República Popular Democrática de Corea
Jefe del Estado: Kim Jong-un
Jefe del gobierno: Pak Pong-ju
La ONU publicó un exhaustivo informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea, con datos sobre la violación sistemática de casi todo el espectro de los derechos humanos. Cientos de miles de personas continuaban recluidas en campos penitenciarios y en otros centros de detención, muchas de ellas sin haber sido acusadas ni juzgadas por ningún delito reconocible internacionalmente. La libertad de expresión, religión y circulación, tanto dentro como fuera del país,
seguía sometida a severas restricciones. Continuaba sin conocerse el paradero de personas sometidas a desaparición forzada, pese a que el gobierno había reconocido la implicación de agentes estatales en algunos secuestros.
INFORMACIÓN GENERAL
El tercer año de gobierno de Kim Jong-un comenzó en diciembre de 2013, con el notorio juicio y la igualmente notoria ejecución de Jang Song-taek, vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional y tío de Kim Jong-un. Se pensaba que éste era el comienzo de una serie de purgas políticas destinadas a consolidar el poder de Kim Jong-un, aunque durante 2014 no se confirmaron más ejecuciones de opositores políticos relacionados con Jan Song-taek.
Seguía creciendo una economía privada, oficialmente ilegal, pero tolerada por el gobierno, con puestos privados de alimentación y ropa. Sin embargo, los observadores temían que esta aparente apertura económica –que no se vio acompañada de una mejora en la situación general de los derechos humanos– pudiera traducirse en una mayor desigualdad de ingresos.
El gobierno intentó atraer divisas, entre otros cauces a través del turismo, aunque el Estado siguió siendo muy susceptible a cualquier acto de visitantes extranjeros que pareciera divulgar ideas políticas o religiosas incompatibles con las promovidas por él. La libertad de información era limitada, y no había acceso público a Internet. En su lugar, se estableció una intranet nacional.
En mayo, se dio un inusitado caso de rendición de cuentas por parte del gobierno, cuando los medios de comunicación del Estado informaron con diligencia sobre el derrumbamiento de un edificio de apartamentos en Pyongyang, la capital, que se cobró la vida de más de 300 personas. Los medios extranjeros presentes en Pyongyang comunicaron que los ciudadanos se habían mostrado indignados por el accidente, y que el gobierno se había disculpado por los deficientes métodos de construcción utilizados.
ESCRUTINIO INTERNACIONAL
En febrero, publicó su informe la comisión de investigación de la ONU sobre los
derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea.1 Este documento, de 372 páginas, analizaba exhaustivamente el panorama de “violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de los derechos humanos”, y concluía que muchas de éstas constituían crímenes de lesa humanidad.
El informe se presentó en marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que aprobó una enérgica resolución, respaldada por la mayoría de sus Estados miembros, en la que expresaba su satisfacción por el informe.2
En mayo, la República Popular Democrática de Corea se sometió por segunda vez al examen periódico universal. El gobierno se mostró más participativo que durante el primer examen, que tuvo lugar en 2010, y esta vez aclaró qué recomendaciones aceptaba, entre ellas las relacionadas con el funcionamiento efectivo de la ayuda humanitaria. Sin embargo, rechazó más de la mitad de las recomendaciones, sobre todo las que le instaban a cooperar con la comisión de investigación y con el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea. Asimismo, rechazó tajantemente las recomendaciones de cerrar los campos penitenciarios para presos políticos y de permitir a las víctimas extranjeras de desaparición forzada volver libremente a sus países de origen.3
En diciembre, la Asamblea General de la ONU aprobó una firme resolución en la que recomendaba remitir a la Corte Penal Internacional la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea.
DETENCIÓN Y RECLUSIÓN ARBITRARIAS
Cientos de miles de personas permanecían recluidas en campos penitenciarios para presos políticos y en otros centros de detención, donde eran sometidas a violaciones de derechos humanos sistemáticas, generalizadas y graves, como ejecuciones extrajudiciales, tortura y malos
tratos –incluidas palizas–, largos periodos de trabajo forzado sin descanso y privación de alimentos.
Muchas de las personas recluidas en campos penitenciarios para presos políticos no habían sido condenadas por ningún delito reconocible internacionalmente, sino que eran familiares de personas que el gobierno consideraba amenazas. Estaban recluidas sin haber sido sometidas a un juicio justo, declaradas “culpables por asociación”.
El gobierno siguió negando la existencia de campos penitenciarios para presos políticos, pese a las imágenes tomadas por satélite que demostraban no sólo su existencia, sino también el constante crecimiento de algunos de ellos a finales de 2013.
Tanto norcoreanos como extranjeros fueron víctimas de detención arbitraria y juicios injustos. Kenneth Bae y Matthew Todd Miller, ambos ciudadanos estadounidenses, fueron declarados culpables de “actos hostiles” contra el régimen en 2013 y 2014 respectivamente. Antes de quedar en libertad, en noviembre, habían empezado a cumplir sendas penas de trabajos forzados de 15 y 6 años. En agosto, en una entrevista con la prensa extranjera, Kenneth Bae habló sobre el juicio injusto al que había sido sometido y sobre el deterioro de su salud durante su estancia en un campo de trabajo.
LIBERTAD DE RELIGIÓN
Continuaba severamente restringida la práctica de cualquier religión. Según la información recibida, tanto norcoreanos como extranjeros fueron duramente castigados por haber ejercido su libertad de religión, y en ocasiones fueron recluidos en campos penitenciarios.4
John Short, misionero australiano, fue detenido por promover sus creencias religiosas y expulsado en marzo, tras haberse disculpado públicamente. Kim Jung-wook, misionero surcoreano, pasó más de seis meses detenido, sin acceso a un abogado, para ser más tarde declarado culpable de espionaje y de la apertura de una iglesia
clandestina. Fue condenado a cadena perpetua con trabajos forzados.
Jeffrey Fowle, turista estadounidense, fue arrestado en mayo por haber dejado una biblia en un local de Chongjin. Pasó más de cinco meses detenido sin juicio, y quedó en libertad en octubre.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Las autoridades siguieron imponiendo estrictas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, opinión y reunión pacífica. No constaba la existencia de organizaciones de la sociedad civil, periódicos y partidos políticos independientes. Los ciudadanos norcoreanos estaban expuestos a registros de las autoridades para comprobar si poseían material de prensa extranjero, y podían ser castigados por oír, ver o leer dicho material.