Al finalizar el año, permanecía estancado en el Senado un proyecto de ley que añadiría la identidad de género a las disposiciones relativas a crímenes de odio en la Ley Canadiense de Derechos Humanos y en el Código Penal.
Pese a los reiterados llamamientos, el gobierno no ratificó el Tratado sobre el Comercio de Armas ni el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura.
1. Canada: Submission to the United Nations Human Rights Committee, 112th Session (AMR 20/001/2014) tbinternet.ohchr.org/Treaties/ CCPR/Shared%20Documents/CAN/INT_CCPR_ICO_CAN_17833_E.pdf
CHAD
República de Chad
Jefe del Estado: Idriss Déby Itno
Jefe del Gobierno: Kalzeubé Payimi Deubet
Seguían cometiéndose graves violaciones de derechos humanos con casi total impunidad. Se violaba con frecuencia el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Defensores y defensoras de los derechos
humanos, periodistas y sindicalistas eran víctimas de hostigamiento, intimidación, detención arbitraria y reclusión. Miembros de la fuerzas de seguridad mataron a algunas personas, incluidos manifestantes, en el transcurso de manifestaciones.
INFORMACIÓN GENERAL
Las cuestiones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales fueron motivo de gran preocupación durante todo el año. En todo el país se organizaron manifestaciones, incluso de funcionarios del Estado, para reclamar aumentos salariales y denunciar el elevado costo de la vida. Chad acogía a un número cada vez mayor de refugiados procedentes de la República Centroafricana, Sudán y, en tiempos recientes, Nigeria, que ejercían presión sobren unos recursos ya escasos y creaban tensiones en el seno de las comunidades, sobre todo en zonas del sur, el este y el noroeste del país. Individuos que cometían violaciones de derechos humanos, entre ellos miembros de la policía, la gendarmería y la Agencia Nacional de Seguridad, persistían en su comportamiento con casi total impunidad.
IMPUNIDAD
Miembros del ejército y del componente chadiano de la misión de la Unión Africana en la República Centroafricana (MISCA), que estaban implicados en homicidios de civiles y otras graves violaciones de derechos humanos en la República Centroafricana, gozaban de impunidad tras retirarse de la MISCA el 3 de abril. El 29 de marzo, tropas chadianas abrieron fuego contra una multitud en un mercado del distrito PK12 de Bangui, la capital de la República Centroafricana, y mataron o hirieron a decenas de personas. Tropas chadianas estuvieron implicadas en otros incidentes, como homicidios de civiles en las ciudades de Boali y Damara y en el distrito PK12 en febrero. El 19 de julio, el presidente Idriss Déby nombró prefecto de la prefectura de Grande Sido, en la frontera con la República Centroafricana, al líder
rebelde chadiano Abdel Kader (“Baba Laddé”). El nombramiento se llevó a cabo a pesar de que tanto él como miembros de su grupo armado, el Frente Popular para la Reparación (FPR), habían sido acusados de graves abusos contra los derechos humanos, incluido el reclutamiento y uso de niños y niñas soldados en el norte de la República Centroafricana. También se les acusaba de incendiar poblados en el norte de ese país entre enero y julio. Abdel Kader huyó posteriormente de Chad y el 10 de diciembre fue detenido por miembros de la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU cerca de la localidad de Kabo, en el norte de la República Centroafricana, en la frontera con Chad. Lo detuvieron en virtud de una orden de detención dictada en mayo por autoridades judiciales de Bangui y al final del año permanecía recluido en la prisión de la capital centroafricana.
DETENCIÓN Y RECLUSIÓN ARBITRARIAS
Según el Grupo de Expertos de la ONU sobre la República Centroafricana, tres funcionarios de la República Centroafricana, a saber el subprefecto de Markounda, el secretario general de la subprefectura y el director de una escuela pública, fueron detenidos el 17 de mayo en la República Centroafricana por fuerzas de seguridad chadianas, que los llevaron a la capital de Chad, Yamena. Ninguno de los tres fue liberado a pesar de que las autoridades de la República Centroafricana cursaron varias peticiones.
El 23 de junio, dos miembros del Grupo de Expertos de la ONU sobre la República Centroafricana fueron arrestados por fuerzas de defensa y seguridad chadianas en un puesto fronterizo de la República Centroafricana cuando llevaban a cabo investigaciones. El Grupo de Expertos de la ONU informó de que sus expertos se identificaron y explicaron su mandato, privilegios e inmunidades pero que los trasladaron en contra de su voluntad desde el puesto fronterizo hasta la ciudad de Goré, en Chad, donde estuvieron detenidos durante
cuatro horas, antes de ser escoltados de nuevo a la frontera y liberados.
CONDICIONES DE RECLUSIÓN
Las condiciones seguían siendo duras en la mayoría de las prisiones del país. Según testigos, las condiciones eran más deficientes en los centros de reclusión donde no estaban permitidas las visitas. Estas instalaciones eran gestionadas por la policía, la gendarmería y los servicios de seguridad nacional. Seguía sin haber una prisión en Yamena después de la demolición de la prisión de la ciudad en diciembre de 2011. Los detenidos eran recluidos en un antiguo cuartel de la gendarmería situado en Amsinené, a las afueras de la ciudad.
