abdelmalek Sellal
Las autoridades restringieron la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, especialmente en el periodo previo a las elecciones presidenciales de abril, dispersando manifestaciones y hostigando a activistas. Las mujeres estaban discriminadas en la legislación y en la práctica, y seguían sin recibir protección adecuada contra la violencia, pese a algunas propuestas de reforma legislativa. Los graves abusos contra los derechos humanos cometidos en la década de 1990 y los actos de tortura infligidos durante los años siguientes seguían impunes. Las personas migrantes irregulares sufrían discriminación, abusos y expulsión arbitraria. Hubo atentados mortales de grupos armados. Se
impusieron condenas a muerte, aunque no se llevaron a cabo ejecuciones.
INFORMACIÓN GENERAL
En 2014 se produjeron conflictos sociales continuados a causa de las tensiones entre las comunidades mozabita y árabe de la ciudad de Ghardaia. Se celebraron manifestaciones contra el desempleo, la pobreza y la corrupción en el sur, rico en petróleo y gas, así como protestas contra la decisión del presidente Buteflika de volver a presentarse a las elecciones en abril.
Tras los comicios, el gobierno inició consultas sobre propuestas de revisión de la Constitución, pero algunos partidos políticos las boicotearon, y la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil independientes quedaron excluidas de ellas. Al terminar el año parecía que el proceso estaba estancado.
Se produjeron nuevos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos armados, sobre todo Al Qaeda en el Magreb Islámico, principalmente en el sur y el este de Argelia. Aumentó la cooperación en materia de seguridad con gobiernos extranjeros tras el ataque perpetrado en enero de 2013 por un grupo armado al complejo de extracción de gas de Amenas, en el que murieron decenas de personas, y cientos fueron tomadas como rehenes, incluidos trabajadores civiles extranjeros. En septiembre, el grupo armado autodenominado Yund al Jalifa (Soldados del Califato) secuestró a un ciudadano francés en la región de Tizi Uzu, zona en la que ya se habían cometido secuestros para exigir rescate, y publicó en Internet un vídeo en el aparecía decapitado. Al parecer, lo mataron como represalia por la participación de Francia en la alianza formada bajo dirección estadounidense para combatir al grupo armado Estado Islámico en Irak. En diciembre, el gobierno comunicó que sus fuerzas habían matado al líder de Yund al Jalifa y a dos de sus colaboradores.
Argelia se convirtió en miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
en enero, pero el gobierno continuó sin consentir las visitas, solicitadas desde hacía mucho tiempo, de órganos y expertos clave de la ONU, incluidos los relacionados con la tortura, la lucha contra el terrorismo, las desapariciones forzadas y el derecho a la libertad de asociación. Las autoridades no concedieron visados al personal de Amnistía Internacional para visitar Argelia.1
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Las autoridades impusieron restricciones y hostigaron a periodistas y detractores del gobierno. El 12 de marzo, las fuerzas de seguridad clausuraron Al Atlas TV, cadena de televisión privada que había informado sobre protestas contra el gobierno y concedido espacio televisivo a varios de sus detractores. Las autoridades acusaron a Al Atlas TV de emitir sin licencia.2
El 10 de junio, un tribunal condenó a Youcef Ouled Dada a dos años de prisión y al pago de una multa por publicar un vídeo en Internet en el que se veía a agentes de policía robando en una tienda durante los enfrentamientos de Ghardaia. El tribunal lo declaró culpable de publicar fotos y vídeos contrarios al interés nacional y de insultar a una institución del Estado. La sentencia se confirmó en apelación.
LIBERTAD DE REUNIÓN
Las autoridades mantuvieron la prohibición de las manifestaciones en Argel, la capital argelina, aunque se celebraron algunas sin que intervinieran las fuerzas de seguridad. En otras, la policía dispersó por la fuerza a los participantes –especialmente en las organizadas por el movimiento Barakat (Basta) para protestar contra la decisión del presidente de concurrir a las elecciones para un cuarto mandato en abril– y detuvo a algunos, aunque en general los dejó en libertad al cabo de unas horas.3 La policía también dispersó protestas por la fuerza en otras ciudades.
El 20 de abril, la policía usó fuerza excesiva para dispersar en la ciudad de Tizi
Uzu a manifestantes que conmemoraban la represión violenta de las protestas de 2001 en la región de la Cabilia. Según testigos, la policía golpeó a personas desarmadas y disparó balas de goma, una de las cuales alcanzó a Lounis Aliouat y lo dejó ciego de un ojo. Las autoridades afirmaron que habían suspendido a cinco agentes de policía en espera de que se investigaran las agresiones, pero no revelaron las conclusiones de la investigación.
En mayo, un tribunal impuso sendas condenas condicionales de seis meses al estudiante argelino Mohand Kadi y al ciudadano tunecino Moez Benncir por cargos de “participación en una concentración no armada susceptible de alterar el orden público”. La policía los había arrestado el 16 de abril cerca de una manifestación del movimiento Barakat en Argel, pero ambos negaron haber participado en ella.4 La condena de Mohand Kadi se confirmó en apelación.