Las duras condiciones de reclusión daban lugar a frecuentes fugas y revueltas en las prisiones. El 4 de noviembre estalló una revuelta en la prisión de Amsinené al no permitir las autoridades penitenciarias que algunos presos salieran al patio de la prisión y obligarlos a quedarse en sus celdas. En solidaridad con los reclusos castigados, otros presos se congregaron en el patio principal. Los gendarmes que custodiaban la prisión comenzaron a disparar contra los presos. Según varias fuentes, al menos un preso perdió la vida y varios resultaron heridos.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y sindicalistas sufrían de forma habitual violaciones de su derecho a la libertad de expresión. Con frecuencia eran objeto de intimidación, hostigamiento o detención arbitraria por parte de agentes de los servicios de seguridad y autoridades administrativas.
El 8 de octubre, la emisora comunitaria Radio FM Liberté fue suspendida durante siete días tras un fallo del Consejo Superior de la Comunicación. La emisora había emitido una declaración firmada por 12 ONG de derechos humanos que criticaba la ausencia de combustible en el mercado.
LIBERTAD DE REUNIÓN
Se negaba con frecuencia a sindicatos y grupos políticos y de derechos humanos el derecho a llevar a cabo actividades o protestas pacíficas. Las fuerzas de seguridad disolvían de forma violenta la mayoría de las manifestaciones.
El 11 de noviembre, las fuerzas de seguridad atacaron a manifestantes, entre ellos docentes, que protestaban contra el elevado costo de la vida en Yamena y en las ciudades de Moundou y Sarh. Según varias fuentes, al menos una persona perdió la vida y varias resultaron heridas por disparos.
DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES, TRANSGÉNERO
E INTERSEXUALES
El gobierno propuso un proyecto de ley de enmienda del Código Penal para penalizar las relaciones sexuales consensuales entre adultos del mismo sexo con penas de entre 15 y 20 años de prisión y multa de 50.000 a 500.000 francos CFA (entre 100 y 1.000 dólares estadounidenses). Al terminar el año el proyecto de ley no se había aprobado.
JUSTICIA INTERNACIONAL
Al concluir el año, las Salas Africanas Extraordinarias de Dakar (Senegal) estaban concluyendo su investigación sobre los presuntos delitos cometidos por el ex presidente chadiano Hissène Habré. Las Salas Africanas dictaron acta de acusación formal en su contra en julio de 2013 y, en caso de que los jueces de instrucción decidiesen que existían indicios suficientes, el comienzo del juicio se fijaría para mayo de 2015. El periodo de gobierno de Habré, de 1982 a 1990, se caracterizó por graves violaciones de derechos humanos, entre ellas tortura y otros malos tratos, detenciones arbitrarias y reclusiones ilegales.
El 14 de noviembre comenzó en Chad el juicio de 26 ex agentes de seguridad del Estado relacionados con el periodo de Habré. Organizaciones internacionales y locales de derechos humanos expresaron preocupación
ante la posibilidad de que el juicio pudiera menoscabar el próximo juicio de Hissène Habré en Dakar (Senegal). En octubre, las Salas Africanas Extraordinarias pidieron a Chad que enviara a estos sospechosos a Dakar, pero Chad rehusó trasladarlos y denegó otra petición de las Salas de viajar a Chad para interrogarlos. Las víctimas y las organizaciones de derechos humanos también temían que el juicio pudiera no ajustarse a las normas internacionales de imparcialidad procesal.
DERECHOS DE LAS PERSONAS
REFUGIADAS Y MIGRANTES
A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional y de las autoridades para prestar asistencia a decenas de miles de personas que habían huido en tiempos recientes al país desde la República Centroafricana y Nigeria, sus condiciones de vida seguían siendo muy precarias. Más de 150.000 personas, entre retornados chadianos y refugiados, necesitaban alojamiento, alimentos e instalaciones médicas. La mayoría de ellas vivían en campos situados en el sur de Chad, cerca de la frontera con la República Centroafricana. Durante todo el año, la violencia causada por el grupo armado Boko Haram en Nigeria también obligó a miles de personas a huir a Chad, en su mayoría a la zona cercana al lago Chad. Había 368.000 refugiados de Darfur viviendo en campos de refugiados en el este de Chad. Unos 97.000 refugiados de la República Centroafricana, que habían huido de su país, estaban en campos del sur de Chad.
El 8 de agosto, las autoridades de la provincia de Logone Oriental, en el sur de Chad, realojaron por la fuerza y sin previo aviso a personas del campo de tránsito de Doba en otro campo, situado en la localidad de Kobitey.
CHILE
República de Chile
Jefa del Estado y del gobierno: Michelle Bachelet
Jeria (sustituyó a Sebastián Piñera Echenique en marzo)
Los casos de violencia policial seguían siendo juzgados por tribunales militares. Proseguían los procedimientos judiciales contra los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.
INFORMACIÓN GENERAL
En marzo, Michelle Bachelet Jeria tomó posesión de su cargo y prometió despenalizar el aborto en determinadas circunstancias. También se comprometió a adecuar la Ley Antiterrorista y el sistema de justicia militar a la normativa internacional.
Chile aceptó la mayoría de las
recomendaciones formuladas en el examen periódico universal de la ONU. Entre ellas se encontraba la petición de eliminar la vigencia de la Ley de Amnistía de 1978 y reformar la legislación que regulaba los derechos sexuales y reproductivos. En junio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU formuló recomendaciones similares.1
POLICÍA Y FUERZAS DE SEGURIDAD
En agosto, la policía hizo públicos los protocolos de seguridad utilizados durante las manifestaciones. Previamente, se habían sucedido las quejas por la falta de transparencia sobre los métodos empleados por la policía para responder a las protestas. Se habían producido reiteradas denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante manifestaciones desde 2011.